Resoluciones

El artículo 22 de la Ley 6/1998 exige para inscribir escrituras de obra nueva en construcción que se acredite el otorgamiento de la preceptiva licencia y la expedición por técnico competente de certificación de que la obra nueva que se describe se ajusta al proyecto. Ambos requisitos se cumplen en la escritura presentada, debiendo quedar relegada a la exclusiva responsabilidad de dicho técnico certificante la veracidad de sus manifestaciones (cfr. Resoluciones de 9 de febrero de 1994 y 1 de marzo de 2003).

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Móstoles, don Francisco Javier Teijeiro Vidal, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Escalona, don Rafael Burgos Velasco a inscribir una escritura de declaración de obra nueva en construcción.

Fecha: 
dimecres, 10 novembre, 2004

Si la zona que ahora se pretende inscribir fue aportada a la actuación urbanística para constituir un vial, como consecuencia de tal actuación pasó a ser propiedad del Ayuntamiento; por ello es dicha entidad quien tiene poder de disposición sobre la misma, sujetando tal enajenación a las disposiciones administrativas que resulten aplicables.

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doña María de la Luz Arraez Toledo, contra la negativa del Registrador de la Propiedad, número uno de Las Palmas de Gran Canaria, don José Manuel Die Lamana, a inscribir una escritura de aclaración de otra de compraventa.

Fecha: 
dimecres, 10 novembre, 2004

El principio detracto sucesivo (cfr. artículo 20 de la Ley Hipotecaria), corolario del principio constitucional de tutela judicial efectiva (cfr. artículo 24 de la Constitución Española) impiden la práctica de la anotación solicitada cuando las fincas están inscritas a favor de terceras personas. la interposición de la querella puede tener acceso al Registro de la Propiedad cuando, ejercitándose conjuntamente la acción civil con la penal, se ejerciera una acción de trascendencia real inmobiliaria (cfr. artículo 42, 1 de la Ley Hipotecaria) siempre que: a) del ejercicio de la acción pudiera resultar la nulidad del título en virtud del cual se hubiera practicado la inscripción; y b) que del mandamiento resultare el contenido de la acción civil ejercitada o se adjuntara al mismo el texto de la querella del que se derivase la nulidad anteriormente dicha.

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doña María Cecilia Sapena Sala, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de pavea, don Andrés Colorado Castellary, a practicar una anotación preventiva de querella.

Fecha: 
dimecres, 10 novembre, 2004

En la escritura ahora presentada lo que realmente se pretende es la rectificación del Registro por rectificación del negocio que motivó la inscripción a calificar, y si se tiene en cuenta que no pueden alterarse los términos de dicho negocio sin consentimiento de todos los que en él intervinieron (artículo 1.257 del Código Civil), debe confirmarse ahora la calificación impugnada.

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Santiago Rodríguez-Monsalve Garrigós, contra la negativa del Registrador de la Propiedad, número uno de Valladolid, don José Martínez Ruiz a inscribir una escritura de mandato.

Fecha: 
dimecres, 10 novembre, 2004

Carecen, por tanto, de virtualidad alguna los obstáculos manifestados por el Registrador, ya que atendidos los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 17 bis de la Ley del Notariado, al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2004 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Ondárroa, don Manuel Sarobe Oyarzvm, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Laguardia, doña María Carolina Martínez Fernández, a inscribir una escritura de hipoteca de máximo.

Fecha: 
dimecres, 10 novembre, 2004

Es lo cierto que en dicha Sentencia, que es firme, no fueron parte los ahora recurrentes, pero no lo es menos que sí fue parte el Ayuntamiento perjudicado por la inscripción que ahora se solicita; por ello, y sin necesidad de entrar en el tema de los efectos de la sentencia firme en la esfera contencioso-administrativa, el recurso debe ser estimado; cuestión distinta es la de dilucidar si es necesario que previamente se devuelva el justiprecio que haya sido percibido por los recurrentes, pero ésta es una cuestión no planteada y en la que este Centro Directivo no puede entrar por imperativo del artículo 326 de la Ley Hipotecaria.

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Rafael Almenar Valls y doña Vicenta Silvia Ferrando Cebolla, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Algemesí, don Rafael Francisco Carbonell Serrano, a inscribir un testimonio de una sentencia judicial.

Fecha: 
dilluns, 8 novembre, 2004

El criterio del Registrador no puede ser confirmado si se tiene en cuenta: a) Que en materia de estado civil, según el artículo 2 de la Ley de 8 de junio de 1957, el Registro constituye la prueba de los hechos inscritos relativos a dicho estado; b) Que, en el campo propio del Registro de la Propiedad los datos registrales sobre estado civil son extraños a la legitimación registral; c) Que, en el presente caso, con base en la mera declaración del comprador sobre el nombre de su cónyuge se practicó el asiento erróneo que quedaría perpetuado por una aplicación extensiva de los preceptos de la Ley Hipotecaria frente a unos datos que están amparados por la fe pública del Registro Civil; y d) Que, según la reiterada doctrina de este Centro Directivo (cfr., por todas, las Resoluciones de 5 de mayo de 1978 y 6 de noviembre de 1980), cuando la rectificación de errores se refiere a hechos susceptibles de ser probados de un modo absoluto con documentos fehacientes, independientes por su naturaleza de la voluntad de los interesados, no es procedente la aplicación de los artículos 40.d) y 82 de la Ley Hipotecaria, pues bastará para hacerla la petición de la parte interesada acompañada de los documentos que aclaren el error producido.

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doña Emilia María del Pilar Torres Lerma, don José Torres Lerma y doña María Blanca Torres Peregrina, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Madrid, titular del Registro número diecisiete, don José Antonio Nortes Triviño, a practicar la rectificación de determinada inscripción.

Fecha: 
dilluns, 8 novembre, 2004

Dado el alcance del principio de prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación en el Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca, o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la calificación y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la desnaturalización del propio principio de partida -el de prioridad-. Cabe concluir, por todo ello, que la escritura de donación, como documento incompatible con el título objeto de otro asiento antecedente del Diario, no puede ser tomada en cuenta como medio de calificación del título previamente presentado.

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por la sociedad Promotora Magmar 2002, S. L, contra la negativa del Registrador de la Propiedad número tres de Terrassa, don Fernando González Delso, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

Fecha: 
divendres, 15 octubre, 2004

La interpretación restrictiva de la norma ha de llevar a no entender incluidos en ella los supuestos en que se trate de formalización de una enajenación convenida con anterioridad a la disolución de la sociedad, de modo que deben incardinarse en el ámbito de las facultades de los liquidadores para llevar a cabo las operaciones pendientes -cfr. artículo 272.c) de la Ley de Sociedades Anónimas-. A tal efecto, debe estimarse suficiente la afirmación que, bajo su responsabilidad (cfr. artículo 279 de dicha Ley), realice el liquidador sobre el carácter previo del concreto convenio de enajenación, sin que en el ámbito del procedimiento registral pueda exigirse prueba auténtica sobre la fecha de tal convenio.

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por los Notarios de Zaragoza don José Enrique Cortés Valdés y don Miguel Ángel de la Puente del Real contra la negativa de la Registradora de la Propiedad número catorce de Zaragoza, doña María Esmeralda Pascual Chércoles, a inscribir determinadas escrituras de compraventa.

Fecha: 
dijous, 14 octubre, 2004

Una vez inscrita dicha condición suspensiva, y habida cuenta que el recurso gubernativo no es el cauce adecuado para la rectificación de los asientos del Registro, debe ahora decidirse únicamente sobre la pretensión del recurrente acerca de la cancelación de aquella condición, cuestión que debe resolverse teniendo en cuenta no sólo el propio texto de la escritura (según el cual sería suficiente por parte de la compradora la manifestación fehaciente de que el precio se encuentra a disposición de la vendedora) sino, sobre todo, que según las consideraciones que anteceden, al tratarse de una condición suspensiva afectante sólo a la obligación de pago del precio, la cancelación de la misma, en cuanto tal condición por voluntad del comprador determinaría únicamente la exigibilidad de la obligación condicionada, sin que ello implique menoscabo alguno respecto de la estipulación, inscrita, relativa a la posibilidad de resolución de la venta en los términos en que ha sido pactada.

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2004 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Juan-Luis Cañero Arrese, en representación de Campocierto, S.L., contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Alcalá de Guadaira, don Juan Navarro Rodríguez, a cancelar determinada condición suspensiva

Fecha: 
dijous, 9 setembre, 2004

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