Resoluciones

Se discute en el presente expediente si procede practicar una anotación preventiva de embargo respecto de varias fincas registrales en el seno de un procedimiento de ejecución de títulos judiciales, resultando las mismas inscritas en favor de un tercero, una mercantil, que no ha sido demandada en el procedimiento. Es doctrina constitucional que el tercer adquirente debe ser demandado en el procedimiento de ejecución hipotecaria (tanto si se ejecuta la acción real hipotecaria como la acción personal derivada del préstamo o crédito hipotecario, como es el caso) si antes de la interposición de la demanda tiene su título inscrito quedando suficientemente acreditada frente al acreedor (artículo 685.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) desde el momento que éste conoce el contenido de la titularidad publicada. Dicho principio de salvaguardia jurisdiccional del tercer poseedor resulta aplicable con independencia del procedimiento elegido por el acreedor para ejecutar su crédito hipotecario.

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de La Unión n.º 1, por la que se deniega la práctica de una anotación preventiva de embargo sobre unas registrales.

Fecha: 
Miércoles, 7 Octubre, 2020

La registradora mercantil deniega la inscripción de una escritura de reducción del capital social de una sociedad. Señala como defecto que no consta el número de identidad de extranjero (N.I.E.) de la sociedad a la que se restituyen sus aportaciones. Según el artículo 38 del Registro Mercanil, a los efectos de identificación de personas jurídicas extranjeras que deban constar en la hoja abierta a la sociedad, será obligatorio que conste un número de identificación fiscal sólo cuando lo exija la normativa tributaria . Se confirma el defecto,ya que la escritura calificada contiene un acto del que se derivan relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria, pues a la socia única de que se trata la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias, (p.e. art. 62.b) Reglamento del ITPAJD).

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil de Granada a inscribir la escritura de reducción del capital social de una sociedad.

Fecha: 
Miércoles, 7 Octubre, 2020

En el ámbito de la calificación, los registradores de la Propiedad han de atenerse a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, y sólo pueden cancelar (en los términos previstos en los artículos 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2.a del Reglamento Hipotecario), las cargas inscritas o anotadas con posterioridad a la anotación de embargo practicada a resultas del procedimiento de ejecución del que deriva el mandamiento cancelatorio, cuando la referida anotación preventiva de embargo esté vigente, por no haber transcurrido el plazo de cuatro años de vigencia que fija el citado artículo 86, o el de sus sucesivas prórrogas, al tiempo en que, al menos el decreto de adjudicación, haya sido presentado en el Registro de la Propiedad

Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora mercantil y de bienes muebles de Jaén, por la que se deniega la inscripción del testimonio del auto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas sobre un vehículo inscrito en el Registro de Bienes Muebles.

Fecha: 
Miércoles, 7 Octubre, 2020

La registradora suspende la inscripción de un un testigo de sentencia dictada en procedimiento de divorcio por mutuo acuerdo, que declara disuelto el matrimonio de los cónyuges demandantes y aprueba el convenio regulador aportado a los autos porque, a su juicio, falta el correspondiente título público y auténtico en que se formalice en términos claros y precisos la disolución y extinción del condominio y adjudicación para una de las partes Es doctrina de la Dirección General que el convenio regulador como negocio jurídico goza de una aptitud privilegiada a los efectos de permitir su acceso a los libros del Registro. Sin dejar de ser un acuerdo privado, la preceptiva aprobación judicial del propio y el reconocimiento que se le confiere en los artículos 90 y siguientes del Código Civil, establecen un marco válido para producir asientos registrales definitivos, siempre que las cláusulas del propio no excedan su contenido típico y normal, como es la liquidación del régimen económico-matrimonial.

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Canovelles, por la que se suspende la inscripción de la adjudicación de determinados bienes inmuebles mediante convenio regulador de los efectos de un divorcio.

Fecha: 
Miércoles, 7 Octubre, 2020

La registradora mercantil deniega la inscripción de una escritura de reducción del capital social de una sociedad. Señala como defecto que no consta el número de identidad de extranjero (N.I.E.) de la sociedad a la que se restituyen sus aportaciones. Según el artículo 38 del Registro Mercanil, a los efectos de identificación de personas jurídicas extranjeras que deban constar en la hoja abierta a la sociedad, será obligatorio que conste un número de identificación fiscal sólo cuando lo exija la normativa tributaria . Se confirma el defecto,ya que la escritura calificada contiene un acto del que se derivan relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria, pues a la socia única de que se trata la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias, (p.e. art. 62.b) Reglamento del ITPAJD).

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil de Granada a inscribir la escritura de reducción del capital social de una sociedad.

Fecha: 
Miércoles, 7 Octubre, 2020

Se discute en el presente expediente si procede practicar una anotación preventiva de embargo respecto de varias fincas registrales en el seno de un procedimiento de ejecución de títulos judiciales, resultando las mismas inscritas en favor de un tercero, una mercantil, que no ha sido demandada en el procedimiento. Es doctrina constitucional que el tercer adquirente debe ser demandado en el procedimiento de ejecución hipotecaria (tanto si se ejecuta la acción real hipotecaria como la acción personal derivada del préstamo o crédito hipotecario, como es el caso) si antes de la interposición de la demanda tiene su título inscrito quedando suficientemente acreditada frente al acreedor (artículo 685.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) desde el momento que éste conoce el contenido de la titularidad publicada. Dicho principio de salvaguardia jurisdiccional del tercer poseedor resulta aplicable con independencia del procedimiento elegido por el acreedor para ejecutar su crédito hipotecario.

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de La Unión n.º 1, por la que se deniega la práctica de una anotación preventiva de embargo sobre unas registrales.

Fecha: 
Miércoles, 7 Octubre, 2020

Debe decidirse en este expediente si es inscribible una representación gráfica alternativa a la catastral. En el caso resultan identificadas y fundadas las dudas del registrador en la nota de calificación en cuanto a la existencia de conflicto entre fincas colindantes y posible invasión de una finca colindante. La oposición del colindante se fundamenta con diversa documentación que se aporta al expediente y que pone de manifiesto el conflicto en relación con una concreta franja de terreno. Toda vez que existen dudas que impiden la inscripción de la representación gráfica, podrá acudirse al expediente de deslinde regulado en el artículo 200 de la Ley Hipotecaria (tal y como prevé para estos casos el propio artículo 199), sin perjuicio de poder acudir al juicio declarativo correspondiente (cfr. artículo 198 de la Ley Hipotecaria).

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad accidental de Viveiro, por la que se deniega la inscripción de una representación gráfica alternativa a la catastral.

Fecha: 
Miércoles, 7 Octubre, 2020

Se plantea en el presente expediente la inscripción de un acto administrativo en virtud del cual se acuerda anular un Proyecto de Reparcelación inscrito, dejándolo sin efecto al constatarse infracción del ordenamiento jurídico, y la cancelación de todos los asientos así como la retroacción de todas las actuaciones practicadas con regreso a la situación jurídica anterior, con restitución de las fincas aportadas. Cabe la modificación de las situaciones jurídico-reales por resolución de la Administración, aunque estén inscritas en virtud de un título no administrativo, «a fortiori» deberá admitirse la modificación de la situación jurídico-real que esté inscrita en virtud de un título administrativo si, el expediente, por nueva resolución de la Administración, pierde eficacia, o es alterado. Debe tratarse de expedientes en los que, sea competente la autoridad administrativa para las modificaciones sustantivas, y además que en el expediente se haya cumplido con las garantías legales, las cuales deben ser calificadas por el registrador en la medida que resulta del artículo 99 del Reglamento Hipotecario.

Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Zaragoza n.º 3, por la que se deniega la cancelación de los asientos practicados por la inscripción de un proyecto de reparcelación.

Fecha: 
Miércoles, 7 Octubre, 2020

Se plantea en este expediente la inscripción de una escritura de segregación de local comercial que después de una primera calificación negativa es solucionada mediante diligencia. El registrador considera necesario aportar permiso o bien, el expediente municipal con certificado de final de obra que hace constar en la Diligencia mencionada. Consta acreditado por certificado técnico que el local comercial objetivo de la segregación coincidente con la división existente ya realizada sobre el propio ya existe construido y dividido desde el año 2001 y está documentado con detalle en la memoria del proyecto redactado el año 2000 para su reforma y con certificado final de obra de 2001. Se utiliza uno de los medios previstos en el artículo 28.4 de la Ley del Suelo para acreditar la antigüedad de la segregación y no consta la existencia de anotación preventiva de iniciación de expediente de disciplina urbanística. Resulta de aplicación la doctrina sentada por la Dirección General para este tipo de casos, procediendo la estimación del recurso en cuanto a este defecto.

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Valladolid n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de segregación de local comercial.

Fecha: 
Miércoles, 7 Octubre, 2020

Se presenta al registro una sentencia firme de divorcio por la que se aprueba el convenio regulador que incluye un pacto de donación de una plaza de garaje a la hija. El registrador suspende la inscripción al existir intención de donar un piso que no es la vivienda familiar, siendo precisa escritura de donación (y aceptación). Es doctrina de la Dirección General que en caso de donaciones de bienes inmuebles, la regla general es el artículo 633 del Código Civil, que impone su otorgamiento en escritura pública notarial, así como su constancia en el mismo título de aceptación.

Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Avilés n.º 2, por la que se suspende la inscripción de determinado pacto en un convenio regulador de los efectos de un divorcio.

Fecha: 
Viernes, 2 Octubre, 2020

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