Resoluciones

Ha de tenerse en cuenta que la cancelación de un asiento incurso en caducidad no es más que la constatación formal de un hecho material irreversible, como es dicha caducidad, que produce todos sus efectos aunque el asiento caducado no haya sido cancelado. Como consecuencia de ello, el artículo 353.3 del Reglamento Hipotecario prevé dicha cancelación, aunque no exista el mandamiento judicial que la ordene, cuando se expida una certificación o se practique algún asiento sobre la finca afectada por la anotación caducada, como consecuencia de que el artículo 77 de la Ley Hipotecaria declara que las anotaciones preventivas se extinguen por su caducidad.

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por Banco de Santander Central Hispano, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Trujillo, don Javier Álvarez de Mon Pan Soraluce, a practicar determinadas cancelaciones.

Fecha: 
Viernes, 28 Noviembre, 2003

Tales obstáculos desaparecerán una vez que cualquier interesado solicite la constancia del nacimiento de la obligación o el cumplimiento de la condición tal como permite el artículo 143 de la Ley Hipotecaria.

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Infaheber, S.L", frente a la negativa del Registrador de la Propiedad de Madrid n.° 13, don Juan Fernández Guerrero, a inscribir una escritura de constitución de hipoteca unilateral.

Fecha: 
Martes, 25 Noviembre, 2003

Siendo cierto que el derecho de opción puede configurarse como transmisible, no lo es menos que tal transmisión debe operarse a través de los cauces que el Ordenamiento Jurídico prevé al efecto (cfr. artículo 609 del Código Civil), de modo que para que otra persona distinta de optante originario llegue a ser el comprador efectivo del bien en ejercicio de la opción de compra cuestionada, deberá mediar el previo negocio traslativo de tal derecho.

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Málaga Cinema Hills, SL.», contra la negativa del Registrador de la Propiedad número nueve de Málaga, don Juan-Fernando Villanueva Cañadas, a inscribir una escritura de opción de compra.

Fecha: 
Martes, 25 Noviembre, 2003

Cuando los derechos legitimarios aparecen configurados como un mero derecho a un valor patrimonial atribuible por cualquier título (como ocurre con la legítima catalana conforme al artículo 350 y siguientes de la Ley Catalana n.° 40/1991 de 30 de diciembre), el consentimiento de tales legitimarios por la enajenación del bien puede resultar innecesario, pues en tales casos, los derechos de los legitimarios del confesante quedan perfectamente salvaguardados con la mera inclusión contable del valor del bien al que se contrae la confesión en la masa relicta, a los efectos de determinar el importe de sus legítimas

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Parets del Vallés, don Pere Pineda Masip, contra la negativa del Registrador de la Propiedad, número uno, de Santa Coloma de Gramenet, don Pedro Azuara del Molino, a inscribir una escritura de compraventa

Fecha: 
Martes, 25 Noviembre, 2003

Cuando el n.° 3 del artículo 613, habla de que la cantidad que consta en la anotación es limite de responsabilidad del bien trabado, lo hace solamente en beneficio de quién hubiera adquirido el bien trabado en otra ejecución (esto es, quedan excluidos los terceros poseedores que adquieren voluntariamente del deudor embargado); y aun frente a este rematante contemplado en el artículo 613-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se precisa que el límite de responsabilidad será la cantidad que figure en la anotación al tiempo de la inscripción de tal transmisión forzosa, de modo que antes de esa inscripción (y, por tanto, después de la anotación del reembargo que dará lugar a esa enajenaciónjudicial), puede todavía consignarse en la anotación del primer embargo las variaciones de aquellas cantidades ahora cuestionadas.

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Alicante, 3, don Fernando Trigo Portela, a practicar una anotación preventiva de embargo.

Fecha: 
Martes, 18 Noviembre, 2003

Siempre será imprescindible que se trate de medidas cautelares que garanticen el resultado de un procedimiento que pueda ser entablado contra el afectado por aquéllas medidas, pues toda medida de tal tipo previa al inicio de un procedimiento debe estar dirigida al aseguramiento de su resultado, y, por ello, sólo puede ser adoptada por el órgano al que corresponde conocer de dicho proceso (cfr. artículo 723 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y, puesto que la Administración Tributaria no tiene competencia para declarar la responsabilidad de los bienes de un cónyuge por deudas contraídas por el otro cónyuge, sino que tal declaración compete a los Tribunales de Justicia (cfr. artículo 117 de la Constitución Española), no cabe admitir que, en procedimiento de apremio administrativo seguido contra un cónyuge pueda acordarse con carácter cautelar el embargo de bienes de su consorte, pues, como queda dicho, en el procedimiento de apremio no podrá declararse la responsabilidad de los bienes del consorte por las deudas perseguidas.

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2003 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Delegación de Palencia, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Valladolid, número 5, doña M.ª José Triana Álvarez, a practicar una anotación de embargo preventivo.

Fecha: 
Martes, 18 Noviembre, 2003

La facultad de obligar y gravar no puede interpretarse desconectada de la de adquirir por más que de forma expresa no se las vincule causalmente, y no puede desconocerse que la financiación de tales adquisiciones se obtiene prestando las máximas garantías que se pueden ofreces y se exigen, tanto en el plano personal -obligaciones solidarias, fianzas, etc. como en el real, que en el caso de titularidad en proindiviso se traduce en la constitución de una sola hipoteca conforme permite el artículo 217 del Reglamento hipotecario, situaciones que, como habitualmente conocidas y queridas en el tráfico jurídico inmobiliario, no pueden desconocerse a la hora de la interpretación de los negocios a través de los que se canaliza.

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid don Ángel Sanz Iglesias, frente a la negativa de la Registradora de la Propiedad número 4, doña Purificación García Herguedas, a inscribir una escritura de préstamo hipotecario.

Fecha: 
Martes, 18 Noviembre, 2003

La facultad de obligar y gravar no puede interpretarse desconectada de la de adquirir por más que de forma expresa no se las vincule causalmente, y no puede desconocerse que la financiación de tales adquisiciones se obtiene prestando las máximas garantías que se pueden ofreces y se exigen, tanto en el plano personal -obligaciones solidarias, fianzas, etc. como en el real, que en el caso de titularidad en proindiviso se traduce en la constitución de una sola hipoteca conforme permite el artículo 217 del Reglamento hipotecario, situaciones que, como habitualmente conocidas y queridas en el tráfico jurídico inmobiliario, no pueden desconocerse a la hora de la interpretación de los negocios a través de los que se canaliza.

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid don Ángel Sanz Iglesias, frente a la negativa de la Registradora de la Propiedad número 4, doña Purificación García Herguedas, a inscribir una escritura de préstamo hipotecario.

Fecha: 
Martes, 18 Noviembre, 2003

Los principios de tracto sucesivo (artículo 20 de la Ley Hipotecaria) y salvaguarda judicial de los asientos (artículo 1.3 de la misma Ley), corolario de la proscripción de la indefensión que deriva del principio constitucional de tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución española) exigen que, para practicar la anotación que se solicita, tenga intervención en el procedimiento el titular registral. Por otra parte, es totalmente incierta la afirmación del recurrente de que la proscripción de la indefensión haya de restringirse, en el ámbito administrativo a los procedimientos sancionadores, pues tal proscripción está limitada a los procedimientos de carácter penal.

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por la Administración del Estado, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Moguer, doña María Serrano Gotarredona, a practicar una anotación preventiva de dominio público marítimo-terrestre.

Fecha: 
Lunes, 27 Octubre, 2003

Por las circunstancias que concurren en la escritura objeto de este recurso no se da oposición de intereses entre la viuda y sus dos hijos menores, siendo plenamente aplicable la doctrina de las Resolución de 10 de enero de 1994 y de 6 de febrero de 1995.

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doña Natividad Herraiz Moral contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Tomelloso, don Juan Sarmiento Ramos, a inscribir una escritura de liquidación de sociedad conyugal y partición de herencia.

Fecha: 
Lunes, 27 Octubre, 2003

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