Resoluciones

1. No es inscribible el expediente de dominio si no consta en el testimonio judicial que el auto de aprobación es firme.
2. El auto judicial aprobatorio de un expediente de dominio, tramitado con finalidad inmatriculadora, puede declarar justificado el dominio de un departamento perteneciente a un edificio constituido en régimen de propiedad horizontal, aunque el expediente haya sido promovido exclusivamente por el propietario de dicho departamento.
3. El régimen de propiedad horizontal queda constituido desde el momento en que alguno de los pisos o locales de un edificio, susceptibles de aprovechamiento independiente, pasa a pertenecer, por cualquier título, a otra persona, aunque no estuviere otorgado el título formal de la división horizontal.
4. En sede de documentos judiciales la calificación no se extiende a los trámites esenciales del procedimiento, sino cuando éstos se configuran como garantías establecidas en favor de derechos inscritos que puedan verse afectados por el resultado de ese procedimiento, lo cual no cabe en materia de expedientes de dominio para inmatriculación de fincas.

1. La ejecución de un crédito salarial, amparado por el art. 32.1 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y consiguiente adjudicación del bien adjudicado, no pueden servir de justificación para ordenar la cancelación de hipotecas y anotaciones de embargo anteriores a la anotación que garantizaba aquel crédito, y ello pese a que sus titulares hayan sido debidamente notificados.
2. El privilegio consagrado por dicho art. 32.1 no implica una hipoteca legal tácita, general y absolutamente prioritaria, hipoteca incompatible con los principios básicos del sistema y que requeriría un establecimiento legal indubitado.

No puede anotarse el embargo si las fincas embargadas figuran a favor de personas distintas del deudor demandado, en virtud de donaciones verificadas por éste con posterioridad a la sentencia objeto de ejecución, y ello aunque dichas donaciones estén sujetas al Derecho Civil de Cataluña.

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 1.998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Leopoldo Rodes Durall, en representación de don Joaquín Viñas Riera, frente a la negativa del Registrador de la Propiedad número 8 de los de Barcelona don Juan José Ortín Cavallé, a cancelar determinadas cargas, en virtud de apelación del Registrador.