Resoluciones

Una interpretación restrictiva de las normas relativas al expediente de reanudación de tracto y en especial de las que definen la propia hipótesis de interrupción de tracto, de modo que sólo cuando efectivamente concurra esta hipótesis, y resulte así del Auto calificado, puede accederse a la inscripción. Ahora bien, llegados a este punto, no puede decirse que exista efectiva interrupción del tracto cuando, como ocurre ahora, los promotores del expediente son herederos del titular registral, pues, si bien es cierto que el artículo 40 a) de la Ley Hipotecaria parece presuponer que hay interrupción cuando al menos «alguna» relación jurídica inmobiliaria no tiene acceso al Registro, es obvio el reconocimiento en la legislación hipotecaria la inscripción directa a favor de los herederos del titular registral. En consecuencia, en tal caso, el expediente de dominio debe rechazarse pues no sería sino una vía, bien para evadir el impuesto sucesorio pertinente, bien para burlar los derechos hereditarios de alguno de los llamados; sin que pueda alegarse con ello que se multiplican innecesariamente los formalismos legales, pues bastaría la documentación pública de la herencia, sensiblemente más barata y rápida que el expediente seguido.

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Jacinto Sánchez Crespo, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Navahermosa, don Juan Claudio Jarillo Gómez, a inscribir testimonio de auto recaído en expediente de dominio.

Date: 
Thursday, 22 May, 2003

Es evidente que el recurso, con su descabellada argumentación, no puede estimarse. Como dice el Auto recurrido, una lectura atenta del fallo de la sentencia evidencia que lo que claramente se ha concedido a la actora es la posesión de la finca. Y si dicha posesión no es inscribible (cfr. artículo 5 de la Ley Hipotecaria), tampoco lo puede ser un hipotético derecho de uso, que es una simple consecuencia de aquélla, y que, sobre no ser un derecho real, no es cierto que límite «per se» en forma alguna las facultades dispositivas del titular registral.

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doña Ana Batlle Pujol contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Figueres, don Honorio Rodríguez García a practicar la inscripción de una sentencia, en virtud de apelación del recurrente.

Date: 
Thursday, 22 May, 2003

Ninguna duda existe de que al quedar legalmente revocados por la sola admisión de la demanda que después daría lugar a la sentencia de separación los poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera concedido al otro (cfr. artículo 102.2º. del Código civil), revocado quedó aquél que invoca el otorgante del título cuya inscripción se ha rechazado, sin que frente a esa sanción legal pueda prevalecer la presunta irrevocabilidad con que según el recurrente se concedió. Por tanto, en la medida en que ese consentimiento fuera necesario ha de tenerse por inexistente.

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Manuel Zabala Albarán frente a la negativa del Registrador de la propiedad de Utrera, don Francisco Manuel Álvarez Moreno, a inscribir una escritura de aportación de bienes a la sociedad conyugal en virtud de apelación del recurrente.

Date: 
Thursday, 22 May, 2003

Ninguna deuda contraída por un solo cónyuge puede ser reputada ganancial y tratada jurídicamente como tal mientras no recaiga la pertinente declaración judicial en juicio declarativo entablado contra ambos cónyuges, pues a ambos corresponde, conjuntamente, la gestión de la sociedad de gananciales (cfr. artículo 1.375 del Código Civil). Entender lo contrario supondría la indefensión del titular registral, al no poder alegar ni probar nada en contra de dicha ganancialidad, con menoscabo de su derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado por el artículo 24 de la Constitución Española.

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Abogado del Estado, contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 1 de Valladolid don José Martínez Ruiz a practicar una anotación preventiva de embargo, en virtud de apelación del recurrente.

Date: 
Thursday, 22 May, 2003

El «poder diligencia» que se protocoliza en el presente caso se considera en Derecho alemán apto para herencias y para provocar la inscripción en los Registros públicos. Escasa analogía presenta esta regulación con la legitimación notarial de firmas del Reglamento Notarial español con su significativa expresión de que «El Notario no asumirá responsabilidad alguna por el contenido del documento cuyas firmas legitime» (artículo 256) y limitando el alcance del control notarial al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Legislación fiscal; a que el documento no es de aquellos que por su contenido se exige legalmente escritura pública (artículo 258); y a que no contiene nada contrario a las leyes, la moral o las buenas costumbres (artículo 260), sin perjuicio de que en el concepto de cumplimiento de las leyes deba incluirse implícitamente el examen de la capacidad del autor o autores del documento.

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Santiago Chicano Wust, contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 1 de San Javier, don Constancio Villaplana García, a inscribir una escritura calificada de «elevación a público de documento privado de compraventa y herencia» en virtud de apelación del Registrador.

Date: 
Thursday, 22 May, 2003

Por lo que atañe a la demostración del régimen económico-matrimonial existente, como ya ha dicho este Centro Directivo (cfr. Resoluciones citadas en el «vistos»), si bien el Registro, con carácter general, debe expresar el régimen jurídico de lo que se adquiere, y, en este sentido, la regla 9ª. del artículo 51 del Reglamento Hipotecario exige que se haga constar el régimen económico-matrimonial, la práctica y la doctrina de este Centro Directivo primero, y el Reglamento Hipotecario, desde la reforma de 1982, después, entendieron que lo más práctico, en el caso de cónyuges extranjeros, era no entender necesario expresar el régimen en la inscripción, difiriendo el problema para el momento de la enajenación posterior, pues dicha expresión de régimen podía obviarse si después la enajenación o el gravamen se hacía contando con el consentimiento de ambos (enajenación voluntaria), o demandando a los dos (enajenación forzosa).

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Pilar de la Horadada, Don José Nieto Sánchez, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Orihuela nº. 2, D. Fructuoso Flores Bernal a inscribir una escritura de compraventa

Date: 
Tuesday, 20 May, 2003

Ninguno de los defectos planteados en la nota de calificación puede ser mantenidos, por la misma razón de que los respectivos titulares de los derechos inscritos, comparecientes todos en la última escritura de subrogación de hipoteca e inscrita en el Registro, han prestado su consentimiento a todas las operaciones realizadas, que se han configurado como un complejo de varios negocios jurídicos relacionados entre sí.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Barcelona, don José Javier Cuevas Castaño, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Arenys de Mar, don Luis Alfredo Suárez Arias, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación parcial de hipoteca, en virtud de apelación del recurrente.

Date: 
Thursday, 15 May, 2003

a) La elevación a público de documentos privados es facultad exclusiva de los contratantes, y en tanto no ocurra, esos documentos no son susceptibles de inscripción, ni aún de presentación en el Registro, y no pueden servir de elementos de calificación para el Registrador, por más que el título presentado los tome en consideración a efectos diferentes de procurar la inscripción de los actos que contienen (en el caso, en la escritura de compra se dice que las fincas se habían vendido previamente en documento privado a una sociedad que también comparecía, pero dichas compras se daban por resueltas en la misma escritura). b) El término imputación puede utilizarse en un sentido genérico, no necesariamente en la situación de pluralidad de deudas, sino como asignación de cierto destino a una cantidad al entregarla o al consignarla (en el caso, las cantidades pagadas por el comprador intermedio, se imputaban al precio que debían pagar los nuevos compradores).

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia, en el recurso gubernativo interpuesto por don David y don Sergio Bermejo Blanco y la sociedad «GRUPO CEFYSAN, S.L.», contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 3 de Alcalá de Henares, don Rafael Ortega Martínez, a inscribir una escritura de compraventa, en virtud de apelación del Registrador.

Date: 
Wednesday, 14 May, 2003

Lo que se pretende, en definitiva, es conciliar la eficacia del deslinde con la salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. art. 1 y 40 de la Ley Hipotecaria), supeditando la eficacia rectificatoria registral de dicho deslinde -en cuanto acto administrativo- a la no impugnación judicial del mismo -en rigor, al no reflejo registral de tal impugnación por el titular registral en el plazo de un año a contar desde que se intente tal rectificación o, en caso de impugnación, a la resolución del pleito entablado. Y en este sentido es evidente que constando que el titular registral lleva, al menos, desde 1992 (fecha de la interposición del recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional), impugnando judicialmente la Orden Ministerial ahora calificada, quedan debidamente salvaguardados los derechos que el citado artículo 29 del Reglamento Hipotecario, -en desenvolvimiento de la delegación legislativa contenida en el artículo 13 de la Ley de Costas- le concede frente a la eficacia rectificatoria registral que dicha Orden comporta, y no hay razón para denegar la inscripción registral de la finca en cuestión a favor del Estado, dado el efecto que al deslinde se le atribuye legalmente (cfr. artículo 13 de la Ley de Costas), máxime cuando el mismo ha sido confirmado en vía judicial en la que ha sido debidamente salvado el requisito del tracto sucesivo.

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Abogado del Estado, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Moguer, doña María Serrano Gotarredona, a inscribir una finca a nombre de la Administración del Estado.

Date: 
Wednesday, 7 May, 2003

Los actos dispositivos del deudor posteriores al embargo no pueden perjudicar a éste ya que se trata de un acto de naturaleza real con eficacia frente a terceros. Todo lo cual debe entenderse sin perjuicio de cuál debiera ser la decisión del Juez en el caso de que la tercería hubiera llegado a interponerse.

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doña María-Antonia Sala Cabré, contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 14 de Barcelona, don Francisco Roger, a cancelar una inscripción de hipoteca.

Date: 
Wednesday, 7 May, 2003

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