Resoluciones

Inscrito un derecho real de opción de compra, la transmisión derivada de su ejercicio prevalece sobre los actos dispositivos posteriores del concedente sin que pueda verse por ello obstaculizada su inscripción, y procediendo, además, la cancelación de los asientos intermedios.

La consignación de la fecha de nacimiento para hacer constar en el Registro Mercantil la identidad de una persona física que exigía el art. 38.1.3 del Reglamento del Registro Mercantil de 1989, se refería exclusivamente a los que ostentaran la posición de socio o administrador.
También durante la vigencia de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1953, toda aportación se entiende realizada a título de propiedad, salvo que expresamente se estipule de otro modo.
Si en los Estatutos Sociales se reproducen preceptos legales que por su carácter imperativo se aplican con independencia de ellos, cabe rechazar la inscripción de aquellos preceptos que por ser reproducción parcial puedan crear confusión.
1.º Durante la vigencia del RRM de 1989, no era necesario consignar la edad por medio de la indicación de la fecha de nacimiento, cuando se trataba del cónyuge del socio fundador, que sólo comparecía a los efectos de consentir la aportación de un bien ganancial.
2.º Durante la vigencia de la LSRL de 1953 era aplicable por analogía el art. 36.2 LSA, según el cual la aportación se entiende realizada a título de propiedad, salvo que expresamente se estipule de otro modo.
3.º la reproducción en los estatutos de normas legales, aunque superflua, ha de hacerse de modo que no dé lugar a ningún tipo de confusionismo.

«La adquisición, enajenación e intermediación en la compraventa de bienes muebles no implica determinación precisa y sumaria del objeto social porque la compra y venta de bienes muebles es, en esencia, el objeto del comercio.»
La mera referencia a la adquisición y enajenación de bienes muebles no implica determinación de una concreta actividad en los términos exigidos por el art. 117 RRM.

1. La ejecución de un crédito salarial, amparado por el art. 32.1 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y consiguiente adjudicación del bien adjudicado, no pueden servir de justificación para ordenar la cancelación de hipotecas y anotaciones de embargo anteriores a la anotación que garantizaba aquel crédito, y ello pese a que sus titulares hayan sido debidamente notificados.
2. El privilegio consagrado por dicho art. 32.1 no implica una hipoteca legal tácita, general y absolutamente prioritaria, hipoteca incompatible con los principios básicos del sistema y que requeriría un establecimiento legal indubitado.