Resoluciones

A diferencia de la apreciación del alcance del divorcio de los cónyuges en cuanto a la pérdida o conservación de los derechos legitimarios (cfr. artículos 834 y 835 del Código Civil) en que el contador partidor estaría actuando con sujeción a lo establecido por la ley (vid. Resolución de 25 de junio de 1997), lo que no puede es entender revocada por tal causa una disposición testamentaria voluntariamente hecha a su favor pues, como señalara la Resolución de 26 de noviembre de 1998, la revocación de los testamentos abiertos en derecho común solo puede tener lugar por otro testamento válido y no por otro tipo de negocios o causas distintas de las previstas en la ley (artículos 738, 739 y 743 del mismo Código), sin que la separación o divorcio esté previsto que produzca tal efecto -a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con los poderes o consentimientos (artículos 102.2.° y 106) o las soluciones que se adoptan en la legislación comparada o en determinados cuerpos normativos de la legislación especial o foral-.

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Abogado don Manuel Barón, y Rojas Marcos frente a la negativa del Registrador de la Propiedad de Sevilla n.º 11, don Carlos Marín Albornoz, a inscribir una escritura de protocolización de operaciones particionales en virtud de apelación del recurrente.

Date: 
Monday, 14 April, 2003

No puede asimilarse al concepto de vivienda una residencia de la tercera edad, aparte de que dentro de esas residencias se distinguen diversos tipos, en especial en atención al grado de autonomía funcional de quienes en ellas residen al punto de que resulta ciertamente difícil incluir las llamadas residencias asistidas en la categoría de uso residencial a que se refiere el artículo 2.° de la Ley de Ordenación de la Edificación en lugar de hacerlo en la de uso sanitario.

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Santander Central Hispano Activos Inmobiliarios, Sociedad Anónima, S.G.I.I.C.» , frente a la negativa de la Registradora de la Propiedad de Lleida número 4, doña María Eugenia Rubies Farré, a hacer constar una finalización de obra.

Date: 
Tuesday, 8 April, 2003

No carece de sentido el texto del párrafo primero del artículo 82 de la Ley Hipotecaria. Su finalidad no es la de introducir un disonante y excepcional consentimiento formal, sino otra mucho más modesta y que resulta de su contexto. Se trata con este artículo y con los que le siguen de señalar en qué casos -los más frecuentes- rige la doctrina general sobre nuevas inscripciones en relación con un dominio o derecho real inscrito (se necesita título otorgado por el titular registral o sus causa-habientes o sentencia en juicio ordinario seguido contra ellos (cfr. artículos 1.3, 20.1, 40, 82.1 y 2 de la Ley Hipotecaria y 105 y 213 de su Reglamento), en qué casos ni siquiera se necesita un título especial (cfr. artículos 82.2 y concordantes de la Ley Hipotecaria), y en qué casos, por el contrario, y aunque el titular registral esté de acuerdo en la cancelación no basta para conseguirla un título simplemente otorgado por él (cfr. artículos 83 y 85.1).

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto a efectos doctrinales, por D. Ángel Rodrigo Cucalón, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Zaragoza nº. 1, D. Pablo Casado Burbano, a cancelar una hipoteca, en virtud de apelación del Registrador.

Date: 
Thursday, 27 March, 2003

Si bien el Registro, con carácter general, debe expresar el régimen jurídico de lo que se adquiere, y, en este sentido, la regla 9ª. del artículo 51 del Reglamento Hipotecario exige que se haga constar el régimen económico-matrimonial, la práctica y la doctrina de este Centro Directivo primero, y el Reglamento Hipotecario, desde la reforma de 1982, después, entendieron que lo más práctico, en el caso de cónyuges extranjeros, era no entender necesario expresar el régimen en la inscripción, difiriendo el problema para el momento de la enajenación posterior, pues dicha expresión de régimen podía obviarse si después la enajenación o el gravamen se hacía contando con el consentimiento de ambos (enajenación voluntaria), o demandando a los dos (enajenación forzosa). Por ello, el artículo 92 del Reglamento Hipotecario se limita a exigir, en este caso, que se exprese en la inscripción que el bien se adquiere «con sujeción a su régimen matrimonial»

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado en, el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Torrevieja, don Miguel Ángel Robles Perea, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Orihuela, número 2, don Fructuoso Flores Bernal, a inscribir una escritura de compraventa.

Date: 
Thursday, 27 March, 2003

Si bien el Registro, con carácter general, debe expresar el régimen jurídico de lo que se adquiere, y, en este sentido, la regla 9ª. del artículo 51 del Reglamento Hipotecario exige que se haga constar el régimen económico-matrimonial, la práctica y la doctrina de este Centro Directivo primero, y el Reglamento Hipotecario, desde la reforma de 1982, después, entendieron que lo más práctico, en el caso de cónyuges extranjeros, era no entender necesario expresar el régimen en la inscripción, difiriendo el problema para el momento de la enajenación posterior, pues dicha expresión de régimen podía obviarse si después la enajenación o el gravamen se hacía contando con el consentimiento de ambos (enajenación voluntaria), o demandando a los dos (enajenación forzosa). Por ello, el artículo 92 del Reglamento Hipotecario se limita a exigir, en este caso, que se exprese en la inscripción que el bien se adquiere «con sujeción a su régimen matrimonial».

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Torrevieja, don Miguel Angel Robles Perea, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Orihuela, número 2, don Fructuoso Flores Bernal, a inscribir una escritura de compraventa.

Date: 
Thursday, 27 March, 2003

Lo que se pretende, en definitiva, es conciliar la eficacia del deslinde con la salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. art. 1 y 40 de la Ley Hipotecaria), supeditando la eficacia rectificatoria registral de dicho deslinde -en cuanto acto administrativo- a la no impugnación judicial del mismo -en rigor, al no reflejo registral de tal impugnación- por el titular registral en el plazo de un año a contar desde que se intente tal rectificación o, en caso de impugnación, a la resolución del pleito entablado. Y en este sentido es evidente que constando que el titular registral lleva, al menos, desde 1992 (fecha de la interposición del recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional), impugnando judicialmente la Orden Ministerial ahora calificada, quedan debidamente salvaguardados los derechos que el citado artículo 29 del Reglamento Hipotecario, -en desenvolvimiento de la delegación legislativa contenida en el artículo 13 de la Ley de Costas- le concede frente a la eficacia rectificatoria registral que dicha Orden comporta, y no hay razón para denegar la inscripción registral de la finca en cuestión a favor del Estado, dado el efecto que al deslinde se le atribuye legalmente (cfr. artículo 13 de la Ley de Costas), máxime cuando el mismo ha sido confirmado en vía judicial en la que ha sido debidamente salvado el requisito del tracto sucesivo.

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Moguer, Dª. María Serrano Gotarredona, a inscribir una finca a nombre de la Administración del Estado.

Date: 
Thursday, 27 March, 2003

La doctrina de este Centro Directivo primero, y el Reglamento Hipotecario, desde la reforma de 1982, después, entendieron que lo más práctico, en el caso de cónyuges extranjeros, era no entender necesario expresar el régimen en la inscripción, difiriendo el problema para el momento de la enajenación posterior, pues dicha expresión de régimen podía obviarse si después la enajenación o el gravamen se hacía contando con el consentimiento de ambos (enajenación voluntaria), o demandando a los dos (enajenación forzosa). Por ello, el artículo 92 del Reglamento Hipotecario se limita a exigir, en este caso, que se exprese en la inscripción que el bien se adquiere «con sujeción a su régimen matrimonial».

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Torrevieja, Don Miguel Ángel Robles Perea, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Orihuela n° 2, D. Fructuoso Flores Bernal, a inscribir una escritura de compraventa

Date: 
Thursday, 27 March, 2003

El Registrador en su informe, que hubo de ser solicitado por este Centro Directivo, pues en la remisión del expediente únicamente expresaba que se ratificaba en la calificación, a pesar de lo cual el informe emitido es excesivamente sucinto, no alega las razones por las que estima que existe un acto en fraude de ley, pero es indudable que el recurso ha de ser estimado. La inscripción de la cesión gratuita de participaciones indivisas en usufructo de unas fincas no se encuentra prohibida por la legislación citada, la cual únicamente prohibe la división de fincas, que no se da en el presente supuesto (cfr. artículo 10 de la Ley 14/1990 de Castilla y León). Otra cosa es la inscripción de la «concreción» de dichas cuotas indivisas sobre partes determinadas de las fincas, pero en ningún lugar del documento presentado se dice que haya de darse a la misma carácter real, por lo que la posibilidad de su inscripción no se plantea en ningún momento.

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en, el recurso gubernativo interpuesto por don José María Pérez Martín y otros, contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 2, de Salamanca, a inscribir una escritura de cesión, gratuita de usufructo sobre determinadas fincas.

Date: 
Thursday, 27 March, 2003

Debe ser tenido en cuenta como regla general, hay que tener en cuenta, en el presente supuesto, por un lado, la pequeña entidad de la rectificación que se pretende, y, por otro, que el Registrador no plantea duda sobre la identidad de la finca.

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Málaga don Joaquín Mateo Estévez, contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 10 de Málaga, don Juan Francisco Ruiz Rico Márquez, a inscribir la rectificación de la superficie de un solar.

Date: 
Thursday, 27 March, 2003

El artículo 326 de la Ley Hipotecaria impide se tengan en cuenta en el recurso cuestiones basadas en motivos distintos de la calificación del Registrador. Bajo esta premisa, el recurso ha de ser estimado. La inscripción del derecho de retracto implica la posibilidad de ejercicio del mismo contra el titular registral o cualquiera otra persona que traiga causa de él, por lo que es inocua la anotación de la demanda de retracto, y, por ende, su caducidad. El ejercicio del retracto es únicamente la puesta en marcha de tal derecho puramente potestativo cuya eficacia únicamente está condicionada a la entrega del dinero en que consiste el retracto, que en el presente caso no se cuestiona. Es evidente que el adquirente de la finca no es objeto de indefensión pues la adquirió sometida a tal derecho, y, por ello, a sus consecuencias.

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Gerard Heiner Kuntz, contra la negativa del Registrador de la Propiedad del Puerto de la Cruz, don Antonio Díaz Marquina a practicar la inscripción de una escritura de venta judicial, en virtud de apelación del recurrente.

Date: 
Tuesday, 25 March, 2003

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