Legislación

La caducidad de las anotaciones preventivas opera «ipso iure», una vez agotado su plazo de cuatro años, si no han sido prorrogadas (cfr. artículo 86 de la Ley), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico.

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en, el recurso gubernativo interpuesto por don Luis Cuadrado Cutillas y otros, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Orihuela número 1, don, Enrique Fontes y García Calamarte a practicar la prórroga de una anotación, preventiva de embargo, en, virtud de apelación del recurrente.

Fecha: 
dijous, 30 maig, 2002

Un asiento registral, como es el de la anotación de la demanda cuestionada, practicado en virtud de un mandamiento de la autoridad judicial y que pone en cuestión la validez o eficacia de la misma hipoteca no es de los que pueden cancelarse en virtud sólo del auto que aprueba el remate o adjudicación en el procedimiento judicial sumario de ejecución de la hipoteca. Respecto de tal asiento, como practicado en virtud de mandamiento judicial, regirán las demás reglas y, por tanto, no se cancelará sino en virtud de resolución judicial.

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2002 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don, Roberto Pérez Fernández contra la negativa del Registrador de la Propiedad de A Coruña número 3, don Hortensio Saavedra Queimadelos, a inscribir un testimonio de auto de adjudicación, en virtud de apelación de recurrente.

Fecha: 
dijous, 30 maig, 2002

En nada queda mermado el destino público del suelo por el hecho de que el subsuelo sea objeto de aprovechamiento privativo. Ya hemos visto que así lo reconoce la jurisprudencia, negando incluso el derecho de reversión de los terrenos caso de que hubieran sido expropiados (al menos con relación a los supuestos en los que el subsuelo es objeto de utilización privativa por vía de concesión administrativa).

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en, el recurso gubernativo interpuesto por el Ayuntamiento de Oviedo, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Oviedo número 5 de don José María Cadenaba Coya a inscribir un acuerdo municipal de desafectación del subsuelo del Parque de Invierno y constitución, de un complejo inmobiliario.

Fecha: 
dijous, 30 maig, 2002

sin perjuicio de esos asientos posteriores, pueda reflejarse registralmente la nulidad de los títulos que motivan las inscripciones de dominio que se ordenan cancelar, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares registrales de dichas inscripciones.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2002,de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en, el recurso gubernativo interpuesto por doña Julita Alonso de Armiño López, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Balmaseda, doña María Begoña Ruiz Alútiz, a practicar determinadas cancelaciones, en virtud de apelación de la señora Registradora.

Fecha: 
dijous, 30 maig, 2002

Si bien es cierto que dada la amplitud de los términos de la cláusula debatida, la imposibilidad de conocer el valor de los índices de referencia, podría dar lugar en su día a una hipotética dificultad probatoria que en última instancia siempre quedaría al arbitrio de los Tribunales, no lo es menos que el que en un préstamo a interés variable no se pueda llegar a conocer el módulo e índice de referencia objetivo retributivo del contrato tiene su importancia por la continuidad del préstamo para ambas partes contratantes y por tanto puede ser libremente acordada por ellas dentro del juego que nuestro ordenamiento concede ala autonomía de la voluntad, puesto que las leyes permiten condicionar la estipulación a un hecho ajeno a su voluntad (artículo 1,115 y 1.255 del Código Civil), por lo que la cláusula en cuestión puede acceder al Registro.

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2002 de la Dirección Genaral de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto por el «Banco Hipotecario de España Sociedad Anónima» contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Murcia número 2, don Eugenio Aguilar Amador, a inscribir una escritura de novación modificativa de préstamo con garantía hipotecaria, en, virtud de apelación del recurrente.

Fecha: 
dijous, 30 maig, 2002

El artículo 1.860 del Código Civil y el 122 de la Ley Hipotecaria, establecen la indivisibilidad de la hipoteca, pese a la división del crédito o la deuda, más es evidente que dicho precepto contempla la hipótesis en que tal división se produce sin intervención del propietario del predio gravado o de quienes pudieran ser afectados por la modificación de la garantía real; sin que exista obstáculo alguno al acuerdo entre deudor hipotecante y acreedor hipotecario, cuando no hay gravámenes posteriores sobre el bien afecto, para que convenga el fraccionamiento del crédito y de la propia garantía, de modo que quepa la exigibilidad separada de cada una de las partes resultantes, tanto si se ejercita la mera acción personal, como si se pretende ejercitar la respectiva acción hipotecaria, sin necesidad de cancelar parcialmente la hipoteca preexistente por el exceso entre la primitiva responsabilidad garantizada y una de las fracciones resultantes, y constituir nueva hipoteca en favor de la otra

RESOLUCIÓN de 8 de abril de2002,de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Barcelona, don Rafael Herrero de las Heras, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Mollet del Vallés, don Javier Madurga Rivera a inscribir una escritura de división y modificación de préstamo con garantía. hipotecaria, en virtud de apelación del recurrente.

Fecha: 
dijous, 30 maig, 2002

Inscrito el bien con carácter ganancial y constando la disolución de la sociedad conyugal por muerte de uno de los cónyuges, el principio de tracto sucesivo impide inscribir la adjudicación de dicho bien alcanzada en procedimiento seguido exclusivamente contra uno de los esposos cotitulares (cfr. artículo 20 de la Ley Hipotecaria); deberá inscribirse previamente el título correspondiente (sea el de liquidación de la sociedad conyugal o cualquier otro suficiente al efecto) por cuya virtud el cónyuge ejecutado pasa a ser titular exclusivo del bien cuestionado.

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2002 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Salvador Martel Hidalgo contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Las Palmas de Gran Canaria número 5, don Ricardo Seco Gómez, a inscribir un testimonio de auto de adjudicación, en virtud de apelación del recurrente.

Fecha: 
dimecres, 29 maig, 2002

No resulta que la querella interpuesta implique también la pretensión de nulidad de las enajenaciones a través de las cuales se consumara la denunciada estafa (lo que, además, exigiría según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la llamada al procedimiento de los respectivos adquirentes - cfr. Sentencias de 9 de diciembre de 1978, 12 de marzo de 1993, 25 de noviembre de 1992, 4 de abril de 1992, 27 de junio de 1990, 25 de mayo de 1987, 14 de diciembre de 1985, 4 de noviembre de 1981, 20 de noviembre de 1972, 19 de enero de 1988 y 22 de diciembre de 1989), sino exclusivamente de la responsabilidad penal que proceda así como la declaración de una responsabilidad «civil o pecuniaria» que el querellante estima en 50 millones de pesetas.

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Inmobiliaria Compostela, Sociedad Anónima», contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Santiago de Compostela número 2, doña María Jesús Montero Pardo, a practicar una anotación, preventiva de querella, en virtud de apelación, de la recurrente.

Fecha: 
dimecres, 29 maig, 2002

No resulta que la querella interpuesta implique también la pretensión de nulidad de las enajenaciones a través de las cuales se consumara la denunciada estafa (lo que, además, exigiría según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la llamada al procedimiento de los respectivos adquirentes - cfr. Sentencias de 9 de diciembre de 1978, 12 de marzo de 1993, 25 de noviembre de 1992, 4 de abril de 1992, 27 de junio de 1990, 25 de mayo de 1987, 14 de diciembre de 1985, 4 de noviembre de 1981, 20 de noviembre de 1972, 19 de enero de 1988 y 22 de diciembre de 1989), sino exclusivamente de la responsabilidad penal que proceda así como la declaración de una responsabilidad «civil o pecuniaria» que el querellante estima en 50 millones de pesetas.

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Inmobiliaria Compostela, Sociedad Anónima», contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Santiago de Compostela número 2, doña María Jesús Montero Pardo, a practicar una anotación, preventiva de querella, en virtud de apelación, de la recurrente.

Fecha: 
dimecres, 29 maig, 2002

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