Visto el texto del Acuerdo de revisión salarial para el año 2006 del Convenio colectivo de trabajo del sector de los Empleados de Notarías de la comunidad autónoma de Cataluña, suscrito por las partes negociadoras el día 24 de febrero de 2006, y de conformidad con lo que dispone el artículo 90.2 y 3 del Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores; el artículo 2.b) del Real decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, el a

De acuerdo con lo que dispone el artículo 75 del Estatuto de autonomía de Cataluña;

Con el fin de facilitar el desarrollo de las elecciones al Parlamento de Cataluña es procedente adoptar las disposiciones complementarias que rigen estos comicios.

Visto lo establecido en el Estatuto de autonomía de Cataluña y en la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, a propuesta del consejero de Gobernación y Administraciones Públicas y de acuerdo con el Gobierno,

Decreto:

Mediante la Resolución ECF/479/2006, de 13 de febrero, se autorizó la creación de oficinas liquidadoras en el Registro de la Propiedad de Ripoll y en los Registros Mercantiles y de Bienes Muebles de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, si bien el artículo 4 de esta Resolución condicionaba el inicio efectivo de sus actuaciones, dentro del marco competencial definido en dicha norma, a la publicación de una resolución por parte del director general de Tributos, en que se indicara la fecha en que se iniciarían estas actuaciones.

Visto que el nombramiento de notarios que deben ejercer en el territorio de Cataluña es competencia de la Generalidad, en virtud de lo que dispone el artículo 147.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña, aprobado por la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio;

Considerando la Resolución de 6 de julio de 2006, por la que se anuncia concurso para la provisión de notarías vacantes (BOE núm. 168, de 15.7.2006), y considerando el expediente instruido para su provisión;

La Ley 18/2005, de 27 de diciembre, de equipamientos comerciales, estableció el marco jurídico para la implantación de los establecimientos comerciales para que el desarrollo del comercio en el territorio durante los próximos años tenga muy en cuenta su trascendencia en la configuración del modelo de ciudad compleja, compacta y socialmente cohesionada que nos es propio y que el Gobierno y el Parlamento de Cataluña quieren preservar.

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política del agua, configura la planificación hidrológica como el principal instrumento para alcanzar los objetivos de protección y de mejora del estado de los recursos hídricos en cantidad y calidad, así como la mejora de los ecosistemas hídricos y asociados y la promoción del uso sostenible del agua.

De acuerdo con lo establecido en el preámbulo de la Ley 18/2005, de 27 de diciembre, de equipamientos comerciales, en nuestro modelo urbano, de ciudad compacta, compleja y socialmente cohesionada, el comercio ejerce una función determinante. Esta estructura de ciudad compacta permite reducir la movilidad y evitar desplazamientos innecesarios, entre otras actividades, por motivo de compra.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 17.1 del Decreto 332/2006, de 5 de septiembre, de normas complementarias para la realización de las elecciones al Parlamento de Cataluña, el voto por correspondencia se puede solicitar a partir del día de la convocatoria de las elecciones y hasta el décimo día anterior al día de la celebración de les votaciones.

El artículo 1.3 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán, establece que forman parte de este patrimonio los bienes inmateriales integrantes de la cultura popular y tradicional.