Mediante testimonio expedido por Juzgado de lo Penal se declara la nulidad de la compraventa de una finca y se ordena la cancelación de la hipoteca que grava dicha finca a favor de «Banco Popular, S.A.». Corresponde que la registradora practique la cancelación de la inscripción de la compraventa al haber sido los titulares registrales parte en el procedimiento penal, pero suspenda la cancelación de la hipoteca por no resultar del mandamiento que el banco -como titular registral de la hipoteca- haya sido demandado.