Una de las funciones esenciales del Estado de Derecho es la garantía de la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos. Esta función implica el reto de la implantación de una justicia de calidad capaz de resolver los diversos conflictos que surgen en una sociedad moderna y, a la vez, compleja.

Advertidos errores en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, publicado en el («Boletín Oficial del Estado» número 253, de 20 de octubre), se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, el artículo 57 del Reglamento Notarial, según la redacción dada por el Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, y visto el expediente personal del Notario de Madrid, don José Manuel de la Cruz Lagunero, del cual resulta que ha cumplido la edad en que legalmente procede su jubilación.

Advertidos errores en el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el fondo para la financiación de los pagos a proveedores, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 60, de 10 de marzo de 2012, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 22506, se suprime el apartado 6 del artículo 5.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 291 de la Ley Hipotecaria, 542 de su Reglamento y artículo 9.1.f) del Real Decreto 1203/2010, de 24 de septiembre, esta Dirección General ha acordado jubilar, por tener cumplida la edad de setenta años, a don Antonio Hueso Gallo, Registrador de la Propiedad de Madrid número 1, que tiene categoría personal de 1.ª clase y el número 20 en el Escalafón del Cuerpo.

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, obliga a que los poderes públicos establezcan mecanismos eficaces para protegerlo y conservarlo. Este fin solo puede alcanzarse procurando la compatibilidad de la actividad humana con la preservación del medio ambiente. Para ello, la legislación ambiental debe ser clara y otorgar seguridad jurídica.

El Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre (parcialmente modificado por el Real Decreto 1360/2011, de 7 de octubre), y la Orden de 27 de diciembre de 1991, de desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre (modificada, a su vez, por la Orden EHA/2670/2011, de 7 de octubre), establecen un nuevo sistema de declaración de las operaciones de cobros y pagos exteriores al Banco de España por los proveedores de servicios de pago (entidades registradas).

Este real decreto desarrolla la regulación contenida en la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, de conformidad con la habilitación que a estos efectos establece la disposición final duodécima de dicha ley.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 12, 13 y 14 del Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.