LEY 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.

LEY 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY

Preámbulo

1. Significado y situación de la lengua catalana

La lengua catalana es un elemento fundamental de fa formación y la personalidad nacional de Cataluña, un instrumento básico de comunicación, integración y cohesión social de los ciudadanos y ciudadanas. con independencia de su origen geográfico, y el vínculo privilegiado de Cataluña con las demás tierras de habla catalana, con las que forma una comunidad lingüística que ha aportado a lo largo de los siglos, con voz original, una valiosa contribución a la cultura universal. Además, ha sido el testimonio de fidelidad del pueblo catalán hacia su tierra y su cultura específica.

Forjada originariamente en el territorio de Cataluña, compartida con otras tierras en las que recibe también denominaciones populares e incluso legales distintas, la lengua catalana ha sido siempre la propia del país y, como tal, se ha visto afectada negativamente por algunos acontecimientos de la historia de Cataluña, que la han conducido a una situación precaria. Esta situación es debida a varios factores, como la persecución política que ha padecido y la imposición legal del castellano durante más de dos siglos y medio; las condiciones políticas y socioeconómicas en que se produjeron los cambios demográficos de las últimas décadas, y, aun, el carácter de lengua de ámbito restringido que tiene, similar al de otras lenguas oficiales de Europa, especialmente en el mundo actual, en que la comunicación, la información y las industrias culturales tienden a la mundialización.

Como resultado, pues, de todas estas circunstancias, la situación sociolingüística de Cataluña es hoy compleja. La realidad de una lengua propia que no ha alcanzado la plena normalización y, que tiene un número de hablantes relativamente pequeño en el contexto internacional convive con el hecho de que muchos de los ciudadanos y ciudadanas del territorio de Cataluña tienen como lengua materna la castellana, en la cual se expresan preferentemente y a partir de la cual han contribuido, frecuentemente, a enriquecer de forma significativa la propia cultura catalana, contribución realizada asimismo por otros ciudadanos y ciudadanas en otras lenguas. Esta realidad, pues, exige una política lingüística que ayude eficazmente a normalizar la lengua propia de Cataluña y que, a su vez, garantice un respeto escrupuloso a los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos y ciudadanas.

II. El marco jurídico

El marco jurídico actual de la lengua catalana viene determinado por la Constitución española de 1978 y por el Estatuto de autonomía de Cataluña de 1979.

La primera, reconociendo la diversidad de los pueblos que integran el Estado español, establece en el artículo 3 que “el castellano es la lengua española oficial del Estado" y que, como tal lengua oficial, “todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Además, la Constitución dice que “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos”.

El Estatuto de autonomía, en el artículo 3, dispone: “1. La lengua propia de Cataluña es el catalán. 2. El idioma catalán es el oficial de Cataluña, así como también lo es el castellano oficial en todo el Estado español. 3. La Generalidad garantizará el uso normal y oficial de los dos idiomas, adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y creará las condiciones que permitan alcanzar su plena igualdad en lo que se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña. 4. El habla aranesa será objeto de enseñanza y de especial respeto y protección."

Estas disposiciones estatutarias fueron desarrolladas por la Ley 7/1983, de 18 de abril, de normalización lingüística en Cataluña, de enorme trascendencia en la historia de la lengua, que supuso la despenalización del catalán y en catorce años de vigencia ha permitido que se extendiera su conocimiento entre la gran mayoría de la población y una política concertada entre todos los sectores de la sociedad, que se ha materializado en el proceso de normalización lingüística.

En el tiempo de vigencia de la Ley se han producido cambios trascendentes: en el campo tecnológico, se ha generalizado el uso de la informática y de las autopistas de la información; en el campo cultural y comercial, se ha establecido la libertad de comercio, que ha generalizado los préstamos culturales, especialmente en el mundo de las comunicaciones y del audiovisual, en el campo político, por un lado, España se ha incorporado a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, regida por el principio del multilingüismo, y por otro lado la Generalidad ha asumido muchas de las competencias previstas en el Estatuto; en el campo social y sociolingüístico, se ha generalizado el conocimiento del catalán generalización que no siempre ha supuesto un aumento similar en los usos públicos y se ha producido un cambio notable en los flujos migratorios. También se ha dado una importante evolución del derecho lingüístico en nuestro país, debida en parte a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en parte a la legislación catalana y los estudios doctrinales. Finalmente, cabe destacar el contenido de varias resoluciones del Parlamento Europeo: la de 30 de noviembre de 1987, sobre las lenguas y culturas de las minorías regionales y étnicas en la Comunidad Europea; la de 11 de diciembre de 1990. sobre la situación de las lenguas en la Comunidad y la de la lengua catalana, y la de 9 de febrero de 1994, sobre las minorías culturales y lingüísticas de la Comunidad Europea, También cabe destacar la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, adoptada como convención por el Comité de Ministros del Consejo de Europa a 5 de noviembre de 1992, y la Declaración universal de derechos lingüísticos, aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos a 6 de junio de 1996, en Barcelona, que contó con el apoyo unánime del Congreso de los Diputados y, del Parlamento de Cataluña.

III. Los objetivos de la presente L-ey

Todas estas circunstancias han hecho aconsejable modificar Y actualizar la Ley de 1983 v renovar el acuerdo político y social que hubo entonces, para poder consolidar el proceso impulsado por la Ley de normalización lingüística en el ámbito de la administración y la enseñanza, adaptar a las necesidades de hoy la regulación de los medios de comunicación y las industrias culturales y establecer una normativa lingüística destinada al mundo socieconómico, todo ello con el objetivo de avanzar en la generalización del conocimiento completo y el uso normal de la lengua catalana, lo cual ha de permitir dar un nuevo impulso al uso social de la lengua.

La modificación y actualización de la Ley de 1983 han de permitir también consolidar el compromiso estatutario de llegar a la plena igualdad en lo que se refiere a los derechos Y deberes lingüísticos y, de forma especial, los de conocer las dos lenguas oficiales y usarías, cosa que supone que, de acuerdo con el marco estatutario vigente, los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña deberán conocer la lengua catalana y la castellana y tendrán el derecho a usarlas.

Para seguir este impulso, resulta también de todo punto indispensable modificar la normativa estatal y la europea, y reafirmar las políticas de fomento y las correspondientes dotaciones presupuestarias.

IV. El contenido y la estructura de la presente Ley

La presente Ley formula los conceptos jurídicos de lengua propia y de lengua oficial. Así, el concepto de lengua propia aplicado a la catalana obliga a los poderes públicos y las instituciones de Cataluña a protegerla, a usarla de forma general y a promover su uso público en todos los niveles. El concepto de lengua oficial aplicado al catalán y al castellano garantiza a los ciudadanos y ciudadanas los derechos subjetivos, que son proclamados explícitamente, a aprender las dos lenguas, a poder usarlas libremente en todas las actividades públicas y privadas, a ser atendidos en la que escojan en sus relaciones con las administraciones y, de forma gradual y progresiva, con todos los agentes sociales que ofrecen servicios al público, y a no ser discriminados por razón de lengua. Teniendo en cuenta estos principios, la Ley regula el uso de las dos lenguas oficiales en Cataluña, y establece medidas de amparo y promoción del uso del catalán para conseguir su normalización y medidas de fomento para garantizar su presencia en todos los ámbitos.

En el ámbito oficial y administrativo, la presente Ley establece que las administraciones e instituciones catalanas deben utilizar de forma general el catalán, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a dirigirse a las mismas en la lengua oficial que éstos escojan, y proclama la plena validez de toda la documen-tación pública y privada en cualquiera de las dos lenguas oficiales, con plena independencia de una con respecto a la otra, en todos los ámbitos, incluidos la Administración del Estado, la Administración de justicia y los registros públicos.

En lo que se refiere a la enseñanza, la presente Ley garantiza a toda la población el pleno conocimiento de las dos lenguas y, a su vez, garantiza que el alumnado no sea discriminado ni separado en grupos diferentes por razón de la lengua, manteniendo el sistema de conjunción lingüística aplicado al amparo de la Ley de 1983, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tri-bunal Constitucional. También establece me-didas de fomento de la docencia universitaria en catalán.

En el ámbito de los medios de comunica-ción, y en el marco de las competencias de la Generalidad, regula el uso del catalán en las emisoras de radiodifusión y de televisión, a fin de garantizar la presencia de la lengua propia en el espacio radiofónico y televisivo, y esta-blece medidas de fomento de la prensa escrita. En lo referente a las industrias culturales, mantiene y refuerza las medidas de fomento que ya establecía la Ley de normalización lin-güística para la cinematografía, el libro, la canción y las artes del espectáculo, e incorpora referencias a la informática, las redes de co-municación telemáticas y los productos de ingeniería lingüística, que se han convertido en la base del tratamiento de la información en todos los campos.

En lo que se refiere al ámbito socioeconómi-co, adopta medidas de regulación de la presencia de la lengua catalana y de fomento del uso de esta lengua en todos los campos en que, por razones de mercado u otras, no se garantizan lo suficiente. De esta forma, las empresas públicas, las concesionarias y las de servicios públicos se incorporan activamente al proceso de norma-lización lingüística, con la finalidad de garantizar los derechos lingüísticos de los consumidores y consumidoras. El objetivo es conseguir, en el mundo económico, una situación de equidad entre las dos lenguas de forma progresiva, a medida que todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña vayan adquiriendo un conocimiento completo de la lengua catalana, y siempre me-diante la concertación social propiciada desde la Generalidad.

Finalmente, la presente Ley reconoce. ampa-ra y fomenta la enseñanza y el uso del aranés en el Valle de Arán, con una referencia a la Ley 16/1990, de 13 de julio, sobre el régimen especial del Valle de Arán, y con pleno respeto por las competencias de las instituciones propias del Valle de Arán.

La presente Ley tiene carácter indicativo para los ciudadanos y ciudadanas y sólo crea obliga-ciones para las administraciones y para deter-minadas empresas si el carácter de servicio públi-co de su actividad y la protección de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas lo hacen aconsejable. De esta forma, sólo pueden ser objeto de actuación administrativa, de acuer-do con la normativa sectorial aplicable, los fun-cionarios y funcionarias y las citadas empresas si incumplen las obligaciones establecidas en la presente Ley.

En lo que se refiere a la estructura, la pre-sente Ley consta de treinta y nueve artículos, ocho disposiciones adicionales, tres transitorias y tres finales. El articulado se distribuye en siete capítulos, que regulan los principios generales (capítulo preliminar), el uso institucional (capítulo I), la onomástica (capítulo II), la enseñanza (capítulo III), los medios de comunica-ción y las industrias culturales (capítulo IV), la actividad socioeconómica (capitulo V), y el impulso institucional (capítulo VI). Sigue, por lo tanto, la estructura de la Ley 7/1983, a la que se adicionan los capítulos específicamente destinados a la onomástica y a la actividad so-cioeconómica.

CAMULO PRELIMINAR

Principios generales

Artículo 1

El objeto de la presente Ley

1. El objeto de la presente ley es el desarrollo del artículo 3 del Estatuto de autonomía de Cataluña, a fin de amparar, fomentar y norma-lizar el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos, y el uso del aranés en el Valle de Arán, y garantizar el uso normal y oficial del catalán y del castellano.

2. Los objetivos principales de la presente Ley son:

a) Amparar y fomentar el uso del catalán por todos los ciudadanos y ciudadanas.

b) Dar efectividad al uso oficial del catalán y del castellano, sin ninguna discriminación para los ciudadanos y ciudadanas.

c) Normalizar y fomentar el uso del catalán en la Administración, la enseñanza, los medios de comunicación social, las industrias cultura-les y el mundo socioeconómico.

d) Asegurar la extensión del conocimiento del catalán a todos los ciudadanos y ciudadanas.

3. Es también un objetivo de la presente Ley alcanzar la igualdad en lo que se refiere a los derechos y deberes lingüísticos de los ciudada-nos y ciudadanas, con la promoción de las ac-ciones necesarias y la remoción de los obstáculos que hoy la dificultan.

Artículo 2

La lengua propia

1. El catalán es la lengua propia de Catalu-ña y la singulariza como pueblo.

2. El catalán, como lengua propia, es:

a) La lengua de todas las instituciones de Ca-taluña, y en especial de la Administración de la Generalidad, de la Administración local de las corporaciones públicas, de las empresas y los servicios públicos, de los medios de comunicación institucionales, de la enseñanza y de la toponimia.

b) La lengua preferentemente utilizada por la Administración del Estado en Cataluña en la forma que ella misma determine, por las demás instituciones y, en general, por las empresas y entidades que ofrecen servicios al público.

3. Lo dispuesto en el apartado 2 implica un compromiso especial de las instituciones para promocionar su conocimiento y fomentar su uso entre los ciudadanos y ciudadanas, con indepen-dencia del carácter oficial del catalán y del cas-tellano.

Artículo 3

Las lenguas oficiales

1. El catalán es la lengua oficial de Catalu-ña, así como también lo es el castellano.

2. El catalán y el castellano, como lenguas oficiales, pueden ser utilizadas indistintamen-te por los ciudadanos y ciudadanas en todas las actividades públicas y privadas sin discrimina-ción. Los actos jurídicos realizados en cualquiera de las dos lenguas oficiales tienen, por lo que se refiere a la lengua, plena validez y eficacia.

Artículo 4

Los derechos lingüísticos

1. De acuerdo con el artículo 3 del Estatuto de autonomía, y en el marco de una política activa de la Generalidad para crear las condi-ciones que permitan llegar a la igualdad plena en cuanto a los derechos y deberes lingüísticos, en Cataluña todas las personas tienen derecho a:

a) Conocer las dos lenguas oficiales.

b) Expresarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales, oralmente y por escrito, en las relaciones y actos públicos y privados.

c) Ser atendidas en cualquiera de las dos lenguas oficiales en los términos que la presente Ley establece.

d) Utilizar libremente cualquiera de las dos lenguas oficiales en todos los ámbitos.

e) No ser discriminadas por razón de la len-gua oficial que utilizan.

2. Todas las personas pueden dirigirse a los juzgados y los tribunales para obtener la protec-ción judicial del derecho a utilizar su lengua.

3. Todas las personas pueden dirigirse a la Administración de la Generalidad y al Síndic de Greuges solicitando que, en el ámbito de sus competencias, actúen para garantizarles los derechos lingüísticos de forma específica.

Artículo 5

Los principios rectores de la actuación de la Generalidad

1. La Generalidad ha de garantizar los dere-chos lingüísticos de los ciudadanos y ciudada-nas, el uso normal y oficial del catalán y del cas-tellano, la enseñanza de las dos lenguas a toda la población, la capacitación y habilitación lin-güísticas del personal al servicio de las adminis-traciones y la igualdad plena de los ciudadanos y ciudadanas en cuanto a derechos y deberes lingüísticos, en todos los ámbitos.

2. La Generalidad ha de realizar actuaciones de amparo, protección y promoción y fomento del uso de la lengua catalana en todos los ám-bitos, con adopción de las medidas necesarias y el destino de los recursos suficientes.

Artículo 6

La unidad de la lengua catalana

1. La lengua catalana es un patrimonio que Cataluña comparte con otros territorios con los que constituye una misma comunidad lingüís-tica. La Generalidad ha de velar por la protec-ción de la unidad del catalán y ha de fomentar el uso y la proyección exterior del catalán y la comunicación entre los distintos territorios de habla catalana.

2. De acuerdo con la legislación vigente, corresponde al Institut d’Estudis Catalans la autoridad lingüística.

Artículo 7

Reconocimiento y protección del aranés

El aranés, variedad de la lengua occitana propia del Valle de Arán, se rige, en lo que se refiere al uso, por la Ley 16/1990, de 13 de ju-lio, sobre el régimen especial del Valle de Arán, y, supletoriamente, por los preceptos de la pre-sente Ley, que nunca pueden ser interpretados en perjuicio del uso del aranés.

CAPITULO 1

El uso institucional

Artículo 8

La publicación de las normas

1. Las leyes que aprueba el Parlamento de Cataluña se publican, en ediciones simultáneas en catalán y en castellano, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Corresponde al Par-lamento realizar su versión oficial castellana.

2. La publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, si procede, de las disposiciones generales y las resoluciones normativas del Gobierno, la Administración y las instituciones de la Generalidad y de las admi-nistraciones locales de Cataluña se realiza en ediciones simultáneas en catalán y en castellano.

Artículo 9

La lengua de las administraciones de Cataluña

1. La Generalidad, las administraciones lo-cales y las demás corporaciones públicas de Cataluña, las instituciones y empresas que dependen de las mismas y los concesionarios de sus servicios deben utilizar el catalán en sus actuaciones internas y en la relación entre ellos. Tam-bién deben utilizarlo normalmente en las comu-nicaciones y notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán, sin perjuicio del derecho de los ciu-dadanos y ciudadanas a recibirlas en castellano, si lo solicitan.

2- El Gobierno de la Generalidad ha de re-gular, mediante disposiciones reglamentarias, el uso del catalán en las actividades administrativas de todos los órganos de su competencia.

3. Las corporaciones locales y las universida-des han de regular el uso del catalán en el ám-bito de las respectivas competencias, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1. También de-ben regularlo, en el mismo sentido, todas las demás corporaciones públicas.

Artículo 10

Los procedimientos administrativos

1. En los procedimientos administrativos tramitados por la Administración de la Gene-ralidad, las administraciones locales y las demás corporaciones de Cataluña debe utilizarse el catalán, sin perjuicio del derecho de los ciuda-danos y ciudadanas a presentar documentos, hacer manifestaciones y, si lo solicitan, a recibir notificaciones en castellano.

2. La Administración ha de entregar a las personas interesadas que lo requieran, en la lengua oficial solicitada, un testimonio traducido de aquello que les afecta. La solicitud de traduc-ción no puede suponer ningún perjuicio o gas-to al solicitante ni retrasos en el procedimien-to ni suspender su tramitación ni los plazos establecidos.

Artículo 11

La capacitación lingüística del personal al servi-cio de las administraciones de Cataluña

1. El personal al servicio de las administra-ciones, las corporaciones y las instituciones públicas de Cataluña debe tener un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales, tanto en la expresión oral como en la escrita, que lo haga apto para desarrollar las funciones propias de su puesto de trabajo.

2. Para hacer efectivo lo dispuesto en el apar-tado 1. el Gobierno de la Generalidad ha de garantizar la enseñanza del catalán al personal al servicio de la Administración de la Genera-lidad, de las corporaciones locales, de las universidades públicas y de la Administración de justicia de Cataluña y fomentar medidas de re-ciclaje de este personal.

3. En el proceso de selección para acceder a plazas de personal de la Administración de la Generalidad, la Administración local y la admi-nistración y servicios de las universidades. inclui-do el personal laboral, debe acreditarse el co-nocimiento de la lengua catalana, tanto en la expresión oral como en la escrita, en el grado adecuado a las funciones propias de las plazas de que se trate, en los términos establecidos en la legislación de la función pública.

Artículo 12

La Administración del Estado

1. Son válidas las actuaciones administra-tivas de los órganos y entes de la Administra-ción del Estado, tanto las orales como las es-critas, realizadas en Cataluña en cualquiera de las dos lenguas oficiales, sin necesidad de tra-ducción.

2. Todas las personas tienen derecho a rela-cionarse, oralmente y por escrito, con la Admi-nistración del Estado en Cataluña en la lengua oficial que escojan y ser atendidos, y no se les puede exigir traducción alguna.

Artículo 13

Las actuaciones judiciales

1. Son válidas las actuaciones judiciales, tanto las orales como las escritas, realizadas en cual-quiera de las dos lenguas oficiales, sin necesidad de traducción.

2. Todas las personas tienen derecho a rela-cionarse, oralmente y por escrito, con la Admi-nistración de justicia en la lengua oficial que escojan y ser atendidos, y no se les puede exi-gir traducción alguna.

3. Todas aquellas personas que lo soliciten deben recibir en la lengua oficial solicitada los testimonios de las sentencias y autos resoluto-rios que les afecten, sin retrasos por razón de lengua.

4. Lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 es aplicable también a los tribunales eclesiásticos y a los arbitrales.

5. En la provisión de plazas del personal al servicio de la Administración de justicia depen-diente de la Generalidad debe aplicarse lo dis-puesto en artículo 11, de acuerdo con la corres-pondiente normativa específica, en los términos que sean establecidos por reglamento.

Artículo 14

Los documentos públicos

1. Son válidos los documentos públicos otor-gados en cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Los documentos públicos deben redactarse en la lengua oficial que escoja el otorgante, o, si hubiera más de uno, en la lengua que acuer-den. Si no existe acuerdo en lo que se refiere a la lengua, la escritura o documento debe redac-tarse en ambas lenguas oficiales.

3. Antes de redactar el documento, debe preguntarse explícitamente a los otorgantes qué lengua escogen; en ningún caso la elección de una u otra debe suponer retraso en la redacción y autorización del documento. Si no se escoge expresamente la lengua, el documento se redac-ta en catalán.

4. Los fedatarios públicos deben entregar en castellano o en catalán, según lo solicite la per-sona interesada, las copias y testimonios, y deben traducir, cuando sea necesario, los respectivos documentos y matrices, bajo su responsabilidad. N la nota de la matriz y a pie de la copia debe constar el hecho de la traducción, pero no es preciso protocolizarla.

5. Los despachos de los fedatarios públicos deben estar en condiciones de atender a los ciu-dadanos y ciudadanas en cualquiera de las dos lenguas oficiales y deben contar con personal que tenga un conocimiento adecuado y suficien-te de las mismas para ejercer las funciones pro-pias de su puesto de trabajo.

Artículo 15

Los documentos civiles y mercantiles

1. La lengua no es requisito de forma de los documentos privados. Por lo tanto, son válidos los redactados en cualquier idioma, sin perjui-cio de las traducciones que las leyes civiles, mercantiles o procesales exijan para su ejecu-ción en caso de que el idioma no sea oficial en Cataluña.

2. Los documentos privados, contractuales o no, cualquiera que sea su naturaleza, redac-tados en cualquiera de las dos lenguas oficiales en Cataluña son válidos y no requieren traduc-ción alguna para exigir judicialmente o extraju-dicialmente su cumplimiento en el ámbito terri-torial de Cataluña.

3. Los documentos a que se refiere el apar-tado 2 deben redactarse en la lengua oficial que las partes acuerden. Sin embargo, si se trata de contratos de adhesión, normados, contratos con cláusulas tipo o con condiciones generales, deben redactarse en la lengua que escojan los consumidores y consumidoras y deben estar a disposición inmediata de los clientes y clientas en ejemplares separados en catalán y en cas-tellano.

4. Son válidos los títulos valor de todo tipo, incluidos los que representan acciones de socie-dades mercantiles, redactados en cualquiera de las dos lenguas oficiales.

S. Los cheques, pagarés, talonarios y demás documentos ofrecidos por las entidades finan-cieras a sus clientes y clientas deben ser redac-tados, como mínimo, en catalán.

Artículo 16

Los convenios colectivos de trabajo

1. Son válidos los convenios colectivos de trabajo redactados en cualquiera de las dos len-guas oficiales.

2. Los convenios colectivos de trabajo deben redactarse en la lengua oficial que acuerden las partes o, si no existe acuerdo, en las dos lenguas oficiales y en ejemplares separados.

Artículo 17

Los registros públicos

1. Son válidos los asientos registrales reali-zados en cualquiera de las dos lenguas oficia-les.

2. En todos los registros públicos de Cata-luña, salvo aquellos que tienen sólo carácter ad-ministrativo, los asientos deben realizarse en la lengua oficial en que está redactado el do-cumento o en que se realiza la manifestación. Si el documento es bilingüe, se realizan en la lengua indicada por quien lo presenta a regis-tro.

3. Los registradores deben expedir las certi-ficaciones en la lengua oficial utilizada en la petición.

4. Las oficinas de los registros deben estar en condiciones de atender a los ciudadanos y ciu-dadanas en cualquiera de las dos lenguas oficiales y deben contar con el personal que tenga un conocimiento adecuado y suficiente de las mismas que lo haga apto para ejercer las funciones propias de su puesto de trabajo.

5. Debe garantizarse que en la oficina del registro pueda hacerse con inmediatez y fia-bilidad, oralmente o por escrito, la interpre-tación y traducción de cualquier asiento a la lengua oficial solicitada por la persona inte-resada.

6. Los formularios y demás impresos que estén a disposición del público en las oficinas de los registros deben ser redactados, al menos, en catalán.

CAPÍTULO II

La onomástica

Artículo 18

La toponimia

1. Los topónimos de Cataluña tienen como única forma oficial la catalana, de acuerdo con la normativa lingüística del Institut d’Estudis Catalans, excepto los del Valle de Arán, que tienen la aranesa.

2. La determinación de la denominación de los municipios y las comarcas se rige por la le-gislación de régimen local.

3. La determinación del nombre de las vías urbanas y núcleos de población de todo tipo corresponde a los ayuntamientos, y la de los demás topónimos de Cataluña corresponde al Gobierno de la Generalidad, incluidas las vías interurbanas, sea cuál sea su dependencia.

4. Las denominaciones a que se refieren los apartados 2 y 3 son las legales a todos los efec-tos y la rotulación debe concordar con las mismas. Corresponde al Gobierno de la Generalidad reglamentar la normalización de la rotulación pública, respetando en todos los casos las normas internacionales que han pasado a formar parte del derecho interno.

Artículo 19

La antroponimia

1. Los ciudadanos y ciudadanas de Catalu-ña tienen derecho al uso de la forma normati-vamente correcta en catalán de sus nombres y apellidos y a incluir la conjunción i entre los apellidos.

2. Las personas interesadas pueden obtener la constancia de la forma normativamente co-rrecta en catalán de sus nombres y apellidos en el Registro Civil, cualquiera que sea su fecha de imposición, por simple manifestación a la persona encargada, con aportación de los documen-tos que acrediten su corrección lingüística, que deben establecerse por reglamento.

3. La presente norma es aplicable a los nom-bres y apellidos araneses con respecto a la nor-mativa lingüística aranesa.

CAPÍTULO III

La enseñanza

Artículo 20

La lengua de la enseñanza

1. El catalán, como lengua propia de Cata-luña, lo es también de la enseñanza, en todos los niveles y modalidades educativos.

2. Los centros de enseñanza de cualquier nivel deben hacer del catalán el vehículo de expresión normal en sus actividades docentes y administrativas, tanto internas como externas.

Artículo 21

La enseñanza no universitaria

1. El catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza no universitaria.

2. Los niños tienen derecho a recibir la pri-mera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique.

3. La enseñanza del catalán y del castellano debe tener garantizada una presencia adecua-da en los planes de estudio, de forma que todos los niños, cualquiera que sea su lengua habitual al iniciar la enseñanza, han de poder utilizar normal y correctamente las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria.

4. En la enseñanza postobligatoria la admi-nistración educativa ha de fomentar políticas de programación y docencia que garanticen el per-feccionar el conocimiento y uso de las dos lenguas a fin de que todos los jóvenes adquieran el bagaje instrumental y cultural propio de estas ensenanzas.

5. El alumnado no debe ser separado en cen-tros ni en grupos clase distintos por razón de su lengua habitual.

6. No puede expedirse el título de graduado en educación secundaria a ningún alumno que no acredite que tiene los conocimientos orales y escritos de catalán y de castellano propios de esta etapa.

7. La acreditación del conocimiento del ca-talán no puede ser exigida en el caso de alum-nos que han sido dispensados de aprenderlo durante la enseñanza o parte de la misma, o que han cursado la enseñanza obligatoria fuera del territorio de Cataluña, en las circunstancias que el Gobiemo de la Generalidad ha de establecer por reglamento.

8. El alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo de Cataluña debe recibir un apoyo especial y adicional de enseñanza del catalán.

Artículo 22

La enseñanza universitaria

1. En los centros de enseñanza superior y universitaria, el profesorado y alumnado tienen derecho a expresarse en cada caso, oralmente o por escrito, en la lengua oficial que prefieran.

2. El Gobierno de la Generalidad, las univer-sidades y las instituciones de enseñanza supe-rior, en el ámbito de las competencias respec-tivas, han de adoptar las medidas pertinentes a fin de garantizar y fomentar el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos de las actividades docentes, no docentes y de investigación, inclui-das las lecturas de tesis doctorales y la celebra-ción de oposiciones.

3. Las universidades deben ofrecer cursos y otros medios adecuados para que el alumnado y el profesorado perfeccionen la comprensión y el conocimiento de la lengua catalana.

4. Las universidades pueden, en caso nece-sario, establecer criterios específicos de uso lingüístico en las actividades relacionadas con compromisos internacionales.

Artículo 23

La formación permanente y las enseñanzas de régimen especial

1. En la programación de cursos de forma-ción permanente de adultos es preceptiva la enseñanza del catalán y del castellano.

2. En los centros de enseñanza de régimen especial de idiomas es preceptivo ofrecer la enseñanza de las dos lenguas oficiales.

3. En los centros de enseñanza de régimen especial dependientes de la Generalidad en que no se enseña lengua deben ofrecerse cursos de lengua catalana a los alumnos que tengan un conocimiento insuficiente del mismo.

Artículo 24

El profesorado

1. El profesorado de los centros docentes de Cataluña de cualquier nivel de la enseñanza no universitaria debe conocer las dos lenguas ofi-ciales y estar en condiciones de poder hacer uso de las mismas en la tarea docente.

2. Los planes de estudio para los cursos y los centros de formación del profesorado deben ser elaborados de forma que el alumnado logre la plena capacitación en las dos lenguas oficiales, de acuerdo con las exigencias de cada especialidad docente.

3. El profesorado de los centros de enseñanza universitaria de Cataluña debe conocer suficien-temente las dos lenguas oficiales, de acuerdo con las exigencias de su tarea docente. La presen-te norma no es aplicable al profesorado visitante y a otros casos análogos. Corresponde a las universidades establecer los mecanismos y pla-zos pertinentes para el cumplimiento del presen-te precepto.

CAPÍTULO IV

Los medios de comunicación y las industrias culturales

Artículo 25

Los medios de radiodifusión y televisión públicos

1. En los medios de radiodifusión y televisión gestionados por la Generalidad y por las corpo-raciones locales de Cataluña la lengua normal-mente utilizada debe ser la catalana. En este marco, los medios dependientes de las corporaciones locales pueden tener en cuenta las ca-racterísticas de su audiencia.

2. Sin perjuicio de la aplicación de lo dispues-to en los apartados 1 y 5 del artículo 26, los medios a que se refiere el apartado 1 del presen-te artículo deben promover las expresiones culturales de Cataluña, especialmente las que se producen en lengua catalana.

3. La Corporación Catalana de Radio y Te-levisión ha de garantizar la programación regu-lar de emisiones radiofónicas y televisivas en aranés para el Valle de Arán.

4. El Gobierno de la Generalidad ha de fa-cilitar la recepción correcta en Cataluña de las televisiones de otros territorios que emiten en lengua catalana.

Artículo 26

Los medios de radiodifusión y televisión de con-cesión

1. Sin perjuicio de la aplicación de la Ley 8/1996, de 5 de julio, de regulación de la progra-mación audiovisual distribuida por cable, las entidades a que se refiere la citada Ley deben garantizar que como mínimo el cincuenta por ciento del tiempo de emisión de programas de producción propia de cualquier tipo y de los demás teleservicios que ofrecen sea en lengua catalana.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 se aplica también a los concesionarios de televisiones de gestión privada de ámbito territorial de Cataluña.

3. Las emisoras de radiodifusión de conce-sión otorgada por la Generalidad deben garan- tizar que como mínimo el cincuenta por ciento del tiempo de emisión sea en lengua catalana, si bien el Gobierno de la Generalidad, atendien-do a las características de su audiencia, puede modificar por reglamento dicho porcentaje.

4. El Gobierno de la Generalidad ha de in-cluir el uso de la lengua catalana en porcenta-jes superiores a los mínimos establecidos como uno de los criterios en la adjudicación de con-cesiones de emisoras de televisión por ondas terrestres. de canales de televisión distribuida por cable y, de las emisoras de radiodifusión.

5. Las emisoras de radiodifusión y televisión han de garantizar que en la programación de música cantada haya una presencia adecuada de canciones producidas por artistas catalanes y que como mínimo el veinticinco por ciento sean canciones interpretadas en lengua catalana o en aranés.

6. Las emisoras a que se refiere el presente artículo que emiten o distribuyen para el Valle de Arán han de garantizar una presencia signi-ficativa del aranés en su programación.

Artículo 27

Los medios de comunicación escritos

1. En los medios de comunicación escritos y en las publicaciones periódicas editadas por la Generalidad y por las corporaciones locales la lengua normalmente utilizada debe ser la cata-lana.

2. El Gobierno de la Generalidad ha de fo-mentar y puede subvencionar las publicaciones periódicas de difusión general redactadas total o mayoritariamente en catalán.

3. El Gobierno de la Generalidad y las cor-poraciones locales han de fomentar y pueden subvencionar las publicaciones periódicas de ámbito local o comarcal redactadas total o ma-yoritariamente en catalán.

4. El otorgamiento de las subvenciones a que se refieren los apartados 2 y 3 ha de seguir cri-terios objetivos de difusión, comercialización y uso del catalán, dentro de las previsiones pre-supuestarias y bajo control del Parlamento o de los plenos de las corporaciones locales.

Artículo 28

Las industrias culturales y las artes del espectá-culo

1. El Gobierno de la Generalidad ha de fa-vorecer, estimular y fomentar:

a) La creación literaria y científica en cata-lán, la difusión dentro y fuera del ámbito lingüís-tico propio y la traducción a otras lenguas de obras literarias y científicas en catalán, así como la traducción al catalán de obras escritas en otros idiomas.

b) La edición, distribución y difusión de li-bros y publicaciones periódicas en catalán.

c) La producción cinematográfica en catalán y el doblaje y subtitulado en catalán de pelícu-las de expresión original no catalana, y la distri-bución, en cualquier formato, y la exhibición de estos productos.

d) La producción, distribución y difusión de grabaciones sonoras y de material audiovisual en catalán.

e) La producción y representación de las ar-tes del espectáculo en catalán.

f) La creación, interpretación y difusión de música cantada en catalán.

g) La producción, edición y distribución de material escrito y auditivo en lengua catalana destinado a personas invidentes, y una oferta cultural básica, en catalán, para este mismo sector.

h) Cualquier otra manifestación cultural pública en catalán.

2. Todas las medidas que se adopten para fomentar el uso del catalán en las industrias culturales y otras deben aplicarse con criterios objetivos, sin discriminaciones y dentro de las previsiones presupuestarias.

3. A fin de garantizar una presencia signifi-cativa de la lengua catalana en la oferta cinema-tográfica, el Gobierno de la Generalidad pue-de establecer por reglamento cuotas lingüísticas de pantalla y de distribución para los productos cinematográficos que se distribuyen y se exhi-ben doblados o subtitulados en una lengua dis-tinta al original. Las cuotas establecidas para las producciones cinematográficas dobladas o sub-tituladas en catalán no pueden exceder del cincuenta por ciento de la oferta de distribuidores y exhibidores en cómputo anual y deben funda-mentarse en criterios objetivos. La correspon-diente reculación debe ser realizada en el marco de la Ley del Estado 17/1994, de 8 de junio, de protección y fomento de la cinematografía, y según el régimen que la misma establece.

Artículo 29

Las industrias de la lengua y la informática

El Gobierno de la Generalidad ha de favo-recer, estimular y fomentar con medidas adecua-das:

a) La investigación, producción y comercia-lización de todo tipo de productos en catalán relacionados con las industrias de la lengua, como son los sistemas de reconocimiento de voz, de traducción automática y similares u otros posibles de acuerdo con los avances tecnológi-cos.

b) La producción, distribución y comercia-lización de los softwares, de los juegos de orde-nador, de las ediciones digitales y de las obras multimedia en lengua catalana, y la traducción, si procede, de estos productos al catalán.

e) La presencia de productos e informaciones en catalán en las redes telemáticas de infor-mación.

CAPÍTULO V

La actividad socioeconómica

Artículo 30

Las empresas públicas

1. Las empresas públicas de la Generalidad y de las corporaciones locales, así como sus empresas concesionarias cuando gestionan o explotan el servicio concedido, han de utilizar normalmente el catalán en sus actuaciones y documentación internas y en la rotulación, las instrucciones de uso, el etiquetaje y embalaje de los productos o servicios que producen o ofre-cen.

2. Las empresas a que se refiere el apartado 1 deben utilizar normalmente el catalán en las comunicaciones y notificaciones, incluidas las facturas y demás documentos de tráfico, dirigidas a personas residentes en el ámbito lingüís-tico catalán, sin perjuicio del derecho de los ciu-dadanos y ciudadanas a recibirlas en castellano o, en su caso, en catalán, si lo solicitan.

Artículo 31

Las empresas de servicio público

1. Las empresas y entidades públicas o pri-vadas que ofrecen servicios públicos. como son las de transporte, suministros, comunicaciones y otras, han de utilizar, al menos, el catalán en la rotulación y en las comunicaciones megafó-nicas.

2. Las comunicaciones y notificaciones escri-tas dirigidas a personas residentes en Cataluña por las empresas y entidades a que se refiere el apartado 1, incluidas las facturas y demás docu-mentos de tráfico, deben realizarse al menos en catalán, sin perjuicio del derecho de los ciuda-danos y ciudadanas a recibirlas en castellano si lo solicitan.

3. Lo dispuesto en el apartado 2 en relación a las facturas y demás documentos de tráfico se entiende sin perjuicio de la competencia del Estado para organizar los citados servicios cuan-do los presta directamente o mediante sus em-presas y entidades.

Artículo 32

La atención al público

1. Las empresas y establecimientos dedica-dos a la venta de productos o a la prestación de servicios que desarrollan su actividad en Cata-luña deben estar en condiciones de poder aten-der a los consumidores y consumidoras cuando se expresen en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña.

2. El Gobierno de la Generalidad ha de pro-mover, con medidas adecuadas, el incremento del uso del catalán en el ámbito a que se refie-re el apartado 1.

3. La señalización y los carteles de informa-ción general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos, en catalán. Esta norma no se aplica a las marcas, los nombres comerciales y los rótulos amparados por la legislación de la propiedad industrial.

Artículo 33

Las empresas concertadas o subvencionadas

Las empresas que han suscrito un concierto o convenio de colaboración con la Generalidad o las corporaciones locales de Cataluña, o son be-neficiarias de ayudas o subvenciones de las mis-mas, deben utilizar, al menos, el catalán en la rotulación, en los avisos y en la documentación dirigidos al público, como mínimo cuando estén vinculados al objeto de la ayuda o convenio.

Artículo 34

La información a las personas consumidoras usuarias

1. Los datos que figuran en el etiquetaje y en el embalaje y las instrucciones de uso de los productos que se distribuyen en el ámbito terri-torial de Cataluña pueden figurar en catalán, en castellano o en cualquier otra lengua de la Unión Europea.

2. Los datos obligatorios y las informaciones voluntarias adicionales que figuran en el etique-taje de productos catalanes que gozan de denominación de origen, denominación comercial o denominación de calidad y de los productos artesanales que se distribuyen en el ámbito te-rritorial de Cataluña deben ser necesariamen-te, como mínimo, en catalán.

3. El Gobierno de la Generalidad ha de re-gular por reglamento la información a las per-sonas consumidoras y usuarias de sectores de-terminados, y el etiquetaje y las instrucciones de uso de los productos industriales o comerciales que se distribuyen en el ámbito territorial de Cataluña, de forma especial los de los produc-tos alimenticios envasados, los peligrosos y los tóxicos, así como el tabaco, para garantizar la presencia progresiva del catalán en los mismos, siguiendo los principios de la presente Ley, las normas de la Unión Europea y el resto del or-denamiento jurídico.

Articulo 35

La publicidad

1. En la publicidad institucional de la Generalidad y las administraciones locales, de sus empresas públicas o concesionarias y de las demás instituciones y corporaciones catalanas de derecho público realizada en el ámbito territorial de Cataluña, debe utilizarse de forma general el catalán.

El Gobierno de la Generalidad y los en-tes locales han de favorecer, estimular y fomen-tar con medidas adecuadas el uso del catalán en la publicidad, especialmente la de la vía públi-ca, con el objetivo de que sea la lengua de uso normal del sector.

Artículo 36

La actividad profesional y laboral

1. El Gobierno de la Generalidad y los co-legios profesionales han de fomentar el uso del catalán en las actividades profesionales.

2. El Gobierno de la Generalidad ha de es-timular y fomentar el uso del catalán en los cen-tros de trabajo, en las relaciones laborales y en los convenios colectivos, pactos de empresa y contratos de trabajo y ha de promover la participación directa de los sindicatos y las organi-zaciones empresariales para alcanzar este obje-tivo.

3. Los convenios colectivos de trabajo y los pactos de empresa pueden contener cláusulas lingüísticas orientadas a fomentar el conocimien-to del catalán de los trabajadores y trabajado-ras y a garantizar su uso en los centros de tra-bajo y contratos laborales, hojas de salarios y demás documentación. El Gobierno de la Ge-neralidad ha de estimular que los convenios colectivos incorporen estas cláusulas.

4. Los rótulos e informaciones de carácter fijo y que contengan texto que han de constar en el interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajen en los mismos deben fi-gurar, al menos, en catalán.

CAPÍTULO VI

El impulso institucional

Artículo 37

Las medidas de fomento

1. El Gobierno de la Generalidad ha de fa-vorecer, estimular y fomentar el uso del catalán en las actividades laborales, profesionales, mer-cantiles, publicitarias, culturales, asociativas, deportivas, lúdicas y de cualquier otro tipo.

2. El Gobierno de la Generalidad y las cor-poraciones locales, en el ámbito de las respec-tivas competencias, han de fomentar la imagen pública y el uso del catalán y pueden establecer bonificaciones y exenciones fiscales para los actos relacionados con la normalización y el fomento del uso de la lengua catalana.

Articulo 38

Los centros de apoyo

1. El Gobierno de la Generalidad, de acuer-do con las corporaciones locales, ha de crear y subvencionar centros dedicados a fomentar el conocimiento, uso y divulgación del catalán, en especial donde así lo exija la situación sociolingüística. Estos centros de apoyo dependen del Consorcio para la Normalización Lingüística, quien actúa como órgano de desarrollo de las políticas territoriales de normalización.

2. Los centros a que se refiere el apartado 1 deben contar con los medios humanos y materia-les suficientes para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 39

Las medidas de planificación

1. El Gobierno de la Generalidad se ha de dotar de instrumentos de planificación lingüís-tica general consistentes en programas periodi-ficados, a fin de establecer los objetivos y me-didas más convenientes en cada momento y evaluar sus resultados. La elaboración de los instrumentos de planificación debe ser concer-tada con los distintos agentes y colectivos impli-cados, y deben tenerse en cuenta los principios de participación, simplificación y eficacia.

2. El Gobierno de la Generalidad ha de ela-borar un mapa sociolingüístico de Cataluña, que debe ser revisado cada cinco años, a fin de ade-cuar a la realidad su acción de política lingüís-tica y, a su vez, para valorar la incidencia de las actuaciones realizadas.

3. El Gobierno de la Generalidad ha de in-formar cada año al Parlamento de las actuacio-nes de política lingüística y de los resultados obtenidos en el marco de los instrumentos a que hacen referencia los apartados 1 y 2.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

Colaboración con otras instituciones y entidades

1. Sin perjuicio de la aplicación de la presente Ley, el Gobierno de la Generalidad ha de velar para conseguir la generalización del uso del catalán, en un marco de colaboración con la Unión Europea, la Administración del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y las empresas públicas y privadas de ámbito estatal, europeo o internacional, especialmente las de servicios y de radiodifusión y televisión.

2. El Gobierno de la Generalidad ha de ve-lar por la presencia del catalán en los medios de comunicación de alcance estatal, europeo e in-ternacional.

Segunda

Convenios de colaboración con instituciones de otros territorios de lengua catalana

1. La Generalidad ha de promover acuerdos, convenios y tratados con las comunidades autónomas aragonesa, balear y valenciana y con los estados andorrano, francés e italiano para fomentar el intercambio cultural entre territorios y comunidades de habla catalana y la coordinación y cooperación entre comunidades o entre estados en materia de política lingüística, para asegurar, con las medidas adecuadas, la promoción, el uso y la protección de la lengua catalana y para obtener la generalización y ex-tensión de su conocimiento y uso en todo el ámbito lingüístico, con respeto hacia todas las variantes.

2. La Generalidad, a fin de favorecer un es-pacio catalán de comunicación, ha de promover la difusión y recepción de los medios de comu-nicación en lengua catalana.

Tercera

Proyección exterior

1. El Gobierno de la Generalidad ha de ve-lar por la proyección de la lengua y la cultura catalanas fuera de su ámbito lingüístico, prin-cipalmente en el mundo académico y de la in-vestigación, así como en las instituciones de la Unión Europea y sus políticas. Para lograr este objetivo, la Generalidad puede participar en un organismo común a los territorios de lengua catalana.

2. El Gobierno de la Generalidad ha de fa-cilitar la difusión y aprendizaje del catalán en las comunidades catalanas del exterior, en los tér-minos de la Ley 18/1996, de 27 de diciembre, de relaciones con las comunidades catalanas del exterior.

Cuarta

Grafía normativa de los nombres y apellidos ca-talanes

La sustitución de los nombres y de las gra-fías normativamente incorrectas por las correc-tas de los apellidos, establecida en el artículo 19, se rige por el procedimiento fijado en el artículo 2 de la Ley del Estado 17/1977, de 4 de enero, sobre reforma del artículo 54 de la Ley del registro civil, o la normativa equivalente que la sustituya.

Quinta

Garantías de cumplimiento

La presente Ley no establece sanciones para los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo:

a) El incumplimiento de los preceptos del artículo 26 se considera incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión, al que debe aplicarse el régimen sancionador que es-tablece la Ley 8/1996, de 5 de julio, de regula-ción de la programación audiovisual distribui-da por cable, y las leyes del Estado 31/1987, de 18 de diciembre, de ordenación de las telecomunicaciones, y 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE.

b) El incumplimiento de los preceptos de los artículos 15, 30, 31 y 32.3 imputable a las empre-sas y entidades concernidas se considera una negativa injustificada a satisfacer las demandas de las personas usuarias y consumidoras. a la que debe aplicarse el régimen sancionador que es-tablece la Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y de defensa de los con-sumidores y usuarios.

Sexta

Las dotaciones económicas

En los presupuestos de la Generalidad deben realizarse las consignaciones necesarias para llevar a cabo las actuaciones y adoptar las medidas derivadas de la ejecución de la presente Ley con los medios y recursos suficientes, con una especial atención al coste de un sistema educativo plurilingüe, de una ad-ministración en régimen de doble oficialidad y de la difusión cultural en una lengua de ámbito restringido, teniendo en cuenta, también, las necesidades objetivas de distribución territorial y sectorial.

Séptima

Funciones de vigilancia e impulso

La Generalidad ha de velar para que la nor-mativa actuación administrativa de los demás poderes públicos del Estado respeten los princi-pios del ordenamiento constitucional y estatutario y de la presente Ley, y ha de impulsar la modificación legislativa de las normas estatales que sean un obstáculo para el uso del catalán en todos los ámbitos y limiten la plena igualdad lingüística de los ciudadanos y ciudadanas.

Octtava

Régimen de la función pública

Los preceptos de la presente Ley vinculan al personal al servicio de la Administración de conformidad con las normas reguladoras de la función pública.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

Las normas de usos lingüísticos

Las normas de usos lingüísticos a que se re-fiere el artículo 9.3 deben ser aprobadas en el plazo máximo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley.

Secunda

La adaptación empresarial

1. Las empresas y entidades afectadas por la presente Ley tienen un plazo de dos años para adaptarse a lo dispuesto en el artículo 15 y las disposiciones del capítulo V. Este plazo es de cinco años para los empresarios y empresarias autónomos.

2. En un plazo de cinco años o, si es superior, el que resulte de la fecha de caducidad, pueden seguir en el mercado los productos y servicios a que se refiere el artículo 34 sin cumplir las normas lingüísticas relativas al etiquetaje.

Tercera

Las emisoras de radiodifusión y televisión

Los artículos 25 y 26 se aplican a las emisoras cuyos títulos habilitantes corresponde otorgar a la Generalidad y que se conceden o renuevan después de la entrada en vigor de la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Modificación de la Ley 8/1987, de 15 de abril

1. Se modifica el artículo 5 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 5

1. El catalán es la lengua propia de la Ad-ministración local de Cataluña y, por lo tanto debe ser la lengua de uso normal y general en sus actividades.

2. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a escoger la lengua oficial con que se relacionan con los entes locales, y éstos tienen el deber correlativo de atenderles en la lengua escogida, en los términos establecidos en la Ley

1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.”

2. Se modifica el artículo 294.2 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 294.2

De acuerdo con sus ofertas de ocupación pública, las entidades locales han de seleccionar al personal mediante convocatoria pública y sistemas de concurso, oposición y concurso-oposición libres, en los que deben quedar garantizados los principios de igualdad, mérito, capa-cidad y publicidad. En el proceso de selección, debe acreditarse el conocimiento del catalán y, en los entes locales del Valle de Arán, también del aranés, tanto en la expresión oral como en la escrita, en el grado adecuado a las funciones propias de las plazas de que se trate.”

3. Se modifica el artículo 310.2 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 310.2

Los entes locales de Cataluña han de incluir el requisito del conocimiento oral y escrito del catalán en las bases de la convocatoria del con-curso para proveer puestos de trabajo reserva-dos a funcionarios y funcionarias de la Adminis-tración local con habilitación de carácter estatal.”

Segunda

Desarrollo reglamentario

Se autoriza al Gobierno de la Generalidad a dictar las disposiciones reglamentarias necesa-rias para desarrollar y aplicar la presente Ley.

Tercera

Sustitución y vigencia de normas

1. La Ley 7/1983, de 18 de abril, de norma-lización lingüística en Cataluña, queda sustituida por los preceptos de la presente Ley, sin perjuicio de que, en todo aquello que no resulte contra-dictorio con la misma, pase a formar parte de la tradición jurídica catalana.

2. Quedan vigentes, en aquello que no se oponga a la presente Ley, y sin perjuicio de la modificación reglamentaria que de las mismas pueda realizarse, las disposiciones dictadas para desarrollar la Ley 7/1983.

3. Quedan vigentes, en aquello que no se oponga a la presente Ley, los preceptos de la Ley 3/1993, de 5 de marzo, del Estatuto del consu-midor, y las normas dictadas para su desarrollo.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y auto-ridades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 7 de enero de 1998

JORDI PUJOL

Presidente de la Generalidad de Cataluña

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LLEI 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

EL PRESEIDENT

DE LA GENERALITAT

Sia notori a tots els ciutadans que el Parla-ment de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de I'Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

1. Significat i situació de la llengua catalana

La llengua catalana és un element fonamental de la formació i la personalitat nacional de Ca-talunya, un instrument bàsic de comunicació, d’integració i de cohesió social dels ciutadans i ciutadanes, amb independència de llur origen geogràfic, i el lligam privilegiat de Catalunya amb les altres terres de parla catalana, amb les quals forma una comunitat lingüística que ha aportat al llarg dels segles, amb veu original, una valuosa contribució a la cultura universal. A més, ha estat el testimoni de fidelitat del poble català envers la seva terra i la seva cultura específica.

Forjada originàriament en el territori de Ca-talunya, compartida amb altres terres en les quals rep també denominacions populars i fins i tot legals diverses, la llengua catalana ha estat sempre la pròpia del país i, com a tal, s'ha vist afectada negativament per alguns esdeveni-ments de la història de Catalunya, que l'han portada a una situació precària. Aquesta situació és deguda a diversos factors, com són la perse-cució política que ha patit i la imposició legal del castellà durant més de dos segles i mig; les condi-cions polítiques i socioeconòmiques en què es produïren els canvis demogràfics de les darreres dècades, i, encara, el caràcter de llengua d’àmbit restringit que té, similar al d’altres llengües ofi-cials d’Europa, especialment en el món actual, en què la comunicació, la informació i les indús-tries culturals tendeixen a la mundialització.

Com a resultat, doncs, de totes aquestes cir-cumstàncies, la situació sociolingüística de Cata-lunya és avui complexa. La realitat d'una llengua pròpia que no ha assolit la plena normalització i que té un nombre de parlants relativament petit en el context internacional conviu amb el fet que molts dels ciutadans i ciutadanes del territori de Catalunya tenen com a llengua materna la cas-tellana, en la qual s'expressen preferentment i

a partir de la qual han contribuït, tot sovint, a enriquir de manera significativa la mateixa cultu-ra catalana, contribució feta així rnateix per al-tres ciutadans i ciutadanes en altres llengües. Aquesta realitat, doncs, exigeix una política lin-güística que ajudi eficaçment a normalitzar la llengua pròpia de Catalunya i que, alhora, ga-ranteixi un respecte escrupolós als drets lingüís-tics de tots els ciutadans i ciutadanes.

II. El marc jurídic

El marc jurídic actual de la llengua catalana és determinat per la Constitució espanyola del 1978 i per I’Estatut d’autonomia de Catalunya del 1979.

La primera, tot reconeixent la diversitat dels pobles que integren I'Estat espanyol, estableix a l’article 3 que “el castellà és la llengua espa-nyola oficial de I’Estat" i que, com a tal llengua oficial, “tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d'usar-la". A més, la Cons-titució diu que “les altres llengües espanyoles se ran també oficials en les respectives comuni-tats autònomes d'acord amb els seus estatuts”.

L’Estatut d’autonomia, en l'article 3, dispo-sa: “1. La llengua pròpia de Catalunya és el ca-talà. 2. L’idioma català és I'oficial de Catalunya, així com també ho és el castellà, oficial a tot I'Es-tat espanyol. 3. La Generalitat garantirà I'ús normal i oficial d'ambdós idiomes, prendrà les mesures necessàries per tal d'assegurar llur coneixement i crearà les condicions que perme-tin d'arribar a llur igualtat plena quant als drets i deures dels ciutadans de Catalunya. 4. La parla aranesa serà objecte d'ensenvament i d’especial respecte i protecció."

Aquestes disposicions estatutàries foren des-envolupades per la Llei 7/1983, del 18 d'abril, de normalització lingüística a Catalunya, d'enorme transcendència en la història de la llengua, que va comportar la despenalització del català i en catorze anys de vigència ha permés que se n’es-tengués el coneixement entre la gran majoria de la població i una política concertada entre tots els sectors de la societat, que s'ha materialitzat en el procés de normalització lingüística.

En el temps de vigència de la Llei s'han pro-duït canvis transcendents: en el camp tecnolò-gic, s'ha generalitzat I'ús de la informàtica i de les autopistes de la informació; en el camp cultu-ral i comercial, s'ha establert la llibertat de co-merç, que ha generalitzat els préstecs culturals, especialment en el món de les comunicacions i de l'audiovisual, en el camp polític, d'una banda Espanya s'ha incorporat a la Comunitat Econò-mica Europea, avui Unió Europea, regida pel principi del multilingüisme, i d'altra banda la Generalitat ha assumit moltes de les competèn-cies previstes en I'Estatut;, en el camp social i sociolingüístic, s’ha generalitzat el coneixement del català generalització que no sempre ha com-portat un augment similar en els usos públics i s'ha produït un canvi notable en els fluxos mi-gratoris. També hi ha hagut una important evolució del dret lingüístic al nostre país, deguda en part a la jurisprudència del Tribunal Constitu-cional i en part a la legislació catalana i als es-tudis doctrinals. Finalment, cal destacar el con-tingut de diverses resolucions del Parlament Europeu; la del 30 de novembre de 1987, sobre les llengües i cultures de les minories regionals i étniques a la Comunitat Europea; la de l’11 de desembre de 1990, sobre la situació de les llen-gües a la Comunitat i la de la llengua catalana, i la del 9 de febrer de 1994, sobre les minories culturals i lingüístiques de la Comunitat Euro-pea. També cal destacar la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, adoptada com a convenció pel Comité de Ministres del Con-sell d'Europa el 5 de novembre de 1992, i la Declaració universal de drets lingüístics, apro-vada per la Conferència Mundial de Drets Lingüístics el 6 de juny de 1996, a Barcelona, que va comptar amb el suport unànime del Congrés dels Diputats i del Partament de Catalunya.

III. Els objectius d'aquesta Llei

Totes aquestes circumstàncies han fet acon-sellable de modificar i actualitzar la Llei del 1983 i de renovar l'acord polític i social que hi va haver aleshores, per a poder consolidar el procés im-pulsat per la Llei de normalització lingüística en I’àmbit de l’administració i de l’ensenyament, adaptar a les necessitats d'avui la regulació dels mitjans de comunicació i les indústries culturals i establir una normativa lingüística destinada al

món socieconòmic, tot plegat amb I'objectiu d'avançar en la generalització del coneixement complet i de I’ús normal de la llengua catalana, la qual cosa ha de permetre donar un nou im-puls a I'ús social de la llengua.

La modificació i I’actualització de la Llei del 1983 han de permetre també consolidar el com-promís estatutari d'arribar a la plena igualtat pel que fa als drets i els deures lingüístics i, de ma-nera especial, els de conèixer les dues llengües oficials i usar-les, cosa que comporta que, d'acord amb el marc estatutari vigent, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya hauran de conèixer la llengua catalana i la castellana i tin-dran el dret d'usar-les.

Per a continuar aquest impuls, esdevé tam-bé del tot indispensable modificar la normati-va estatal i l’europea, i refermar les polítiques de foment i les dotacions pressupostàries corres-ponents.

IV. El contingut i l’estructura d'aquesta Llei

Aquesta Llei formula els conceptes jurídícs de llengua pròpia i de llengua oficial. Aixi, el concepte de llengua pròpia aplicat a la catala-na obliga els poders públics i les institucions de Catalunya a protegir-la, a usar-la de manera general i a promoure’n I'ús públic a tots els ni-vells. El concepte de llengua oficial aplicat al català i al castellà garanteix als ciutadans i ciu-tadanes els drets subjectius, que són proclamats explícitament, a aprendre les dues llengües, a poder usar-les lliurement en totes les activitats públiques i privades, a ésser atesos en la que escullin en llurs relacions amb les administra-cions i, de manera gradual i progressiva, amb tots els agents socials que ofereixen serveis al públic, i a no ésser discriminats per raó de llengua. Tenint en compte aquests principis, la llei re-gula I'ús de les dues llengües oficials a Cataluny, i estableix mesures d’emparament i promoció de I'ús del català per a aconseguir-ne la norma-lització i mesures de foment per a garantir-ne la presència en tots els àmbits.

En I'àmbit oficial i administratiu, aquesta Llei estableix que les administracions i les ins-titucions catalanes han d'emprar de manera general el català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a adreçar-s'hi en la llen-gua oficial que triïn, i proclama la plena vali-desa de tota la documentació pública i priva-da en qualsevol de les dues llengües oficials, amb plena independència de l'una respecte a l'altra, en tots els àmbits, inclosos l'Adminis-tració de I'Estat, l'Administració de justícia i els registres públics.

Pel que fa a I'ensenyament, aquesta Llei garanteix a tota la població el pre coneixement de les dues llengües i, alhora, garanteix que l’alum-nat no sigui discriminat ni separat en grups di-ferents per raó de la llengua, tot mantenint el sistema de conjunció lingüística aplicat a I'em-para de la Llei del 1983, i d'acord amb la juris-prudència del Tribunal Constitucional. També estableix mesures de foment de la docència universitària en català.

En I’àmbit dels mitjans de comunicació, i en el marc de les competències de Ia Generalitat, regula I’ús del català en les emissores de radio-difusió i de televisió, per tal de garantir la pre-sència de la llengua pròpia en l’espai radiofònic i televisiu, i estableix mesures de foment de la premsa escrita. Pel que fa a les indústries culturals, manté i reforça les mesures de foment que ja establia la Llei de normalització lingüística per a la cinematografia, el llibre, la cançó i les arts de l’espectacle, i incorpora referències a la informàtica, les xarxes de comunicació telemàtiques i els productes d’enginyeria lingüística, que han esdevingut la base del tractament de la informació en tots els camps.

Pel que fa a I’àmbit socioeconòmic, adopta mesures de regulació de la presència de la llen-gua catalana i de foment de I'ús d'aquesta llen-gua en tots els camps en què, per raons de mercat o d’altres, no es garanteixen prou. D'aquesta manera, les empreses públiques, les concessio-nàries i les de serveis públics s’incorporen acti-vament al procés de normalització lingüística, amb la finalitat de garantir els drets lingúístics dels consumidors i consumidores. L’objectiu és aconseguir, en el món econòmic, una situació d'equitat entre les dues llengües de manera progressiva, a mesura que tots els ciutadans i ciu-tadanes de Catalunya vagin adquirint un conei-xement complet de la llengua catalana, i sem-pre per mitjà de la concertació social propiciada des de la Generalitat.

Finalment, aquesta Llei reconeix, empara i fomenta I'ensenyament i I'ús de l'aranès a la Vall d'Aran, amb una referència a la Llei 16/1990, del 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran, i amb ple respecte per les competències de les institucions pròpies de la Vall d'Aran.

Aquesta Llei té caràcter indicatiu per als ciu-tadans i ciutadanes i només crea obligacions per a les administracions i per a determinades em-preses si el caràcter de servei públic de llur ac-tivitat i la protecció dels drets lingüístics dels ciutadans i ciutadanes ho fan aconsellable. D’aquesta manera, només poden ésser objecte d'actuació administrativa, d’acord amb la nor-mativa sectorial aplicable, els funcionaris i fun-cionàries i les empreses esmentades si incomplei-xen les obligacions establertes per aquesta Llei.

Pel que fa a l'estructura, aquesta Llei cons-ta de trenta-nou articles, vuit disposicions addi-cionals, tres de transitòries i tres de finals. L’ar-ticulat es distribueix en set capítols, que regulen els principis generals (capítol preliminar), I'ús ínstitucional (capitol I). I’onomàstica (capítol II), I'ensenyament (capítol III). els mitjans de comu-nicació i les indústries culturals (capítol IV), l'ac-tivitat socioeconòmica (capítol V), i I'impuls institucional (capítol VI). Segueix, per tant, l’es-tructura de la Llei 7/1983, a la qual s’addicionen els capítols específicament destinats a I'onomàstica i a l'activitat socioeconòmica.

CAPÍTOL PRELIMINAR

Article 1

L’objecte d’aquesta Llei

1. L’objecte d'aquesta Llei és el desenvolu-parnent de l'article 3 de I'Estatut d’autonomia de Catalunya, per tal d'emparar, fomentar i normalitzar I'ús de la llengua catalana en tots els àmbits, i I’ús de I’aranès a la Vall d'Aran, i de ga-rantir I’ús normal i oficial del català i del castellà.

2. Els objectius principals d'aquesta Llei són:

a) Emparar i fomentar I’ús del català per tots els ciutadans i ciutadanes.

b) Donar efectivitat a I'ús oficial del català i del castellà, sense cap discriminació per als ciutadans i ciutadanes.

c) Normalitzar i fomentar I'ús del català en l'Administració, I'ensenyament, els mitjans de comunicació social, les indústries culturals i el món socioeconòmic.

d) Assegurar I'extensió del coneixement del català a tots els ciutadans i ciutadanes.

3. És també un objectiu d’aquesta Llei assolir la igualtat pel que fa als drets i els deures lingüís-tics dels ciutadans i ciutadanes, amb la promo-ció de les accions necessàries i la remoció dels obstacles que avui la dificulten.

Article 2

La llengua pròpia

1. El català és la llengua pròpia de Catalunya i la singularitza com a poble.

2. El català, com a llengua pròpia, és:

a) La llengua de totes les institucions de Catalunya, i en especial de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració local, de les corporacions públiques, de les empreses i els serveis públics, dels mitjans de comunicació institucionals, de I'ensenyament i de la toponí-mia.

b) La llengua preferentment emprada per l'Administració de I'Estat a Catalunya en la forma que aquesta mateixa determini, per les altres institucions i, en general, per les empre-ses i les entitats que ofereixen serveis al públic.

3. El que disposa l'apartat 2 implica un com-promís especial de les institucions per a promo-cionar-ne el coneixement i fomentar-ne I'ús entre els ciutadans i ciutadanes, amb indepen-dència del caràcter oficial del català i del castellà.

Article 3

Les llengües oficials

1. El català és la llengua oficial de Catalunya, aixi com també ho és el castellà.

2. El català i el castellà, com a llengües ofi-cials, poden ésser emprades indistintament pels ciutadans i ciutadanes en totes les activitats pú-bliques i privades sense discriminacíó. Els actes jurídics fets en qualsevol de les dues llengües oficials tenen, pel que fa a la llengua, plena va-lidesa i eficàcia.

Articie 4

Els drets lingüístics

1. D’acord amb l'article 3 de I’Estatut d'au-tonomia, i en el marc d'una política activa de la Generalitat per a crear les condicions que per-metin d'arribar a la igualtat plena quant als drets i els deures lingüístics, a Catalunya tothom té dret a:

a) Conèixer les dues llengües oficials.

b) Expressar-se en qualsevol de les dues llengües oficials, oralment i per escrit, en les rela-cions i els actes públics i privats.

c) Ésser atès en qualsevol de les dues llengües oficials en els termes que aquesta Llei estableix.

d) Emprar lliurement qualsevol de les dues llengües oficials en tots els àmbits.

e) No ésser discriminat per raó de la llengua oficial que empra.

2. Tothom pot adreçar-se als jutjats i als tri-bunals per a obtenir la protecció judicial del dret a emprar la seva llengua.

3. Tothom pot adreçar-se a l'Administració de la Generalitat i al Síndic de Greuges sol.li-citant que, en I'àmbit de llurs competències, actuin per garantir-Ii els drets lingüístics de for-ma específica.

Article 5

Els principis rectors de l’actuació de la Generalitat

1. La Generalitat ha de garantir els drets lin-güístics dels ciutadans i ciutadanes, I'ús normal i oficial del català i del castellà, I'ensenyament de les dues llengües a tota la població, la capa-citació i I'habilitació lingüístiques del personal al servei de les administracions i la igualtat plena dels ciutadans i ciutadanes, quant a drets i deu-res lingüístics, en tots els àmbits.

2. La Generalitat ha de fer actuacions d’em-parament, de protecció i de promoció i foment de I'ús de la llengua catalana en tots els àmbits, amb l'adopció de les mesures necessàries i la destinació dels recursos suficients.

Article 6

La unitat de la llengua catalana

1. La llengua catalana és un patrimoni que Catalunya comparteix amb altres territoris amb els quals constitueix una mateixa comunitat lin-güística. La Generalitat ha de vetllar per la pro-tecció de la unitat del català i ha de fomentar I'ús i la projecció exterior del català i la comunica-ció entre eIs diferents territoris de parla catalana.

2. D'acord amb la legislació vigent, corres-pon a I'Institut d'Estudis Catalans l'autoritat lin-güística.

Article 7

Reconeixement i protecció de l'aranès

L:aranès, varietat de la llengua occitana pròpia de la Vall d'Aran, es regeix, pel que fa a I'ús, per la Llei 16/1990, del 13 de juliol, sobre el rè-gim especial de la Vall d'Aran, i, supletòriament, pels preceptes d'aquesta Llei, els quals mai no poden ésser interpretats en perjudici de I’ús de l'aranès.

CAPÍTOL 1

L'ús institucional

Article 8

La publicació de les normes

1. Les lleis que aprova el Parlament de Ca-talunya es publiquen, en edicions simultànies en català i en castellà, en el Diari Oficial de la Ge-neralitat de Catalunya. Correspon al Parlament de fer-ne la versió oficial castellana.

2. La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, si escau, de les disposi-cions generals i les resolucions normatives del Govern, de l'Administració i les institucions de la Generalitat i de les administracions locals de Catalunya es fa en edicions simultànies en català i en castellà.

Article 9

La llengua de les administracions de Catalunya

1. La Generalitat, les administracions locals i les altres corporacions públiques de Catalunya, les institucions i les empreses que en depenen i els concessionaris de llurs serveis han d'emprar el català en llurs actuacions internes i en la re-lació entre ells. També I’han d’emprar normal-ment en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques resi-dents en I'àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre--les en castellà, si ho demanen.

2. El Govern de la Generalitat ha de regular, mitjançant disposicions reglamentàries, I'ús del català en les activitats administratives de tots els òrgans de la seva competència.

3. Les corporacions locals i les universitats han de regular I'ús del català en I'àmbit de les competències respectives, d'acord amb el que disposa l'apartat 1. També I'han de regular, en aquest mateix sentit, totes les altres corporacions públiques.

Article 10

Els procediments administratius

1. En els procediments administratius trami-tats per I’Administració de la Generalitat, per les administracions locals i per les altres corpo-racions de Catalunya s’ha d’emprar el català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a presentar documents, a fer manifestacions i, si ho sol.liciten, a rebre notificacions en caste-llà.

2. L’Administració ha de lliurar a les persones interessades que ho soI.Iicitin, en la llengua ofi-cial demanada, una testimoniança traduïda d’allò que els afecta. La sol.licitud de traducció no pot comportar cap perjudici o despesa al sol.licitant ni retards en el procediment ni sus-pendre'n la tramitació i els terminis establerts.

Article 11

La capacitació lingüística del personal al servei de les administracions de Catalunya

1. El personal al servei de les administraci-ons, les corporacions i les institucions públiques de Catalunya ha de tenir un nivell de coneixe-ment adequat i suficient de les dues llengües ofi-cials, tant en l’expressió oral com en I'escrita, que el faci apte per a desenvolupar les funcions prò-pies del seu lloc de treball.

2. Per a fer efectiu el que disposa l'apartat 1, el Govern de la Generalitat ha de garantir l'en-senyament del català al personal al servei de l'Administració de la Generalitat, de les corpo-racions locals, de les universitats públiques i de l'Administració de justícia de Catalunya i fomentar mesures de reciclatge d'aquest personal.

3. En el procés de selecció per a accedir a places de personal de l'Administració de la Generalitat, de I’Administració local i de I'administració i els serveis de les universitats, inclòs el personal laboral, s'ha d’acreditar el coneixe-ment de la llengua catalana, tant en I'expressió oral com en I'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti, en els termes establerts per la legislació de la funció pública.

Article 12

L'Administració de I’Estat

1. Són vàlides les actuacions administratives dels òrgans i els ens de l'Administració de I’Es-tat, tant les orals com les escrites, fetes a Cata-lunya en qualsevol de les dues llengües oficials, sense necessitat de traducció.

2. Tothom té dret a relacionar-se, oralment i per escrit, amb I’Administració de I’Estal a Catalunya en la llengua oficial que esculli i a ésser atés, i no se li pot exigir cap mena de tra-ducció.

Article 13

Les actuacions judicials

1. Són vàlides les actuacions judicials, tant les orals com les escrites, fetes en qualsevol de les dues llengües oficials, sense necessitat de traducció.

2. Tothom té dret a relacionar-se, oralment i per escrit, amb l'Administració de justícia en la llengua oficial que esculli i a ésser atés, i no se li pot exigir cap mena de traducció.

3. Tothom qui ho sol.liciti ha de rebre en la llengua oficial demanada les testimoniances de les sentències i els actes resolutoris que l'afec-ten, sense retards per raó de llengua.

4. El que disposen els apartats 1, 2 i 3 és apli-cable també als tribunals eclesiàstics i als arbi-trals.

5. En la provisió de places del personal al servei de l'Administració de justícia dependent de la Generalitat s'ha d'aplicar el que disposa l'article 11, d'acord amb la normativa específi-ca corresponent, en els termes que siguin esta-blerts per reglament.

Article 14

Els documents públics

1. Són vàlids els documents públics atorgats en qualsevol de les dues llengües oficials.

2. Els documents públics s'han de redactar en la llengua oficial que esculli l'atorgant, o, si n'hi ha més d'un, en la llengua que acordin. Si no hi ha acord pel que fa a la llengua, I'escrip-tura o el document s'han de redactar en totes dues llengües oficials.

3. Abans de redactar el document, s'ha de preguntar explícitament als atorgants quina llen-gua escullen; en cap cas la tria de l'una o de l'altra no ha de comportar retard en la redacció i l'au-torització del document. Si no s'escull expres-sament la llengua, el document es redacta en català.

4. Els fedataris públics han de lliurar en cas-tellà o en català. segons que ho sol.liciti la per-sona interessada, les còpies i les testimoniances, i han de traduir, quan calgui, els respectius do-cuments i matrius, sota llur responsabilitat. En la nota de la matriu i al peu de la còpia ha de constar el fet de la traducció, però no cal pro-tocol.litzar-la.

5. Els despatxos dels fedataris públics han d'estar en condicions d'atendre els ciutadans i ciutadanes en qualsevol de les dues llengües oficials i han de comptar amb personal que en tingui un coneixement adequat i suficient per a exercir les funcions pròpies del seu lloc de tre-ball.

Article 15

Els documents civils i mercantils

La llengua no és requisit de forma dels documents privats. Per tant, són vàlids els redactats en qualsevol idioma, sens perjudici de les traduccions que les lleis civils, mercantils o pro-cessals exigeixin per a executar-los, en el cas que I'idioma no sigui oficial a Catalunya.

2. Els documents privats, contractuals o no, qualsevol que en sigui la naturalesa, redactats en qualsevol de les dues llengües oficials a Ca-talunya són vàlids i no requereixen cap traducció per a exigir-ne judicialment o extrajudicialment el compliment en I'àmbit territorial de Catalunya.

3. Els documents a què es refereix l'apartat 2 s'han de redactar en la llengua oficial que les parts acordin. Nogensmenys, si es tracta de con-tractes d'adhesió, normats, contractes amb clàu-sules tipus o amb condicions generals, s’han de redactar en la llengua que escullin els consumi-dors i consumidores i han d'estar a disposició immediata dels clients i clientes en exemplars separats en català i en castellà.

4. Són vàlids els títols valor de tota mena, inclosos els que representen accions de societats mercantils, redactats en qualsevol de les dues llengües oficials.

S. Els xecs, els pagarés, els talonaris i altres documents oferts per les entitats financeres a llurs clients i clientes han d'ésser redactats, si més no, en català.

Article 16

Els convenis col.lectius de treball

1. Són vàlids els convenis col.lectius de tre-ball redactats en qualsevol de les dues llengües oficials.

2. Els convenis col.lectius de treball s’han de redactar en la llengua oficial que acordin les parts o, si no hi ha acord, en les dues llengües oficials i en exemplars separats.

Article 17

Els registres públics

1. Són vàlids els assentaments registrals fets en qualsevol de les dues llengües oficials.

2. En tots els registres públics de Catalunya, llevat dels que tenen només caràcter adminis-tratiu, els assentaments s’han de fer en la llen-gua oficial en què és redactat el document o en què es fa la manifestació. Si el document és bi-lingüe, es fan en la llengua indicada per qui el presenta al registre.

3. Els registradors han de lliurar les certifi-cacions en la llengua oficial emprada en la pe-tició.

4. Les oficines dels registres han d’estar en condicions d'atendre els ciutadans i ciutadanes en qualsevol de les dues llengües oficials i han de comptar amb personal que en tingui un co-neixement adequat i suficient que el faci apte per a exercir les funcions pròpies del seu lloc de tre-ball.

5. S’ha de garantir que a l'oficina del regis-tre es pugui fer amb immediatesa i fiabilitat. oral-ment o per escrit, la interpretació i la traducció de qualsevol assentament a la llengua oficial sol.licitada per la persona interessada.

6. Els formularis i els altres impresos que estiguin a disposició del públic a les oficines dels registres han d’ésser redactats, almenys, en ca-talà.

CAPÍTOL II

La onomàstica

Article 18

La toponímia

1. Els topònims de Catalunya tenen com a única forma oficial la catalana, d’acord amb la normativa lingüística de I'Institut d’Estudis Catalans, excepte els de la Vall d'Aran, que te-nen l'aranesa.

2. La determinació de la denominació dels municipis i les comarques es regeix per la legislació de règim local.

3. La determinació del nom de les vies urba-nes i els nuclis de població de tota mena corres-pon als ajuntaments, i la dels altres topònims de Catalunya correspon al Govern de la Generi-litat, incloses les vies interurbanes, sigui quina en sigui la dependència.

4. Les denominicions a què es refereixen els apartats 2 i 3 son les legals a tots els efectes, i la

retolació s'hi ha d'acordar. Correspon al Govern de la Generalitat de regIamentar la normatitza-ció de la retolació pública, respectant en tots els casos les normes internacionals que han passat a formar part del dret intern.

Article 19

L’antroponímia

1. Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tenen dret a I'ús de la forma normativament correcta en català de llurs noms i cognoms i a incloure la conjunció “i” entre els cognoms.

2. Les persones interessades poden obtenir la constància de la forma normativament correc-ta en català de llurs noms i cognoms en el Re-gistre Civil, qualsevol que en sigui la data de la imposició, per simple manifestació a la perso-na encarregada, amb aportació dels documents que n'acreditin la correcció lingüística, els quals s'han d'establir per reglament.

3. Aquesta norma és aplicable als noms i als cognoms aranesos respecte a la normativa lin-güística aranesa.

CAPÍTOL III

L'ensenyament

Article 20

La llengua de I'ensenyament

1. El català, com a llengua pròpia de Cata-lunya, ho és també de l’ensenyament, en tots els nivells i les modalitats educatius.

2. Els centres d'ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d'expressió normal en llurs activitats docents i administra-tives, tant les internes com les externes.

Article 21

L'ensenyament no universitari

1. EI català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en I'ense-nyament no universitari.

2. Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyarnent en llur llengua habitual, ja sigui aquesta el català o el castellà. L’Administració ha de garantir aquest dret i posar els mitjans necessaris per a fer-lo efectiu. Els pares o els tutors poden exercir-lo en nom de llurs fills instant que s'apliqui.

3. L’ensenyament del català i del castellà ha de tenir garantida una presència adequada en els plans d’estudi, de manera que tots els infants, qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar nor-malment i correctament les dues llengües oficials al final de I'educació obligatòria.

4. En l’ensenyament postobligatori l’admi-nistració educativa ha de fomentar polítiques de programació i docència que garanteixin perfec-cionar el coneixement i I'ús de les dues llengües per tal que tots els joves adquireixin el bagatge instrumental i cultural propi d'aquests ensenya-ments.

5. L’alumnat no ha d'ésser separat en centres ni en grups classe diferents per raó de la seva llengua habitual.

6. Hom no pot expedir el títol de graduat en educació secundària a cap alumne que no acre-diti que té els coneixements orals i escrits de català i de castellà propis d'aquesta etapa.

7. L’acreditació del coneixement del català no pot ésser exigida en el cas d'alumnes que han estat dispensats d'aprendre'l durant I'ensenya-ment o una part d’aquest, o que han cursat l’en-senyament obligatori fora del territori de Catalunya, en les circumstàncies que el Govern de la Generalitat ha d'establir per reglament.

8. L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha de rebre un suport especial i addicional d’ensenyament del català.

Article 12

L’ensenyament universitari

1. En els centres d'ensenyament superior i universitari, el professorat i l'alumnat tenen dret a expressar-se en cada cas, oralment o per escrit, en la llengua oficial que prefereixin.

2. El Govern de la Generalitat, les universi-tats i les institucions d'ensenyament superior, en I'àmbit de les competències respectives, han d'adoptar les mesures pertinents per tal de ga-rantir i fomentar I’ús de la llengua catalana en tots els àmbits de les activitats docents, no do-cents i de recerca, incloses les lectures de tesis doctorals i la realització d'oposicions.

3. Les universitats han d'oferir cursos i altres mitjans adequats perquè I’alumnat i el profes-sorat perfeccionin la comprensió i el coneixement de la llengua catalana.

4. Les universitats poden, en cas necessari, establir criteris específics d'ús lingüístic en les activitats relacionades amb compromisos inter-nacionals.

Article 23

La formació permanent i els ensenyaments de rè-gim especial

1. En la programació de cursos de formació permanent d'adults és preceptiu I'ensenyarnent del català i del castellà.

2. En els centres d'ensenyament de règim especial d’idiomes és preceptiu oferir I’ensenva-ment de les dues llengües oficials.

3. En els centres d'ensenyament de règim especial dependents de la Generalitat en què no s’ensenya llengua s’han d'oferir cursos de llen-gua catalana als alumnes que en tinguin un co-neixement insuficient.

Article 24

El professorat

1. El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de I'ensenyament no universitari ha de conèixer les dues llengües i ha d’estar en condicions de poder fer--ne ús en la tasca docent.

2. Els plans d'estudi per als cursos i els centres de formació del professorat han d'ésser elaborats de manera que I’alumnat assoleixi la plena capa-citació en les dues llengües oficials, d’acord amb les exigències de cada especialitat docent.

3. El professorat dels centres d’ensenyament universitari de Catalunya ha de conèixer suficientment les dues llengües oficials, d’acord amb les exigències de la seva tasca docent. Aquesta norma no es aplicable al professorat visitant i a altres casos anàlegs. Correspon a les universi-tats d'establir els mecanismes i els terminis per-tinents per al compliment d’aquest precepte.

CAPÍTOL IV

Els mitjans de comunicació i les indústries culturals

Article 25

Els mitjans de radiodifusió i televisió públics

1. En els mitjans de radiodifusió i de televi-sió gestionats per la Generalitat i per les corpo-racions locals de Catalunya la llengua normal-ment emprada ha d'ésser la catalana. En aquest marc, els mitjans dependents de les corporacions locals poden tenir en compte les característiques de llur audiència.

2. Sens perjudici de l'aplicació del que dispo-sen els apartats 1 i 5 de l'article 26, els mitjans a què fa referència I’apartat 1 de l'article present han de promoure les expressions culturals de Catalunya, especialment les que es produeixen en llengua catalana.

3. La Corporació Catalana de Ràdio i Tele-visió ha de garantir la programació regular d'emissions radiofòniques i televisives en aranès per a la Vall d'Aran.

4. El Govern de la Generalitat ha de facili-tar la recepció correcta a Catalunya de les tele-visions d’altres territoris que emeten en llengua catalana.

Article 26

Els mitjans de radiodifusió i televisió de concessíó

1. Sens perjudici de l'aplicació de la Llei 8/1996, del 5 de juliol, de regulació de la progra-mació audiovisual distribuïda per cable, les entitats a què fa referència la Llei esmentada han de garantir que com a mínim el cinquanta per cent del temps d'emissió de programes de pro-ducció pròpia de qualsevol mena i dels altres teleserveis que ofereixin sigui en llengua cata-lana.

2. El que disposa l'apartat 1 s'aplica també als concessionaris de televisions de gestió pri-vada d’àmbit territorial de Catalunya.

3. Les emissores de radiodifusió de conces-sió atorgada per la Generalitat han de garantir que com a mínim el cinquanta per cent del temps d'emissió sigui en llengua catalana, bé que el Govem de la Generalitat, atenent les caracte-rístiques de llur audiència, pot modificar per reglament aquest percentatge.

4. El Govern de la Generalitat ha d’inclou-re I'ús de la llengua catalana en percentatges su-periors als mínims establerts com un dels criteris en l'adjudicació de concessions d’’emissores de televisió per ones terrestres, de canals de tele-visió distribuïda per cable i de les emissores de radiodifusió.

5. Les emisores de radiodifusió i de televisió han de garantir que en la programació de música cantada hi hagi una presència adequa-da de cançons produïdes per artistes catalans i que com a mínim el vint-i-cinc per cent siguin cançons interpretades en llengua catalana o en aranès.

6. Les emissores a què fa referència aquest article que emeten o distribueixen per a la Vall d’Aran han de garantir una presència significativa de l'aranès en llur programació.

Article 27

Els mitjans de comunicació escrits

1. En els mitjans de comunicació escrits i en les publicacions periòdiques editades per la Ge-neralitat i per les corporacions locals la llengua normalment emprada ha d’ésser la catalana.

2. EI Govern de la Generalitat ha de fomentar i pot subvencionar les publicacions periòdi-ques de difusió general redactades totalment o majoritàriament en català.

3. El Govern de la Generalitat i les corpora-cions locals han de fomentar i poden subven-cionar les publicacions periòdiques d’àmbit local o comarcal redactades totalment o majorità-riament en català.

4. L’atorgament de les subvencions a què fan referència els apartats 2 i 3 ha de seguir criteris objectius de difusió, comercialització i ús del català, dins les previsions pressupostàries i sota control del Parlament o dels plens de les corpo-racions locals.

Article 28

Les indústries culturals i les arts de I'espectacle

1. El Govern de la Generalitat ha d’afavorir, estimular i fomentar:

a) La creació literària i científica en català, la difusió dins i fora de I’àmbit lingüístic propi i la traducció a altres llengües d’obres literàries i científiques en català, i la traducció al català d’obres escrites en altres idiomes.

b) L’edició, la distribució i la difusió de llibres i de publicacions periòdiques en català.

c) La producció cinematogràfica en català i el doblatge i la subtitulació en català de pel.lícu-les d'expressió original no catalana, i la distribu-ció, en qualsevol format, i I'exhibició d'aquests productes.

d) La producció, la distribució i la difusió d'enregistraments sonors i de material audiovi-sual en català.

e) La producció i la representació de les arts de I'espectacle en català.

f) La creació, la interpretació i la difusió de música cantada en català.

g) La producció, I'edició i la distribució de material escrit i auditiu en llengua catalana destinat a persones invidents, i una oferta cultu-ral bàsica, en català, per a aquest mateix sector.

h) Qualsevol altra manifestació cultural pú-blica en català.

2. Totes les mesures que s'adoptin per a fo-mentar I’ús del català en les indústries culturals i d’altres s'han d’aplicar amb criteris objectius, sense discriminacions i dins les previsions pres-supostàries.

3. Per tal de garantir una presència signifi-cativa de la llengua catalana en I’oferta cine-matogràfica, el Govern de la Generalitat pot establir per reglament quotes lingüístiques de pantalla i de distribució per als productes cine-matogràfics que es distribueixin i s’exhibeixin doblats o subtitulats en una llengua diferent de l'original. Les quotes establertes per a les pro-duccions cinematogràfiques doblades o subti-tulades en català no poden excedir el cinquanta per cent de I'oferta de distribuïdors i exhibidors en còmput anual i s'han de fonamentar en cri-teris objectius. La regulació corresponent s'ha de fer en el marc de la Llei de I'Estat 17/1994,

del 8 de juny, de protecció i foment de la cinematografia i segons el règim que aquesta esta-bleix.

Article 29

Les indústries de la llengua i la informàtica

El Govern de la Generalitat ha d'afavorir, estimular i fomentar amb mesures adequades:

a) La investigació, la producció i la comer-cialització de tota mena de productes en català relacionats amb les indústries de la llengua, com ara els sistemes de reconeixement de veu, de traducció automàtica i similars o altres de possibles d'acord amb els avenços tecnològics.

b) La producció, la distribució i la comer-tialització dels programaris informàtics, dels jocs d'ordinador, de les edicions digitals i de les obres multimèdia en llengua catalana, i la traducció, si escau, d’aquests productes al català.

c) La presència de productes i d'informacions en català a les xarxes telemàtiques d’informació.

CAPÍTOL V

L'activitat socioeconòmica

Article 30

Les empreses públiques

1. Les empreses públiques de la Generalitat i de les corporacions locals, i també les seves em-preses concessionàries quan gestionen o explo-ten el servei concedit, han d'emprar normalment el català en llurs actuacions i documentació in-ternes i en la retolació, en les instruccions d'ús, en I’etiquetatge i en l’embalatge dels productes o els serveis que produeixin o ofereixin.

2. Les empreses a què fa referència l'apartat 1 han d’emprar normalment el català en les co-municacions i les notificacions, incloses les fac-tures i els altres documents de tràfic, adreçades a persones residents en I'àmbit lingüístic cata-là, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciuta-danes a rebre-les en castellà o, si és el cas, en català, si ho demanen.

Article 31

Les empreses de servei públic

1. Les empreses i les entitats públiques o pri-vades que ofereixen serveis públics, com ara les de transport, de subministraments, de comuni-cacions i d'altres, han d'emprar, almenys, el català en la retolació i en les comunicacions megafòniques.

2. Les comunicacions i les notificacions es-crites adreçades a persones residents a Cata-lunya per les empreses i les entitats a què fa re-ferència l'apartat 1, incloses les factures i els altres documents de tràfic, s’han de fer almenys en català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà si ho dema-nen.

3. El que disposa l'apartat 2 en relació amb les factures i els altres documents de tràfic s'en-tén sens perjudici de la competència de I'Estat per a organitzar els serveis esmentats quan els presta directament o per mitjà de les seves em-preses i entitats.

Article 32

L’atenció al públic

1. Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han d'estar en condicions de poder atendre els consumidors i consumidores quan s’expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya.

2. El Govern de la Generalitat ha de promou-re, amb mesures adequades, l’increment de I’ús del català en I’àmbit a què es refereix l'apartat 1.

3. La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'ofer-ta de serveis per a les persones usuàries i con-sumidores dels establiments oberts al públic han d’ésser redactats, almenys, en català. Aqutesta norma no s'aplica a les marques, als noms co-mercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

Article 33

Les ernpreses concertades o subvencionades

Les empreses que han subscrit un concert o un conveni de col.laboració amb la Generalitat o amb les corporacions locals de Catalunya, o són beneficiàries d'ajuts o subvencions d'aques-tes, han d'utilitzar, almenys, el català en la reto-lació, en els avisos i en la documentació adreçats al públic, com a mínim quan estiguin vinculats a I'objecte de l'ajut o el conveni.

Article 34

La informació a les persones consumidores i usuàries

1. Les dades que figuren en I'etiquetatge i en l’embalatge i les instruccions d'ús dels productes que es distribueixen en I'àmbit territorial de Catalunya poden figurar en català, en castellà o en qualsevol altra llengua de la Unió Europea.

2. Les dades obligatòries i les informacions voluntàries addicionals que figuren en I'etique-tatge de productes catalans que gaudeixen de de-nominació d'origen, de denominació comarcal o de denominació de qualitat i dels productes artesanals que es distribueixen en I'àmbit terri-torial de Catalunya han d'ésser necessàriament, com a mínim, en català.

3. El Govern de la Generalitat ha de regular per reglament la inforrnació a les persones con-sumidores i usuàries de sectors determinats, i I’etiquetatge i les instruccions d'ús dels productes industrials o comercials que es distribueixen en I'àmbit territorial de Catalunya, d'una manera especial els dels productes alimentaris envasats, els perillosos i els tòxics, i també el tabac, per a garantir-hi la presència progressiva del català, seguint els principis d'aquesta Llei, de les nor-mes de la Unió Europea i de la resta de I’orde-nament jurídic.

Article 35

La publicitat

1. En la publicitat institucional de la Gene-ralitat i de les administracions locals, de llurs empreses públiques o concessionàries i de les altres institucions i corporacions catalanes de dret públic feta en I'àmbit territorial de Cata-lunya, s'ha d'utilitzar de manera general el ca-talà.

2. El Govern de la Generalitat i els ens locals han d’afavorir, estimular i fomentar amb mesures adequades I'ús del català en la publicitat, es-pecialment la de la via pública, amb I'objectiu que sigui la llengua d'ús normal del sector.

Article 36

L'activitat professional i laboral

1. El Govern de la Generalitat i els col.legis professionals han de fomentar I'ús del català en les activitats professionals.

2. El Govern de la Generalitat ha d’estimular i fomentar I'ús del català en els centres de treball, en les relacions Iaborals i en els convenis col.lectius, en els pactes d'empresa i en els con-tractes de treball i ha de promoure la participació directa dels sindicats i les organitzacions empre-sarials per a assolir aquest objectiu.

3. Els convenis col.lectius de treball i els pac-tes d'empresa poden contenir clàusules lingüís-tiques orientades a fomentar el coneixement del català dels trebaltadors i treballadores i a garan-tir-ne I’ús en els centres de treball i en els con-tractes laborals, els fulls de salaris i tota altra do-cumentació. El Govern de la Generalitat ha d’estimular que els convenis col.lectius incorpo-rin aquestes clàusules.

4. Els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de constar a I'in-terior dels centres laborals adreçats a les perso-nes que hi treballen han de figurar, almenys, en català.

CAPÍTOL VI

L'impuls institucional

Article 37

Les mesures de foment

1. El Govern de la Generalitat ha d’afavorir, estimular i fomentar I'ús del català en les acti-vitats laborals, professionals, mercantils, publi-citàries, culturals. associatives, esportives, lúdi-ques i de qualsevol altra mena.

2. El Govern de la Generalitat i les corpora-cions locals, en I’àmbit de les competències res-pectives, han de fomentar la imatge pública i I'ús del català i poden establir bonificacions i exemp-cions fiscals per als actes relacionats amb la normalització i el foment de I'ús de la llengua catalana.

Article 38

Els centres de suport

1. El Govem de la Generalitat, d'acord amb les corporacions locals, ha de crear i subven-cionar centres dedicats a fomentar el coneixement, I’ús i la divulgació del català, en especial allà on ho exigeixi la situació sociolingüística. Aquests centres de suport depenen del Consorci per a la Normalització Lingüística, el qual actua com a òrgan de desplegament de les polítiques territorials de normalització.

2. Els centres a què fa referència l’apartat 1 han de comptar amb els mitjans humans i ma-terials suficients per a I'exercici de llurs funcions.

Article 39

Les mesures de planificació

1. El Govern de la Generalitat s'ha de dotar d'instruments de planificació lingüística gene-ral consistents en programes periodificats, per tal d’establir els objectius i les mesures més con-venients en cada moment i avaluar-ne els resul-tats. L’elaboració dels instruments de planificació ha d’ésser concertada amb els diversos agents i col.lectius implicats, i s'han de tenir en compte els principis de participació, simplificació i efi-càcia.

2. El Govern de la Generalitat ha d’elaborar un mapa sociolingüístic de Catalunya, que ha d'ésser revisat cada cinc anys, per tal d’adequar a la realitat la seva acció de política lingüística i, alhora, per a valorar la incidència de les actua-cions fetes.

3. El Govern de la Generalitat ha d’informar cada any el Parlament de les actuacions de po-lítica lingüística i dels resultats obtinguts en el marc dels instruments a què fan referència els apartats 1 i 2.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

Col.laboració amb altres institucions i entitats

1. Sens perjudici de l’aplicació d'aquesta Llei, el Govern de la Generalitat ha de vetllar per aconseguir la generalització de I'ús del català, en un marc de col.laboració amb la Unió Euro-pea, l'Administració de I'Estat, el Consell Ge-neral del Poder Judicial i les empreses públiques i privades d’àmbit estatal, europeu o interna-cional, especialment les de serveis i les de radio-difusió i televisió.

2. El Govern de la Generalitat ha de vetllar per la presència del català en els mitjans de co-municació d'abast estatal, europeu i interna-cional.

Segona

Convenis de col.laboració amb institucions d'al-tres territoris de llengua catalana

1. La Generalitat ha de promoure acords, convenis i tractats amb les comunitats autòno-mes aragonesa, balear i valenciana i amb els estats andorrà, francès i italià per a fomentar l'intercanvi cultural entre territoris i comunitats de parla catalana i la coordinació i la coopera-ció entre comunitats o entre estats en matèria de política lingüística, per a assegurar, amb les mesures adequades, la promoció, I'ús i la protecció de la llengua catalana i per a obtenir-ne la generalització i I'extensió del coneixement i I'ús en tot I'àmbit lingüístic, amb respecte per totes les variants.

2. La Generalitat, per tal d'afavorir un espai català de comunicació, ha de promoure la difusió i la recepció dels mitjans de comunicació en llen-gua catalana.

Tercera

Projecció exterior

1. El Govern de la Generalitat ha de vetllar per la projecció de la llengua i la cultura catalanes fora del seu àmbit lingüístic, principalment en el món acadèmic i de la recerca, i també en les institucions de la Unió Europea i les seves polítiques. Per a assolir aquest objectiu, la Ge-neralitat pot participar en un organisme comú als territoris de llengua catalana.

2. El Govern de la Generalitat ha de faci-litar la difusió i l'aprenentatge del catatà a les comunitats catalanes de I'exterior, en els ter-mes de la Llei 18/1996, del 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior.

Quarta

Grafia normativa dels noms i els cognoms cata-lans

La substitució dels noms i de les grafies nor-mativament incorrectes per les correctes dels cognoms, establerta per l'article 19, es regeix pel procediment fixat per l'articie 2 de la llei de I'Estat 17/1977, del 4 de gener, sobre reforma de l'article 54 de la Llei del registre civil, o la nor-mativa equivalent que la substitueixi.

Cinquena

Garanties de compliment

Aquesta Llei no estableix sancions per als ciutadans i ciutadanes. Tanmateix:

a) L’incompliment dels preceptes de l'article 26 es considera incompliment de les condicions essencials de la concessió, al qual s'ha d'aplicar el règim sancionador que estableix la Llei 8/1996, del 5 de juliol, de regulació de la programació audiovisual distribuïda per cable, i per les lleis de I'Estat 31/1987, del 18 de desembre, d'orde-nació de les telecomunicacions, i 25/1994, del 12 de juliol, per la qual s’incorpora a I'ordenament jurídic espanyol la Directriu 89/552/CEE.

b) L’incompliment dels preceptes dels articles 15.30.31 i 32.3 imputable a les empreses i les en-titats concernides es considera una negativa in-justificada a satisfer les demandes de les persones usuàries i consumidores, a la qual s'ha d'aplicar el règim sancionador que estableix la Llei 1/1990, del 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris.

Sisena

Les dotacions econòmiques

En els pressupostos de la Generalitat s'han de fer les consignacions necessàries per a dur a terme les actuacions i adoptar les mesures de-rivades de I'execució d’aquesta Llei amb els mitjans i els recursos suficients, amb una aten-ció especial al cost d'un sistema educatiu pluri-lingüe, d’una administració en règim de doble oficialitat i de la difusió cultural en una llengua d'àmbit restringit, tenint en compte, també, les necessitais objectives de distribució territorial i sectorial.

Setena

Funcions de vigilància i impuls

La Generalitat ha de vetllar perquè la norma-tiva i I’actuació administrativa dels altres poders públics de I’Estat respectin els principis de I’or-denament constitucional i estatutari i d'aques-ta Llei, i ha d’impulsar la modificació legislati-va de les normes estatals que siguin un obstacle per a I'ús del català en tots els àmbits o limitin la plena igualtat lingüística dels ciutadans i ciu-tadanes.

Vuitena

Règim de la funció pública

Els preceptes d'aquesta Llei vinculen el per-sonal al servei de I’Adminístració d'acord amb les normes reguladores de la funció pública.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

Les normes d'usos lingüístics

Les normes d'usos lingüístics a què fa referència l'article 9.3 han d’ésser aprovades en el ter-mini màxim de dos anys comptats des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

Segona

L’adaptació empresarial

1. Les empreses i les entitats afectades per aquesta Llei tenen un termini de dos anys per a adaptar-se al que disposen l'article 15 i les disposicions del capítol V. Aquest termini és de cinc anys per als empresaris i empresàries au-tònoms.

2. En un termini de cinc anys o, si és supe-rior, el que resulti de la data de caducitat, poden continuar en el mercat els productes i els serveis a què fa referència l’article 34 sense complir les normes lingüístique relatives a I'etiquetatge.

Tercera

Les emissores de radiodifusió i televisió

Els articles 25 i 26 s'apliquen a les emissores els títols habilitants de les quals corres d’atogar a la Generalitat i que es concedeixen o es re-noven després de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

DSIPOSICIONS FINALS

Primera

Modificació de la Llei 8/1987, del 15 d’abril

1. Es modifica l'article 5 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Cata-lunya, que queda redactat de la manera següent:

“Article 5

1. El català és la llengua pròpia de l'Admi-nistració local de Catalunya i, per tant, ha d’ésser la llengua d'ús normal i general en les seves activitats.

2.Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a escollir la llengua oficial amb què es relacionen amb els ens locals, i aquests tenen el deu-re correlatiu d’atendre'ls en la llengua escolli-da, en els termes establerts per la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.”

2. Es modifica l'article 294.2 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

“Article 294.2

D'acord amb Ilurs ofertes d’ocupació públi-ca, les entitats locals han de seleccionar el per-sonal per mitjà de convocatòria pública i dels sistemes de concurs, oposició i concurs oposició lliures, en els quals han de quedar garantits els principis d'igualtat, de mèrit, de capacitat i de publicitat. En el procés de selecció, s'ha d'acre-ditar el coneixement del català i, en els ens lo-cals de la Vall d’Aran, tambè de l'aranès, tant en l’expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti.”

3. Es modifica l'article 310.2 de la Llei 8/1987, del 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

“Article 310.2

EIs ens locals de Catalunya han d'incloure el requisit del coneixement oral i escrit del ca-talà en les bases de la convocatòria del concurs per a proveir llocs de treball reservats a fun-cionaris i funcionàries de l’Administració local amb habilitació de caràcter estatal."

Segona

Desplegament reglamentari

S’autoritza el Govern de la Generalitat per a dictar les disposicions reglamentàries neces-sàries per a desplegar i aplicar aquesta Llei.

Tercera

Substitució i vigència de normes

1. La Llei 7/1983, del 18 d’abril, de normalit-zació lingüística a Catalunya, és substituïda pels preceptes d'aquesta Llei, sens perjudici que, en tot allò que no hi resulti contradictori, passi a formar part de la tradició jurídica catalana.

2. Són vigents, en allò que no s’oposi a aques-ta Llei, i sens perjudici de la modificació regla-mentària que se'n pugui fer, les disposicions dic-tades per a desplegar la Llei 7/1983.

3. Són vigents, en alló que no s’oposi a aques-ta Llei, els preceptes de la Llei 3/1993, del 5 de març, de I'Estatut del consumidor, i les normes dictades per a desplegar-los.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autori-tats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 7 de gener de 1998

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya