En el recurso interpuesto por el Notario de El Carpio don Alberto Manuel Gutiérrez Moreno contra la negativa de la Registradora de la Propiedad n.º 4 de Marbella, doña Nieves Ozámiz Fortis, a inscribir una escritura de compraventa.
Hechos
I
El día 19 de enero de 2005 don Alberto Manuel Gutiérrez Moreno, Notario de El Carpio, autorizó una escritura de aceptación de compraventa en virtud de la cual don Joaquín S. M. y doña Manuela M. C. aceptaban la oferta relativa a la adquisición de un bien inmueble de don Jaime y doña Pilar D. H. Y de doña María Eva Inmaculada N. C.
Dicha escritura tiene como especialidad que trae causa de una previa escritura que, como posteriormente se argumentará en los fundamentos de derecho de esta resolución, aun calificándose de compraventa no es tal, sino de oferta de venta. Esta escritura fue autorizada por el Notario de Valladolid don Julián Manteca Alonso-Cortés el mismo día 19 de enero de 2005.
En todo caso, el Notario de El Carpio incorporó a la escritura pública en soporte papel, objeto de presentación en el Registro de la Propiedad, la mencionada escritura pública autorizada por el Notario de Valladolid donde se contenía la citada oferta.
II
La escritura de aceptación de compraventa se presentó en el Registro de la Propiedad el día 1 de febrero de 2005, causando el asiento de presentación 1297 del Diario 38. La escritura fue calificada negativamente con defecto subsanable consistente en «no hay asunciones de responsabilidad por el Notario autorizante del documento presentado sobre la autenticidad de la copia electrónica recibida, ni menciones a la vigencia o comprobación de la misma del certificado de firma empleado para firmar la copia electrónica remitida, ni menciones acerca de la vigencia en el cargo del Notario autorizante. Simplemente se manifiesta que el mecanismo de remisión empleado es e-notario».
La Registradora motivó tal defecto en los siguientes fundamentos de derecho que a continuación se extractan:
Primero.-El negocio conformado no tiene regulación legal que lo ampare. A juicio de la funcionaria calificadora el artículo 111 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que es el que daría cobertura a la actuación del Notario de El Carpio carece de eficacia al no haber sido desarrollado reglamentariamente y, por tanto, concretadas las condiciones y el procedimiento para la integración de las distintas declaraciones de voluntad conformadoras del negocio unitario. Idéntica mención, siempre a juicio de la funcionaria calificadora, debe hacerse respecto del artículo 113 de la citada Ley 24/2001, al carecer el mismo de desarrollo reglamentario.
Segundo.-Que el Notario de El Carpio no ha comprobado la vigencia del certificado de firma electrónica empleado en la copia electrónica remitida por el Notario de Valladolid, don Julián Manteca Alonso-Cortés, y que el Notario destinatario traslada a papel sin incluir manifestación alguna acerca de su autenticidad y vigencia, lo que implicaría la infracción de los artículos 3 de la Ley Hipotecaria, 108 de la Ley 24/2001 y Disposición Adicional Primera de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Igualmente, tal forma de proceder infringiría lo dispuesto en la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de marzo de 2003, en relación al artículo 107 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social.
Tercero.-Que no menciona el tipo de certificado de firma empleado, lo que conllevaría la infracción del artículo 109 de la Ley 24/2001, así como el apartado primero de la Instrucción Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de marzo de 2004. Evidentemente, tal ausencia de mención implicaría la duda acerca de la autenticidad del documento remitido por el Notario de Valladolid.
Cuarto.-Que no se menciona que se haya hecho comprobación por el Notario de El Carpio sobre la permanencia en el cargo del Notario que remite la copia electrónica. Tal exigencia tiene su fundamento en que a juicio de la funcionaria calificadora el Registro de la Propiedad debe comprobar si el Notario remitente de la copia autorizada electrónica era o no Notario al tiempo de la firma electrónica de la tan reiterada copia, así como del sobre o envío electrónico en que aquélla se remite
III
La calificación es de 15 de febrero de 2005, siendo así que al no haberse remitido íntegramente por utilizarse como medio de comunicación el fax, se subsanaron los defectos el 23 del mismo mes y año. El Notario interpuso su recurso el día 14 de marzo de 2005.
IV
La Registradora evacuó su informe el 29 de marzo de 2005, elevando el expediente a esta Dirección General para su resolución. Debe añadirse que el defecto invocado por la Registradora fue subsanado y que el negocio jurídico se encuentra inscrito.
En efecto, el título fue nuevamente presentado, indicándose en el mismo que el Notario de El Carpio había remitido telemáticamente un oficio firmado electrónicamente por aquél al Notario de Valladolid, por el que le comunicaba la aceptación de la oferta, a los efectos de que por el fedatario público de Valladolid se hiciera constar tal circunstancia en la escritura matriz. Manifestados estos extremos a la Registradora de la Propiedad ésta procedió a calificar positivamente el título, afirmando que «... tras examinar los antecedentes del Registro y la escritura otorgada ante el Notario de Valladolid don Julián Manteca Alonso-Cortés, el 19 de enero del presente año, ..., en la que se hace constar por diligencia que con fecha 19 de enero de 2005 el Notario autorizante de dicha escritura recibe oficio electrónico autorizado de la escritura precedente, la Registradora que suscribe una vez subsanando el defecto que motivó la anterior nota de suspensión, ha practicado la inscripción...». La precedente calificación es de 28 de marzo de 2005.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1262, del Código Civil; 18, 19 bis, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 17 bis de la Ley del Notariado; 108, 109, 111, 112 y 113 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; Disposición Adicional primera de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica; las Sentencias del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona, de 15 de abril de 2005, del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Barcelona, de 22 de julio de 2005 y del Juzgado de Primera Instancia n.º 17 de Valencia, de 1 de septiembre de 2005 y las Resoluciones de 13, 14, 15, 17, 20, 21 Y 22 de septiembre y 11 de noviembre de 2004.
1. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar la regularidad de un negocio jurídico concluido a distancia en el que la oferta es remitida temáticamente al Notario ante quien se encuentran los aceptantes los cuales proceden a aceptar la oferta remitida. Por lo tanto, es un supuesto típico de los previstos en el artículo 1262 del Código Civil, como luego se argumentará.
No obstante, y antes de decidir sobre el recurso interpuesto, deben hacerse tres precisiones; primera, la oferta fue remitida telemáticamente mediante la oportuna copia electrónica firmada electrónicamente por el Notario de Valladolid don Julián Alonso Manteca-Cortés ante quiénes los oferentes han comparecido. Así consta en la escritura del Notario don Alberto Manuel Gutiérrez Moreno cuando afirma que «yo el, el Notario, el día de hoy he recibido, por conducto "e-notario", copia autorizada con firma electrónica avanzada de la escritura autorizada en el día de hoy por mi compañero de Valladolid don Julián Manteca Alonso-Cortés, que se incorpora a la presente en papel, ...».
Segunda, el Notario de El Carpio, destinatario de dicha copia autorizada electrónica, procede a su traslado a papel e inserción en la escritura de aceptación de tal oferta que es el título objeto de presentación en el Registro de la Propiedad.
Tercera, el hecho de que el defecto haya sido subsanado no priva de contenido a este recurso, y en cualquier caso el mismo artículo 325, último párrafo de la Ley Hipotecaria, permite mantener el recurso, no obstante la subsanación del defecto invocado por la registradora.
2. Como cuestión formal previa, esta Dirección General debe recordar, una vez más, que el informe del Sr. Registrador no es el momento procedimental idóneo para incluir nuevos argumentos o para ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. La aplicación de un mero principio de seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en su nota de calificación la totalidad de los fundamentos de derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento solicitado.
En el supuesto que se examina resulta palmario que la calificación efectuada por la Registradora debe considerarse íntegra y escrupulosa con el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria, en lo relativo a la motivación de la calificación. No así en lo relativo al contenido del informe, que no puede conformarse como una suerte de contestación a la demanda o, si se prefiere, al recurso interpuesto, ya que no es ésa su finalidad.
En suma, para la resolución de este recurso este Centro Directivo atenderá exclusivamente a los argumentos y fundamentos expuestos por la Registradora en su calificación que, además, deben considerarse absolutamente suficientes a los efectos del cumplimiento del deber de motivación de su calificación.
3. La cuestión objeto de este recurso ha sido abordada por esta Dirección General en sus Resoluciones de 13 de septiembre y 11 de noviembre de 2004, confirmadas, respectivamente, por la Sentencias del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona de 15 de abril de 2005 y por la del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Barcelona de 22 de julio de 2005.
En cualquier caso, resulta interesante comenzar el análisis del recurso interpuesto extractando brevemente los argumentos invocados por el Notario. Sostiene el fedatario público que, primero, aun cuando el artículo 111 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, regule los denominados negocios jurídicos a distancia, remitiendo a un reglamento la determinación de las condiciones y el procedimiento para la integración de las distintas declaraciones de voluntad, sin embargo tal desarrollo no resulta preciso a tenor de lo dispuesto en el artículo 1262 del Código Civil, según la redacción dada por la Ley 34/2002, de 11 de julio y de lo dispuesto por la normativa notarial -artículos 17 bis, apartado tercero y siguientes de la Ley de organización del Notariado, de 28 de mayo de 1862 y 178 del Reglamento Notarial-. En idéntico sentido, le parece excesiva la interpretación dada por la Registradora al artículo 113 de la misma Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que regula los testimonios, certificaciones y almacenamiento de notificaciones electrónicas; segundo, que la Registradora se excede en el ejercicio de su función calificadora al afirmar que el Notario no ha comprobado la vigencia del certificado de firma electrónica avanzada, reconocida hoy día, con el que se firmó la copia electrónica remitida al Notario autorizante, máxime cuando la aplicación electrónica utilizada para la remisión y recepción de la copia autorizada ha sido una plataforma que permite al destinatario de la copia comprobar los extremos típicos de cualquier certificado de firma electrónica -clave pública, validez y no revocación del certificado-; tercero, para el Notario igual reproche es predicable del argumento de la Registradora cuando afirma que no se menciona el contenido del certificado de firma empleado, así como del que sostiene que no se comprueba por el Notario destinatario la permanencia en el cargo del Notario que remite la copia electrónica.
4. Expuestos muy sintéticamente los argumentos del Notario, hemos de concretar diferentes cuestiones. Así, la primera precisión se refiere a la delimitación de la verdadera naturaleza jurídica de las declaraciones contenidas en los documentos públicos autorizados por los Notarios don Julián Manteca Alonso-Cortés y don Alberto Manuel Gutiérrez Moreno, pues aunque como después se expondrá la calificación efectuada sea relativamente indiferente para las resultas del recurso, sin embargo, razones de mínima precisión jurídica aconsejan determinar su naturaleza jurídica.
En la escritura pública autorizada por don Julián Manteca Alonso Cortés se califica al negocio jurídico documentado como compraventa. Sin embargo, tal calificación no es acertada porque lo que ciertamente contiene tal documento público notarial no es sino una oferta de venta. Por el contrario, resulta más acorde con la actuación desarrollada por el Notario de El Carpio la calificación que efectúa éste del negocio jurídico autorizado, pues utiliza una expresión más correcta como es «los comparecientes aceptan la escritura referenciada ...» añadiendo posteriormente, y respecto de la escritura remitida telemáticamente por don Julián Manteca Alonso Cortés, que «por el mismo conducto "e-notario" y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento Notarial, a continuación procederé a comunicar el presente otorgamiento, por medio de oficio, al Notario autorizante de la escritura en la que se recoge la oferta que se acepta por la presente...».
En suma, la primera precisión se refiere a que, en la realidad, nos encontramos ante dos escrituras que respectivamente recogen una oferta y una aceptación que es comunicada a los oferentes, realizado todo ello por medios telemáticos; obviamente, la conjunción de esa oferta y aceptación permite perfeccionar un negocio jurídico de compraventa. Debe reiterarse, asimismo, que en la realidad el Notario de El Carpio lo que hace es limitarse a recibir telemáticamente una copia autorizada electrónica firmada con su certificado de firma electrónica por el Notario de Valladolid, para posteriormente trasladar a papel dicha copia e insertarla en el título que se presenta a la Registradora de la Propiedad, de modo que lo único que es objeto de presentación en el Registro de la Propiedad es una copia autorizada en soporte papel en la que se hacen constar los anteriores extremos.
La segunda precisión hace referencia al primer fundamento de derecho invocado por la registradora en defensa de su calificación, consistente en que nos encontramos ante un negocio jurídico formalizado a distancia, de los previstos en el artículo 111 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y que, por tanto, no podía concluirse dado que tal precepto no se ha desarrollado reglamentariamente. Asimismo, añade que idéntica afirmación es ... predicable del artículo 113 de la citada Ley 24/2001. Este argumento no puede en ningún caso admitirse, desde el momento en que una norma con rango de Ley que ya ha entrado en vigor -así, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, desde el 1 de enero de 2002- quedaría sin efecto sine die por ausencia de desarrollo reglamentario. Sería tanto como afirmar que la eficacia de una norma emanada del Poder Legislativo queda supeditada a lo que determine el Poder Ejecutivo, titular de la potestad reglamentaria, trastocando de ese modo el mismo esquema sobre el que se asienta nuestro ordenamiento jurídico.
Ciertamente, la ausencia de desarrollo reglamentario del artículo 111 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, puede dificultar la aplicación práctica del contenido de ese precepto, mas en ningún caso privar de eficacia al mismo.
El anterior argumento se refuerza atendiendo, además, a las reformas habidas en la materia, pues aun cuando el artículo 111 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, pueda ser considerado ley especial respecto del artículo 1262 del Código Civil, según la redacción dada por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, sin embargo no es menos cierto que éste es una ley posterior, lo que exige una adecuada exégesis del tan reiterado artículo 111 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.
En efecto, el desarrollo reglamentario al que se refiere dicho precepto -artículo 111 de la Ley 24/2001- nada tiene que ver con el supuesto que se analiza en el recurso, pues claramente tal colaboración reglamentaria está prevista para la concreción de los requisitos a que queda sujeto la integración en soporte electrónico de una declaración de voluntad contenida en una copia autorizada electrónica que es remitida telemáticamente. En otras palabras, tal precepto se refiere a la concreción de los medios técnicos que se deban seguir para integrar en un soporte electrónico la declaración de voluntad emitida ante otro fedatario público y remitida telemáticamente por éste al Notario que ha de conformar el negocio jurídico, también en soporte electrónico. Así se deduce de modo indubitado tras una somera lectura de ese precepto.
Igual afirmación debe hacerse respecto de la eficacia del artículo 113 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, con la precisión añadida de que en este caso el desarrollo reglamentario se limita a lo previsto en su apartado segundo -esto es, procedimiento de almacenamiento en soporte electrónico de las comunicaciones electrónicas recibidas-, mas no respecto del primer apartado pues nada impide al Notario destinatario de una copia autorizada electrónica testimoniar ésta y trasladarla a papel.
Y es que, en efecto, lo que hizo en el supuesto recurrido el Notario recurrente y destinatario de la copia autorizada electrónica que contenía la oferta remitida por el fedatario de Valladolid, fue simplemente trasladar a papel esta copia autorizada electrónica -actuación permitida a la luz el artículo 113 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre- e incorporarla del mismo modo y en el mismo soporte papel a otro título que fue objeto de presentación en el Registro (así se deduce de la literalidad del antecedente I del título calificado negativamente), de modo que el título presentado en el Registro de la Propiedad fue en soporte papel conteniendo todos los elementos propios y precisos de una compraventa, esto es, la declaración de voluntad de los oferentes, la de los aceptantes, la cosa transmitida y el precio convenido, siendo para la Registradora absolutamente indiferente que la declaración de voluntad de los oferentes fuera remitida de modo telemático, pues lo que se presentó en el Registro a calificación no fue sino una copia autorizada en soporte papel conteniendo un negocio jurídico típico, como es el de compraventa; eso sí, copia en soporte papel en la que de idéntico modo se había incorporado la declaración de los oferentes remitida electrónicamente.
Expuesta de ese modo la actuación del Notario recurrente, tiene razón éste cuando afirma en su recurso que nos encontramos ante un supuesto típico de los previstos en el artículo 1262 el Código Civil, según la redacción dada por la Ley 34/2002, de 11 de julio, pues lo único que se ha producido es un negocio jurídico perfeccionado a distancia, siendo así que el título en soporte papel presentado a calificación lo que documenta no es sino la aceptación de la oferta remitida, junto con el resto de los elementos esenciales del negocio jurídico concluido -reiteramos, declaración de los oferentes, cosa y precio.
5. Avanzando un paso más en la resolución del recurso interpuesto, los fundamentos invocados por la Registradora en defensa de su calificación negativa, carecen de la consistencia necesaria para denegar la inscripción del negocio jurídico documentado, pues dicha funcionaria calificadora en modo alguno puede denegar la inscripción del título so capa de unos supuestos defectos consistentes en que no se le acredita que el Notario destinatario de la oferta haya comprobado determinados extremos del certificado de firma electrónica con el que viene signada la escritura de oferta de venta; o de si el formato electrónico de la copia autorizada electrónica es en soporte «pdf» o en soporte «doc»; y, todo ello, porque lo presentado a calificación es un documento en soporte papel.
Como sostuvimos en nuestras Resoluciones de 13 de septiembre y de 11 de noviembre de 2004, confirmadas judicialmente por las Sentencias de los Juzgados de lo Mercantil n.º 3 y n.º 1 de Barcelona, de 15 de abril y 22 de julio de 2005, tal exigencia excede de las funciones atribuidas a la Registradora de la Propiedad, pues a quien compete la comprobación de los extremos a que se refiere en su nota de calificación la Registradora es al Notario de El Carpio, destinatario de la copia autorizada electrónica.
Es al Notario de El Carpio el que habrá de comprobar los extremos formales relativos a la titularidad y vigencia del certificado de firma electrónica del Notario de Valladolid con el que viene firmado electrónicamente la copia autorizada electrónica, así como del resto de las exigencias técnicas requeridas, de modo que acreditados tales extremos, si considera que dicha copia autorizada electrónica reúne todos lo requisitos legalmente previstos y la traslada a soporte papel, la Registradora no podrá exigir que se le acrediten aquellos extremos, pues, además de que recibe una copia en soporte papel, los mismos se hayan bajo la salvaguardia de la fe pública del Notario destinatario de la copia electrónica que es el que debe comprobar, primero, que la misma es una copia autorizada; segundo, que ha sido expedida por un Notario -en este caso, el Notario remitente de Valladolid- y, tercero, que está firmada con un certificado de firma electrónica que no ha sido revocado, siendo así que tal certificado es del Notario que expide la copia autorizada electrónica o del responsable de su protocolo.
Como lógico corolario, si existe algún error por parte del Notario destinatario de la copia autorizada electrónica, puesto que, por ejemplo, la misma no se ha firmado electrónicamente, o se ha firmado con un certificado revocado, será responsable del daño o perjuicio producido, mas en ningún caso, y por los motivos precedentes, podrá serio la Registradora de la Propiedad, pues a la misma sólo llega una copia en soporte papel.
Por ello, debemos reiterar que nos encontramos, nuevamente, ante un supuesto idéntico a los decididos por esta Dirección General en sus Resoluciones de 13 de septiembre y 11 de noviembre de 2004 confirmadas judicialmente; en estas resoluciones el Registrador Mercantil Provincial denegaba la inscripción de una escritura pública en soporte papel por la que se constituía una sociedad, invocando como defecto que el Notario había obtenido telemáticamente del Registro Mercantil Central la certificación de denominación social y que a aquel Registrador Mercantil Provincial se le privaba de su derecho a comprobar determinados extremos del certificado de firma electrónica del Registrador Mercantil Central con el que había sido signada tal certificación, así como que el Notario no acreditaba en la escritura determinados extremos de ese certificado.
Sosteníamos en esas resoluciones que «primero, corresponde al Notario en el ejercicio de su función de control de legalidad, la comprobación de que la certificación electrónica ha sido expedida por el Registrador Mercantil Central y que la misma reúne los requisitos a que se refiere el artículo 413 del Reglamento del Registro Mercantil.», En el supuesto examinado en el presente recurso, el certificado de firma electrónica que debe comprobar el Notario de El Carpio es el del Notario de Valladolid que remitió una copia electrónica autorizada conteniendo la declaración de voluntad de los oferentes.
Es el Notario recurrente el único llamado a comprobar los extremos de ese certificado electrónico, y en ningún caso la Registradora de la Propiedad, pues lo sometido a la calificación de ésta es una copia autorizada en soporte papel en la que se inserta el testimonio en ese soporte papel de una copia autorizada electrónica (artículo 113 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre) remitida por el Notario de Valladolid que contiene las declaraciones de los oferentes.
Por ello, sosteníamos en las resoluciones de 13 de septiembre y de 11 de noviembre de 2004 que «segundo, tratándose de una certificación electrónica es el Notario destinatario el que deberá comprobar la vigencia del certificado de firma electrónica reconocida con el que tal certificación deberá estar obligatoriamente firmada.»
Añadíamos que «tercero, la comprobación de ese certificado implica, entre otros extremos, que el mismo no está revocado; que no está caducado; que la cadena de confianza es valida; y, por último, la verificación de la firma criptográfica según los procedimientos estándares.» En consecuencia, y en aras de una mayor claridad, lo que reclama para sí la Registradora de la Propiedad, esto es, que no se le ha permitido o no se le ha acreditado la comprobación de los extremos expuestos del certificado de firma electrónica con el que se ha signado la copia autorizada electrónica remitido por el Notario de Valladolid, no puede ser admitido, puesto que no le compete la comprobación, ya que tal actuación entra de lleno en el control de legalidad que ha de efectuar el Notario destinatario de la copia autorizada electrónica remitida; y, todo ello, máxime cuando lo que se presenta a calificación es un título en soporte papel donde se incorpora el testimonio de una copia autorizada electrónica.
Otra interpretación supondría desvirtuar el significado y alcance de la fe pública y del control de legalidad notarial, cuando es el mismo Notario autorizante del título en soporte papel que se presenta a calificación, el que afirma que ha recibido una copia autorizada electrónica; que la ha recibido por conducto de la plataforma «e-notario», que está firmada electrónicamente por otro Notario y que, por tales extremos, «se incorpora a la presente en papel (antecedente I de la escritura de 19 de enero de 2005, calificada negativamente).
De ahí que, en las tan reiteradas resoluciones de 13 de septiembre y de 11 de noviembre de 2004, concluyéramos que «cuarto, comprobados tales extremos es el Notario el que asume, bajo su responsabilidad, las consecuencias inherentes a cualquier error, negligencia o fallo producido en esa comprobación y, en lógica consecuencia, si el Notario, acreditados tales extremos, entiende que la certificación electrónica remitida reúne los requisitos legalmente previstos, deberá proceder a su traslado en soporte papel y posterior incorporación al protocolo...» Basta sustituir de esa transcripción la palabra certificación electrónica, por copia autorizada electrónica para que las afirmaciones expuestas sean de plena aplicación al supuesto examinado en el presente recurso.
Para concluir, y como sosteníamos en el hecho cuarto de esta resolución, resulta paradójico, cuanto menos, que la funcionaria calificadora haya denegado la inscripción del título en un primer momento por haber sido remitida la declaración de voluntad de los oferentes en soporte electrónico, y que, sin embargo, califique positivamente e inscriba el título cuando se le comunica por el Notario de Valladolid don Julián Alonso Manteca Cortés que ha recibido la aceptación de los compradores por medio telemático. Así, la Registradora de la Propiedad afirma en su calificación de 28 de marzo de 2005 que «... tras examinar los antecedentes del Registro y la escritura otorgada ante el Notario de Valladolid don Julián Manteca Alonso-Cortés, el 19 de enero del presente año ... en la que se hace constar por diligencia que con fecha 19 de enero de 2005 el Notario autorizante de dicha escritura recibe oficio electrónico autorizado de la escritura precedente, la Registradora que suscribe una vez subsanando el defecto que motivó la anterior nota de suspensión, ha practicado la inscripción...».
En efecto, debe recordarse que el Notario de El Carpio remitió un oficio electrónico signado con su certificado de firma electrónica al Notario de Valladolid por el que, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento Notarial, le comunicaba la aceptación de la oferta. Comunicado este extremo a la Registradora de la Propiedad, la misma califica favorablemente el título -así, calificación de 28 de marzo de 2005- e inscribe el título. Obviamente, si la funcionaria calificadora denegó la inscripción en un primer momento, idéntica debería haber sido su actitud posteriormente, cuando lo que se le comunica es que el Notario de El Carpio remitió electrónicamente al de Valladolid la aceptación de la oferta para que éste la hiciera constar, pues resulta palmario que, si dudaba de si el Notario de El Carpio había comprobado determinados extremos del certificado de firma electrónica del Notario de Valladolid con el que éste firmó tal copia autorizada electrónica, en idéntico extremo debería haberlo hecho en este segundo supuesto respecto del certificado de firma electrónica con el que el Notario de El Carpio signó tal oficio, ya que éste fue firmado electrónicamente y remitido telemáticamente al Notario de Valladolid.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación del Registrador en los términos que anteceden.
Contra esta resolución pueden recurrir los que resulten legitimados de conformidad con los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria, mediante demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal.
Madrid, 8 de octubre de 2005.-La Directora General, Pilar Blanco-Morales Limones.
Sra. Registradora de la Propiedad de Marbella número 4.
