DECRETO 36/1998, de 4 de febrero, de medidas para la aplicación de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.
La Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, establece un marco para el fomento del uso del catalán en sectores hasta ahora huérfanos de regulación legal específica, como son el mundo socioeconómico, los medios de comunicación privados y determinadas industrias culturales. También ordena al Gobierno de la Generalidad la adopción de una serie de medidas de fomento de la lengua catalana en diferentes ámbitos.
El impulso y el seguimiento de la aplicación de la nueva Ley exige del Gobierno y de la Administración de la Generalidad un esfuerzo de coordinación en la aplicación de la política lingüística, de manera que se garantice una dirección única compatible con la aplicación sectorializada a través de los departamentos competentes en cada materia, que deben procurar siempre la concertación con los sectores sociales implicados.
El Decreto 396/1983, de 8 de septiembre, de creación de la Comisión para la Normalización Lingüística, y el Decreto 397/1983, también de 8 de septiembre, de asignación a la Dirección General de Política Lingüística de las funciones relativas al seguimiento y la impulsión de la aplicación de la Ley 7/1983, y, después, el Decreto 41/1986, de 13 de febrero, de creación de órganos auxiliares de la Comisión para la Normalización Lingüística y de la Dirección General de Política Lingüística, diseñaron un modelo de administración de la política lingüística con una dirección unificada en la Dirección General de Política Lingüística y una gestión descentralizada en los diversos departamentos.
Este modelo sigue siendo válido, pero los cambios en la estructura de la Administración de la Generalidad, la experiencia de los últimos años y la aprobación de la nueva Ley de política lingüística hacen necesario actualizar aquellas disposiciones para garantizar una aplicación coordinada y sectorializada de la política lingüística del Gobierno de la Generalidad que implique profundamente a toda su Administración.
Vistas las competencias que los decretos 155/1995, de 16 de mayo, y 173/1991, de 30 de julio, asignan respectivamente a la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento y a la Dirección General de Política Lingüística; a propuesta de los consejeros de la Presidencia y de Cultura y de acuerdo con el Gobierno,
DECRETO:
Artículo 1
La Comisión Técnica de Política Lingüística
1.1 La Comisión Técnica de Política Lingüística es el órgano colegiado encargado de garantizar la aplicación homogénea por parte de todos los departamentos de la Generalidad de la normativa lingüística y de los acuerdos que adopte el Gobierno en esta materia. La Comisión puede hacer propuestas al Gobierno en relación con las medidas en materia de política lingüística que considere oportunas.
1.2 La Comisión Técnica de Política Lingüística es presidida por el consejero de la Presidencia, el vicepresidente es el consejero de Cultura y los vocales de la misma son los secretarios generales de todos los departamentos y el director general de Política lingüística. Actúa de secretario el presidente del Consejo Técnico.
1.3 La Comisión Técnica de Política Lingüística se reúne cuando la convoca su presidente y, como mínimo, cada dos meses.
Artículo 2
Funciones de la Dirección General de Política Lingüística
Corresponde al Departamento de Cultura, a través de la Dirección General de Política Lingüística:
a) Dar el apoyo técnico necesario a todos los departamentos de la Generalidad en materia de política lingüística.
b) Elaborar los instrumentos de planificación lingüística general que prevé el artículo 39 de la Ley de política lingüística, de manera concertada con los agentes sociales y con la máxima simplificación posible.
c) Preparar el informe al Parlamento que prevé el artículo 39.3 de la Ley de política lingüística.
d) Hacer el seguimiento de la aplicación de la política lingüística que determina el Gobierno por parte de la Administración y de los agentes sociales implicados.
e) Velar por el uso correcto de la lengua catalana, en especial de la terminología y de los lenguajes de especialidad, por parte de todos los departamentos de la Generalidad, de acuerdo con la normativa del Institut d'Estudis Catalans.
f) Dirigir y coordinar la Red Técnica de Política Lingüística y prestarle la ayuda técnica y organizativa necesaria.
Artículo 3
La Red Técnica de Política Lingüística
3.1 La Red Técnica de Política Lingüística, adscrita a la Dirección General de Política Lingüística, tiene por funciones:
a) Informar a la Dirección General de Política Lingüística sobre la actuación de los diferentes departamentos en materia de política lingüística.
b) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre usos lingüísticos en la Administración y
de la normativa sobre conocimiento del catalán por parte del personal al servicio de la Administración de la Generalidad.
c) Velar por el uso correcto y uniforme de la terminología, en colaboración con el Termcat, y prestar el asesoramiento lingüístico necesario.
d) Proponer a los órganos competentes del respectivo departamento o entidad o, en su caso, a la Dirección General de Política Lingüística, las actuaciones encaminadas a fomentar el uso del catalán en los ámbitos correspondientes.
3.2 La Red Técnica está formada por personal destinado en los diferentes departamentos, entidades autónomas y de otros entes dependientes de la Generalidad, en el número necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 4
La terminología y el lenguaje de especialidad
4.1 La Dirección General de Política Lingüística debe garantizar la aplicación de la normativa del Institut d'Estudis Catalans y el uso, de la terminología que elabora el Termcat en todos los departamentos de la Generalidad.
4.2 Para facilitar esta función, la Dirección General de Política Lingüística tiene adscrita la Comisión Asesora de Lenguaje Administrativo, que, como órgano asesor, estudia y emite dictamen sobre las cuestiones que le son sometidas por el director general de Política Lingüística o por los departamentos de la Generalidad en relación con el lenguaje administrativo y jurídico y la documentación administrativa. Además, la Comisión puede proponer la adopción de convenciones y acuerdos sobre aspectos de lenguaje administrativo no previstos por la normativa.
4.3 La composición y funcionamiento de la Comisión Asesora de Lenguaje Administrativo se determinan por orden del consejero de Cultura.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Se derogan el Decreto 396/1983, de 8 de septiembre (modificado por el Decreto 207/1989, de 1 de agosto), de creación de la Comisión para la Normalización Lingüística; El Decreto 397/1983, de 8 de septiembre, por el que se asignan a la Dirección General de Política Lingüística funciones relativas al seguimiento y la impulsión de la Ley 7/1983, y el Decreto 41/1986, de 13 de febrero (modificado por el Decreto 29/1990, de 23 de enero), de creación de órganos auxiliares de la Comisión para la Normalización Lingüística y de la Dirección General de Política Lingüística. No obstante, mientras no se dicte la orden prevista en el artículo 4.3, la Comisión Asesora de Lenguaje Administrativo mantendrá la composición establecida en el artículo 2 del Decreto 41/1986, modificado por el Decreto 29/1990.
DISPOSICIÓN FINAL
Se faculta a los consejeros competentes por razón de la materia para ejecutar y desarrollar lo que establece este Decreto.
Barcelona, 4 de febrero de 1998
JORDI PUJOL
Presidente de la Generalidad de Cataluña
XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA
Consejero de la Presidencia
JOAN M. PUJALS I VALLVÈ
Consejero de Cultura
DECRET
36/1998, de 4 de febrer, de mesures per a l'Aplicació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix un marc per al foment de l'ús del català en sectors fins ara orfes de regulació legal específica, com són el món socioeconòmic, els mitjans de comunicació privats i determinades indústries culturals. També ordena al Govern de la Generalitat l'adopció d'un seguit de mesures de foment de la llengua catalana en diferents àmbits.
L'impuls i el seguiment de l'Aplicació de la nova Llei exigeix del Govern i de l'Administració de la Generalitat un esforç de coordinació en l'Aplicació de la política lingüística, de manera que es garanteixi una direcció única compatible amb l'aplicació sectorialitzada a través dels departaments competents en cada matèria, els quals han de procurar sempre la concertació amb els sectors socials implicats.
El Decret 396/1983, de 8 de setembre, de creació de la Comissió per a la Normalització Lingüística, i el Decret 397/1983, també de 8 de setembre, d'assignació a la Direcció General de Política Lingüística de les funcions relatives al seguiment i la impulsió de l'aplicació de la Llei 7/1983, i, més tard, el Decret 41/1986, de 13 de febrer, de creació d'òrgans auxiliars de la Comissió per a la Normalització Lingüística i de la Direcció General de Política Lingüística, van dissenyar un model d'administració de la política lingüística amb una direcció unificada en la Direcció General de Política Lingüística i una gestió descentralitzada en els diversos departaments.
Aquest model segueix essent vàlid, però els canvis en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, l'experiència dels darrers anys i l'aprovació de la nova Llei de política lingüística fan necessari actualitzar aquelles disposicions per a garantir una aplicació coordinada i sectorialitzada de la política lingüística del Govern de la Generalitat que impliqui profundament tota la seva Administració.
Vistes les competències que els decrets 155/1995, de 16 de maig, i 173/1991, de 30 de juliol, assignen respectivament a la Secretaria del Govern i de Relacions amb el Parlament i a la Direcció General de Política Lingüística; a proposta dels consellers de la Presidència i de Cultura i d'acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
La Comissió Tècnica de Política Lingüística
1.1 La Comissió Tècnica de Política Lingüística és l'òrgan col.legiat encarregat de garantir l'aplicació homogènia per part de tots els departaments de la Generalitat de la normativa lingüística i dels acords que adopti el Govern en aquesta matèria. La Comissió pot fer propostes al Govern en relació amb les mesures en matèria de política lingüística que consideri oportunes.
1.2 La Comissió Tècnica de Política Lingüística és presidida pel conseller de la Presidència, n'és vicepresident el conseller de Cultura i en són vocals els secretaris generals de tots els departaments i el director general de Política Lingüística. Actua de secretari el president del Consell Tècnic.
1.3 La Comissió Tècnica de Política Lingüística es reuneix quan la convoca el seu president i, com a mínim, cada dos mesos.
Article 2
Funcions de la Direcció General de Política Lingüística
Correspon al Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Política Lingüística:
a) Donar el suport tècnic necessari a tots els departaments de la Generalitat en matèria de política lingüística.
b) Elaborar els instruments de planificació lingüística general que preveu l'article 39 de la Llei de política lingüística, de manera concertada amb els agents socials i amb la màxima simplificació possible.
c) Preparar l'informe al Parlament que preveu l'article 39.3 de la Llei de política lingüística.
d) Fer el seguiment de l'Aplicació de la política lingüística que determina el Govern per part de l'Administració i dels agents socials implicats.
i) Vetllar per l'ús correcte de la llengua catalana, en especial de la terminologia i dels llenguatges d'especialitat, per part de tots els departaments de la Generalitat, d'acord amb la normativa de l'Institut d'Estudis Catalans.
f) Dirigir i coordinar la Xarxa Tècnica de Política Lingüística i prestar-li el suport tècnic i organitzatiu necessari.
Article 3
La Xarxa Tècnica de Política Lingüística
3.1 La Xarxa Tècnica de Política Lingüística, adscrita a la Direcció General de Política Lingüística, té per funcions:
a) Informar la Direcció General de Política Lingüística sobre l'actuació dels diferents departaments en matèria de política lingüística.
b) Vetllar pel compliment de la legislació sobre usos lingüístics a l'Administració i de la normativa sobre coneixement del català per part del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
c) Vetllar per l'ús correcte i uniforme de la terminologia, en col.laboració amb el Termcat, i prestar l'assessorament lingüístic necessari.
d) Proposar als òrgans competents del respectiu departament o entitat o, si s'escau, a la Direcció General de Política Lingüística, les actuacions encaminades a fomentar l'ús del català en els àmbits corresponents.
3.2 La Xarxa Tècnica és formada per personal destinat als diferents departaments, entitats autònomes i d'altres ens dependents de la Generalitat, al nombre necessari per al compliment de les seves funcions.
Article 4
La terminologia i el llenguatge d'especialitat
4.1 La Direcció General de Política Lingüística ha de garantir l'Aplicació de la normativa de l'Institut d'Estudis Catalans i l'ús de la terminologia que elabora el Termcat en tots els departaments de la Generalitat.
4.2 Per facilitar aquesta funció, la Direcció General de Política Lingüística té adscrita la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu, la qual, com a òrgan assessor, estudia i emet dictamen sobre les qüestions que li són sotmeses pel director general de Política Lingüística o pels departaments de la Generalitat en relació amb el llenguatge administratiu i jurídic i la documentació administrativa. A més, la Comissió pot proposar l'adopció de convencions i acords sobre aspectes de llenguatge administratiu no previstos per la normativa.
4.3 La composició i el funcionament de la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu es determinen per ordre del conseller de Cultura.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroguen el Decret 396/1983, de 8 de setembre (modificat pel Decret 207/1989, de 1 d'agost), de creació de la Comissió per a la Normalització Lingüística; El Decret 397/1983, de 8 de setembre, pel qual s'assignen a la Direcció General de Política Lingüística funcions relatives al seguiment i la impulsió de la Llei 7/1983, i el Decret 41/1986, de 13 de febrer (modificat per Decret 29/1990, de 23 de gener), de creació d'òrgans auxiliars de la Comissió per a la Normalització Lingüística i de la Direcció General de Política Lingüística. No obstant això, mentre no es dicti l'Ordre prevista a l'article 4.3, la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu mantindrà la composició establerta a l'article 2 del Decret 41/1986, modificat pel Decret 29/1990.
DISPOSICIÓ FINAL
Es faculta els consellers competents per raó de la matèria per a executar i desplegar el que estableix aquest Decret.
Barcelona, 4 de febrer de 1998
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA
Conseller de la Presidència
JOAN M. PUJALS I VALLVÈ
Conseller de Cultura
DECRETO 36/1998, de 4 de febrero, de medidas para la aplicación de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística. |
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