LEY 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña.

LEY 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y Yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY

Preámbulo

I

Cataluña cuenta con 580 km de costa, que tradicionalmente han ocupado un lugar preeminente en su proyección mediterránea.

Los puertos de Cataluña, en un principio destinados al comercio y a la actividad pesquera, se han ido transformando como resultado de una serie de procesos económicos y sociales, condicionados por la propia función que desarrollan, con el consiguiente resultado que comporta la configuración de unas infraestructuras portuarias con carácter multifuncional a lo largo de nuestra costa.

Por otra parte, la larga tradición de la práctica de los deportes náuticos en Cataluña, propiciada principalmente por los clubs náuticos, y el incremento progresivo del número de aficionados a la náutica deportiva, significó en una primera etapa la utilización y el aprovechamiento de las infraestructuras de los puertos comerciales para la construcción de dársenas destinadas a embarcaciones deportivas, que evolucionó en una etapa posterior hacia la construcción de puertos específicamente destinados a la navegación deportiva y de recreo. En este sentido, la práctica deportiva, que inicialmente se situó dentro de los puertos comerciales y pesqueros, con cuyas actividades todavía se compagina en muchos de éstos, se ha ido consolidando con la construcción de puertos expresamente destinados a esta finalidad, fruto de la creciente utilización de embarcaciones menores.

El conjunto de los puertos y de las instalaciones náuticas de nuestro litoral constituye un sistema portuario que cubre las necesidades del transporte marítimo en la triple vertiente, comercial, pesquera y deportiva, y que se puede configurar básicamente en dos grupos de acuerdo con la gestión correspondiente: los puertos gestionados directamente por la Administración de la Generalidad y los puertos y las dársenas construidos y, explotados en régimen de concesión administrativa, fruto de la promoción y de la inversión privadas.

Desde esta perspectiva, la presente Ley pretende dar respuesta a las necesidades reales que piden los destinatarios del servicio portuario, ya sean usuarios de los puertos gestionados por la propia Administración, ya lo sean de los puertos que gestionan los titulares de concesiones administrativas, con las especificidades propias de cada sector.

Se crea la entidad de derecho público Puertos de la Generalidad, a la cual corresponden las funciones asignadas por la presente Ley.

Por lo que respecta a los puertos de promoción privada, construidos y gestionados a través de concesión administrativa y que se destinan principalmente a las embarcaciones deportivas y de recreo, la Ley pretende incidir de una forma significativa no solamente en la obra pública que ellos mismos implican, sino también en la prestación del servicio al que la obra sirve de soporte. Las funciones administrativas encaminadas al otorgamiento de la concesión y, también a su control y su tutela se mantienen a favor del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas mediante de la dirección general competente en materia de puertos.

En la regulación del procedimiento de otorgamiento de concesiones para la construcción y la explotación de los puertos, las dársenas y las instalaciones marítimas, se establece la coordinación necesaria entre las diferentes administraciones con competencias concurrentes, y también los mecanismos que garanticen la viabilidad de la construcción y explotación de la obra.

Con relación a los usos permitidos en las zonas de servicio portuarias, la Ley reconoce la singularidad que reviste su gestión. Los puertos constituyen una realidad económica y social y un elemento dinamizador de la economía del municipio y de su área de influencia y, en este sentido, han ido incorporando una considerable oferta complementaria que, estrechamente vinculada y complementaria de la actividad principal, contribuye a su rentabilidad.

Por otra parte, se ha considerado necesario regular las urbanizaciones marítimo-terrestres equiparándolas a los puertos convencionales, con las especificaciones propias de una instalación de estas características.

Finalmente, se regula el régimen de policía tipificando las infracciones y las sanciones en el ámbito portuario.

Il

El artículo 9.15 del Estatuto de autonomía atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de puertos, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.20 de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en relación a los puertos de interés general, la marina mercante, el abanderamiento de buques, la iluminación de costas y las señales marítimas. Asimismo, corresponde a la Generalidad la potestad de ejecución de la legislación estatal con relación a los puertos de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa, en virtud del artículo 11.8 del Estatuto de autonomía.

De acuerdo con las disposiciones constitucionales y estatutarias, mediante el Real decreto 2876/1980 de 12 de diciembre, se procedió a los traspasos de funciones y de servicios de la Administración del Estado a la Generalidad en materia de puertos, y se transfirió la titularidad de todos los puertos, sujetos o no a régimen de concesión, existentes en el litoral catalán, salvo los puertos de Barcelona y de Tarragona. También se traspasó todo el resto de instalaciones portuarias menores de carácter deportivo existentes en Cataluña.

Mediante la Ley 4/1982, de 5 de abril, se creó la Comisión de Puertos de Cataluña, organismo autónomo encargado de la gestión del servicio público portuario. Esta Ley fue desarrollada posteriormente mediante el Decreto 325/1992, que aprobaba el Reglamento de gestión de los puertos adscritos a la Comisión de Puertos de Cataluña.

La necesidad de regular de una forma unitaria la competencia asumida estatutariamente avala la oportunidad de elaborar una normativa propia que regule tanto los puertos gestionados directamente por la Administración de la Generalidad como los puertos y las dársenas construidos y explotados en régimen de concesión administrativa.

Libro I

TÍTULO PRELIMINAR

Organización administrativa portuaria de la Generalidad y creación de la entidad de derecho público, Puertos de la Generalidad

Artículo 1

Objeto de la Ley

1. La presente Ley tiene por objeto establecer la organización portuaria de la Generalidad y regular la planificación, la construcción, la modificación, la gestión, la utilización y el régimen de policía de los puertos, de las marinas interiores y del resto de obras o construcciones náuticas y portuarias que son competencia de la Generalidad.

2. La presente Ley es de aplicación:

a) A los puertos marítimos del litoral catalán que no son de interés general.

b) A las dársenas pesqueras, deportivas y comerciales situadas en los puertos marítimos del litoral catalán que no son de interés general.

c) A las instalaciones marítimas de competencia de la Generalidad.

d) A las marinas interiores situadas en la costa catalana.

3. El establecimiento y el desarrollo de la organización portuaria mencionada están sujetos a los principios de sostenibilidad, de respeto al medio ambiente y de aplicabilidad de la evaluación de impacto ambiental.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos de la presente Ley, se definen los conceptos siguientes:

a) Se entiende por puerto marítimo el conjunto de aguas marítimas abrigadas, de espacios terrestres contiguos a las mismas y de instalaciones y de accesos terrestres que tienen las condiciones físicas naturales o artificiales y, en su caso, de organización necesarias para hacer las operaciones propias de cada puerto y requeridas, por razón del uso particular a que se destine, por la flota mercante, pesquera o deportiva y por los usuarios respectivos.

b) Se entiende por dársena el conjunto de superficies de tierra y agua incluidas en la zona de servicio de un puerto preexistente y destinadas al servicio de la flota mercante, pesquera o deportiva o a las actividades turísticas o recreativas complementarias.

c) Se entiende por instalación marítima toda obra fija o instalación desmontable que, sin cumplir los requisitos necesarios para ser considerada puerto marítimo, ocupa espacios de dominio público marítimo-terrestre no incluidos en la zona de servicio de los puertos y se destina exclusivamente o principalmente para el uso de embarcaciones mercantes, de pesca y deportivas o de recreo.

d) Se entiende por marina interior el conjunto de obras y de instalaciones necesarias para comunicar permanentemente el mar territorial con terrenos interiores de propiedad privada o de la Administración pública, urbanizados o susceptibles de urbanización, a través de una red de canales, con la finalidad de permitir la navegación de las embarcaciones deportivas a pie de parcela, dentro del marco de una urbanización marítimo-terrestre.

Artículo 3

Clasificación

1. Los puertos que regula la presente Ley se clasifican, por razón de su origen, en artificiales y naturales, según sí requieren para existir la realización de obras de abrigo o no las requieren. En particular, a efectos de la presente Ley, son puertos naturales los constituidos por las aguas abrigadas por la misma disposición natural del terreno o los parcialmente abrigados que se destinan al anclaje de temporada de embarcaciones de pesca y deportivas o de recreo.

2. Los puerto, las dársenas y las instalaciones marítimas se clasifican, por razón de su uso o destino, en comerciales, industriales, pesqueros, deportivos y mixtos, según se destinen, respectivamente, de manera exclusiva o principal, a una o a varias de estas actividades.

Artículo 4

Elementos y características técnicas

Sin perjuicio de lo que dispone la presente Ley, las características técnicas, los elementos, los servicios y otros requisitos que con carácter mínimo deben tener los puertos, las dársenas, las instalaciones marítimas y las marinas interiores se determinan por vía reglamentaria de acuerdo con su naturaleza o destino.

TÍTULO I

Organización

Artículo 5

Estructura administrativa

1. Las competencias que en materia de puertos corresponden a la Generalidad se ejercen mediante el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y la entidad de derecho público Puertos de la Generalidad, de acuerdo con lo que establecen la presente Ley y las normas reglamentarias que la desarrollen.

2. A efectos de la presente Ley, tienen la consideración de Administración portuaria el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y Puertos de la Generalidad.

Artículo 6

Órganos competentes

1. Corresponde al Gobierno de la Generalidad la aprobación definitiva de los proyectos que comportan la construcción de nuevos puertos y el otorgamiento, si procede, de las concesiones para su construcción y explotación.

2. Corresponde al Departamento de Política Territorial Y Obras Públicas:

a) La aprobación definitiva de los proyectos de ampliación de un puerto que impliquen una ampliación del dominio público marítimo-terrestre ocupado.

b) La aprobación definitiva de los proyectos de construcción de dársenas, de instalaciones marítimas y de marinas interiores de competencia de la Generalidad, y el otorgamiento, si procede, de la concesión para su construcción y explotación.

c) La aprobación definitiva de los anclajes de los puertos naturales, de acuerdo con los planes de usos de temporada, con el informe previo vinculante de los órganos competentes en materia de marina mercante, y la resolución sobre su gestión. El Departamento de Medio Ambiente emitirá un informe con carácter preceptivo antes de la aprobación definitiva.

3. Corresponde al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, mediante la dirección general competente en materia de puertos, la tutela y el control de los puertos, las dársenas, las instalaciones marítimas y las marinas interiores sujetas a concesión de construcción y de explotación, de acuerdo con las disposiciones del título de concesión respectivo y con plena sujeción a la presente Ley y a su desarrollo reglamentario y, en particular, la autorización para hacer obras y actividades congruentes con los usos portuarios en las respectivas zonas de servicio.

4. La aprobación de los proyectos y las obras a que se refiere el presente articulo se entiende sin perjuicio de las competencias urbanísticas municipales y, de acuerdo con lo que establece el artículo 30, sin perjuicio del otorgamiento de la correspondiente licencia de obras.

TÍTULO II

Entidad de derecho público Puertos de la Generalidad

CAPITULO I

Creación y funciones de Puertos de la Generalidad

Artículo 7

Naturaleza

1. Se crea la entidad de derecho público Puertos de la Generalidad, con personalidad jurídica propia, de las reguladas por el artículo 1.b) de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana, la cual se adscribe al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, tiene como finalidad gestionar el dominio público portuario de la Generalidad que se le encomiende y los fondos que le sean adscritos, en la forma establecida por la presente Ley y ajusta su actividad al derecho privado, con carácter general. No obstante, queda sometido al derecho público:

a) El régimen de funcionamiento de los órganos colegiados.

b) Las relaciones con el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y con otros entes públicos.

c) Las relaciones jurídicas externas que se deriven de actos de limitación, intervención, control y sancionadores, los expropiatorios y, en general, cualquier acto que implique actuación de soberanía o ejercicio de potestades administrativas.

2. Puertos de la Generalidad tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa y económica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines de forma que garantice la eficacia y la diligencia máximas en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación de sus servicios.

3. De acuerdo con las normas por las cuales se rige, puede adquirir, incluso como beneficiario de expropiación forzosa, poseer, reivindicar, permutar, gravar o alienar toda clase de bienes, concertar créditos y contratos, establecer y explotar obras y servicios, obligarse, interponer recursos, ejercer acciones judiciales y ejecutar las actividades reguladas por las leyes.

Artículo 8

Funciones

Para la consecución de sus objetivos, Puertos de la Generalidad ejerce las funciones siguientes:

a) La organización, la gestión y la administración de los puertos, las dársenas, las instalaciones marítimas y las marinas interiores que gestione directa o indirectamente el ente público, y también la planificación, la confección de proyectos, la ejecución y la conservación de sus obras e instalaciones, de acuerdo con la normativa urbanística aprobada.

b) La ordenación de los usos dentro de las zonas portuarias y la formulación de los instrumentos de planeamiento portuario establecidos por la presente Ley que, de acuerdo con la planificación urbanística, prevean su desarrollo.

c) La dirección, la organización y la gestión de los servicios afectos al dominio público portuario que tenga adscritos, la dirección de servicios complementarios y especiales; el practicaje, el remolque y el amarre; la recogida de residuos procedentes de buques, y el régimen de policía y de circulación por los muelles y la zona de servicio.

d) La formulación de planes de emergencia del puerto, conjuntamente con los municipios y de conformidad con la normativa sectorial aplicable.

e) La gestión de la señalización portuaria y el otorgamiento de las concesiones de la retirada de residuos Marpol.

f) En general, cualquier otra función necesaria para facilitar el tráfico marítimo portuario y conseguir la rentabilidad y la productividad de la explotación del dominio público portuario que tenga adscrito.

Artículo 9

Zonas portuarias

1. Para llevar a cabo sus funciones, Puertos de la Generalidad se organiza territorialmente en las siguientes zonas portuarias:

a) Zona portuaria norte, que tiene como límites territoriales desde la frontera de Francia hasta el río Tordera.

b) Zona portuaria centro, que tiene como límites territoriales desde el río Tordera hasta el término municipal de Cubelles con Cunit.

e) Zona portuaria sur, que tiene como límites territoriales desde el término municipal de Cunit hasta el río Sénia.

2. Las zonas portuarias de Puertos de la Generalidad definidas por el apartado 1 se agruparán organizativamente.

Artículo 10

Dominio público portuario adscrito a Puertos de la Generalidad

Integran el dominio público portuario adscrito a Puertos de la Generalidad los puertos, las dársenas y las instalaciones marítimas que se enumeran en el anexo y los que se le adscriban por acuerdo del Gobierno.

CAPÍTULO II

Organización

Artículo 11

Órganos

Los órganos de la entidad Puertos de la Generalidad son los siguientes:

a) De gobierno:

Presidente o presidenta.

Vicepresidente o vicepresidenta.

Comité Ejecutivo.

b) De gestión:

Gerente.

c) De consulta y asistencia:

Consejo de Gobierno.

SECCION PRIMERA

Órganos de Gobierno

Artículo 12

Comité Ejecutivo

1. El Comité Ejecutivo es el órgano rector colegiado de Puertos de la Generalidad y está constituido por los miembros siguientes:

a) El presidente o presidenta.

b) El vicepresidente o vicepresidenta.

c) El gerente o la gerente, con voz y sin voto.

d) Cinco vocales, de los cuales dos son designados en representación de Puertos de la Generalitat, uno en representación de la dirección general competente en materia de puertos y dos en representación de los municipios en cuyo término municipal están situados puertos adscritos a Puertos de la Generalidad. La forma de elección de los diferentes vocales se determinará por vía reglamentaria.

2. Se nombrará vicepresidente o vicepresidenta al director o directora general competente en materia de puertos. El vicepresidente o vicepresidenta sustituye al presidente o presidenta en caso de vacante, ausencia o enfermedad y ejerce las funciones que le sean encomendadas o delegadas por el presidente o presidenta.

3. A las reuniones del Comité Ejecutivo asiste un secretario o secretaria, con voz y sin voto, designado por el presidente o presidenta.

4. Cuando el orden del día de la sesión incluya la consideración específica de un tema que pueda afectar a un colectivo determinado, se consultará a algún representante de este colectivo.

Artículo 13

Funciones del Comité Ejecutivo

1. Corresponde al Comité Ejecutivo:

a) Fijar las directrices generales de actuación del ente, de conformidad con los objetivos generales de política portuaria del Gobierno de la Generalidad.

b) Aprobar el anteproyecto de programa de actuación, de inversiones y de financiación de Puertos de la Generalidad correspondiente al ejercicio siguiente.

c) Aprobar el anteproyecto de presupuesto de explotación y de capital del ente, el balance anual y la memoria de Puertos de la Generalidad.

d) Proponer al presidente o presidenta la aprobación de los contratos.

e) Autorizar la inscripción en el censo de la entidad de consignatarios de las empresas de estiba y comercializadoras de pescado, teniendo el cuenta el censo actual u otros.

f) Aprobar la plantilla y el régimen retributivo del personal.

g) Acordar la constitución de consorcios, con la autorización previa del Gobierno de la Generalidad.

h) Otorgar concesiones y autorizaciones para la ocupación de superficie de dominio público en las zonas portuarias y para el derecho de utilización de las instalaciones y proceder a la modificación, el rescate, la reversión y la caducidad o la extinción de las mismas, de acuerdo con los pliegos de condiciones generales aprobados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.

i) Aprobar provisionalmente, de acuerdo con la normativa urbanística correspondiente, los proyectos de obras a ejecutar por Puertos de la Generalidad.

j) Emitir informe sobre las tarifas de los diferentes servicios portuarios que se presten.

k) Proponer al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas la aprobación de nuevas normas relativas a los servicios portuarios.

l) Emitir informe sobre las normas generales relativas a los servicios portuarios.

m) Formular y proponer al consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, con el informe municipal previo, la aprobación del plan de delimitación de la zona de servicio portuaria y, en su caso, el plan especial del sistema portuario.

n) Ejercer las funciones de policía que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y controlar, en la operativa portuaria de competencia de la Generalidad, el cumplimiento de los reglamentos de mercancías peligrosas, los de seguridad e higiene y los de los sistemas de seguridad y de incendios, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros departamentos de la Generalidad.

2. El Comité Ejecutivo puede delegar en el gerente o la gerente y en el presidente o presidenta las funciones atribuidas en el apartado 1, salvo las que por ley sean indelegables

3. El Comité Ejecutivo se reúne en sesiones ordinarias con una periodicidad trimestral. También se puede reunir en sesiones extraordinarias, siempre que lo acuerde el presidente o presidenta o a petición, por lo menos, de una tercera parte de sus miembros.

4. El Comité Ejecutivo constituirá una comisión permanente para la preparación de los aspectos técnicos de los asuntos que deban someterse al Consejo, y también para el seguimiento de los estudios, de los proyectos y de las obras de la forma que se establezca por vía reglamentaria.

Artículo 14

La Presidencia

El presidente o presidenta de Puertos de la Generalidad es el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas. El presidente o presidenta nombra como vicepresidente o vicepresidenta del ente al director o directora general competente en materia de puertos.

Artículo 15

Funciones

1. El presidente o presidenta de Puertos de la Generalidad lo es también de su Consejo de Gobierno y le corresponden las funciones siguientes:

a) Ejercer la representación de Puertos de la Generalidad y del Consejo de Gobierno.

b) Convocar las reuniones del Consejo de Gobierno, señalando el lugar, el día, la hora y el orden del día.

c) Presidir y dirigir las sesiones del Consejo de Gobierno y dirimir los empates con su voto de calidad.

d) Autorizar con su firma el acta de sesiones y de certificaciones.

e) Acordar contratos y convenios, como órgano de contratación de Puertos de la Generalidad.

f) Acordar el ejercicio de las acciones y los recursos que corresponden a la entidad en defensa de sus intereses ante las administraciones públicas y los tribunales de justicia.

g) Las que, si procede, le delegue el Consejo de Gobierno.

h) Cualquier otra función que no sea asignada por la presente Ley a los otros órganos del ente.

2. El presidente o presidenta de Puertos de la Generalidad puede delegar sus funciones en el vicepresidente o vicepresidenta.

SECCIÓN SEGUNDA

Órganos de gestión

Artículo 16

La Gerencia

1. El gerente o la gerente lleva a cabo la gestión ordinaria de Puertos de la Generalidad bajo la dirección del presidente o presidenta y del Comité Ejecutivo, el cual propone para su nombramiento al consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas.

2. Corresponde al gerente o la gerente el ejercicio de las funciones siguientes:

a) Gestionar y dirigir el ente en los aspectos administrativos técnicos.

b) Dirigir los recursos humanos, y también organizar el funcionamiento interno de Puertos de la Generalidad y ejecutar los acuerdos del Comité Ejecutivo en esta materia.

c) Gestionar los recursos económicos y ordenar los gastos y los pagos, dentro de los límites establecidos por el Comité Ejecutivo.

d) Proponer al Comité Ejecutivo la aprobación de la plantilla y el régimen retributivo del personal.

e) Aprobar en los aspectos técnicos los proyectos de obras.

f) Proponer al presidente o presidenta, a petición del Comité Ejecutivo, la formalización de contratos y de convenios.

g) Elaborar y presentar al Comité Ejecutivo el anteproyecto de presupuesto de explotación y de capital, las cuentas y la memoria anual de Puertos de la Generalidad.

h) Elaborar y presentar al Comité Ejecutivo el anteproyecto de programa de actuación, de inversión y de financiación.

i) Elaborar y proponer al Comité Ejecutivo las normas generales de los servicios portuarios.

j) Proponer al Comité Ejecutivo la constitución de consorcios.

k) Impulsar los expedientes sancionadores que en el ámbito de Puertos de la Generalidad puedan tramitarse y elevar la propuesta de resolución a los órganos competentes para imponer sanciones.

l) Ejercer las facultades que le sean delegadas por el Comité Ejecutivo y, por la Presidencia.

SECCIÓN TERCERA

Órganos de consulta y asistencia

Artículo 17

Consejo de Gobierno

1. El Consejo de Gobierno de Puertos de la Generalidad es el órgano en el cual están representados todos los sectores interesados en el ámbito portuario catalán, a fin de cooperar en la consecución de los objetivos que le son propios.

2. El Consejo de Gobierno de Puertos de la Generalidad está integrado por el presidente o presidenta, por el vicepresidente o vicepresidenta, por el gerente o la gerente y, por un número de vocales que se designaran por vía reglamentaria i que incluirá necesariamente representantes del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, del Departamento de Medio Ambiente, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de los ayuntamientos en cuyo término municipal haya situado un puerto adscrito a Puertos de la Generalidad, de las cámaras de Comercio, Industria y Navegación, de los sectores marítimo, comercial, pesquero y deportivo, y de los sindicatos más representativos.

3. El secretario o secretaria del Consejo de Gobierno de Puertos de la Generalidad es el mismo que el del Comité Ejecutivo del ente y asiste a las sesiones con voz y sin voto.

4. El Consejo de Gobierno se reúne en sesión ordinaria por lo menos dos veces al año, y extraordinariamente siempre que lo soliciten el presidente o presidenta o un tercio de sus miembros.

Artículo 18

Funciones

1. Corresponde al Consejo de Gobierno:

a) Informar sobre el anteproyecto de presupuesto de explotación y de capital de Puertos de la Generalidad.

b) Proponer al Comité Ejecutivo la aprobación de las normas generales relativas a los servicios portuarios.

c) Informar sobre el programa de actuación de inversión y de financiación de Puertos de la Generalidad.

d) Informar sobre el balance y la memoria anual de Puertos de la Generalidad.

e) Informar sobre la fijación de las tarifas y los cánones que aplicará Puertos de la Generalidad.

f) Informar sobre la constitución de consorcios

g) Informar sobre las operaciones de crédito concertadas por la entidad.

h) Asesorar al ente en todas las cuestiones relacionadas con las actividades de Puertos de la Generalidad y emitir informe sobre cualquier asunto sobre el cual sea consultado en el ámbito de sus competencias.

i) Proponer la aprobación de las tarifas de los servicios que se presten Y del canon que aplicará Puertos de la Generalidad.

j) Cualquier otra que le pueda ser conferida de acuerdo con la legislación vigente.

SECCIÓN CUARTA

Zonas portuarias

Artículo 19

Estructura funcional

1. Para el desarrollo de sus funciones, Puertos de la Generalidad cuenta con la estructura orgánica suficiente para atender sus objetivos, de acuerdo con las zonas en que se organiza territorialmente.

2. El jefe o la jefe de cada zona portuaria lleva a cabo la gestión directa de la zona portuaria correspondiente, de acuerdo con las directrices que imparta el gerente o la gerente de Puertos de la Generalidad, y ejerce las funciones asignadas reglamentariamente.

CAPÍTULO III

Régimen económico

Artículo 20

Recursos

1. Los recursos de Puertos de la Generalidad son:

a) Los productos de las tarifas por servicios que preste directamente, que tienen la consideración de precios privados.

b) Los productos de los cánones por concesiones y autorizaciones administrativas en los puertos, las dársenas, las instalaciones marítimas y las marinas interiores de titularidad de la Generalidad de Cataluña.

c) Las cantidades obtenidas por la alteración de activos fijos y por el rendimiento de los bienes y los valores que constituyen su patrimonio.

d) Las dotaciones o subvenciones que se consignen en los presupuestos de la Generalidad, el resto de subvenciones y de auxilios de cualquier otro tipo que pueda recibir de otras entidades públicas el resto de subvenciones y de auxilios de cualquier otro tipo que pueda recibir.

e) Los procedentes de los créditos, los préstamos y las otras operaciones financieras que puedan concertarse y que estén reflejadas en la Ley de presupuestos de la Generalidad.

f) El producto del régimen sancionador establecido por la presente Ley.

g) El resto de ingresos que se autoricen.

2. Los recursos de Puertos de la Generalidad tienen carácter finalista, ya que se destinan a la consecución de los objetivos de la entidad, y por lo tanto a la mejora, las inversiones y el desarrollo del sistema portuario catalán de la competencia de la Generalidad.

Artículo 21

Régimen presupuestario y de contabilidad

1. El presupuesto de Puertos de la Generalidad es anual y está sujeto a las disposiciones sobre presupuestos de las entidades de derecho público que deben ajustar su actividad al derecho privado, conforme a lo que dispone la Ley del estatuto de la empresa pública catalana.

2. Puertos de la Generalidad ordenará su contabilidad de acuerdo con el Plan general de contabilidad pública y queda sometida al control financiero mediante auditorías, de acuerdo con lo que dispone el texto refundido de la Ley de finanzas públicas.

3. Puertos de la Generalidad suscribirá con la Generalidad, mediante el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y previo informe de los departamentos de la Presidencia y de Economía y Finanzas, un convenio que incluirá, como mínimo, las cláusulas recogidas por el artículo 53 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña. La duración del convenio es de cuatro años, sin perjuicio de una actualización anual en función de las previsiones presupuestarias o de los objetivos.

CAPÍTULO IV

Régimen jurídico

Artículo 22

Régimen jurídico público y privado

La actividad de Puertos de la Generalidad se rige, con carácter general, por el derecho privado en los términos establecidos por el artículo 7 y con las especificaciones determinadas por los artículos 23, 24, 25 y 26.

Artículo 23

Contratación

La contratación de obras, servicios y suministros de Puertos de la Generalidad se regirá por lo que establece la Ley 13/1995, de contratos de las administraciones públicas, y garantizará los principios de publicidad y de libre concurrencia.

Articulo 24

Personal

1. Las relaciones entre Puertos de la Generalidad y su personal se rigen por el derecho laboral, salvo las plazas que en atención a la naturaleza de su contenido quedan reservadas a funcionarios y funcionarias públicos.

2. La selección de personal de Puertos de la Generalidad se hará dentro de los límites presupuestarios, y de acuerdo con los principios de mérito y capacidad y, salvo el personal directivo y de confianza, mediante publicidad.

Articulo 25

Régimen patrimonial

El patrimonio de Puertos de la Generalidad está constituido por los bienes que le son adscritos y los que adquiera en virtud de cualquier título de acuerdo con la presente Ley. La gestión del patrimonio se ajusta a lo que disponen la Ley del estatuto de la empresa pública catalana y la legislación de patrimonio de la Generalidad.

Artículo 26

Recursos y reclamaciones administrativas

1. Los actos de Puertos de la Generalidad sometidos al derecho administrativo son susceptibles de recurso ordinario ante el consejero o consejera de Política Territorial y, Obras Públicas.

2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá ante el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas.

3. Las reclamaciones sobre aplicación y efectividad de los cánones se ajustará a la legislación vigente en materia de reclamaciones económico-administrativas.

4. Las reclamaciones previas a la interposición de acciones civiles y laborales se presentarán ante el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas.

Libro II

Puertos, dársenas e instalaciones marítimas

TÍTULO I

Zona de servicio portuaria

Artículo 27

Definición

1. A efectos de la presente Ley, se entiende por zona de servicio portuaria la formada por las superficies de tierra y agua necesarias para llevar a cabo las actividades propias y complementarias de los puertos, las dársenas y las instalaciones marítimas.

2. Las superficies de agua incluidas dentro de la zona de servicio son tanto las aguas portuarias interiores resguardadas o delimitadas por instrumentos de señalización marítima como las exteriores inmediatamente adyacentes a las obras de abrigo y de bocana.

Artículo 28

Destinación

1. La zona de servicio de los puertos, las dársenas y las instalaciones marítimas reguladas por la presente Ley se destina principalmente a la prestación del servicio portuario, y su utilización y explotación se realizará de acuerdo con las prescripciones de la presente Ley, con el planeamiento urbanístico, los planes especiales elaborados por los municipios y las normas que la desarrollen.

2. Las zonas correspondientes a viales de acceso al puerto, viales interiores y de libre acceso, y cualquier zona donde no haya restricción para el acceso de viandantes, y también las obras de defensa no utilizables, tienen en cualquier caso la consideración de zonas de aprovechamiento público y gratuito. Estas zonas están exentas de devengar el impuesto de bienes inmuebles, de conformidad con la normativa reguladora de las haciendas locales.

Artículo 29

Delimitación

1. Los proyectos de construcción de los puertos, las dársenas y las instalaciones marítimas contendrán la delimitación concreta del perímetro de la respectiva zona de servicio portuaria e incluirán los usos y las actividades propias y complementarias. Asimismo, los proyectos deben prever la incidencia de las obras portuarias sobre las zonas inmediatas y el estudio de accesibilidad a las instalaciones.

2. Corresponde al consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, a propuesta de la Administración portuaria, la aprobación del correspondiente Plan de delimitación de la zona portuaria en los puertos, las dársenas y las instalaciones marítimas ya existentes. El Plan definirá su perímetro e incluirá los usos y las actividades relacionados con la instalación portuaria previstos en la mencionada zona de servicio.

3. Para la aprobación del Plan se solicitará el informe preceptivo de las administraciones competentes en materia de urbanismo, de pesca y de medio ambiente. Si los informes mencionados no se emiten en el plazo de dos meses a contar desde la recepción de la propuesta, puede proseguirse el procedimiento, excepto en los casos en que sea manifiestamente incompatible con el planeamiento urbanístico.

Artículo 30

Actividades, instalaciones y construcciones permitidas

1. En la zona de servicio de los puertos, las dársenas y las instalaciones marítimas pueden llevarse a cabo actividades, instalaciones y construcciones ajustadas al destino propio de cada puerto, dársena o instalación marítima, y también todas las que sean complementarias de las actividades esenciales.

2. En la zona de servicio también se pueden autorizar usos e instalaciones comerciales, culturales, deportivas, lúdicas y recreativas vinculadas con la actividad portuaria o marítima que favorezcan el equilibrio económico y social de los puertos, las dársenas y las instalaciones marítimas.

3. En el dominio público portuario o adscrito pueden autorizarse:

a) Las ocupaciones y las utilizaciones que se destinen a residencia o habitación, en los términos que dispone la normativa estatal aplicable.

b) La instalación de señales informativas y de rótulos indicadores de establecimientos o empresas autorizados por la Administración portuaria, y los que correspondan a la realización de determinados actos deportivos y culturales de carácter temporal, convenientemente autorizados.

4. El conjunto de edificaciones que se construyan en la zona de servicio portuaria y las que tengan relación con las actividades comerciales, culturales, deportivas, lúdicas o recreativas a que se refiere el apartado 2 están sometidas a la licencia municipal previa, de acuerdo con la legislación urbanística.

5. Las obras de infraestructura y de superestructura relacionadas con la instalación portuaria no están sometidas a los actos de control preventivo municipal a que se refiere el artículo 220 de la Ley 8/1987, de 5 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña. La ejecución de estas obras, siempre que se haga de acuerdo con los proyectos aprobados, sólo puede ser suspendida por la autoridad judicial.

6. El régimen de prohibiciones establecidas por la Ley de costas para la utilización del dominio público marítimo-terrestre no es aplicable a las instalaciones y las actividades a realizar en el dominio público portuario.

TÍTULO II

Planificación portuaria

CAPÍTULO I

Plan de puertos de Cataluña

Artículo 31

Objeto, carácter y vigencia

1. El Plan de puertos de Cataluña es un instrumento de ordenación del litoral catalán dentro del marco de las directrices de la ordenación territorial, y tiene por objeto el establecimiento de los criterios para la utilización portuaria adecuada y racional de la costa catalana y, también la atención preferente hacia la conservación del litoral, la gestión correctora del medio ambiente.

2. El Plan de puertos de Cataluña tiene carácter de plan territorial sectorial, de conformidad con la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de política territorial. Y debe justificar su grado de adecuación a las directrices del Plan territorial general de Cataluña.

3. La vigencia del plan es indefinida, sin perjuicio de su modificación o revisión cuando las circunstancias lo aconsejen o cuando se modifiquen las directrices formuladas por el Plan territorial general.

Artículo 32

Contenido

El Plan de puertos contendrá el estudio de las características del litoral de Cataluña, el análisis a nivel indicativo de la demanda de embarcaciones y puntos de amarre, las previsiones de evolución, el análisis de los diferentes tramos de la costa catalana y los criterios para protegerla desde un punto de vista ecológico y ambiental.

Artículo 33

Redacción y aprobación

1. La formulación y la redacción del Plan de puertos de Cataluña y de sus modificaciones o revisiones corresponde al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.

2. La aprobación del Plan y de sus modificaciones o revisiones corresponde al Gobierno de la Generalidad, con la apertura previa de un período de consulta institucional de dos meses, durante el cual se requerirán informes de los departamentos competentes y, de las administraciones públicas y los organismos afectados. Paralelamente al trámite de consulta se abrirá un período de información pública por un plazo de treinta, días.

Artículo 34

Actualización

1. El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas actualizará los estudios y los datos que forman parte del contenido del Plan de puertos mediante la dirección general competente en materia de puertos, en la forma que se determine, por vía reglamentaria.

2. Esta actualización no tiene la consideración de modificación o revisión del Plan.

CAPÍTULO II

Consideración urbanística de los puertos, las dársenas y las instalaciones marítimas

Artículo 35

Coordinación con el planeamiento urbanístico

1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico de los ayuntamientos del litoral de Cataluña, una vez aprobados inicialmente, se remitirán a la dirección general competente en materia de puertos para que informe sobre las cuestiones de su competencia.

2. El régimen jurídico aplicable a estos informes es el que regula la legislación urbanística para las administraciones sectoriales que deben informar sobre los instrumentos de planeamiento, si bien el plazo para emitirlos no puede ser en ningún caso superior a dos meses.

Artículo 36

Planificación urbanística general

Los instrumentos de planeamiento general del municipio calificarán la zona de servicio de los puertos, las dársenas y las instalaciones marítimas existentes objeto de la presente Ley como sistema general portuario. Además, contendrán las determinaciones básicas relativas a accesibilidad, conectividad, edificabilidad, volumetría, usos y otros que se consideren de interés general, en el marco de las competencias urbanísticas, a efectos de garantizar la coherencia con el modelo territorial y con la estructura general y orgánica del plan en el que se integre la zona portuaria.

Artículo 37

Planes especiales

1. El sistema general portuario se desarrollará mediante un plan especial, que pueden redactar, con acuerdo previo, la Administración portuaria o la corporación municipal. La tramitación y la aprobación se harán de acuerdo con lo que dispone la legislación urbanística.

2. Aprobado inicialmente el plan, se remitirá a la Administración del Estado para que pueda informar en materia de su competencia en la forma y con los efectos determinados por la legislación de costas. Asimismo, se solicitará el informe de los departamentos de la Generalidad competentes en materia de medio ambiente y de pesca.

3. En el supuesto de que el plan haya sido formulado por la corporación municipal, antes de aprobarlo definitivamente se remitirá a la Administración portuaria, que dispone de un plazo de dos meses para emitir su informe, de carácter preceptivo y vinculante por lo que respecta a las materias de ámbito portuario.

4. Si el plan ha sido formulado por la Administración portuaria, antes de aprobarlo definitivamente se remitirá a las corporaciones locales afectadas para que en el mismo plazo informen preceptivamente.

5. El acuerdo de aprobación definitiva del plan especial se notificará al municipio afectado y, en su caso, al promotor o al concesionario y se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

6. El plan especial incluirá, como determinaciones, las medidas y las previsiones necesarias para garantizar el funcionamiento eficaz de la zona de servicio portuaria, su desarrollo futuro, su conexión con la red de transportes terrestres y la cobertura adecuada de la demanda de servicios portuarios y medioambientales.

TÍTULO III

Construcción y explotación

CAPÍTULO I.

Iniciativa pública

Artículo 38

Iniciativa pública

1. La Generalidad de Cataluña, de acuerdo con los criterios del Plan de puertos de Cataluña y el planeamiento urbanístico, puede construir y explotar los puertos, las dársenas y las instalaciones marítimas objeto de la presente Ley, por si misma mediante Puertos de la Generalidad o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, en cualquiera de las formas permitidas por la ley.

2. La Generalidad puede adoptar las más diversas formas de participación, promoción pública y fomento en materia portuaria.

3. La construcción de nuevos puertos, dársenas o instalaciones marítimas por la Generalidad y la ampliación o la modificación de los existentes, cuando sea relevante y de acuerdo con las características que se determinen por vía reglamentaria, requiere la realización del proyecto constructivo correspondiente y de los estudios técnicos exigidos por el artículo 41, la petición de los informes, el trámite de información pública y la declaración de impacto mediambiental a que se refiere la presente Ley. Asimismo es necesario que al elaborarse el proyecto se justifique el equilibrio entre la oferta y la demanda de los puntos de amarre en los mismos términos que establece el apartado 2 del artículo 40.

Artículo 39

Convocatoria de concursos

1. La Generalidad, de acuerdo con la normativa reguladora de la contratación de las administraciones públicas, puede convocar concursos públicos con los objetos siguientes:

a) La selección de proyectos de construcción de puertos y, de dársenas.

b) El otorgamiento de una concesión para la construcción o bien para la construcción y la explotación de un puerto o una dársena.

2. Durante la tramitación de una solicitud de concesión, y en todo caso antes de la aprobación técnica del proyecto, la Administración puede convocar un concurso en el mismo ámbito territorial. En este caso queda suspendida la tramitación de la solicitud. Se determinarán por vía reglamentaria los supuestos en que se puede prever el reembolso a cargo del adjudicatario de los gastos del proyecto, en el supuesto que finalmente el solicitante no resulte ser adjudicatario del concurso.

CAPÍTULO II

Iniciativa a privada: concesión administrativa

Artículo 40

Iniciativa privada

1. La Generalidad de Cataluña, de acuerdo con el Plan de puertos de Cataluña, puede otorgar concesiones administrativas para la construcción, la exploración y la ampliación de Puertos, dársenas e instalaciones marítimas de su competencia a personas jurídicas públicas o privadas, con sujección a lo que disponen la presente Ley, sus reglamentos y los pliegos de cláusulas administrativas de la concesión.

2. Las solicitudes que se presenten deben justificar que la oferta y la demanda de puntos de amarre existentes en el tramo de costa donde se proyecte construir nuevos puertos es equilibrada, lo que hay, que tener en cuenta a efectos de resolver las solicitudes de nuevas concesiones.

SECCIÓN PRIMERA

Puertos artificiales

Subsección primera

Iniciación del procedimiento

Artículo 41

Solicitud de la concesión

1. Para que una persona jurídica privada pueda ser titular de una concesión para la construcción y la explotación de un puerto adoptará cualquier forma societaria o de carácter asociativo autorizada por el ordenamiento vigente. La identificación de sus accionistas, en el caso de sociedades mercantiles, y la de los socios promotores, en el resto de entidades, es una condición indispensable. Cualquier cambio o modificación en la composición del accionariado, en el caso de sociedades, o de los órganos directivos debe comunicarse a la Administración que ha otorgado la concesión.

2. Se adjuntará a las solicitudes de concesión el anteproyecto o el proyecto básico correspondiente, redactado por el personal técnico competente, un estudio económico-financiero, la propuesta del reglamento de explotación y de las tarifa, y el resguardo acreditativo de una fianza provisional por el importe del 2 por 100 del presupuesto de las obras y las instalaciones.

3. El anteproyecto o el proyecto básico contendrá, como mínimo, un estudio de impacto mediambiental y un estudio de dinámica del litoral.

Artículo 42

Adecuación y viabilidad

1. Presentada la solicitud, la dirección general competente en materia de puertos efectuará su confrontación previa sobre el terreno, a fin de determinar su adecuación al Plan de puertos y al planeamiento urbanístico.

1. Si, en el plazo máximo de tres meses, se estima que las solicitudes presentadas son incompatibles con el Plan de puertos o con el planeamiento urbanístico o inviables de acuerdo con lo que dispone el apartado 1, dichas solicitudes serán archivadas por la dirección general con audiencia previa al interesado.

Subsección segunda

Tramitación

Artículo 43

Solicitud de informes

1. El proyecto presentado se remitirá, para que sea objeto del informe preceptivo, a los organismos siguientes:

a) Los departamentos de la Generalidad de Cataluña competentes por razón de la materia, en función de las actividades a desarrollar en el puerto de nueva construcción.

b) Los entes locales en cuyo ámbito territorial se prevé la construcción del puerto.

c) Los órganos de la Administración del Estado competentes en materia de defensa y de marina mercante, en las cuestiones propias de su competencia.

2. Si transcurrido el plazo de dos meses no se han recibido los informes solicitados, se puede proseguir en la tramitación del procedimiento.

Artículo 44

Informe de adscripción

1. Se requerirá informe del Ministerio de Medio Ambiente, en relación con sus competencias sobre los bienes de dominio público marítimo-terrestre de titularidad estatal.

2. El informe a que se refiere el apartado 1 se entiende favorable si no se emite de forma expresa en el plazo de dos meses a contar desde la recepción de la petición.

Artículo 45

Aprobación técnica

1. A la vista de los informes recibidos o habiendo transcurrido los plazos previstos para emitirlos sin que se hayan recibido, el director o directora general competente en materia de puertos resolverá expresamente sobre la aprobación del proyecto en el plazo de cuatro meses.

2. Contra la denegación expresa de la aprobación técnica, el solicitante puede interponer recurso ordinario ante el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas.

Artículo 46

Información pública

El proyecto, una vez notificada por resolución su aprobación técnica, conjuntamente con el estudio de impacto medioambiental y la relación de bienes y derechos afectados a que se refiere el artículo 51.2, se someterá al trámite de información pública durante un plazo no inferior a treinta días hábiles mediante un anuncio publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y tendrá toda la publicidad restante que sé determine por vía reglamentaria.

Artículo 47

Declaración de impacto medioambiental

Una vez finalizado el plazo de información pública y, habiendo sido valoradas las alegaciones por la dirección general competente en materia de puertos, el expediente se entregará al órgano competente del Departamento de Medio Ambiente para que elabore la declaración de impacto medioambiental correspondiente de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 48

Proyecto constructivo

Una vez efectuada la declaración de impacto ambiental, el interesado presentará a la Administración portuaria competente, en el plazo de cinco meses, el correspondiente proyecto constructivo de las obras o las instalaciones objeto de la concesión con las condiciones y las modificaciones que puedan resultar de los trámites establecidos por el artículo 43, de la información pública y de la declaración de impacto ambiental.

Artículo 49

Oferta de condiciones

1. Una vez se han llevado a cabo las actuaciones a que se refieren los artículos de esta subsección, y a la vista del resultado, la dirección general competente en materia de puertos ofrecerá al interesado las condiciones en las cuales se puede otorgar la concesión, para que sean aceptadas o rehusadas en el plazo de un mes.

2. Sin perjuicio de las singularidades propias de cada concesión, las condiciones se adecuarán a los pliegos de cláusulas generales para el otorgamiento de concesiones aprobados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.

3. Cualquier interesado o interesada puede desistir de su solicitud antes de la aceptación de las condiciones ofrecidas. Este desistimiento comporta la perdida de la fianza depositada, salvo que obedezca a la excesiva onerosidad sobrevenida del proyecto como consecuencia de las modificaciones impuestas por la Administración.

Artículo 50

Pluralidad de solicitudes

1. Cuando concurra una pluralidad de solicitudes incompatibles entre ellas, bien porque se refieren a la misma obra o instalación, bien porque ocupan una parte del mismo dominio público, las solicitudes se tramitarán en competencia, con el requisito de los informes que establece el artículo 43.

2. A la vista de los informes recibidos, la dirección general competente en materia de puertos aprobará técnicamente el proyecto que reporte una mayor utilidad pública. Únicamente si hay una identidad entre las solicitudes presentadas se tendrá en cuenta la fecha de presentación y se dará preferencia a la primera de las presentadas.

3. Las solicitudes incompatibles que se presenten después de la solicitud de informes que establece el artículo 43 se tramitarán independientemente.

4. Los solicitantes concurrentes que no resulten adjudicatarios de la concesión tienen derecho a recuperar la fianza provisional que han prestado.

Subsección tercera

Otorgamiento de la concesión

Artículo 51

Resolución de otorgamiento y efectos

1. Una vez aceptadas, si procede, las condiciones a que se refiere el artículo 49, el órgano competente resolverá discrecionalmente sobre la aprobación definitiva del proyecto del puerto y sobre el otorgamiento de la concesión para su construcción y explotación. Esta resolución se publicará en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

2. La aprobación del proyecto implica la declaración de utilidad pública y, la necesidad de ocupación, a efectos de la ocupación temporal o la expropiación forzosa de los bienes o derechos afectados por el objeto de aquélla. A estos efectos, el proyecto comprenderá la relación completa e individualizada de los bienes y, los derechos que no forman parte del dominio público y que se considera necesario adquirir u ocupar para ejecutarlo.

3. La concesión otorgada no exime a su titular de la obligación de obtenerlas licencias, los permisos y, las autorizaciones exigibles por otras disposiciones legales.

4. La resolución que otorga la concesión se notificara en el plazo de diez las a las demás administraciones públicas que tengan competencias sobre el espacio en el cual se construirá el puerto.

5. Otorgada la concesión, ésta se inscribirá en el Registro de la Propiedad.

Artículo 52

Naturaleza y duración

1. Todos los puertos construidos en virtud de una concesión administrativa son instalaciones de servicio público y otorgan al concesionario el derecho a la ocupación del dominio público necesario para la ejecución y explotación de las obras.

2. El plazo de ocupación no puede exceder del máximo fijado en la legislación aplicable al dominio público portuario.

Artículo 53

Condiciones del otorgamiento

El título de otorgamiento fijará las condiciones de la concesión, que, por lo menos, son las siguientes:

a) Las obras y las instalaciones a realizar por el concesionario, con referencia al proyecto constructivo y al plazo de inicio y de finalización.

b) Los servicios portuarios de existencia obligatoria y opcional.

c) Los terrenos, las obras y las instalaciones sujetas a reversión, con la indicación de los que son de titularidad particular que se incorporan a la zona de servicio portuaria.

d) El plazo por el cual se otorga la concesión, incluidas las prórrogas que, si procede, puedan concederse.

e) Las fianzas y demás garantías que deba constituir el concesionario.

f) La clase, la cuantía, los plazos y las formas de entrega y, de devolución, en su caso, de subvenciones, de anticipos reintegrables, de avales y de otras ayudas públicas, cuando se otorguen. Tratándose de anticipos reintegrables se harán constar en el Registro de la Propiedad.

g) Los cánones de ocupación y, en su caso, de explotación a abonar por el concesionario.

h) El régimen de utilización, pública o privada, de los servicios y de los espacios portuarios, con la obligación del concesionario de establecer y de mantener los accesos adecuados para el uso público de las zonas de dominio público.

i) Las tarifas máximas que se percibirán del público, con la descomposición de sus factores constitutivos.

j) Los poderes de dirección, de vigilancia y de policía portuarias o marítimas que se confieren al concesionario.

k) La obligación del concesionario de mantener en buen estado el dominio público, las obras y las instalaciones, de hacer a su cargo las reparaciones que sean necesarias, de facilitar la tarea de inspección y de control que lleva a cabo la Administración portuaria y de colaborar en la misma.

l) La obligación del concesionario de remitir a la Administración concedente las cuentas de la explotación auditadas y de facilitar la información restante que le solicite la Administración sobre sus resultados económicos.

m) Las condiciones que se consideren necesarias, como resultado de la evaluación de efectos, para no perjudicar el medio, y también las medidas indispensables para mantener la calidad de las aguas marítimas.

n) Las causas generales y específicas de extinción de la concesión, si se prevén, y los efectos que producen.

o) Las prescripciones técnicas referentes al proyecto, si se establecen.

Artículo 54

Garantías

1. Una vez notificado el otorgamiento de la concesión, el interesado acreditará ante el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, en el plazo que por reglamento se determine, la constitución de la fianza definitiva, que consistirá en el 20 por 100 del presupuesto total de las obras o las instalaciones y que se prestará en la forma determinada por el pliego de condiciones, incrementando hasta la cuantía indicada la fianza provisional. Esta garantía responde de la ejecución de las obras y las instalaciones de acuerdo con el proyecto aprobado y dentro del plazo fijado en la concesión y de las penalidades impuestas al concesionario por razón de dicha ejecución.

2. Una vez acabadas las obras y las instalaciones y aprobada el acta de reconocimiento final de éstas por la Administración portuaria, la fianza definitiva se mantendrá o se reducirá en la cuantía y la forma que se señale en el pliego de condiciones, subsistiendo por todo el tiempo que dure la concesión y convirtiéndose en fianza definitiva de la gestión de los servicios portuarios concedidos, la cual en ningún caso puede superar el 2 por 100 del presupuesto total de las obras. El pliego de condiciones establecerá la reducción gradual de la fianza a medida que se aprueben parcialmente las obras. La parte en que se reduzca la fianza definitiva de la construcción de obras será devuelta al concesionario dentro del plazo que reglamentariamente se establezca.

3. El incumplimiento imputable al concesionario de las obligaciones prescritas por los apartados 1 y 2 puede ser causa de resolución de la concesión

4. En el caso de que se impongan penalidades o indemnizaciones al concesionario por razón del incumplimiento de sus obligaciones, éste debe reponer o ampliar las garantías en la cuantía correspondiente y en el plazo que reglamentariamente se establezca. En caso contrario, incurre en causa de resolución.

Subsección cuarta

Obras de construcción y protección del medio natural

Artículo 55

Obras e instalaciones

1. Las obras y las instalaciones se realizarán de acuerdo con el proyecto de construcción aprobado y se empezarán y acabarán dentro de los plazos fijados por el pliego de condiciones particulares de la concesión, sin perjuicio de las prórrogas que correspondan.

2. Las obras y las instalaciones comprendidas en el proyecto aprobado y sus modificaciones autorizadas de conformidad con la presente Ley serán dirigidas por un técnico competente y quedan sujetas a la inspección técnica y, a la aprobación del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.

3. El Departamento puede requerir en cualquier momento al concesionario toda la documentación que haga falta para conocer el importe total de las inversiones realizadas y su situación económico-financiera real

Artículo 56

Protección del medio natural y de la calidad de las aguas marítimas

1. El concesionario adoptará a su cargo las medidas correctoras y de protección del medio natural y aplicará el programa de vigilancia ambiental fijados en las condiciones de la concesión, de acuerdo con lo que disponga el órgano que tenga atribuido el seguimiento y la vigilancia del cumplimiento de la declaración de impacto medioambiental, sin perjuicio de las funciones que corresponden al Ministerio de Medio Ambiente y al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, para lo cual el concesionario les suministrará la información necesaria.

2. El concesionario establecerá y mantendrá a su cargo las instalaciones y la maquinaria necesarias para asegurar la calidad de las aguas marítimas en el interior del recinto portuario, de acuerdo con las prescripciones del pliego de condiciones y la legislación sectorial aplicable en materia de protección del medio ambiente. A estos efectos, el concesionario debe permitir la práctica de los controles y las inspecciones que realice el órgano administrativo competente y colaborar en ello, y está obligado a aplicar a su cargo las medidas correctoras que a consecuencia de las actuaciones mencionadas se señalen como necesarias.

3. El concesionario tiene la obligación de cumplir lo que establece el artículo 79 y disponer de las instalaciones necesarias para la recepción de residuos y aguas de sentinas y la limpieza de aceites, grasas y otros productos contaminantes.

Subsección quinta

Explotación

Artículo 57

Régimen general

1. La explotación y la conservación del puerto va a cargo del concesionario, que puede llevar a cabo esta gestión en cualquiera de las modalidades establecidas por la legislación vigente que sea aplicable y de acuerdo con el reglamento general de explotación y policía de los puertos de Cataluña y con el reglamento particular de explotación.

2. En todo caso, el concesionario asume la responsabilidad total de la explotación y la conservación del puerto, a los efectos de sus derechos y obligaciones, ante la Administración portuaria.

3. Las funciones técnicas de explotación y conservación se ejercerán en cada caso por personal con la necesaria capacitación profesional.

Artículo 58

Canon de ocupación

El concesionario tiene la obligación de satisfacer a la Administración concedente el canon por ocupación del dominio público marítimoterrestre adscrito, en la cuantía fijada en el pliego de condiciones de la concesión, de acuerdo con las previsiones que contiene la legislación vigente que te sea aplicable.

Artículo 59

Servicios portuarios

En el ámbito de los puertos, tienen la consideración de servicios portuarios de uso público los siguientes:

a) La utilización de los lugares de amarre o anclaje de uso público tarifado y de las plazas de estancia en tierra.

b) El servicio de varada.

c) La utilización de grúas y de otros elementos de transporte.

d) El suministro de agua, electricidad y carburantes.

e) La utilización de las zonas de aparcamiento de vehículos establecidas en los espacios portuarios.

f) Los otros servicios portuarios que se determinen por vía reglamentaria, o que como tales sean recogidos en el proyecto definitivamente aprobado.

Artículo 60

Cesión de elementos portuarios

1. Los contratos que se concierten entre el concesionario y otras personas físicas o jurídicas y que tienen por objeto la cesión temporal del uso y, disfrute de elementos portuarios no reservados al uso público tarifado se regirán por el derecho privado por lo que respecta a las relaciones entre las partes contractuales. Los contratos mencionados se sujetarán a las cláusulas de la concesión, a la reglamentación general de la explotación y policía de los puertos de Cataluña y al reglamento particular de cada puerto que apruebe la Administración portuaria al otorgar la concesión. Estos contratos pueden formalizarse en escritura pública y son inscribibles en el Registro de la Propiedad.

2. A los efectos de lo que dispone el apartado 1, antes del otorgamiento de los contratos, el concesionario presentará ante la Administración portuaria un contrato tipo para su conformidad, la cual se entiende otorgada en el plazo de un mes siempre que no haya un pronunciamiento expreso en sentido contrario. La Administración está facultada para imponer clausulados mínimos que garanticen los legítimos intereses de los cesionarios.

3. Los contratos por los cuales se cede el uso y disfrute de lugares de amarre y de plazas de estancia en tierra confieren un derecho de uso preferente, en los términos que establezca el reglamento general de explotación y policía de los puertos de Cataluña.

4. En la forma que se establezca por vía reglamentaria por razón de sus características específicas, en los puertos se reservará un porcentaje de la superficie total de los lugares de amarre y anclaje y de las plazas de estancia en tierra para el uso público de los buques y de las embarcaciones transeúntes. En cualquier caso, este porcentaje no puede ser inferior al 10%.

5. La construcción, la ampliación o la reforma de los espacios y, las instalaciones portuarios objeto de cesión a terceros, así como la explotación de las actividades económicas que se sitúen en ellos, contarán con carácter preceptivo con el informe del municipio afectado y, en su caso, con la obtención de las licencias correspondientes.

Artículo 61

Control administrativo

1. Corresponde al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas la inspección y la fiscalización de los puertos y, de los servicios portuarios, en relación a la conservación y la reparación de las obras y las instalaciones, y también por lo que respecta a la explotación y la prestación regular de los servicios.

2. El concesionario remitirá anualmente al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas una memoria relativa a la actividad de la explotación y a los resultados económicos de la gestión portuaria. En cualquier caso, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 55.3, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas puede requerir en cualquier momento al concesionario las cuentas auditadas de la explotación.

3. Si del incumplimiento de la concesión imputable al concesionario se deriva una perturbación grave de los servicios portuarios o se produce una lesión grave de los intereses de los usuarios o del medio ambiente y la Administración portuaria no decide la revocación de la concesión, se puede acordar su intervención, con sustitución del concesionario en la gestión o sin ella. En todo caso, el concesionario abonará a la Administración los daños y perjuicios que por este motivo le haya causado.

Artículo 62

Transmisión y constitución de garantías

1. Las concesiones para la construcción y la explotación de puertos pueden transmitirse con la autorización previa del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, que puede ejercer los derechos de tanteo y retracto en los términos que se establezcan por vía reglamentaria, después de aprobarse el acta de reconocimiento final de las obras y de que estas hayan sido explotadas por espacio de una quinta parte del plazo de la concesión.

2. El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas autorizará previamente la constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre las concesiones, y también su embargo eventual. En el supuesto de adjudicación de los bienes de la concesión a consecuencia de un embargo, la Generalidad puede ejercer el derecho de retracto en el plazo de tres meses, a contar desde el momento en que la Administración portuaria tenga conocimiento de la adjudicación.

Artículo 63

Modificación

A petición del concesionario y de acuerdo con lo que dispone la presente Ley, se pueden autorizar modificaciones en la concesión que no comporten la ampliación de la zona de servicio y la edificación de obras e instalaciones no previstas en el proyecto de construcción. Los procedimientos de tramitación de las modificaciones se regularán por vía reglamentaria. Esto se entiende sin perjuicio de la necesidad de modificar previamente si procede, el planeamiento portuario, ni de las prerrogativas legales que tiene la Administración en relación con la modificación de los términos de la concesión. Reglamentariamente, se regularán los procedimientos de tramitación de las modificaciones y se establecerán los supuestos en que éstas irán acompañadas de un estudio de impacto ambiental.

Artículo 64

Extinción de la concesión: causas

1. Es causa de extinción de la concesión la finalización del plazo.

2. Son causas de extinción anticipada de la concesión:

a) El rescate de la concesión por la Administración.

b) La declaración de quiebra o la extinción del concesionario.

c) La suspensión de pagos del concesionario cuando ello imposibilita la realización de las obras previstas o la prestación de los servicios portuarios. La Administración portuaria puede permitir la continuidad de la concesión si considera que el concesionario ofrece las garantías suficientes para su ejecución, salvo o que la Administración no se reserve la gestión directa.

d) El mutuo acuerdo entre la Administración portuaria y el concesionario.

e) La revocación de la concesión por incumplimiento imputable al concesionario de las cláusulas o de las condiciones establecidas en el pliego.

f) Las otras causas que de acuerdo con la legislación de contratos se determinen y las que se establezcan en el pliego de condiciones.

Artículo 65

Extinción por causa imputable al concesionario

Una vez extinguida la concesión por causa imputable al concesionario, se producen los efectos siguientes:

a) La ocupación por la Administración de las obras, las instalaciones y los elementos de la concesión.

b) El expediente de tasación de la concesión, con exclusión de los beneficios futuros que deje de percibir el concesionario.

c) La convocatoria de licitación para adjudicar nuevamente la concesión con sujeción al mismo clausulado que regía anteriormente, con la tasación aprobada a estos efectos, en el supuesto de que la Administración no se reserve la gestión directa.

d) La indemnización de los daños y perjuicios causados a la Administración.

e) La pérdida de las garantías prestadas, en el caso de extinción, cuando interviene culpa del concesionario.

f) La sanción correspondiente, si el concesionario incurre en alguno de los supuestos tipificados como infracción.

Artículo 66

Extinción por mutuo acuerdo

Extinguida la concesión por mutuo acuerdo de la Administración y del concesionario, se produce a los efectos establecidos por las letras a) y c) del artículo 65, si bien la licitación se hará sobre la base de la indemnización válidamente estipulada a este efecto.

Artículo 67

Reversión

1. Revierten a la Administración portuaria las obras, las instalaciones y el resto de los elementos afectos a los servicios portuarios. La Administración puede continuar gestionándolos en cualquiera de las formas previstas por la ley.

2. En todo caso, los terrenos, los accesos, las obras y las instalaciones y el resto de elementos de la concesión revertirán a la Administración libres de cargas, y quedan extinguidos y sin efecto todos los derechos reales y personales que terceras personas pudieran tener sobre ellos.

3. Los anteriores titulares de derechos de uso y disfrute sobre elementos portuarios tienen el derecho preferente de continuar utilizándolos, como usuarios de los servicios públicos correspondientes, con sujeción al reglamento de explotación aplicable, mediante el pago de la tarifa respectiva administrativamente aprobada y, en su caso, de la cuota de amortización de las obras portuarias no amortizadas que fije la Administración de acuerdo con lo que establece el artículo 68.

4. La Generalidad de Cataluña no asume, por razón de la reversión, ningún tipo de obligación económica o laboral del concesionario.

Artículo 68

Continuación de la explotación

1. El concesionario que desee continuar la explotación del puerto más allá del plazo de la concesión puede solicitar a la Administración portuaria, una vez transcurridas las dos terceras partes del plazo de la concesión, la adjudicación de un nuevo contrato de gestión de la concesión administrativa.

2. Si se produce la solicitud a que se refiere el apartado 1, salvo que la Administración portuaria opte por alguna forma de gestión directa, se anunciará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y se le dará toda la publicidad restante que se establezca por vía reglamentaria, a fin de que en un plazo de seis meses puedan presentar otras solicitudes terceras personas interesadas en la gestión. Acabado este plazo, se abrirá un concurso restringido entre quienes hayan presentado solicitud para la adjudicación jet contrato de la concesión.

3. En este concurso se otorgará un derecho

de tanteo al antiguo concesionario siempre que cumpla los requisitos siguientes:

a) No haber incurrido en incumplimiento de las cláusulas de la concesión

b) Haber gestionado satisfactoriamente la instalación durante el plazo de la concesión, y haber procedido a corregir las deficiencias observadas por la Administración de la forma y en los plazos indicados por ésta.

4. Por vía reglamentaria le desarrollarán los criterios de valoración establecidos por la letra b) del apartado 3, que en todo caso harán referencia al mantenimiento y la mejora de las instalaciones durante todo el período de la concesión, al fomento de las actividades marítimas y portuarias, a la obtención de galardones y premios relacionados con el cuidado y la calidad de las instalaciones y a la oferta de servicios y actividades suplementarias destinadas a fomentar y dinamizar la náutica deportiva. Por vía reglamentaria se establecerá la manera de acreditar estos extremos a efectos de obtener el mencionado derecho de tanteo.

5. En el caso de que el concurso no se resuelva a favor del antiguo concesionario, éste no mantiene ningún derecho sobre la concesión, y se aplica a todos los efectos el régimen que esté determinado al finalizar el plazo de la concesión. Si la gestión de la concesión se otorga al anterior concesionario, la Administración puede variar las cláusulas y las condiciones reguladoras del nuevo contrato de gestión, que deben ser aceptadas por el concesionario.

6. En el caso de que el antiguo concesionario, si resulta adjudicatario del concurso, o bien el ganador de éste, no acepte las condiciones de gestión y explotación establecidas por la Administración, se iniciarán las gestiones necesarias encaminadas a otorgar el contrato de gestión de la concesión al siguiente clasificado, sin que haya que convocar un nuevo concurso.

SECCIÓN SEGUNDA

Dársenas e instalaciones marítimas de la Generalitat

Artículo 69

Concesión para la construcción y explotación

1. Las concesiones administrativas para la construcción o la modificación de dársenas y de instalaciones marítimas de competencia de la Generalidad se rigen, por lo que respecta a la solicitud, la tramitación, el otorgamiento, las obligaciones del concesionario y la explotación, por la sección primera de este capítulo en todo lo que no se opone a su régimen específico, y en la forma que se determine por vía reglamentaria.

2. Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, puede ser titular de una concesión administrativa para la construcción y la explotación de una dársena o una instalación marítima.

TÍTULO IV

Gestión del dominio público portuario adscrito a Puertos de la Generalidad

CAPÍTULO I

Utilización del dominio público portuario

SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones generales

Artículo 70

Dominio público portuario de la Generalitat

1. Son bienes de dominio público portuario de la Generalidad los afectos al servicio portuario de competencia de la Generalidad.

2. Pertenecen al dominio público portuario de la Generalitat:

a) Los terrenos, las obras y las instalaciones fijas afectas a los puertos traspasados a la Generalidad de acuerdo con el Real decreto 2876/1980, de 12 de diciembre.

b) Los terrenos, las obras y las instalaciones adscritas o que en el futuro se adscriban a la Generalidad para usos portuarios.

3. Puertos de la Generalidad gestiona el dominio público portuario adscrito a la Generalidad de conformidad con lo que establece el artículo 7.

Artículo 71

Utilización del dominio público portuario adscrito a Puertos de la Generalidad

1. Para la utilización del dominio público portuario adscrito a Puertos de la Generalidad para usos en que concurran circunstancias especiales de exclusividad, de intensidad, de peligrosidad o de rentabilidad, o que requieran la ejecución de obras o de instalaciones, se exigirá siempre el otorgamiento de la autorización o concesión administrativa correspondiente, que acreditará su canon o sus cánones, de conformidad con lo que dispone la presente Ley.

2. En cualquier caso, toda utilización del dominio público portuario será compatible con el planeamiento portuario y congruente con los usos y, las finalidades propias de este dominio público, La Administración portuaria conserva en todo momento las facultades de control y de policía a fin de garantizar el uso adecuado del demanio. A estos efectos, el titular de la utilización o de la actividad queda obligado a informarla de las incidencias que se produzcan con relación al dominio público y a cumplir las instrucciones que le dicte la Administración.

Artículo 72

Procedimiento de otorgamiento

1. El procedimiento para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público portuario adscrito a Puertos de la Generalidad puede iniciarse de oficio mediante la convocatoria del concurso correspondiente o a instancia de una persona física o jurídica interesada.

2. El procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones y concesiones a instancia de una persona interesada constará de las fases de solicitud, informes preceptivos, información pública y resolución, en la forma que se determine por vía reglamentaria. Con la solicitud se adjuntará el resguardo acreditativo de una fianza provisional por importe del 2 por 100 del presupuesto de las obras y de las instalaciones.

3. Cuando un mismo interesado solicita usos diferentes del dominio público portuario y estos usos se relacionan entre si, se tramitarán en un solo expediente, sin perjuicio de la documentación técnica que corresponda a cada uno de ellos.

Artículo 73

Título de otorgamiento

El título de otorgamiento fijará las condiciones de la autorización o de la concesión, que, como mínimo, son las siguientes:

a) El objeto y la extensión de la utilización o de la ocupación.

b) Las obras o las instalaciones que, si procede, debe hacer el adjudicatario, con referencia al proyecto constructivo, y también los plazos de inicio y de finalización.

c) El plazo del otorgamiento y, si procede, la posibilidad de prórroga.

d) Las fianzas que debe constituir el adjudicatario.

e) Los cánones de ocupación y, si procede, de actividad, y las tasas a satisfacer por el adjudicatario.

f) El régimen de utilización de los espacios portuarios, con la obligación del adjudicatario de establecer y de mantener los accesos adecuados para el uso público del demanio.

g) Las tarifas o los precios máximos a percibir del público, si procede, con el detalle de los factores constitutivos como base de futuras revisiones.

h) Las facultades de policía que se delegan al adjudicatario.

i) La obligación de mantener en buen estado el dominio público, las obras y las instalaciones, y de hacer a su cargo las reparaciones que sean necesarias.

j) La adopción de medidas específicas, según los casos, para no perjudicar el medio ambiente, y las medidas indispensables que garanticen la calidad de las aguas marítimas en el interior del recinto portuario y sus alrededores.

k) La obligación del adjudicatario, si procede, de constituir un depósito suficiente para los gastos de reparación o de levantamiento y retirada, parcial o total de las obras y de las instalaciones fijas o desmontables a su cargo, en el momento de la extinción del título correspondiente, salvo una decisión contraria del órgano competente de la Administración portuaria.

l) Las causas generales y específicas de resolución, si se prevén, y los efectos que producen.

m) Las prescripciones técnicas del proyecto, si procede.

Artículo 74

Fianza definitiva

1. Una vez otorgada la autorización o la concesión, el adjudicatario constituirá la fianza definitiva, incrementando la provisional hasta el 5 por 100 del presupuesto correspondiente de las obras o de las instalaciones.

2. Cuando el peticionario ha prestado fianza para la adjudicación de otros títulos administrativos otorgados por la Generalidad que sean exigibles para la realización de la actividad que motiva la solicitud de utilización del dominio público, la cuantía total acumulada de las fianzas mencionadas no puede exceder de la mayor de las fianzas legalmente exigidas para cualquiera de los títulos de utilización concurrentes.

3. La fianza definitiva se devolverá una vez acabadas las obras o las instalaciones y aprobada el acta de reconocimiento final.

Artículo 75

Modificación, extinción y revocación

1. Sin perjuicio de las especialidades señaladas por la presente Ley, las autorizaciones y las concesiones se modifican, se extinguen y se revocan por las causas establecidas en la legislación reguladora del dominio público marítimoterrestre.

2. Una vez extinguido el derecho ala utilización del dominio público portuario, la Administración portuaria no asume ninguna obligación laboral o económica del titular.

3. El incumplimiento de las cláusulas o de las condiciones del título de otorgamiento por causas imputables al titular determina, con la audiencia previa de éste, la resolución de la autorización o de la concesión, sin perjuicio del expediente sancionador que sea procedente.

4. Una vez iniciado el expediente de revocación, la Administración portuaria puede disponer, con la audiencia previa del titular y según los casos, la paralización de las obras o la suspensión de los usos o de la explotación de las instalaciones.

5. La suspensión de la ejecución de la revocación requiere del titular la presentación de un depósito previo en la cuantía que resulte aplicable según los criterios que reglamentariamente se establezcan.

6. Sin perjuicio de las indemnizaciones que en cada caso procedan, la declaración de revocación y la renuncia a la autorización o a la concesión comportan la pérdida de la fianza, si la hay.

Artículo 76

Registro de usos

Por vía reglamentaria se creará un registro de usos del dominio público portuario de la Generalidad y se establecerá su funcionamiento y su organización.

SECCIÓN SEGUNDA

Autorizaciones

Artículo 77

Ámbito

1. Es necesaria la autorización administrativa previa para ocupar el dominio público portuario con instalaciones desmontables o bienes muebles y para desarrollar en los espacios portuarios actividades industriales, comerciales o de servicios al público, aunque no requieran obras o instalaciones de ningún tipo.

2. La duración máxima de las autorizaciones es de tres años, y en ningún caso puede admitirse la prórroga.

3. Las autorizaciones se otorgan con carácter personal y no son transferibles inter vivos.

4. Las autorizaciones que implican ocupación del dominio público portuario se otorgan a título de precario.

5. La construcción, la ampliación o la reforma de los espacios y las instalaciones portuarias objeto de cesión a terceros, y también la explotación de las actividades económicas que se sitúen en ellos, se sujetan, en su caso, a la obtención de las licencias municipales correspondientes de obras y de actividad y al pago de los impuestos y las tasas municipales, cuando lo establezca la legislación de régimen local.

Artículo 78

Extinción y revocación

1. La Administración portuaria puede revocar unilateralmente las autorizaciones mediante resolución motivada y audiencia del titular, cuando son incompatibles con obras, planes o normativas aprobados posteriormente, cuando obstaculicen la explotación portuaria o cuando impiden la utilización del espacio portuario en actividades de mayor interés. La revocación, en estas circunstancias, no da derecho a indemnización.

2. Una vez extinguida o revocada la autorización, el titular tiene derecho a retirar los materiales, los equipos y las instalaciones de su propiedad, y tiene la obligación de hacerlo cuando lo determine la Administración portuaria. En este último caso, si la retirada no se lleva a cabo en el plazo y en las condiciones señalados, se hará con cargo al titular. En todo caso, el titular tiene la obligación de restaurar la realidad física alterada y de dejar el dominio público en su estado anterior.

Artículo 79

Prohibición de vertidos

1. En los puertos, las dársenas o las instalaciones marítimas está prohibido verter aguas que contengan aceites, hidrocarburos, materias en suspensión, plásticos o cualesquiera otras materias o productos contaminantes, y arrojar tierras, escombros, basuras, restos de la pesca, cascotes o cualquier otro material, y asimismo los productos resultantes de la limpieza de las sentinas de los buques y otras embarcaciones.

2. Cuando se viertan materiales no autorizados, la Administración portuaria puede ordenar a los responsables que los recojan o limpien las aguas inmediatamente. En caso de incumplimiento, la Administración procederá a la ejecución subsidiaria a cargo de los responsables.

Artículo 80

Recepción de residuos

Las instalaciones situadas dentro de la zona de servicio portuario y especialmente las que utilizan sustancias petrolíferas, químicas y petroquímicas o combustibles líquidos, cualquiera que sea su actividad, y también los astilleros y las instalaciones de reparación naval, dispondrán de instalaciones para la recepción y el tratamiento de residuos de esta naturaleza y de aguas de sentinas y para la limpieza de aceites, de grasas y de otros productos contaminantes. Además, dispondrán de los medios suficientes para prevenir y combatir los vertidos.

Artículo 81

Obras de dragado

1. Las obras de dragado en el dominio público portuario requieren autorización de la Administración portuaria. El órgano competente en materia de marina mercante emitirá informe previo vinculante cuando las obras proyectadas pueden afectar a la seguridad de la navegación y los canales de acceso a la zona de servicio portuario o la determinación de las zonas de anclaje o de maniobra.

2. El proyecto de obras de dragado, en especial las de bocana o exteriores, contendrá los estudios técnicos y de evaluación de efectos en relación a la sedimentología y la dinámica litoral, la posible localización de restos arqueológicos y los biomas marino y submarino.

3. El proyecto, junto con los estudios mencionados, se remitirá a los departamentos de Medio Ambiente y de Agricultura, Ganadería y Pesca y, si procede, al de Cultura para que emitan informe. El órgano competente en materia de costas autorizará, si procede previo informe de los municipios afectados, el destino de las arenas dragadas en los puertos, las dársenas o las instalaciones marítimas y su depósito o vertido.

SECCIÓN TERCERA

Concesiones

Artículo 82

Ámbito y duración

1. Toda ocupación del dominio público portuario por un plazo superior a tres años o por otro inferior pero con obras o instalaciones no desmontable se hará mediante una concesión administrativa.

2. Toda concesión se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y salvando los derechos preexistentes.

3. El título de otorgamiento determinará la duración de la concesión y sus posibles prórrogas, sin que en ningún caso el plazo de ocupación exceda del máximo fijado en la legislación en materia de dominio público marítimo-terrestre-portuario.

4. Antes del otorgamiento de las concesiones administrativas correspondientes se pedirá informe preceptivo al municipio afectado.

Artículo 83

Transmisión y gravamen

1. Las concesiones son transmisibles por actos inter vivos, de acuerdo con los requisitos establecidos por la legislación de contratos de las administraciones públicas, con la autorización previa de la Administración portuaria, que puede ejercer los derechos de tanteo y retracto.

2. Para la constitución de hipotecas y de otros derechos de garantía sobre las concesiones se exigirá, igualmente, la autorización previa de la Administración portuaria. En este supuesto se aplicará la regulación que establece el apartado 3 del artículo 62, por lo que respecta a la transmisión y la constitución de garantías.

3. El concesionario queda obligado a comunicar a la Administración portuaria la cesión de uso de determinados elementos o de la explotación total o parcial de la concesión.

Artículo 84

Especialidades de la tramitación

1. Se puede obviar el trámite de información pública si la concesión se refiere a la utilización de edificaciones preexistentes sin modificación de la estructura exterior y es destinada a los usos permitidos por los instrumentos de planificación portuaria.

2. Una vez otorgadas, las concesiones se inscribirán en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 76.

Artículo 85

Declaración de utilidad pública

1. Si el otorgamiento de la concesión determina, mediante el proyecto correspondiente, la necesidad de hacer la ocupación temporal o la incorporación al dominio público de nuevos bienes o derechos, la aprobación definitiva del proyecto comporta la declaración de utilidad pública a efectos de ocupación temporal o expropiación forzosa de aquellos bienes o derechos.

2. La utilidad pública se puede declarar de oficio o a instancia del peticionario. En este último caso, el proyecto básico recogerá la relación concreta e individualizada de los bienes o los derechos que se considere necesario expropiar.

3. Los bienes y los derechos expropiados se incorporan al dominio público portuario desde que son ocupados en la forma establecida por la legislación de expropiación forzosa y por el título de concesión, sin que el titular de la concesión esté obligado al pago del canon de ocupación por los terrenos expropiados a su cargo.

Artículo 86

Título de otorgamiento

Además de las condiciones mínimas determinadas por el artículo 73, el título de otorgamiento de las concesiones contendrá las especificaciones siguientes:

a) Los terrenos, las obras o las instalaciones sujetas a reversión, si procede.

b) La expresión de los derechos y de los deberes del concesionario hacia la Administración concedente.

Artículo 87

Reversión

1. Una vez extinguida la concesión, revierten a la Administración los terrenos, las obras y las instalaciones señalados en el título de otorgamiento, que serán entregados sin cargas y en estado de conservación y de funcionamiento adecuados.

2. Al extinguirse la concesión, la Administración portuaria puede acordar el mantenimiento o la retirada de otras obras o instalaciones autorizadas, no expresadas en el título de otorgamiento, que en el primer supuesto revierten en las mismas condiciones que las establecidas por el apartado 1. No obstante, el concesionario puede retirar las instalaciones que no figuren en el título de otorgamiento y que no estén unidas al inmueble.

3. La retirada de las obras y las instalaciones, y también la de los materiales y los equipos, se hace por cuenta del concesionario. Si éste no la efectúa en el plazo y en las condiciones establecidas, lo hará la Administración a cargo de aquél.

CAPÍTULO II

Prestación de los servicios portuarios en dominio público adscrito a Puertos de la Generalidad

SECCIÓN PRIMERA

Servicios portuarios

Artículo 88

Concepto de servicios portuarios

1. Son servicios portuarios las prestaciones que se ofrecen al público para satisfacer las operaciones y las necesidades marítimas y portuarias, de acuerdo con lo que establecen la presente Ley y las normas que la desarrollen.

2. En todo caso, tienen el carácter de servicios portuarios las prestaciones siguientes:

a) Poner a disposición de los usuarios y usuarias las aguas del puerto, la dársena o la instalación marítima, los canales de acceso, las obras de abrigo y las zonas de anclaje.

b) Autorizar el uso de las obras de atraque y los elementos fijos de amarre y de anclaje.

c) Poner a disposición de los pasajeros y las mercancías las aguas del puerto, la dársena o la instalación marítima, las vías de circulación, las zonas de manipulación y los servicios generales de policía.

d) Poner a disposición de los buques pesqueros en actividad y de los productos de la pesca marítima fresca las aguas del puerto, los muelles, las dársenas, las zonas de manipulación y los servicios generales del puerto, la dársena o la instalación marítima.

e) Poner a disposición de las embarcaciones deportivas o de recreo y sus tripulaciones y pasajeros las aguas del puerto, las zonas de anclaje, los servicios generales del puerto y, si procede, las dársenas y las instalaciones de amarre y de atraque en muelles o pantalanes.

f) Hacer el practicaje o el asesoramiento para la realización de las maniobras necesarias para la entrada, el anclaje, los movimientos interiores o la salida de los puertos.

g) Poner a disposición de los usuarios y usuarias superficies cubiertas o descubiertas, y también de maquinaria y de utillaje portuario.

h) Poner a disposición de los usuarios y usuarias los medios mecánicos terrestres o flotantes para la manipulación de mercancías en el puerto.

i) Dar el suministro de agua, de hielo, de energía eléctrica o de productos similares, junto con las instalaciones para su conducción.

j) Dar los servicios destinados a la reparación y la conservación de embarcaciones.

k) Autorizar el uso de las zonas de aparcamiento de vehículos establecidas en los espacios portuarios.

l) Dar el servicio de remolque portuario.

m) Dar los servicios de amarre, de desamarre o de amarras a flor de agua.

3. Los servicios establecidos por las letras a), b), e), c) y e) del apartado 2 se pueden prestar junto con otros de carácter adicional, como los de atraque con amarra a cuerpo muerto, tomas de agua y de energía eléctrica, recogida de basuras, vigilancia y atraque en pasarelas de temporada.

SECCIÓN SEGUNDA

Régimen de prestación de los servicios portuarios

Artículo 89

Régimen de prestación

1. Corresponde a Puertos de la Generalidad, conforme a lo que establece el artículo 8, la gestión de los servicios portuarios en el ámbito del dominio público portuario que tenga adscrito.

2. La prestación de los servicios portuarios puede ser realizada directamente por Puertos de la Generalidad o bien por gestión indirecta por cualquier procedimiento establecido por la legislación vigente, siempre que no implique ejercicio de autoridad. No obstante, la gestión directa se puede encomendar a una organización especial desconcentrada o a una entidad autónoma o bien a una empresa pública que pertenezca íntegra o mayoritariamente a la Generalidad.

3. Los contratos que concierta Puertos de la Generalidad para la prestación por gestión indirecta de los servicios portuarios se regulan por el ordenamiento privado, salvo los aspectos que garantizan la publicidad y la concurrencia en la preparación y la adjudicación, que se ajustarán a los criterios que dicte el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, y a lo que disponga en último término la legislación vigente en materia de contratos.

4. Si para la gestión indirecta del servicio se requiere el otorgamiento de concesión o de autorización de ocupación del dominio público portuario, ambas relaciones serán objeto de un expediente único y, su eficacia queda vinculada de manera recíproca.

5. Corresponde al órgano de contratación de Puertos de la Generalidad la aprobación de los pliegos de cláusulas de los contratos para la prestación de servicios portuarios, con el informe previo del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. En estos pliegos figurarán las condiciones, las garantías, los precios y, si procede, la productividad mínima exigible para cada actividad o tipo de operación, y también las penalidades que se establezcan en caso de incumplimiento.

6. Puertos de la Generalidad, sin perjuicio de mantener la titularidad del dominio público portuario y de los servicios portuarios, puede concertar convenios con otras administraciones u otras entidades públicas a fin de gestionar los servicios portuarios.

CAPÍTULO III

Régimen económico

SECCIÓN PRIMERA

Normas generales

Artículo 90

Principio de rentabilidad

1. Los ingresos a percibir por Puertos de la Generalidad por los servicios que presta en los puertos, las dársenas y las instalaciones marítimas serán suficientes para que sean rentables, de forma que con su producto se puedan cubrir, por lo menos, los gastos siguientes:

a) La explotación, la conservación, la depreciación, la amortización y los gastos generales.

b) Las cargas económicas, administrativas y financieras, incluidos los reembolsos de préstamos y los pagos de intereses y de impuestos.

c) Las inversiones y los gastos de primer establecimiento destinados a la creación, la ampliación y la mejora de las obras, las instalaciones y los equipamientos.

d) Un rendimiento razonable de la inversión neta en activos fijos.

e) Los destinados al mantenimiento y la mejora de les condiciones mediambientales.

Corresponde a Puertos de la Generalidad, dentro de los límites de la presente Ley, fijar el nivel de rentabilidad de cada una de las explotaciones portuarias, teniendo en cuenta sus características y condicionamientos específicos el equilibrio territorial.

SECCIÓN SEGUNDA

Cánones

Artículo 91

Canon por ocupación o aprovechamiento del dominio público portuario

1. La ocupación o el aprovechamiento del dominio público portuario en virtud de concesión o de autorización acredita el correspondiente canon en favor de Puertos de la Generalidad.

2. Son sujetos pasivos del canon, según los casos, el concesionario o la persona autorizada.

3. La base imponible del canon consiste en el valor del bien ocupado o aprovechado, que se determina de la forma siguiente:

a) Ocupación de terrenos. Consiste en el valor de los terrenos, que se determina según criterios de mercado. A este efecto, la zona de servicio se dividirá en áreas funcionales y se asignara a los terrenos incluidos en cada una un valor tomando como referencia otros terrenos del término municipal en los cuales se desarrollen usos similares, especialmente los que están calificados como usos comerciales o industriales. En la valoración final hay que tener presentes las obras de infraestructura portuaria y el grado de urbanización de los terrenos y de las superficies, y reflejar también el grado de centralidad y de conexión con los otros medios e infraestructuras de transporte y su localización.

b) Ocupación de las aguas del puerto. Es el valor del espejo de agua, que se determina por referencia a los terrenos contiguos o, si procede, a las áreas de la zona de servicio con una finalidad o un uso similar. En la valoración se tomarán en consideración las condiciones de abrigo, la profundidad y el emplazamiento.

c) Ocupación de obras y de instalaciones. Está constituida por los conceptos de la anualidad contable de amortización, el valor del suelo ocupado y el valor de las obras y las instalaciones.

d) Aprovechamiento del dominio público portuario. El valor es el de los materiales aprovechados en relación con la media de los precios de mercado.

4. En el supuesto de ocupación de terrenos y de agua del puerto, el tipo de gravamen es del 6% del valor de la base. En el caso de ocupación de obras y de instalaciones, el tipo es del 100% de la anualidad de amortización y el 6% del valor del suelo y del valor de las obras e instalaciones. En el supuesto de aprovechamiento, el tipo de gravamen es del 100% del valor de los materiales aprovechados.

5. Puertos de la Generalidad remitirá al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, con el informe preceptivo del Departamento de Economía y Finanzas, la valoración de terrenos y del espejo de agua a efectos de fijar el canon. Ésta valoración se publicará en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, y puede ser revisada cada cinco años o antes, si se producen modificaciones en la zona de servicio del puerto.

6. Puertos de la Generalidad fijará en las condiciones de la concesión o de la autorización la cuantía del canon, que se actualizará anualmente en la misma proporción que la variación experimentada por el índice general de precios al consumo (IPC) en el año natural anterior, y se revisará de conformidad con las nuevas valoraciones que apruebe el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.

7. El canon se devenga a partir de la fecha de notificación de la resolución de otorgamiento de la concesión o autorización. Es exigible por anticipado en la cuantía que corresponda, con las actualizaciones y las revisiones que, si es el caso, se efectúen y en los plazos que figuren en las cláusulas de la concesión o autorización y que en ningún caso pueden ser superiores a un año.

8. El canon puede ser afectado por las reducciones siguientes sobre la base imponible:

a) Cuando el objeto de la concesión es la actividad pesquera, el 35%.

b) Cuando el objeto de la concesión es la náutica deportiva:

En superficies inferiores a 1.000 m2, el 15 %

En superficies entre 1.000 m2 y 5.000 m2, el 20%

En superficies superiores a 5.000 m2, el 30%

9. Están exentos del pago del canon los órganos y las entidades de las administraciones públicas que llevan a cabo actividades de vigilancia, de represión del contrabando, de salvamento y de lucha contra la contaminación marina y las relacionadas con la defensa nacional.

10. En todo aquello que no está previsto por la presente Ley, el régimen jurídico aplicable es el establecido por la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad.

Artículo 92

Canon por prestación de servicios al público y desarrollo de actividades comerciales e industriales

1. La prestación de servicios al público y el desarrollo de actividades comerciales o industriales en el ámbito portuario en virtud de autorización están sujetos a canon a favor de Puertos de la Generalidad.

2. En el caso de que las actividades comerciales o industriales impliquen la ocupación o el aprovechamiento del dominio público portuario, la autorización de actividad se entiende implícita en la correspondiente concesión o autorización de ocupación o de aprovechamiento del dominio público, sin perjuicio de la exigencia de los cánones que sean exigibles por ambos conceptos.

3. Son sujetos pasivos del canon el titular de la autorización de actividad o, en su caso, el titular de la concesión o de la autorización de ocupación o de aprovechamiento del dominio público.

4. Puertos de la Generalidad aplica la cuantía del canon teniendo en cuenta los objetivos económicos y los criterios comerciales de la entidad, el tipo de actividad y su, interés portuario, la cuantía de la inversión y el volumen de tráfico, de acuerdo con uno de los criterios siguientes:

a) Se establece sobre el volumen de tráfico portuario, en una cuantía de hasta 40, 80 y 160 pesetas por tonelada a chorro líquido, sólido o mercancía general, respectivamente, cuando este tráfico es objetivamente mensurable.

b) Se establece sobre el volumen de negocio en una cuantía de hasta el 10% de la facturación, cuando no hay un volumen de tráfico mensurable, en la prestación de servicios al público o en el desarrollo de las actividades comerciales e industriales.

5. El criterio y el tipo establecidos por Puertos de la Generalidad figurarán expresamente en las condiciones de la autorización de actividad o, en su caso, de la concesión o de la autorización de ocupación o de aprovechamiento del dominio público. Cuando la cuantía del canon se establece sobre el volumen de tráfico, las cantidades señaladas en la letra a) del apartado 4 se actualizarán anualmente en la misma proporción que la variación experimentada por el índice general de precios al consumo en el año natural anterior.

6. El canon se devenga a partir de la fecha de notificación de la resolución de otorgamiento de la concesión o de la autorización de actividad o, en su caso, de la concesión o de la autorización de ocupación o de aprovechamiento del dominio público portuario.

7. El canon es exigible en la cuantía que corresponda, de conformidad con lo que establezcan las cláusulas de la concesión, sin que se pueda establecer un plazo de liquidación superior a un año. En el supuesto de que el canon sea exigible por anticipado, su cuantía se calculará para el primer ejercicio sobre las estimaciones efectuadas del volumen de tráfico o de negocio y, en los ejercicios sucesivos, sobre los datos reales de los años anteriores.

SECCIÓN TERCERA

Tarifas por servicios portuarios

Artículo 93

Ámbito y determinación

1. Puertos de la Generalidad puede exigir el abono de las tarifas correspondientes por los servicios portuarios que presta directamente. Estas tarifas tienen el carácter de precios privados.

2. Corresponde al consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, a propuesta de Puertos de la Generalidad, aprobar las tarifas a aplicar por los diferentes servicios que ésta presta. Estas tarifas se actualizarán con periodicidad anual de acuerdo con la evolución de los diferentes componentes del coste del servicio.

3. Los servicios portuarios que se prestan en régimen de concesión administrativa están sujetos al pago a Puertos de la Generalidad de las correspondientes tarifas que se establezcan en las cláusulas de concesión, con las exenciones y las bonificaciones que puedan determinarse.

4. Cuando la gestión de servicios portuarios se haga mediante algún instrumento jurídico o figura que implique el ejercicio de potestades administrativas, como en el caso de los consorcios, las tarifas correspondientes tienen el carácter de tasas y se fijarán de acuerdo con lo que establece la Ley de tasas y precios públicos vigente.

Libro III

Marinas interiores

Artículo 94

Elementos

1. Las marinas interiores o zonas de servicio portuario de urbanizaciones marítimo-terrestres, definidas por el artículo 2.4, se componen de los elementos siguientes:

a) Los diques de abrigo, la bocana y el canal o los canales de entrada.

b) Los canales interiores, con las respectivas aguas y reclaves o entrantes de parcela.

c) La franja de servicio náutico adyacente a los canales.

d) Las dársenas deportivas.

e) Las superficies de tierra necesarias para instalaciones y servicios.

2. El proyecto de construcción de la marina interior delimitará perfectamente su perímetro, en sus porciones de agua y tierra, e incluirá los diferentes elementos de que se compone.

3. Las marinas interiores se rigen por las disposiciones de este libro III y, en lo que no regule y no se oponga a su regulación específica, por las otras normas de la presente Ley que sean aplicables.

Artículo 95

Franja de servicio náutico

La franja de servicio náutico comprende los terrenos colindantes con los canales en una franja de tres a seis metros de anchura, a contar desde el borde del canal, afecta al servicio portuario de la marina interior. La utilización privativa de esta zona por el titular de la parcela colindante requiere la autorización previa del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.

Artículo 96

Concesión de las marinas interiores

1. La construcción, la gestión y la explotación de una marina interior requiere el correspondiente título de concesión, que se tramita de conformidad con lo que regula la presente Ley para los puertos artificiales.

2. Las solicitudes de concesión de marina interior irán acompañadas del anteproyecto o el proyecto básico correspondiente con el contenido establecido por el artículo 41.2, de un estudio económico -financiero, de la propuesta del reglamento de explotación y las tarifas y el régimen jurídico de la comunidad de usuarios de la marina interior. Igualmente, la solicitud se acompañará de los instrumentos de planeamiento que desarrollen las previsiones fijadas previamente por el plan general municipal en el ámbito marítimo-terrestre y, que se tramitará de forma paralela de acuerdo con la legislación urbanística.

3. Para el otorgamiento de la concesión, el solicitante presentará el proyecto constructivo correspondiente, que se ajustará al planeamiento urbanístico vigente.

Artículo 97

Tipos de amarres

1. Los amarres pueden ser de uso privativo, vinculados o no a una parcela colindante, o de uso público tarifado.

2. Los propietarios de las parcelas colindantes con la red de canales tienen un derecho preferente a la cesión del uso y disfrute de los puntos de amarre vinculados a las parcelas mencionadas según el proyecto de construcción, en los términos que reglamentariamente se determinen. Los sucesivos concesionarios de la marina interior respetarán este derecho preferente siempre que su titular se halle al corriente de las obligaciones derivadas de la cesión del uso y disfrute del amarre.

3. Los amarres de uso público no pueden ser inferiores al porcentaje que sobre el total de los existentes en la marina interior se determine reglamentariamente.

Artículo 98

Registro de usuarios

Los titulares de los derechos de uso constarán inscritos en un registro de usuarios de la marina interior, con indicación de si están o no vinculados a una parcela colindante.

Artículo 99

Uso turístico de los canales

El uso turístico de los canales de las marinas interiores estará previsto y regulado en el reglamento de explotación de la marina interior. A este efecto, la empresa turística será considerada, en su caso, sujeto pasivo de la tarifa correspondiente. Este uso turístico será autorizado por las autoridades competentes en transporte marítimo.

Artículo 100

Inscripción registral y división de elementos

1. El concesionario inscribirá la concesión en el Registro de la Propiedad, junto con el reglamento de explotación y el régimen jurídico de la comunidad de usuarios de la marina interior, con indicación de los elementos en que se divide, las zonas de instalaciones y de edificaciones, los puntos de amarre y la superficie de agua abrigada de cada una, distinguiendo, a estos efectos, los amarres destinados a la cesión de uso permanente de los que se reservan al tránsito y el coeficiente que corresponde a cada unidad de reparto de gastos, según los criterios establecidos en el reglamento.

2. Las transferencias de los derechos de uso de las diferentes unidades de reparto se formalizará mediante escritura pública, que será inscrita en el Registro de la Propiedad.

Libro IV

Régimen de policía

TÍTULO I

Potestad inspectora

Artículo 101

Inspección y vigilancia

1. Sin perjuicio de las competencias municipales, se atribuye a la Administración portuaria la potestad de inspección y de vigilancia con relación a los servicios y las operaciones que se desarrollan en los puertos y en el resto de instalaciones incluidas e n el ámbito de aplicación de la presente Ley, cualquiera que sea el régimen de utilización del dominio público portuario o la forma de prestación de los servicios.

2. La actuación inspectora se llevará a cabo por el personal designado por la Administración portuaria. En cualquier caso, los inspectores tienen el carácter y la potestad de autoridad en el ejercicio de sus funciones.

3. La potestad inspectora comprende, entre otras, las atribuciones siguientes:

a) Visitar las obras, las construcciones, las instalaciones y el resto de los servicios en los cuales se hacen actividades portuarias.

b) Acceder a la documentación administrativa, financiera, contable o de cualquier otra naturaleza, necesaria para el ejercicio de la función inspectora, con la posibilidad de requerir a este efecto los informes, los documentos y los antecedentes que se estimen pertinentes.

c) Comprobar el cumplimiento de los requisitos y del resto de exigencias previstas por la legislación aplicable.

d) Verificar que las actividades portuarias se hacen con adecuación a la normativa aplicable.

e) Acceder a los terrenos de propiedad privada donde deben hacerse las comprobaciones y actuaciones correspondientes.

f) Levantar las actas de denuncia que se formulen en materia portuaria.

4. En los puertos adscritos a Puertos de la Generalidad, el personal que hace de guardamuelles tiene como misión prevenir, evitar y denunciar las infracciones que se puedan cometer en relación con lo que dispone la presente Ley, y dará cuenta de sus actuaciones a las diversas autoridades competentes por razón de la materia.

5. En los puertos en régimen de concesión las tareas definidas por el apartado 4 se prestarán de acuerdo con lo que establece la legislación de seguridad privada.

6. Al régimen de policía portuaria le es aplicable el reglamento establecido por la disposición final segunda.

TÍTULO II

Infracciones y sanciones

CAPÍTULO II

Infracciones

Artículo 102

Tipificación

1. Tienen la consideración de infracción administrativa en el ámbito portuario las acciones y las omisiones tipificadas y sancionadas por la presente Ley.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

3. Son infracciones leves las que, no teniendo la consideración de graves o muy graves, quedan tipificadas en alguno de los supuestos siguientes:

a) El incumplimiento de la normativa portuaria vigente.

b) El incumplimiento del reglamento general de explotación y de policía de los puertos de Cataluña, y también el incumplimiento del reglamento de explotación de cada puerto, dársena, instalación marítima o marina interior. El incumplimiento de las instrucciones y de las órdenes de las autoridades portuarias en ejecución de los reglamentos y en el ejercicio de sus competencias.

c) La realización de operaciones marítimas que ponga en peligro las obras, las instalaciones, los equipos portuarios, los buques o las personas, o en las cuales no se tomen las medidas de seguridad necesarias.

d) Cualquier acción u omisión que cause daños o perjuicios en los bienes del dominio público portuario o marítimo-terrestre adscrito, o en su uso o explotación, siempre que no impida su normal funcionamiento.

e) Cualquier acción u omisión que cause, por culpa o por negligencia, daños en las obras, las instalaciones, los equipos, los medios de transporte marítimos o terrestres, las mercancías, los contenedores o cualesquiera otros elementos situados en el espacio portuario, y también su utilización indebida o, sin permiso cuando éste sea necesario.

f) La ocupación del dominio público portuario o del dominio público marítimo-terrestre adscrito con obras o instalaciones sin el título correspondiente, siempre que no se obstaculice la actividad normal del puerto, la dársena, la instalación marítima o la marina interior.

g) La realización de actividades en el dominio público portuario o adscrito sin la autorización correspondiente

h) La realización de obras, instalaciones o actividades en el dominio público portuario o adscrito con incumplimiento de las condiciones del título otorgado, sin perjuicio de su revocación, si procede.

i) La omisión o la aportación de forma defectuosa, voluntariamente o por negligencia inexcusable, de cualquier información que se tenga que suministrar a la Administración portuaria, ya sea por prescripción legal o a requerimiento suyo.

j) El vertido de sustancia, y de residuos no contaminantes en las aguas del puerto.

4. Son infracciones graves:

a) Las infracciones tipificadas como leves cuando provoquen lesiones a las personas o su baja laboral por un tiempo inferior a siete días, o bien causen daños y perjuicios que impidan parcialmente el funcionamiento de los bienes o de las instalaciones.

b) La ocupación del dominio público portuario o adscrito sin el título correspondiente, cuando se perturbe la actividad normal del puerto, la dársena, la instalación marítima o la marina interior o bien cuando se haya desatendido un requerimiento expreso de los órganos portuarios competentes para el cese de la conducta abusiva.

c) El falseamiento de cualquier información aportada a la Administración portuaria en cumplimiento de una obligación legal o a requerimiento de ésta.

d) La obstrucción de las funciones de control y de policía de la Administración o la negativa dolosa a colaborar en ellas.

e) La emisión de vertidos o de sustancias no contaminantes, y cualquier otra incidencia o actuación negativas para el entorno terrestre o marino o para el medio ambiente.

f) La reincidencia en cualquiera de las faltas leves antes de que haya transcurrido el plazo de prescripción.

5. Son infracciones muy graves:

a) Las infracciones tipificadas como leves y como graves cuando provoquen lesiones a las personas determinantes de baja laboral por un tiempo superior a siete días, o bien cuando causen daños y perjuicios que impidan totalmente el funcionamiento o la utilización del bien o de la instalación.

b) La reincidencia en cualquiera de las faltas graves antes de que haya transcurrido el plazo de prescripción.

Artículo 103

Prescripción de las infracciones

El plazo de prescripción de las infracciones es de tres años para las muy graves, dos años para las graves y un año para las leves. Este plazo se empieza a contar desde la fecha en que ha sido cometida la infracción. Si ésta es continuada, desde la fecha en que se ha realizado el último acto con que ha sido consumada. Si los hechos, los actos o las omisiones constitutivos de infracción son desconocidos por falta de signos externos, el plazo empieza a contar a partir de la fecha en que éstos se manifiesten.

CAPÍTULO II

Procedimiento

Artículo 104

Responsabilidad

1. Son responsables de las infracciones administrativas las personas físicas o jurídicas siguientes:

a) Con carácter solidario, el autor o responsable de la acción o de la omisión en su caso, la empresa con la cual tiene relación de dependencia, si la infracción ha sido cometida en cumplimiento de sus funciones.

b) En caso de incumplimiento de las condiciones de un contrato o de un título administrativo o, el titular de éste.

c) En caso de infracciones relacionadas con las embarcaciones, los armadores o los consignatarios respectivos con carácter solidario y, subsidiariamente, los capitanes o patrones.

d) En caso de obras, instalaciones o actividades sin titulo suficiente, el promotor de la actividad o el empresario que la ejecuta y el director técnico.

2. Si las infracciones son imputables a una persona jurídica, pueden ser consideradas como responsables subsidiarias las personas físicas que integren sus órganos rectores o de dirección, salvo las que hayan disentido de los acuerdos adoptados.

3. Las sanciones impuestas a los diferentes sujetos a consecuencia de una misma infracción tienen entre si carácter independiente.

Artículo 105

Iniciación y tramitación

1. El procedimiento administrativo sancionador se tramitará de acuerdo con lo que disponen la presente Ley y la normativa sobre procedimiento sancionador aplicable a los ámbitos de competencia de la Generalidad, y se ajustará a los principios establecidos en la legislación vigente de régimen jurídico de las administraciones públicas del procedimiento administrativo común.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de los puertos, las dársenas y las instalaciones marítimas de la Generalidad corresponde a los órganos competentes de acuerdo con lo que disponen la presente Ley y los reglamentos que la desarrollan.

3. Ante el conocimiento o las denuncias de posibles actuaciones infractoras presentadas por los servicios de vigilancia en los puertos objeto de concesión o por los guardamuelles, los órganos competentes tienen la obligación de formular y de tramitar los expedientes sancionadores correspondientes. En este sentido, una vez advertida la existencia de una posible infracción, el órgano competente de la Administración portuaria, después de hacer las diligencias previas oportunas, incoará al presunto infractor un expediente sancionador. En cualquier caso, es preceptiva la notificación del pliego de cargos al presunto infractor para que pueda formular las alegaciones que considere pertinentes antes de que se dicte la resolución.

4. En la tramitación de procedimientos sancionadores por hechos sucedidos en el ámbito de los puertos sujetos a concesión, es preceptiva la audiencia al concesionario.

Artículo 106

Medidas cautelares

1. Una vez incoado el expediente sancionador, la Administración portuaria puede adoptar, a propuesta del instructor o instructora del expediente y mediante acuerdo motivado, las medidas cautelares de carácter provisional que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pueda recaer, para preservar los intereses generales o para evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.

2. La Administración portuaria puede ordenar la paralización inmediata de las obras o de las instalaciones y la suspensión de los usos y, de las actividades que no disponen del título administrativo correspondiente o que no se ajustan a las condiciones del titulo otorgado.

3. La Administración portuaria puede acordar el precinto de las obras o de las instalaciones y la retirada de los materiales, de la maquinaria o de los equipos que se utilizan en las obras o actividades a careo del interesado, para asegurar la efectividad de la resolución a que se refiere el apartado 2. A estos efectos, puede requerir, si lo considera conveniente, la colaboración de la fuerza pública.

4. En el plazo que fije la notificación de la orden de suspensión, la persona interesada solicitará a la Administración el título correspondiente o, en su caso, ajustará las obras o la actividad a lo que tenga otorgado.

5. Si transcurre el plazo a que se refiere el apartado 4 sin que el interesado haya cumplido lo que se prescribe, la Administración portuaria puede ordenar la demolición de las obras o el desmantelamiento de las instalaciones, a costa y cargo de la persona interesada, e impedirá definitivamente los usos o las actividades no autorizados. La Administración portuaria procederá de igual forma cuando el título sea denegado porque no se ajusta a la normativa vigente.

6. Asimismo, la Administración portuaria puede ordenar la adopción inmediata de las medidas necesarias para evitar los daños que pueda provocar un buque u otra embarcación en peligro de hundimiento o en situación de causar daños a bienes o elementos portuarios o a otras embarcaciones. También puede ordenar la inmediata retención, por causa justificada, de los buques y de las embarcaciones para garantizar las posibles responsabilidades administrativas o económicas de sus propietarios, representantes autorizados, capitanes o patrones, sin perjuicio de que esta medida cautelar pueda ser sustituida por la constitución de un aval suficiente.

CAPÍTULO III

Sanciones y otras medidas

Artículo 107

Multas y graduación

1. Las infracciones reguladas por la presente Ley son sancionables con las multas siguientes:

a) Las infracciones leves, hasta 750.000 pesetas.

b) Las infracciones graves, hasta 20.000.000 de pesetas.

c) Las infracciones muy, graves, hasta 40.000.000 de pesetas.

2. La cuantía de las multas se graduará de acuerdo con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, considerando los daños y perjuicios producidos, el riesgo objetivo causado a los bienes o a las personas, la relevancia externa de la conducta infractora, la existencia de intencionalidad y la reincidencia.

3. A efectos de la graduación de sanciones, se considera reincidencia la comisión de una infracción de la misma naturaleza antes de que haya prescrito la infracción anterior.

4. Si un mismo hecho u omisión es constitutivo de dos infracciones o más, o si de la comisión de una infracción se deriva necesariamente otra, se impone únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave de las cometidas.

Artículo 108

Órganos competentes

1. La competencia para imponer las multas corresponde, con carácter indelegable, a los órganos siguientes:

a) El director o directora general competente en materia de puertos, hasta 750.000 pesetas.

b) El consejero o consejera de Política Territorial Obras Públicas, hasta 20.000.000 de pesetas.

c) El Gobierno de la Generalidad, hasta 40.000.000 de pesetas.

2. El Gobierno de la Generalidad, a propuesta del consejero o consejera de Política Territorial, y Obras Públicas, puede actualizar o modificar estos límites y la cuantía de las multas.

3. El importe de las multas y, de las indemnizaciones por infracciones en los puertos, las dársenas, las instalaciones marítimas o las marinas interiores adscritas a Puertos de la Generalidad se consideran ingreso propio de este ente.

4. La cuantía de las sanciones que en cada caso corresponda se puede condonar parcialmente mediante acuerdo motivado del órgano competente para imponer la multa, en el cual se justificarán las razones objetivas que hacen conveniente adoptar esta medida. Es requisito imprescindible que el infractor, con el requerimiento previo de la Administración y en el plazo otorgado al efecto, haya corregido la situación alterada por la comisión de la infracción.

Artículo 109

Inhabilitación

En caso de infracciones graves o muy graves, y ateniendo a las circunstancias que concurran, el órgano competente para imponer la sanción correspondiente puede acordar también la inhabilitación del infractor para ser titular de autorizaciones y de concesiones administrativas por un plazo no superior a un año en caso de infracciones graves y hasta tres años en las muy graves. Esta sanción se gradúa según los criterios que establece este capítulo.

Artículo 110

Prescripción de las sanciones

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescriben a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año. El plazo de prescripción de las sanciones se inicia el día siguiente a aquél en que ha adquirido firmeza la resolución que las impone.

Artículo 111

Multas coercitivas

1. Para la ejecución de los actos administrativos que implican una obligación de los destinatarios, conforme a la presente Ley, la autoridad portuaria puede imponer multas coercitivas, de acuerdo con lo que dispone la legislación administrativa general y con los correspondientes requerimientos y, advertencias previos.

2. Las multas coercitivas, que pueden ser reiteradas, no pueden ser de cuantía superior a 75.000 pesetas cada una.

3. La imposición de multas coercitivas es independiente de la imposición de multas en concepto de sanción, y es compatible con ésta.

4. Cuando las multas coercitivas se impongan para impedir el cumplimiento de una sanción, la competencia para fijarla es del mismo órgano que ha dictado la resolución del expediente sancionador y el importe de cada una de ellas no puede ser superior al 20 por 100 de la cuantía de la sanción.

Artículo 112

Responsabilidad por daños causados al dominio público

1. La imposición de sanciones es independiente de la obligación, exigible en cualquier momento, de restituir los bienes y de reponer la situación alterada al estado anterior a la comisión de la infracción, y de la obligación de indemnizar los daños y los perjuicios causados.

2. En el supuesto de que la reparación de un daño sea urgente para garantizar el buen funcionamiento del puerto, la dársena, la instalación marítima o la marina interior, el gestor público o privado encargado de la explotación la llevará a cabo de forma inmediata. En este caso, los gastos correspondientes son a cargo del causante.

3. Si la restitución y la reposición al estado anterior no es posible y se han producido daños y perjuicios, los responsables de la infracción abonarán las indemnizaciones que correspondan. La cuantía de la indemnización que en ningún caso puede ser inferior al valor del beneficio obtenido por el infractor, se fijará según los siguientes criterios, aplicando aquél que proporcione el valor mayor:

a) El valor teórico de la restitución y la reposición.

b) El valor de los bienes maltrechos.

c) El beneficio obtenido por el infractor con la actividad ilegal.

4. Corresponde al mismo órgano competente para imponer la sanción establecer la obligación de restituir y, de reponer la situación alterada a su estado anterior, y también fijar el importe de la indemnización, con la instrucción previa del expediente administrativo correspondiente.

5. Las medidas previstas en este artículo no tienen carácter de sanción.

Artículo 113

Ejecución forzosa

1. El importe de las multas y de los gastos ocasionados por la ejecución subsidiaria de las actuaciones de restitución y de reposición de los bienes al estado anterior a la comisión de la infracción, y también el importe de las indemnizaciones por daños y, perjuicios, puede ser exigido por vía de apremio.

2. La suspensión de las resoluciones dictadas en virtud del apartado 1 requiere que el interesado garantice el importe mediante la constitución de una fianza o de un depósito suficiente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

Servicio de dragado y trasvase de arenas de los puertos de Cataluña

El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas puede establecer un servicio de dragados y de trasvases de arenas de los puertos de Cataluña, que puede ser gestionado en cualquiera de las modalidades directas o indirectas que establece la legislación vigente. Los concesionarios que resulten beneficiarios del servicio mencionado tienen la consideración de sujetos pasivos obligados a satisfacer las tarifas correspondientes. Esta actividad está sujeta, si procede, a los informes correspondientes del Departamento de Medio Ambiente y de la demarcación de costas.

Segunda

Concesiones administrativas

La Generalidad mantiene las competencias plenas sobre las concesiones administrativas existentes en la zona costera mientras se mantengan los usos autorizados.

Tercera

Relación de puestos de trabajo

El Gobierno, por decreto, establecerá la relación de puestos de trabajo de Puertos de la Generalidad, especificando las categorías y las funciones que correspondan a cada uno de ellos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

Plan de puertos de Cataluña

1. Mientras no se apruebe el Plan de puertos de Cataluña que establece el artículo 31, continúa vigente el Plan de puertos deportivos aprobado por acuerdo del Gobierno de la Generalidad del 10 de abril de 1994, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 6 de junio de 1984.

2. El Plan de puertos de Cataluña se redactará en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley.

Segunda

Concesiones existentes

1. Las concesiones para la construcción y la explotación de puertos, dársenas e instalaciones marítimas que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de la presente Ley se regulan por el régimen de continuación de la explotación establecido por los artículos 67.3 y 68.

2. Los titulares de concesiones para la construcción y la explotación de puertos, dársenas e instalaciones marítimas que están vigentes en el momento de entrar en vigor la presente Ley optarán expresamente en un plazo máximo de seis meses entre mantener el mismo régimen jurídico que les es aplicable o solicitar al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas la adaptación a las disposiciones de la presente Ley. Si no se solicita expresamente la adaptación en el plazo mencionado o si, habiéndola solicitado, no se aceptan las condiciones y las prescripciones ofrecidas por la Administración en el plazo que las mismas indiquen, se entenderá que el concesionario opta por el mantenimiento del antiguo régimen jurídico. La adaptación no puede comportar en ningún caso una ampliación del plazo de la concesión.

Tercera

Legalización y adaptación de las marinas interiores existentes

1. En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, las marinas interiores existentes en la costa catalana que no hayan sido legalizadas para una utilización náutico-portuaria presentarán una solicitud que se adapte a las determinaciones que prescribe el libro III, a fin y a efecto de obtener la concesión a que se refiere el artículo 96, con las particularidades siguientes:

a) La solicitud de concesión de gestión y explotación de la marina irá acompañada:

Primero. Del proyecto y del plano de las obras y de las instalaciones náutico-portuarias existentes en la marina, delimitando perfectamente su perímetro en sus porciones de agua y de tierra, con una descripción de sus elementos conforme a lo que dispone el artículo 94, y con indicación de los amarres de uso privado, vinculados o no a una parcela colindante, y de los de uso público tarifado, aportando una relación de usuarios de la marina.

Segundo. De los instrumentos de planeamiento urbanístico que acrediten la legalidad urbanística de las obras y de las instalaciones existentes.

Tercero. Del proyecto de obras y de instalaciones necesarias para que la marina cumpla todas las características técnicas, los elementos, los servicios y los otros requisitos exigidos legalmente conforme a lo que dispone el artículo 4, si procede. En este caso, la solicitud irá acompañada del resguardo acreditativo de una fianza provisional por importe del 2% del presupuesto de las mencionadas obras e instalaciones.

Cuarto. De un estudio económico-financiero de la gestión y de la explotación de la marina.

Quinto. De la propuesta del correspondiente reglamento de explotación y tarifas.

Sexto. De la propuesta de régimen jurídico de la comunidad de usuarios de la marina, con la indicación del coeficiente que corresponde a cada unidad de reparto de gastos.

b) La solicitud se tramitará de conformidad con lo que dispone la presente Ley.

c) Transcurrido el plazo indicado sin que se haya presentado la solicitud de concesión para la legalización y adaptación de las marinas interiores a que se refiere este apartado, se entiende que el titular concesionario renuncia a la concesión administrativa vigente y la administración portuaria queda facultada para gestionarla en cualquiera de las formas que la Ley establece.

2. En el plazo de doce meses a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, las marinas interiores legalizadas de acuerdo con la legislación anterior presentarán para que lo apruebe la Administración portuaria, un nuevo reglamento de explotación y de régimen jurídico de la comunidad de usuarios adaptado a las prescripciones del libro III.

Cuarta

Bienes y medios de la Comisión de Puertos de Cataluña y régimen del personal

1. Los bienes y los medios materiales de la Comisión de Puertos de Cataluña quedan integrados en la entidad de derecho público Puertos de la Generalidad, que se crea, de conformidad con el artículo 1.b) de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana, de acuerdo con su naturaleza jurídica originaria

2. El cambio de naturaleza jurídica de la Comisión de Puertos de Cataluña establecido por la Ley no afecta a las situaciones jurídicas de los bienes nacidas antes de su entrada en vigor, las cuales se mantienen sin solución de continuidad. A partir de dicha entrada en vigor se aplicará el régimen jurídico que corresponda de acuerdo con la presente Ley.

3. El personal laboral que en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley preste servicios a la Comisión de Puertos de Cataluña o tenga suspendida su relación jurídica laboral con este organismo queda integrado en el ente público Puertos de la Generalidad, que se Crea mediante la presente Ley, el cual se subroga de forma expresa respecto a las relaciones contractuales laborales de este personal.

4. El personal funcionario que en el momento de entrada en vigor de la presente Ley esté prestando servicios en la Comisión de Puertos de Cataluña y, esté destinado definitivamente en ella puede optar por:

a) Integrarse en el ente público como personal laboral, comportando esta incorporación el reconocimiento a todos los efectos de la fecha de antigüedad reconocida en la Administración, y quedar en la situación de excedencia voluntaria para incompatibilidades mientras se den las causas previstas en la normativa vigente.

b) Mantener su condición de funcionan o en el nuevo ente, en que se creará un puesto de trabajo a extinguir. Este puesto se extinguirá en el momento en que obtenga otra plaza de funcionario con carácter definitivo.

5. Cualquiera de las opciones a que se refiere el apartado 4 se manifestará de forma expresa por escrito y, en su caso, mediante la formalización del contrato de trabajo indefinido correspondiente.

6. El personal laboral de la Comisión de Puertos de Cataluña que tenga la condición de fijo puede optar por la incorporación voluntaria. En este caso será declarado en la situación de excedencia voluntaria por incompatibilidades, establecido por el artículo 46.6 del III Convenio único del personal laboral de la Generalidad, y se le reconocería todos los efectos la fecha de antigüedad reconocida en la Administración.

7. El personal laboral de la Comisión de Puertos de Cataluña que tenga la condición de temporal se integrará en el nuevo ente de acuerdo con lo que dispone el artículo 44 del Estatuto de los trabajadores.

Quinta

Moratoria de construcción

Se establece una moratoria en la construcción de nuevos puertos y marinas interiores por un período inicial de tres años a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley. Esta moratoria no afecta a las instalaciones cuya tramitación va se haya iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley, y tampoco a las obras de remodelación o de ampliación de los puertos, las dársenas, las instalaciones marítimas o las marinas interiores ya existentes. Esta moratoria se prorrogará automáticamente por un plazo de dos años más, salvo que el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, con un estudio previo sobre la ocupación del litoral catalán, la demanda de lugares de amarre y las condiciones medioambientales y con el informe preceptivo del Departamento de Medio Ambiente, acuerde la conveniencia de levantarla.

Sexta

Cánones aplicables

Mientras el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas no haya procedido a la aprobación de la valoración de los terrenos y de los espejos de agua a efectos de la fijación de los cánones que establece el artículo 91, son aplicables los cánones por concesiones y autorizaciones que regula el artículo 10 de la Ley 17/1996, de 27 de diciembre.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ley, 4/1982, de 5 de abril, de creación de la Comisión de Puertos de Cataluña. Igualmente, queda derogada cualquier disposición de rango igual o inferior que se oponga a lo que establece la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se facultan al Gobierno de la Generalidad y al consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas para que dicten las disposiciones necesarias para el desarrollo y la aplicación de la presente Ley.

Segunda

El Gobierno de la Generalidad elaborará un reglamento de policía portuaria que se aplicará tanto en los puertos adscritos a Puertos de la Generalidad como en los puertos objeto de la concesión.

Tercera

Sin perjuicio de las competencias municipales por lo que se refiere a las urbanizaciones marítimo-terrestres, la regulación del dominio público portuario en cuanto a los diques de abrigo, la bocana, los canales de entrada, la red de canales interiores, con sus aguas y reclaves o entrantes de parcela, franja de servicio náutico adyacente al canal, dársena deportiva y superficies a tierra necesarias para las instalaciones y servicios portuarios de las marinas interiores se hará mediante un reglamento específico.

Cuarta

La presente Ley entra en vigor al día siguiente de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

ANEXO

Integran el dominio público portuario adscrito a Puertos de la Generalidad los puertos, las dársenas y las instalaciones marítimas que se enumeran a continuación:

Embarcadero de Portbou, puerto de Llançà, puerto de Port de la Selva, puerto de Roses, puerto de l'Escala, puerto de l'Estartit, puerto de Palamós, puerto de Sant Feliu de Guíxols, puerto de Blanes, puerto de Arenys de Mar, puerto de Mataró, dársena pesquera del Masnou, puerto del Garraf, puerto de Vilanova i la Geltrú, dársena pesquera de Torredembarra, puerto de Cambrils, puerto de l'Ametlla de Mar, puerto de l'Ampolla, embarcadero de Deltebre, embarcadero de Sant Jaume d"Enveja, embarcadero de Tortosa, puerto de Sant Carles de la Rápita, puerto de les Cases d'Alcanar, embarcadero de Amposta, y puertos industriales de Badalona, Vallcarca y Alcanar.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir..

Palacio de la Generalidad, 17 de abril de 1998

JORDI PUJOL

Presidente de la Generalidad, de Cataluña

PERE MACIAS I ARAU

Consejero de Política Territorial y Obras Públicas

(98.105.019)

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LLEI

5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sigui notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i Jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

I

Catalunya disposa de 580 km de costa, que tradicionalment han ocupat un lloc preeminent en la seva projecció mediterrània.

Els ports de Catalunya, de bell antuvi destinats al comerç i a l'activitat pesquera, s'han anat transformant com a resultat d'un seguit de processos econòmics i socials, condicionats per la funció mateixa que desenvolupen, amb el consegüent resultat que comporta la configuració d'unes infraestructures portuàries amb caràcter multifuncional al llarg de la nostra costa.

D'altra banda, la llarga tradició de la pràctica dels esports nàutics a Catalunya, propiciada principalment pels clubs nàutics, i l'increment progressiu del nombre d'aficionats a la nàutica esportiva, va significar en una primera etapa la utilització i l'aprofitament de les infraestructures dels ports comercials per a la construcció de dàrsenes destinades a embarcacions esportives, que va evolucionar en una etapa posterior cap a la construcció de ports específicament destinats a la navegació esportiva i d'esbarjo. En aquest sentit, la pràctica esportiva, que inicialment es va situar dins dels ports comercials i pesquers, amb les activitats dels quals encara ara en molts d'aquests es compagina, s'ha anat consolidant amb la construcció de ports expressament destinats a aquesta finalitat, fruit de la utilització creixent d'embarcacions menors.

El conjunt dels ports i de les instal·lacions nàutiques del nostre litoral constitueix un sistema portuari que cobreix les necessitats del transport marítim en la triple vessant, comercial, pesquera i esportiva, i que es pot configurar bàsicament en dos grups d'acord amb la gestió corresponent: els ports gestionats directament per l'Administració de la Generalitat i els ports i les dàrsenes construïts i explotats en règim de concessió administrativa, fruit de la promoció i de la inversió privades.

Des d'aquesta perspectiva, aquesta Llei pretén donar resposta a les necessitats reals que demanen els destinataris del servei portuari, ja siguin usuaris dels ports gestionats per l'Administració mateixa, ja ho siguin dels ports que gestionen els titulars de concessions administratives, amb les especificitats pròpies de cada sector.

Es crea l'entitat de dret públic Ports de la Generalitat, a la qual corresponen les funcions assignades per aquesta Llei.

Pel que fa als ports de promoció privada, construïts i gestionats a través de concessió administrativa i que es destinen principalment a les embarcacions esportives i d'esbarjo, la Llei pretén incidir d'una manera significativa no solament en l'obra pública que ells mateixos impliquen, sinó també en la prestació del servei al qual l'obra dóna suport. Les funcions administratives encaminades a l'atorgament de la concessió i també al seu control i a la seva tutela es mantenen a favor del Departament de Política Territorial i Obres Públiques per mitjà de la direcció general competent en matèria de ports.

En la regulació del procediment d'atorgament de concessions per a la construcció i l'explotació dels ports, les dàrsenes i les instal·lacions marítimes, s'estableix la coordinació necessària entre les diferents administracions amb competències concurrents, i també els mecanismes que garanteixin la viabilitat de la construcció i explotació de l'obra.

En relació amb els usos permesos a les zones de servei portuàries, la Llei reconeix la singularitat que revesteix llur gestió. Els ports constitueixen una realitat econòmica i social i un element dinamitzador de l'economia del municipi i de la seva àrea d'influència i, en aquest sentit, han anat incorporant una considerable oferta complementària que, estretament vinculada i complementària de l'activitat principal, en contribueix a la rendibilitat.

D'altra banda, s'ha considerat necessari regular les urbanitzacions maritimoterrestres equiparant-les als ports convencionals, amb les especificacions pròpies d'una instal·lació d'aquestes característiques.

Finalment, es regula el règim de policia tipificant les infraccions i les sancions en l'àmbit portuari.

Il

L'article 9.15 de l'estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de ports, sense perjudici d'allò disposa l'article 149.1.20 de la Constitució, que reserva a l'Estat la competència exclusiva en relació amb els ports d'interès general, la marina mercant, l'abanderament de vaixells, la il·luminació de costes i els senyals marítims. Així mateix, correspon a la Generalitat la potestat de execució de la lesgislació estatal en relació amb els ports d'interès general quan l'Estat no se'n reservi la gestió directa, en virtut de l'article 11.8 de l'Estatut d'autonomia.

D'acord amb les disposicions constitucionals i estatutàries, mitjançant el Reial decret 2876/1980 de 12 de desembre, es va procedir als traspassos de funcions i de serveis de la Administració de l'Estat a la Generalitat en matèria de ports, i transferí la titularitat de tots els ports, subjectes o no subjectes a règim de concessió, existents en el litoral català, llevat dels ports de Barcelona i de Tarragona. També es va traspassar tot la resta d'instal·lacions portuàries menors de caràcter esportiu existents a Catalunya.

Mitjançant la Llei 4/1982, del 5 d'abril, es creà la Comissió de Ports de Catalunya, organisme autònom encarregat de la gestió del servei públic portuari. Aquesta Llei va ésser desenvolupada posteriorment mitjançant el Decret 325/1992, que aprovava el Reglament de gestió dels ports adscrits a la Comissió de Ports de Catalunya.

La necessitat de regular de una manera unitària la competència assumida estatutàriament avala l'oportunitat d'elaborar una normativa pròpia que reguli tant els ports gestionats directament per l'Administració de la Generalitat com els ports i les dàrsenes construïts i explotats en règim de concessió administrativa.

Llibre I

TÍTOL PRELIMINAR

Organització administrativa portuària de la Generalitat i creació de l'entitat de dret públic Ports de la Generalitat

Article 1

Objecte de la Llei

1. Aquesta Llei té per objecte d'establir l'organització portuària de la Generalitat i regular la planificació, la construcció, la modificació, la gestió, la utilització i el règim de policia dels ports, de les marines interiors i de la resta d'obres o construccions nàutiques i portuàries que són competència de la Generalitat.

2. aquesta Llei és d'aplicació:

a) Als ports marítims del litoral català que no són d'interès general.

b) A les dàrsenes pesqueres, esportives i comercials situades en els ports marítims del litoral català que no són d'interès general.

c) A les instal·lacions marítimes de competència de la Generalitat.

d) A les marines interiors situades a la costa catalana.

3. L'establiment i el desenvolupament de l'organització portuària esmentada són subjectes als principis de sostenibilitat, de respecte al medi ambient i de aplicabilitat de l'avaluació d'impacte ambiental.

Article 2

Definicions

Als efectes d'aquesta Llei, es defineixen els conceptes següents:

a) S'entén per port marítim el conjunt de aigües marítimes abrigades, d'espais terrestres qui hi son contigus i d'instal·lacions i d'accessos terrestres que tenen les condicions físiques naturals o artificials i, si s'escau, d'organització necessàries per fer les operacions pròpies de cada port i requerides, per raó de l'ús particular que es destini, per la flota mercant, pesquera o esportiva i pels usuaris respectius.

b) S'entén per dàrsena el conjunt de superfícies de terra i aigua incloses a la zona de servei d'un port preexistent i destinades al servei de la flota mercant, pesquera o esportiva o a les activitats turístiques o recreatives complementàries.

c) S'entén per instal·lació marítima tota obra fixa o instal·lació desmuntable que, sense complir els requisits necessaris per a ésser considerada port marítim, ocupa espais de domini públic maritimoterrestre no inclosos en la zona de servei dels ports i es destina exclusivament o principalment a l'ús d'embarcacions mercants, de pesca i esportives o d'esbarjo.

d) S'entén per marina interior el conjunt d'obres i d'instal·lacions necessàries per a comunicar permanentment el mar territorial amb terrenys interiors de propietat privada o de l'Administració pública, urbanitzats o susceptibles d'urbanització, a través d'una xarxa de canals, amb la finalitat de permetre la navegació de les embarcacions esportives a peu de parcel·la, dins del marc d'una urbanització maritimoterrestre.

Article 3

Classificació

1. Els ports que regula aquesta Llei es classifiquen, per raó del seu origen, en artificials i naturals, segons que requereixen per a existir la realització d'obres d'abric o bé no les requereixin. En particular, als efectes d'aquesta Llei, són ports naturals els constituïts per les aigües abrigades per la mateixa disposició natural del terreny o els parcialment abrigats que es destinen a l'ancoratge de temporada d'embarcacions de pesca i esportives o d'esbarjo.

2. Els ports, les dàrsenes i les instal·lacions marítimes es classifiquen, per raó de llur ús o destinació, en comercials, industrials, pesquers, esportius i mixtos, segons es destinin, respectivament, de manera exclusiva o principal, a una d'aquestes activitats o a diverses.

Article 4

Elements i característiques tècniques

Sens perjudici del que disposa aquesta Llei, les característiques tècniques, els elements, els serveis i altres requisits que amb caràcter mínim han de tenir els ports, les dàrsenes, les instal·lacions marítimes i les marines interiors es determinen per via reglamentària d'acord amb llur naturalesa o destinació.

TÍTOL I

Organització

Article 5

Estructura administrativa

1. Les competències que en matèria de ports corresponen a la Generalitat s'exerceixen per mitjà del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'entitat de dret públic Ports de la Generalitat, d'acord amb el que estableixen aquesta Llei i les normes reglamentàries que la desenvolupin.

2. A efectes d'aquesta Llei, tenen la consideració d'Administració portuària el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Ports de la Generalitat.

Article 6

Òrgans competents

1. Correspon al Govern de la Generalitat l'aprovació definitiva dels projectes que comporten la construcció de nous ports i l'atorgament, si s'escau, de les concessions per a llur construcció i explotació.

2. Correspon al Departament de Política Territorial I Obres Públiques:

a) L'aprovació definitiva dels projectes d'ampliació d'un port que impliquin una ampliació del domini públic maritimoterrestre ocupat.

b) L'aprovació definitiva dels projectes de construcció de dàrsenes, d'instal·lacions marítimes i de marines interiors de competència de la Generalitat, i l'atorgament, si s'escau, de la concessió per a llur construcció i explotació.

c) L'aprovació definitiva dels ancoratges dels ports naturals, d'acord amb els plans d'usos de temporada redactats pels municipis, amb l'informe previ vinculant dels òrgans competents en matèria de marina mercant, i la resolució sobre llur gestió. El Departament de Medi Ambient ha d'emetre un informe amb caràcter preceptiu abans de l'aprovació definitiva.

3. Correspon al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, mitjançant la direcció general competent en matèria de ports, la tutela i el control dels ports, les dàrsenes, les instal·lacions marítimes i les marines interiors subjectes a concessió de construcció i d'explotació, d'acord amb les disposicions del títol de concessió respectiu i amb plena subjecció a aquesta Llei i al seu desenvolupament reglamentari i, en particular, l'autorització per a fer obres i activitats congruents amb els usos portuaris en les respectives zones de servei.

4. L'aprovació dels projectes i les obres a què es refereix aquest article s'entén sens perjudici de les competències urbanístiques municipals i, d'acord amb el que estableix l'article 30, sens perjudici de l'atorgament de la corresponent llicència d'obres.

TÍTOL II

Entitat de dret públic Ports de la Generalitat

CAPÍTOL I

Creació i les funcions de Ports de la Generalitat

Article 7

Naturalesa

1. Es crea l'entitat de dret públic Ports de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, de les regulades per l'article 1.b) de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana, la qual és adscrita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, té com a finalitat gestionar el domini públic portuari de la Generalitat que se li encomani i els fons que li siguin adscrits, en la forma establerta per aquesta Llei i ajusta la seva activitat al dret privat, amb caràcter general. Això no obstant, en resta sotmès al dret públic:

a) El règim de funcionament dels òrgans col·legiats.

b) Les relacions amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i amb altres ens públics.

c) Les relacions jurídiques externes que es derivin d'actes de limitació, intervenció, control i sancionadors, els expropiatoris i, en general, qualsevol acte que impliqui actuació de sobirania o exercici de potestats administratives.

2. Ports de la Generalitat té personalitat jurídica i patrimoni propis, autonomia administrativa i econòmica i capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats de manera que garanteixi l'eficàcia i la diligència màximes en el compliment de les seves funcions i en la prestació dels seus serveis.

3. D'acord amb les normes per les quals es regeix, pot adquirir, fins i tot com a beneficiari d'expropiació forçosa, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, concertar crèdits i contractes, establir i explotar obres i serveis, obligar-se, interposar recursos, exercir accions judicials i executar les activitats regulades per les lleis.

Article 8

Funcions

Per a la consecució dels seus objectius, Ports de la Generalitat exerceix les funcions següents:

a) L'organització, la gestió i l'administració dels ports, les dàrsenes, les instal·lacions marítimes i les marines interiors que gestioni directament o indirectament l'ens públic, i també la planificació, la confecció de projectes, l'execució i la conservació de les seves obres i instal·lacions, d'acord amb la normativa urbanística aprovada.

b) L'ordenació dels usos dins de les zones portuàries i la formulació dels instruments de planejament portuari establerts per aquesta Llei que, d'acord amb la planificació urbanística, prevegin llur desenvolupament.

c) La direcció, l'organització i la gestió dels serveis afectats al domini públic portuari que tingui adscrits, la direcció de serveis complementaris i especials; el practicatge, el remolcament i l'amarratge; la recollida de residus procedents dels vaixells, i el règim de policia i de circulació pels molls i la zona de servei.

d) La formulació de plans d'emergència del port, conjuntament amb els municipis i d'acord amb la normativa sectorial aplicable.

e) La gestió de la senyalització portuària i l'atorgament de les concessions de la retirada de residus Marpol.

f) En general, qualsevol altra funció necessària per facilitar el trànsit marítim portuari i aconseguir la rendibilitat i la productivitat de l'explotació del domini públic portuari que tingui adscrit.

Article 9

Zones portuàries

1. Per a dur a terme les seves funcions, Ports de la Generalitat s'organitza territorialment en les següents zones portuàries:

a) Zona portuària nord, que té com límits territorials des de la frontera de França fins al riu Tordera.

b) Zona portuària centre, que té com límits territorials des del riu Tordera fins al terme municipal de Cubelles amb Cunit.

i) Zona portuària sud, que té com límits territorials des del terme municipal de Cunit fins al riu Sénia.

2. Les zones portuàries de Ports de la Generalitat definides per l'apartat 1 s'han d'agrupar organitzativament.

Article 10

Domini públic portuari adscrit a Ports de la Generalitat

Integren el domini públic portuari adscrit a Ports de la Generalitat els ports, les dàrsenes i les instal·lacions marítimes que s'enumeren en l'annex i els que per acord del Govern se li adscriguin.

CAPÍTOL II

Organització

Article 11

Òrgans

Els òrgans de l'entitat Ports de la Generalitat són els següents:

a) De govern:

President o presidenta.

Vicepresident o vicepresidenta.

Comitè Executiu.

b) De gestió:

Gerent.

c) De consulta i assistència:

Consell de Govern.

SECCIÓ PRIMERA

Òrgans de Govern

Article 12

Comitè Executiu

1. El Comitè Executiu és l'òrgan rector col·legiat de Ports de la Generalitat i està constituït pels membres següents:

a) El president o presidenta.

b) El vicepresident o vicepresidenta.

c) El gerent o la gerent, amb veu i sense vot.

d) Cinc vocals, dels quals dos són designats en representació de Ports de la Generalitat, i un en representació de la direcció general competent en matèria de ports i dos en representació dels municipis en el terme municipal dels quals hi ha situats ports adscrits a Ports de la Generalitat. La forma d'elecció dels diferents vocals s'ha de determinar per via reglamentària.

2. S'ha de nomenar vicepresident o vicepresidenta al director o directora general competent en matèria de ports. El vicepresident o vicepresidenta substitueix al president o presidenta en cas de vacant, absència o malaltia i exerceix les funcions que li son encomanades o delegades pel president o presidenta.

3. A les reunions del Comitè executiu assisteix un secretari o secretària, amb veu i sense vot, designat pel president o presidenta.

4. Quan l'ordre del dia de la sessió inclogui la consideració específica d'un tema que pugui afectar a un col·lectiu determinat, s'ha de consultar a algun representant d'aquest col·lectiu.

Article 13

Funcions del Comitè Executiu

1. Correspon al Comitè Executiu:

a) Fixar les directrius generals d'actuació de l'ens, de conformitat amb els objectius generals de política portuària del Govern de la Generalitat.

b) Aprovar l'avantprojecte de programa d'actuació, d'inversions i de finançament de Ports de la Generalitat corresponent a l'exercici següent.

c) Aprovar l'avantprojecte de pressupost d'explotació i de capital de l'ens, el balanç anual i la memòria de Ports de la Generalitat.

d) Proposar al president o presidenta l'aprovació dels contractes.

e) Autoritzar la inscripció en el cens de l'entitat de consignataris de les empreses d'estiba i comercialitzadores de peix, tenint el compte el cens actual, o d'altres.

f) Aprovar la plantilla i el règim retributiu del personal.

g) Acordar la constitució de consorcis, amb l'autorització prèvia del Govern de la Generalitat.

h) Atorgar concessions i autoritzacions per a l'ocupació de superfície de domini públic en les zones portuàries i per al dret d'utilització de les instal·lacions i procedir-ne a la modificació, el rescat, la reversió i la caducitat o l'extinció, d'acord amb els plecs de condicions generals aprovats pel departament de Política Territorial i Obres Públiques.

i) Aprovar provisionalment, d'acord amb la normativa urbanística corresponent, els projectes d'obres a executar per Ports de la Generalitat.

j) Emetre informe sobre les tarifes dels diferents serveis portuaris que es prestin.

k) Proposar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques l'aprovació de noves normes relatives als serveis portuaris.

l) Emetre informe sobre les normes generals relatives als serveis portuaris.

m) Formular i proposar al conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, amb l'informe municipal previ, l'aprovació del pla de delimitació de la zona de servei portuària i, si escau, el pla especial del sistema portuari.

n) Exercir les funcions de policia que siguin necessàries per al compliment dels seus fins i controlar, en l'operativa portuària de competència de la Generalitat, el compliment dels reglaments de mercaderies perilloses, els de seguretat i higiene i els dels sistemes de seguretat i d'incendis, sens perjudici de les competències que corresponguin a altres departaments de la Generalitat.

2. El Comitè Executiu pot delegar en el gerent o la gerent i en el president o presidenta les funcions atribuïdes en l'apartat 1, llevat de les que per llei siguin indelegables.

3. El Comitè Executiu es reuneix en sessions ordinàries amb una periodicitat trimestral. També es pot reunir en sessions extraordinàries, sempre que ho acordi el president o presidenta o a petició, almenys, d'una tercera part dels seus membres.

4. El Comitè Executiu ha de constituir una comissió permanent per a la preparació dels aspectes tècnics dels afers que hagin de sotmetre al Consell, i també per al seguiment dels estudis, dels projectes i de les obres de la forma que s'estableixi per via reglamentària.

Article 14

La Presidència

El president o presidenta de Ports de la Generalitat és el conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques. El president o presidenta nomena com vicepresident o vicepresidenta de l'ens el director o directora general competent en matèria de ports.

Article 15

Funcions

1. El president o presidenta de Ports de la Generalitat ho és també del seu Consell de Govern i li corresponen les funcions següents:

a) Exercir la representació de Ports de la Generalitat i del Consell de Govern.

b) Convocar les reunions del Consell de Govern, assenyalant-ne el lloc, el dia, l'hora i l'ordre del dia.

c) Presidir i dirigir les sessions del Consell de Govern i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

d) Autoritzar amb la seva signatura l'acta de sessions i de certificacions.

e) Acordar contractes i convenis, com a òrgan de contractació de Ports de la Generalitat.

f) Acordar l'exercici de les accions i els recursos que corresponen a l'entitat en defensa dels seus interessos davant de les administracions públiques i dels tribunals de justícia.

g) Les que, si escau, li delegui el Consell de Govern.

h) Qualsevol altra funció que no sigui assignada per aquesta Llei als altres òrgans de l'ens.

2. El president o presidenta de Ports de la Generalitat pot delegar les seves funcions en el vicepresident o vicepresidenta.

SECCIÓ SEGONA

Òrgans de gestió

Article 16

La Gerència

1. El gerent o la gerent porta a terme la gestió ordinària de Ports de la Generalitat sota la direcció del president o presidenta i del Comitè Executiu, el qual el proposa per al seu nomenament al conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques.

2. Correspon al gerent o la gerent l'exercici de les funcions següents:

a) Gestionar i dirigir l'ens en els aspectes administratius i tècnics.

b) Dirigir els recursos humans, i també organitzar el funcionament intern de Ports de la Generalitat i executar els acords del Comitè Executiu en aquesta matèria.

c) Gestionar els recursos econòmics i ordenar-ne les despeses i els pagaments, dins els límits establerts pel Comitè Executiu.

d) Proposar al Comitè Executiu l'aprovació de la plantilla i el règim retributiu del personal.

i) Aprovar en els aspectes tècnics els projectes d'obres.

f) Proposar al president o presidenta, a petició del Comitè Executiu, la formalització de contractes i de convenis.

g) Elaborar i presentar al Comitè Executiu l'avantprojecte de pressupost d'explotació i de capital, els comptes i la memòria anual de Ports de la Generalitat.

h) Elaborar i presentar al Comitè Executiu l'avantprojecte de programa d'actuació, d'inversió i de finançament.

i) Elaborar i proposar al Comitè Executiu les normes generals dels serveis portuaris.

j) Proposar al Comitè Executiu la constitució de consorcis.

k) Impulsar els expedients sancionadors que en l'àmbit de Ports de la Generalitat es puguin tramitar i elevar-ne la proposta de resolució als òrgans competents per a imposar sancions.

l) Exercir les facultats que li siguin delegades pel Comitè Executiu i per la Presidència.

SECCIÓ TERCERA

Òrgans de consulta i assistència

Article 17

Consell de Govern

1. El Consell de Govern de Ports de la Generalitat és l'òrgan en el qual hi ha representats tots els sectors interessats en l'àmbit portuari català, a fi de cooperar en la consecució dels objectius que li són propis.

2. El Consell de Govern de Ports de la Generalitat és integrat pel president o presidenta de l'ens, pel vicepresident o vicepresidenta, pel gerent o la gerent i per un nombre de vocals que s'han de designar per via reglamentària i que ha d'incloure necessàriament representants del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, del Departament de Medi Ambient, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, dels ajuntaments en el terme municipal dels quals hi hagi situat un port adscrit a Ports de la Generalitat, de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació, dels sectors marítim, comercial, pesquer i esportiu, i dels sindicats més representatius.

3. El secretari o secretària del Consell de Govern de Ports de la Generalitat és el mateix que el del Comitè Executiu de l'ens i assisteix a les sessions amb veu i sense vot.

4. El Consell de Govern es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades l'any, i extraordinàriament sempre que ho sol·licitin el president o presidenta o un terç dels membres.

Article18

Funcions

1. Correspon al Consell de Govern:

a) Informar sobre l'avantprojecte de pressupost d'explotació i de capital de Ports de la Generalitat.

b) Proposar al Comitè Executiu l'aprovació de les normes generals relatives als serveis portuaris.

c) Informar sobre el programa d'actuació, d'inversió i de finançament de Ports de la Generalitat.

d) Informar sobre el balanç i la memòria anual de Ports de la Generalitat.

i) Informar sobre la fixació de les tarifes i els cànons que ha d'aplicar Ports de la Generalitat.

f) Informar sobre la constitució de consorcis.

g) Informar sobre les operacions de crèdit concertades per l'entitat.

h) Assessorar l'ens en totes les qüestions relacionades amb les activitats de Ports de la Generalitat i emetre informe sobre qualsevol assumpte sobre el qual sigui consultat en l'àmbit de les seves competències.

i) Proposar l'aprovació de les tarifes dels serveis que es prestin i del cànon que ha d'aplicar Ports de la Generalitat.

j) Qualsevol altra que li pugui ésser conferida d'acord amb la lesgislació vigent.

SECCIÓ QUARTA

Zones portuàries

Article 19

Estructura funcional

1. Per al desenvolupament de les seves funcions, Ports de la Generalitat compta amb l'estructura orgànica suficient per a atendre els seus objectius, i d'acord amb les zones en que s'organitza territorialment.

2. El cap o la cap de cada zona portuària porta a terme la gestió directa de la zona portuària corresponent, d'acord amb les directrius que imparteixi el gerent o la gerent de Ports de la Generalitat, i exerceix les funcions assignades reglamentàriament.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 20

Recursos

1. Els recursos de Ports de la Generalitat són:

a) Els productes de les tarifes per serveis que presti directament, que tenen la consideració de preus privats.

b) Els productes dels cànons per concessions i autoritzacions administratives en els ports, les dàrsenes, les instal·lacions marítimes i les marines interiors de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

c) Les quantitats obtingudes per la alienació d'actius fixos i pel rendiment dels béns i els valors que constitueixen el seu patrimoni.

d) Les dotacions o subvencions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat, la resta de subvencions i dels auxilis de qualsevol tipus que pugui rebre d'altres entitats públiques i la resta de subvencions i d'auxilis de qualsevol altre tipus que pugui rebre.

e) Els procedents dels crèdits, els préstecs i les altres operacions financeres que es puguin concertar i estiguin reflectides en la Llei de pressupostos de la Generalitat.

f) El producte del règim sancionador establert per aquesta Llei.

g) La resta d'ingressos que s'autoritzin.

2. Els recursos de Ports de la Generalitat tenen caràcter finalista, Atès que son destinats a la consecució dels objectius de l'entitat, i per tant a la millora, les inversions i desenvolupament del sistema portuari català de la competència de la Generalitat.

Article 21

Règim pressupostari i de comptabilitat

1. El pressupost de Ports de la Generalitat és anual i se subjecta a les disposicions sobre pressupostos de les entitats de dret públic que han d'ajustar llur activitat al dret privat, conforme a allò que disposa la Llei de l'estatut de l'empresa pública catalana.

2. Ports de la Generalitat ha d'ordenar la seva comptabilitat d'acord amb el Pla general de comptabilitat pública i resta sotmesa al control financer mitjançant auditories, d'acord amb el que disposa el text refós de la Llei de finances públiques.

3. Ports de la Generalitat ha de subscriure amb la Generalitat, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i amb l'informe previ dels departaments de la Presidència i d'Economia i Finances, un conveni que ha d'incloure, com mínim, les clàusules recollides per l'article 53 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. La durada del conveni és de quatre anys, sens perjudici d'una actualització anual en funció de les previsions pressupostàries o dels objectius.

CAPÍTOL IV

Règim jurídic

Article 22

Règim jurídic públic i privat

L'activitat de Ports de la Generalitat es regeix, amb caràcter general, pel dret privat en els termes establerts per l'article 7 i amb les especificacions determinades pels articles 23, 24, 25 i 26.

Article 23

Contractació

La contractació d'obres, serveis i subministraments de Ports de la Generalitat s'ha de regir pel que estableix la Llei 13/1995, de contractes de les administracions públiques, i ha de garantir els principis de publicitat i de lliure concurrència.

Article 24

Personal

1. Les relacions entre Ports de la Generalitat i el seu personal es regeixen pel dret laboral, llevat de las places que en atenció a la natura del llur contingut queden reservades a funcionaris i funcionàries públics.

2. La selecció de personal de Ports de la Generalitat s'ha de fer dins dels límits pressupostaris, i d'acord amb els principis de mèrit i capacitat i, llevat del personal directiu i de confiança, mitjançant publicitat.

Article 25

Règim patrimonial

El patrimoni de Ports de la Generalitat es constitueix pels béns que li són adscrits i els que adquireixi en virtut de qualsevol títol d'acord amb aquesta Llei. La gestió del patrimoni s'ajusta al que disposen la Llei de l'estatut de l'empresa pública catalana i la lesgislació de patrimoni de la Generalitat.

Article 26

Recursos i reclamacions administratives

1. Els actes de Ports de la Generalitat sotmesos al dret administratiu són susceptibles de recurs ordinari davant el conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques.

2. El recurs extraordinari de revisió s'ha d'interposar davant del conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques.

3. Les reclamacions sobre aplicació i efectivitat dels cànons s'han d'ajustar a la lesgislació vigent en matèria de reclamacions economico-administratives.

4. Les reclamacions prèvies a la interposició d'accions civils i laborals s'han de presentar davant el conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques.

Llibre II

Ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes

TÍTOL I

Zona de servei portuària

Article 27

Definició

1. A efectes d'aquesta Llei, s'entén per zona de servei portuària la formada per les superfícies de terra i aigua necessàries per a dur a terme les activitats pròpies i complementàries dels ports, les dàrsenes i les instal·lacions marítimes.

2. Les superfícies d'aigua incloses dins la zona de servei són tant les aigües portuàries interiors arrecerades o delimitades per instruments de senyalització marítima com les exteriors immediatament adjacents a les obres d'abric i de bocana.

Article 28

Destinació

1. La zona de servei dels ports, les dàrsenes i les instal·lacions marítimes regulades per aquesta Llei es destina principalment a la prestació del servei portuari, i la seva utilització i explotació s'ha de realitzar d'acord amb les prescripcions d'aquesta Llei, amb el planejament urbanístic, els plans especials elaborats pels municipis i les normes que la desenvolupin.

2. Les zones corresponents a vials d'accés al port, vials interiors de lliure accés, i qualsevol zona on no hi hagi restricció per a l'accés de vianants, i també les obres de defensa no utilitzables, tenen en qualsevol cas la consideració de zones d'aprofitament públic i gratuït. Aquestes zones són exemptes d'acreditar l'impost de béns immobles, de conformitat amb la normativa reguladora de les finances locals.

Article 29

Delimitació

1. Els projectes de construcció dels ports, les dàrsenes i les instal·lacions marítimes han de contenir la delimitació concreta del perímetre de la respectiva zona de servei portuària i han d'incloure els usos i les activitats pròpies i complementàries. Així mateix, els projectes han de preveure la incidència de les obres portuàries sobre les zones immediates i l'estudi d'accessibilitat a les instal·lacions.

2. Correspon al conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, a proposta de l'Administració portuària, l'aprovació del corresponent Pla de delimitació de la zona portuària en els ports, les dàrsenes i les instal·lacions marítimes ja existents. El Pla n'ha de definir el perímetre i ha d'incloure els usos i les activitats relacionats amb la instal·lació portuària previstos en l'esmentada zona de servei.

3. Per a l'aprovació del Pla s'ha de sol·licitar l'informe preceptiu de les administracions competents en matèria d'urbanisme, de pesca i de medi ambient. Si els informes mencionats no s'emeten en el termini de dos mesos a comptar de la recepció de la proposta, es pot prosseguir el procediment, excepte en els casos en que sigui manifestament incompatible amb el planejament urbanístic.

Article 30

Activitats, instal·lacions i construccions permeses

1. A la zona de servei dels ports, les dàrsenes i les instal·lacions marítimes es poden dur a terme activitats, instal·lacions i construccions ajustades a la destinació pròpia de cada port, dàrsena o instal·lació marítima, i també totes les que siguin complementàries de les activitats essencials.

2. A la zona de servei també es poden autoritzar usos i instal·lacions comercials, culturals, esportives, lúdiques i recreatives vinculades amb l'activitat portuària o marítima que afavoreixin l'equilibri econòmic i social dels ports, les dàrsenes i les instal·lacions marítimes.

3. En el domini públic portuari o adscrit es poden autoritzar:

a) Les ocupacions i les utilitzacions que es destinin a residència o habitació, en els termes que disposa la normativa estatal aplicable.

b) La instal·lació de senyals informadors i de rètols indicadors d'establiments o empreses autoritzats per l'Administració portuària, i els que corresponguin a la realització de determinats actes esportius i culturals de caràcter temporal, convenientment autoritzats.

4. El conjunt d'edificacions que es construeixin a la zona de servei portuària i les que tinguin relació amb les activitats comercials, culturals, esportives, lúdiques o recreatives a què es refereix l'apartat 2 estan sotmeses a la llicència municipal prèvia, d'acord amb la lesgislació urbanística.

5. Les obres d'infraestructura i de superestructura relacionades amb la instal·lació portuària no estan sotmeses als actes de control preventiu municipal a què es refereix l'article 220 de la Llei 8/1987, del 5 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. L'execució d'aquestes obres, sempre que es faci d'acord amb els projectes aprovats, només pot ésser suspesa per l'autoritat judicial.

6. El règim de prohibicions establert per la Llei de costes per a la utilització del domini públic maritimoterrestre no és aplicable a les instal·lacions i les activitats a realitzar en el domini públic portuari.

TÍTOL II

Planificació portuària

CAPÍTOL I

Pla de ports de Catalunya

Article 31

Objecte, caràcter i vigència

1. El Pla de ports de Catalunya és un instrument d'ordenació del litoral català dins del marc de les directrius de l'ordenació territorial, i té per objecte l'establiment dels criteris per a la utilització portuària adequada i racional de la costa catalana i, també l'atenció preferent envers la conservació del litoral i la gestió correcta del medi ambient.

2. El Pla de ports de Catalunya té caràcter de pla territorial sectorial, d'acord amb la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política territorial, i ha de justificar el seu grau d'adequació a les directrius del Pla territorial general de Catalunya.

3. La vigència del pla és indefinida, sens perjudici de la seva modificació o revisió quan les circumstàncies ho aconsellin o quan es modifiquin les directrius formulades pel Pla territorial general.

Article 32

Contingut

El Pla de ports ha de contenir l'estudi de les característiques del litoral de Catalunya, l'anàlisi a nivell indicatiu de la demanda d'embarcacions i punts d'amarratge, les previsions d'evolució, l'anàlisi dels diferents trams de la costa catalana i els criteris per a protegir-la des d'un punt de vista ecològic i ambiental.

Article 33

Redacció i aprovació

1. La formulació i la redacció del Pla de ports de Catalunya i de les seves modificacions o revisions correspon al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

2. L'aprovació del Pla i de les seves modificacions o revisions correspon al Govern de la Generalitat, amb l'obertura prèvia d'un període de consulta institucional de dos mesos, durant el qual s'han de requerir informes dels departaments competents i de les administracions públiques i els organismes afectats. Paral·lelament al tràmit de consulta s'ha d'obrir un període d'informació pública per un termini de trenta dies.

Article 34

Actualització

1. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha d'actualitzar els estudis i les dades que formen part del contingut del Pla de ports mitjançant la direcció general competent en matèria de ports, en la forma que es determini, per via reglamentària.

2. Aquesta actualització no té la consideració de modificació o revisió del Pla.

CAPÍTOL II

Consideració urbanística dels ports, les dàrsenes i les instal·lacions marítimes

Article 35

Coordinació amb el planejament urbanístic

1. Els instruments de planejament urbanístic que afecten la zona litoral de Catalunya, un cop aprovats inicialment, s'han de trametre a la direcció general competent en matèria de ports perquè informi sobre les qüestions de la seva competència.

2. El règim jurídic aplicable a aquests informes és el que regula la lesgislació urbanística per a les administracions sectorials que han d'informar sobre els instruments de planejament, si bé el termini per emetre'ls no pot ser en cap cas superior a dos mesos.

Article 36

Planificació urbanística general

Els instruments de planejament general del municipi han de qualificar la zona de servei dels ports, les dàrsenes i les instal·lacions marítimes existents objecte de aquesta Llei com a sistema general portuari. A més, han de contenir les determinacions bàsiques relatives a accessibilitat, connectivitat, edificabilitat, volumetria, usos i altres que es considerin d'interès general, en el marc de les competències urbanístiques, a l'efecte de garantir la coherència amb el model territorial i amb l'estructura general i orgànica del pla en el qual s'integri la zona portuària.

Article 37

Plans especials

1. El sistema general portuari s'ha de desenvolupar mitjançant un pla especial, que poden redactar, amb acord previ, l'Administració portuària o la corporació municipal. Se n'ha de fer la tramitació i l'aprovació d'acord amb el que disposa la lesgislació urbanística.

2. Aprovat inicialment el pla, s'ha de trametre a l'Administració de l'Estat perquè pugui informar en matèria de la seva competència en la forma i amb els efectes determinats per la lesgislació de costes. Així mateix, s'ha de sol·licitar l'informe dels departaments de la Generalitat competents en matèria de medi ambient i de pesca.

3. En el supòsit que el pla hagi estat formulat per la corporació municipal, abans d'aprovar-lo definitivament s'ha de trametre a l'Administració portuària, que disposa d'un termini de dos mesos per emetre informe, de caràcter preceptiu i vinculant pel que fa a les matèries d'àmbit portuari.

4. Si el pla ha estat formulat per l'Administració portuària, abans d'aprovar-lo definitivament s'ha de trametre a les corporacions locals afectades perquè en el mateix termini informin preceptivament.

5. L'acord d'aprovació definitiva del pla especial s'ha de notificar al municipi afectat i, si escau, al promotor o al concessionari i s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

6. El pla especial ha d'incloure, com a determinacions, les mesures i les previsions necessàries per a garantir el funcionament eficaç de la zona de servei portuària, el seu desenvolupament futur, la seva connexió amb la xarxa de transports terrestres i la cobertura adequada de la demanda de serveis portuaris i mediambientals.

TÍTOL III

Construcció i explotació

CAPÍTOL I

Iniciativa pública

Article 38

Iniciativa pública

1. La Generalitat de Catalunya, d'acord amb els criteris del Pla de ports de Catalunya i el planejament urbanístic, pot construir i explotar els ports, les dàrsenes i les instal·lacions marítimes objecte d'aquesta Llei, per ella mateixa mitjançant Ports de la Generalitat o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, en qualsevulla de les formes permeses per la llei.

2. La Generalitat pot adoptar les més diverses formes de participació, promoció pública i foment en matèria portuària.

3. La construcció de nous ports, dàrsenes o instal·lacions marítimes per la Generalitat i l'ampliació o la modificació dels existents, quan sigui rellevant i d'acord amb les característiques que es determinin per via reglamentària, requereix la realització del projecte constructiu corresponent i dels estudis tècnics exigits per l'article 41, la petició dels informes, el tràmit d'informació pública i la declaració d'impacte mediambiental a què fa referència aquesta Llei. Així mateix cal que en elaborar-se el projecte es justifiqui l'equilibri entre l'oferta i la demanda dels punts d'amarratge en els mateixos termes que estableix l'apartat 2 de l'article 40.

Article 39

Convocatòria de concursos

1. La Generalitat, d'acord amb la normativa reguladora de la contractació de les administracions públiques, pot convocar concursos públics amb els objectes següents:

a) La selecció de projectes de construcció de ports i, de dàrsenes.

b) L'atorgament d'una concessió per a la construcció o bé per a la construcció i l'explotació d'un port o una dàrsena.

2. Durant la tramitació d'una sol·licitud de concessió, i en tot cas abans de l'aprovació tècnica del projecte, l'Administració pot convocar un concurs en el mateix àmbit territorial. En aquest cas queda suspesa la tramitació de la sol·licitud. S'han de determinar per via reglamentària els supòsits en què es pot preveure el reemborsament a càrrec de l'adjudicatari de les despeses del projecte, en el supòsit que finalment el sol·licitant no resulti ser adjudicatari del concurs.

CAPÍTOL II

Iniciativa a privada: concessió administrativa

Article 40

Iniciativa privada

1. La Generalitat de Catalunya, d'acord amb el Pla de ports de Catalunya, i sens perjudici de les competències municipals, pot atorgar concessions administratives per a la construcció, l'exploració i l'ampliació de ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes de la seva competència a persones jurídiques públiques o privades, amb subjecció al que disposen aquesta Llei, els seus reglaments i els plecs de clàusules administratives de la concessió.

2. Les sol·licituds que es presentin han de justificar que l'oferta i la demanda de punts d'amarratge existents en el tram de costa on es projecti construir nous ports és equilibrada, cosa que s'ha de tenir en compte a l'efecte de resoldre les sol·licituds de noves concessions.

SECCIÓ PRIMERA

Ports artificials

Subsecció primera

Iniciació del procediment

Article 41

Sol·licitud de la concessió

1. Perquè una persona jurídica privada pugui ésser titular d'una concessió per a la construcció i l'explotació d'un port ha d'adoptar qualsevol forma societària o de caràcter associatiu autoritzada per l'ordenament vigent. La identificació dels seus accionistes, en cas de societats mercantils, i la dels socis promotors, en la resta d'entitats, és una condició indispensable. Qualsevol canvi o modificació en la composició de l'accionariat, en cas de societats, o dels òrgans directius ha d'ésser comunicat a l'Administració que ha atorgat la concessió.

2. S'ha d'adjuntar a les sol·licituds de concessió l'avantprojecte o el projecte bàsic corresponent, redactat pel personal tècnic competent, un estudi economicofinancer, la proposta del reglament d'explotació i de les tarifes i el resguard acreditatiu d'una fiança provisional per l'import del 2 per 100 del pressupost de les obres i les instal·lacions.

3. L'avantprojecte o el projecte bàsic ha de contenir, com a mínim, un estudi d'impacte mediambiental i un estudi de dinàmica del litoral.

Article 42

Adequació i viabilitat

1. Presentada la sol·licitud, la direcció general competent en matèria de ports n'ha d'efectuar la confrontació prèvia sobre el terreny, a fi de determinar-ne l'adequació al Pla de ports i al planejament urbanístic.

1. Si, en el termini màxim de tres mesos, s'estima que les sol·licituds presentades són incompatibles amb el Pla de ports o amb el planejament urbanístic o inviables d'acord amb el que disposa l'apartat 1, les dites sol·licituds han d'ésser arxivades per la direcció general amb audiència prèvia a l'interessat.

Subsecció segona

Tramitació

Article 43

Sol·licitud d'informes

1. El projecte presentat s'ha de trametre, perquè sigui objecte de l'informe preceptiu, als organismes següents:

a) Els departaments de la Generalitat de Catalunya competents per raó de la matèria, en funció de les activitats a desenvolupar al port de nova construcció.

b) Els ens locals en l'àmbit territorial dels quals es preveu la construcció del port.

c) Els òrgans de l'Administració de l'Estat competents en matèria de defensa i de marina mercant, en les qüestions pròpies de llur competència.

2. Si transcorregut el termini de dos mesos no s'han rebut els informes sol·licitats, es pot prosseguir en la tramitació del procediment.

Article 44

Informe d'adscripció

1. S'ha de requerir un informe vinculant al Ministeri de Medi Ambient, en relació amb les seves competències sobre els béns de domini públic maritimoterrestre de titularitat estatal.

2. L'informe a què es refereix l'apartat 1 s'entén favorable si no s'emet de forma expressa en el termini de dos mesos a comptar de la recepció de la petició.

Article 45

Aprovació tècnica

1. A la vista dels informes rebuts o havent transcorregut els terminis establerts per a emetre'ls sense que s'hagin rebut, el director o directora general competent en matèria de ports ha de resoldre expressament sobre l'aprovació del projecte en el termini de quatre mesos.

2. Contra la denegació expressa de l'aprovació tècnica, el sol·licitant pot interposar recurs ordinari davant el conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques.

Article 46

Informació pública

El projecte, un cop notificada per resolució la seva aprovació tècnica, conjuntament amb l'estudi d'impacte mediambiental i la relació de béns i drets afectats a què fa referencia l'article 51.2, s'ha de sotmetre al tràmit d'informació pública durant un termini no inferior a trenta dies hàbils mitjançant un anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i ha de tenir tota l'altra publicitat que es determini per via reglamentària.

Article 47

Declaració d'impacte mediambiental

Un cop finit el termini d'informació pública i després d'haver estat valorades les al·legacions per la direcció general competent en matèria de ports, l'expedient s'ha de lliurar a l'òrgan competent del Departament de Medi Ambient perquè elabori la declaració d'impacte mediambiental corresponent d'acord amb la normativa vigent.

Article 48

Projecte constructiu

Un cop efectuada la declaració d'impacte ambiental, l'interessat ha de presentar a l'Administració portuària competent, en el termini de cinc mesos, el corresponent projecte constructiu de les obres o les instal·lacions objecte de la concessió amb les condicions i les modificacions que puguin resultar dels tràmits establerts per l'article 43, de la informació pública i de la declaració d'impacte ambiental.

Article 49

Oferta de condicions

1. Un cop s'han dut a terme les actuacions a què es refereixen els articles d'aquesta subsecció, i a la vista del resultat, la direcció general competent en matèria de ports ha d'oferir a l'interessat les condicions en les quals es pot atorgar la concessió, perquè siguin acceptades o rebutjades en el termini d'un mes.

2. Sens perjudici de les singularitats pròpies de cada concessió, les condicions s'han d'adequar als plecs de clàusules generals per a l'atorgament de concessions aprovats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

3. Qualsevol interessat o interessada pot desistir de la seva sol·licitud abans de l'acceptació de les condicions ofertes. Aquest desistiment comporta la pèrdua de la fiança dipositada, llevat que obeeixi a l'excessiva onerositat sobrevinguda del projecte com a conseqüència de les modificacions imposades per l'Administració.

Article 50

Pluralitat de sol·licituds

1. Quan concorri una pluralitat de sol·licituds incompatibles entre elles, bé perquè es refereixen a la mateixa obra o instal·lació, bé perquè ocupen una part del mateix domini públic, les sol·licituds s'han de tramitar en competència, amb el requisit dels informes que estableix l'article 43.

2. A la vista dels informes rebuts, la direcció general competent en matèria de ports ha d'aprovar tècnicament el projecte que reporti una major utilitat pública. Únicament si hi ha una identitat entre les sol·licituds presentades s'ha de tenir en compte la data de presentació i s'ha de donar preferència a la primera de les presentades.

3. Les sol·licituds incompatibles que es presentin després de la sol·licitud d'informes que estableix l'article 43 s'han de tramitar independentment.

4. Els sol·licitants concurrents que no resultin adjudicataris de la concessió tenen dret a recuperar la fiança provisional que han prestat.

Subsecció tercera

Atorgament de la concessió

Article 51

Resolució d'atorgament i efectes

1. Un cop acceptades, si s'escau, les condicions a què es refereix l'article 49, l'òrgan competent ha de resoldre discrecionalment sobre l'aprovació definitiva del projecte del port i sobre l'atorgament de la concessió per a la seva construcció i explotació. Aquesta resolució s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. L'aprovació del projecte implica la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació, a efectes de l'ocupació temporal o l'expropiació forçosa dels béns o drets afectats per l'objecte d'aquella. A aquests efectes, el projecte ha de comprendre la relació completa i individualitzada dels béns i els drets que no formen part del domini públic i que es considera necessari adquirir o ocupar per executar-lo.

3. La concessió atorgada no eximeix al seu titular de l'obligació de obtenir les llicències, els permisos i les autoritzacions exigibles per altres disposicions legals.

4. La resolució que atorga la concessió s'ha de notificar en el termini de deu les a la resta de les administracions públiques que tinguin competències sobre l'espai en el qual es construirà el port.

5. Atorgada la concessió, aquesta s'inscriurà en el Registre de la Propietat.

Article 52

Naturalesa i durada

1. Tots els ports construïts en virtut de concessió administrativa són instal·lacions de servei públic i atorguen al concessionari el dret a l'ocupació del domini públic necessari per a l'execució i explotació de les obres.

2. El termini d'ocupació no pot excedir del màxim fixat per la lesgislació aplicable al domini públic portuari.

Article 53

Condicions de l'atorgament

El títol d'atorgament ha de fixar les condicions de la concessió, que, almenys, són les següents:

a) Les obres i les instal·lacions a realitzar pel concessionari, amb referència al projecte constructiu i al termini de començament i d'acabament.

b) Els serveis portuaris d'existència obligatòria i opcional.

c) Els terrenys, les obres i les instal·lacions subjectes a reversió, amb la indicació dels que són de titularitat particular que s'incorporen a la zona de servei portuària.

d) El termini pel qual s'atorga la concessió, incloses les pròrrogues que, si s'escau, puguin concedir-se.

e) Les fiances i d'altres garanties que hagi de constituir el concessionari.

f) La classe, la quantia, els terminis i les formes de lliurament i de devolució, si s'escau, de subvencions, de bestretes reintegrables, d'avals i d'altres ajuts públiques, quan s'atorguin. Tractant-se de bestretes reintegrables, s'han de fer constar al Registre de la Propietat.

g) Els cànons d'ocupació i, si s'escau, d'explotació a abonar pel concessionari.

h) El règim d'utilització, pública o privada, dels serveis i dels espais portuaris, amb l'obligació del concessionari d'establir i de mantenir els accessos adequats per a l'ús públic de les zones de domini públic.

i) Les tarifes màximes que s'han de percebre del públic, amb la descomposició dels seus factors constitutius.

j) Els poders de direcció, de vigilància i de policia portuàries o marítimes que es confereixen al concessionari.

k) L'obligació del concessionari de mantenir en bon estat el domini públic, les obres i les instal·lacions, de fer a càrrec seu les reparacions que siguin necessàries, de facilitar la tasca d'inspecció i de control que hi duu a terme l'Administració portuària i de col·laborar-hi.

l) L'obligació del concessionari de remetre a l'Administració concedent els comptes de l'explotació auditats i de facilitar la resta d'informació que li sol·liciti l'Administració sobre els seus resultats econòmics.

m) Les condicions que es considerin necessàries, com a resultat de l'avaluació d'efectes, per a no perjudicar el medi, i també les mesures indispensables per mantenir la qualitat de les aigües marítimes.

n) Les causes generals i específiques d'extinció de la concessió, si es preveuen, i els efectes que produeixen.

o) Les prescripcions tècniques referents al projecte, si se n'estableixen.

Article 54

Garanties

1. Un cop notificat l'atorgament de la concessió, l'interessat ha d'acreditar davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini que per reglament es determini, la constitució de la fiança definitiva, que ha de consistir en el 20 per 100 del pressupost total de les obres o les instal·lacions i que s'ha de prestar en la forma determinada pel plec de condicions tot incrementant fins a la quantia indicada la fiança provisional. Aquesta garantia respon de la execució de les obres i les instal·lacions d'acord amb el projecte aprovat i dins el termini fixat a la concessió i de les penalitats imposades al concessionari per raó de la dita execució.

2. Un cop acabades les obres i les instal·lacions i aprovada l'acta de reconeixement final d'aquestes per l'Administració portuària, la fiança definitiva s'ha de mantenir o reduir en la quantia i la forma que s'assenyali al plec de condicions, tot subsistint per tot el temps que duri la concessió i convertint-se en fiança definitiva de la gestió dels serveis portuaris concedits, la qual en cap cas no pot superar el 2 per 100 del pressupost total de les obres. El plec de condicions ha d'establir la reducció graonada de la fiança a mesura que s'aprovin parcialment les obres. La part en què es redueixi la fiança definitiva de la construcció d'obres ha d'ésser retornada al concessionari dins el termini que reglamentàriament s'estableixi.

3. L'incompliment imputable al concessionari de les obligacions prescrites pels apartats 1 i 2 pot ser causa de resolució de la concessió

4. En cas que s'imposin penalitats o indemnitzacions al concessionari per raó de l'incompliment de les seves obligacions, aquest ha de reposar o ampliar les garanties en la quantia corresponent i en el termini que reglamentàriament s'estableixi. En cas contrari, incorre en causa de resolució.

Subsecció quarta

Obres de construcció i protecció del medi natural

Article 55

Obres i instal·lacions

1. Les obres i les instal·lacions s'han de realitzar d'acord amb el projecte de construcció aprovat i s'han de començar i acabar dins dels terminis fixats pel plec de condicions particulars de la concessió, sens perjudici de les pròrrogues que s'escaiguin.

2. Les obres i les instal·lacions compreses en el projecte aprovat i llurs modificacions autoritzades de conformitat amb aquesta Llei han d'ésser dirigides per un tècnic competent i resten subjectes a la inspecció tècnica i a l'aprovació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

3. El Departament pot requerir en qualsevol moment al concessionari tota la documentació que calgui per a conèixer l'import total de les inversions realitzades i la seva situació economicofinancera real.

Article 56

Protecció del medi natural i de la qualitat de les aigües marítimes

1. El concessionari ha d'adoptar a càrrec seu, les mesures correctores i de protecció del medi natural i aplicar el programa de vigilància ambiental fixats en les condicions de la concessió, d'acord amb el que disposi l'òrgan que tingui atribuït el seguiment i la vigilància del compliment de la declaració d'impacte mediambiental, sens perjudici de les funcions que corresponen al Ministeri de Medi Ambient i al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per la qual cosa el concessionari els ha de subministrar la informació necessària.

2. El concessionari ha d'establir i mantenir a càrrec seu les instal·lacions i la maquinària necessàries per assegurar la qualitat de les aigües marítimes a l'interior del recinte portuari, d'acord amb les prescripcions del plec de condicions i la lesgislació sectorial aplicable en matèria de protecció del medi ambient. A aquests efectes, el concessionari ha de permetre la pràctica dels controls i les inspeccions que realitzi l'òrgan administratiu competent i de col.laborar-hi, i està obligat a aplicar, a càrrec seu, les mesures correctores que a conseqüència de les esmentades actuacions s'assenyalin com a necessàries.

3. El concessionari té l'obligació de complir el que estableix l'article 79 i de disposar de les instal·lacions necessàries per a la recepció de residus i aigües de sentines i la neteja d'olis, greixos i altres productes contaminants.

Subsecció cinquena

Explotació

Article 57

Règim general

1. L'explotació i la conservació del port és a càrrec del concessionari, que pot dur a terme aquesta gestió en qualsevol de les modalitats establertes per la lesgislació vigent que sigui aplicable i d'acord amb el reglament general d'explotació i policia dels ports de Catalunya i amb el reglament particular d'explotació.

2. En tot cas, el concessionari assumeix la responsabilitat total de l'explotació i la conservació del port, als efectes dels seus drets i obligacions, davant l'Administració portuària.

3. Les funcions tècniques d'explotació i conservació han d'ésser exercides en cada cas per personal amb la necessària capacitació professional.

Article 58

Cànon d'ocupació

El concessionari està obligat a satisfer el cànon per ocupació del domini públic maritimoterrestre adscrit, en la quantia fixada en el plec de condicions de la concessió, d'acord amb les disposicions contingudes en la lesgislació vigent que sigui aplicable.

Article 59

Serveis portuaris

En l'àmbit dels ports, tenen la consideració de serveis portuaris d'ús públic els següents:

a) La utilització dels llocs d'amarratge o ancoratge d'ús públic tarifat i de les places d'estada a terra.

b) El servei de varada.

c) La utilització de grues i d'altres elements de transport.

d) El subministrament d'aigua, electricitat i carburants.

e) La utilització de les zones d'aparcament de vehicles establertes als espais portuaris.

f) Els altres serveis portuaris que es determinin per via reglamentària, o que com a tals siguin recollits en el projecte definitivament aprovat.

Article 60

Cessió d'elements portuaris

1. Els contractes que es concerten entre el concessionari i altres persones físiques o jurídiques i que tenen per objecte la cessió temporal de l'ús i gaudi d'elements portuaris no reservats a l'ús públic tarifat s'han de regir pel dret privat pel que fa a les relacions entre les parts contractuals. Els contractes mencionats s'han de subjectar a les clàusules de la concessió, a la reglamentació general de l'explotació i policia dels ports de Catalunya i al reglament particular de cada port que aprovi l'Administració portuària en atorgar la concessió. Aquests contractes s'han de formalitzar en escriptura pública i són inscribibles en el Registre de la Propietat.

2. Als efectes del que disposa l'apartat 1, abans de l'atorgament dels contractes, el concessionari ha de presentar davant l'Administració portuària un contracte tipus per a la seva conformitat, la qual s'entén atorgada en el termini d'un mes sempre que no hi hagi un pronunciament exprés en sentit contrari. L'Administració està facultada per a imposar clausulats mínims que garanteixin els legítims interessos dels cessionaris.

3. Els contractes pels quals es cedeix l'ús i gaudi de llocs d'amarratge i de places d'estada a terra confereixen un dret d'ús preferent, en els termes que estableixi el reglament general d'explotació i policia dels ports de Catalunya.

4. En la forma que s'estableixi per via reglamentària per raó de llurs característiques específiques, en els ports s'ha de reservar un percentatge de la superfície total dels llocs d'amarratge i ancoratge i de les places d'estada a terra per a l'ús públic dels vaixells i de les embarcacions transeünts. En qualsevol cas, aquest percentatge no pot ésser inferior al 10%.

5. La construcció, l'ampliació o la reforma dels espais i les instal·lacions portuaris objecte de cessió a tercers, i també l'explotació de les activitats econòmiques que s'hi situïn, han de comptar amb caràcter preceptiu amb l'informe del municipi afectat i, si s'escau, amb l'obtenció de les llicències corresponents.

Article 61

Control administratiu

1. Correspon al Departament de Política Territorial i Obres Públiques la inspecció i la fiscalització dels ports i dels serveis portuaris, en relació amb la conservació i la reparació de les obres i les instal·lacions, i també pel que fa a l'explotació i la prestació regular dels serveis.

2. El concessionari ha de remetre anualment al Departament de Política Territorial i Obres Públiques una memòria relativa a l'activitat de l'explotació i als resultats econòmics de la gestió portuària. En qualsevol cas, sens perjudici del que disposa l'article 55.3, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques pot requerir en qualsevol moment al concessionari els comptes auditats de l'explotació.

3. Si de l'incompliment de la concessió imputable al concessionari es deriva una pertorbació greu dels serveis portuaris o es produeix una lesió greu dels interessos dels usuaris o del medi ambient i l'Administració portuària no decideix la revocació de la concessió, es pot acordar la seva intervenció, amb substitució o sense del concessionari en la gestió. En tot cas, el concessionari ha d'abonar a l'Administració els danys i perjudicis que per aquest motiu li hagi causat.

Article 62

Transmissió i constitució de garanties

1. Les concessions per a la construcció i l'explotació de ports es poden transmetre amb l'autorització prèvia del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que pot exercir els drets de tempteig i retracte en els termes que s'estableixin per via reglamentària, després que hagi estat aprovada l'acta de reconeixement final de les obres i que aquestes hagin estat explotades per espai d'una cinquena part del termini de la concessió.

2. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha d'autoritzar prèviament la constitució d'hipoteques i altres drets de garantia sobre les concessions, i també llur embargament eventual. En el supòsit d'adjudicació dels béns de la concessió a conseqüència d'un embargament, la Generalitat pot exercir el dret de retracte en el termini de tres mesos, a comptar del moment en què l'Administració portuària tingui coneixement de l'adjudicació.

Article 63

Modificació

A petició del concessionari i d'acord amb el que disposa aquesta Llei, es poden autoritzar modificacions en la concessió que no comportin l'ampliació de la zona de servei i l'edificació d'obres i instal·lacions no previstes en el projecte de construcció. Els procediments de tramitació de les modificacions s'han de regular per via reglamentària. Això s'entén sens perjudici de la necessitat de modificar prèviament, si s'escau, el planejament portuari, ni de les prerrogatives legals que té l'Administració en relació amb la modificació dels termes de la concessió. Per via reglamentària, s'han de regular els procediments de tramitació de les modificacions i s'han d'establir els supòsits en què aquestes han d'ésser acompanyades d'un estudi d'impacte ambiental.

Article 64

Extinció de la concessió: causes

1. És causa d'extinció de la concessió l'acabament del termini.

2. Són causes d'extinció anticipada de la concessió:

a) El rescat de la concessió per l'Administració.

b) La declaració de fallida o l'extinció del concessionari.

c) La suspensió de pagaments del concessionari quan això impossibilita la realització de les obres previstes o la prestació dels serveis portuaris. L'Administració portuària pot permetre la continuïtat de la concessió si considera que el concessionari ofereix les garanties suficients per a la seva execució, llevat que l'Administració no se'n reservi la gestió directa.

d) El mutu acord entre l'Administració portuària i el concessionari.

e) La revocació de la concessió per incompliment imputable al concessionari de les clàusules o de les condicions establertes en el plec.

f) Les altres causes que d'acord amb la lesgislació de contractes es determinin i les que s'estableixin en el plec de condicions.

Article 65

Extinció per causa imputable al concessionari

Un cop extingida la concessió per causa imputable al concessionari, es produeixen els efectes següents:

a) L'ocupació per l'Administració de les obres, les instal·lacions i els elements de la concessió.

b) L'expedient de taxació de la concessió, amb exclusió dels beneficis futurs que deixi de percebre el concessionari.

c) La convocatòria de licitació per adjudicar novament la concessió amb subjecció al mateix clausulat que regia anteriorment, amb la taxació aprovada a aquests efectes, en el supòsit que l'Administració no es reservi la gestió directa.

d) La indemnització dels danys i perjudicis causats a l'Administració.

e) La pèrdua de les garanties prestades, en cas d'extinció, quan intervé culpa del concessionari.

f) La sanció corresponent, si el concessionari incorre en algun dels supòsits tipificats com infracció.

Article 66

Extinció per mutu acord

Extingida la concessió per mutu acord de l'Administració i del concessionari, es produeixen els efectes establerts per les lletres a) i c) de l'article 65, si bé la licitació s'ha de fer sobre la base de la indemnització vàlidament estipulada a aquest efecte.

Article 67

Reversió

1. Reverteixen a l'Administració portuària les obres, les instal·lacions i la resta dels elements afectes als serveis portuaris. L'Administració pot continuar gestionant-les en qualsevol de les formes previstes per la llei.

2. En tot cas, els terrenys, els accessos, les obres i les instal·lacions i la resta d'elements de la concessió han de revertir a l'Administració lliures de càrregues, i resten extingits i sense efecte tots els drets reals i personals que terceres persones hi poguessin tenir.

3. Els anteriors titulars de drets d'ús i gaudi sobre elements portuaris tenen el dret preferent de continuar utilitzant-los, com usuaris dels serveis públics corresponents, amb subjecció al reglament d'explotació aplicable, mitjançant el pagament de la tarifa respectiva administrativament aprovada i, si s'escau, de la quota d'amortització de les obres portuàries no amortitzades que fixi l'Administració d'acord amb el que estableix l'article 68.

4. La Generalitat de Catalunya no assumeix, per raó de la reversió, cap tipus d'obligació econòmica o laboral del concessionari.

Article 68

Continuació de l'explotació

1. El concessionari que desitgi continuar l'explotació del port més enllà del termini de la concessió pot sol·licitar a l'Administració portuària, una cop transcorregudes les dues terceres parts del termini de la concessió, l'adjudicació d'un nou contracte de gestió de la concessió administrativa.

2. Si es produeix la sol·licitud a què es refereix l'apartat 1, llevat que l'Administració portuària opti per alguna forma de gestió directa, s'ha d'anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i se li ha de donar tota la altra publicitat que s'estableixi per via reglamentària, a fi que en un termini de sis mesos puguin presentar altres sol·licituds terceres persones interessades en la gestió. Finit aquest termini, s'ha d'obrir un concurs restringit entre els qui hagin presentat una sol·licitud per a l'adjudicació del contracte de la concessió.

3. En aquest concurs s'ha d'atorgar un dret de tempteig a l'antic concessionari, sempre que compleixi els requisits següents:

a) No haver incorregut en incompliment de les clàusules de la concessió

b) Haver gestionat satisfactòriament la instal·lació durant el termini de la concessió, i haver procedit a corregir les deficiències observades per l'Administració de la menra i en els terminis indicats per aquesta.

4. Per via reglamentària s'han de desenvolupar els criteris de valoració establerts per la lletra b) de l'apartat 3, que en tot cas han de fer referència al manteniment i la millora de les instal·lacions durant tot el període de la concessió, al foment de les activitats marítimes i portuàries, a l'obtenció de guardons i premis relacionats amb la cura i la qualitat de les instal·lacions i a l'oferta de serveis i activitats suplementaris destinats a fomentar i dinamitzar la nàutica esportiva. Per via reglamentària s'ha d'establir la manera d'acreditar aquests extrems a l'efecte d'obtenir l'esmentat dret de tempteig.

5. En cas de que el concurs no es resolgui a favor de l'antic concessionari, aquest no manté cap dret sobre la concessió, i s'aplica a tots els efectes el règim que hi hagi determinat en finalitzar el termini de la concessió. Si la gestió de la concessió s'atorga a l'anterior concessionari, l'Administració pot variar les clàusules i les condicions reguladores del nou contracte de gestió, les quals han d'ésser acceptades pel concessionari.

6. En el cas que l'antic concessionari, si resulta adjudicatari del concurs, o bé el guanyador d'aquest, no accepti les condicions de gestió i explotació establertes per l'Administració, s'han d'iniciar les gestions necessàries encaminades a atorgar el contracte de gestió de la concessió al següent classificat, sense que calgui convocar un nou concurs.

SECCIÓ SEGONA

Dàrsenes i instal·lacions marítimes de la Generalitat

Article 69

Concessió per a la construcció i explotació

1. Les concessions administratives per a la construcció o la modificació de dàrsenes i d'instal·lacions marítimes de competència de la Generalitat es regeixen, pel que fa a la sol·licitud, la tramitació, l'atorgament, les obligacions del concessionari i l'explotació, per la secció primera d'aquest capítol en tot el que no s'oposa al seu règim específic, i en la forma que es determini per via reglamentària.

2. Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, pot ésser titular d'una concessió administrativa per a la construcció i l'explotació d'una dàrsena o una instal·lació marítima.

TÍTOL IV

Gestió del domini públic portuari adscrit a Ports de la Generalitat

CAPÍTOL I

Utilització del domini públic portuari

SECCIÓ PRIMERA

Disposicions generals

Article 70

Domini públic portuari de la Generalitat

1. Són béns de domini públic portuari de la Generalitat els afectats al servei portuari de competència de la Generalitat.

2. Pertanyen al domini públic portuari de la Generalitat:

a) Els terrenys, les obres i les instal·lacions fixes afectes als ports traspassats a la Generalitat d'acord amb el Reial decret 2876/1980, del 12 de desembre.

b) Els terrenys, les obres i les instal·lacions adscrits o que en el futur s'adscriguin a la Generalitat per a usos portuaris.

3. Ports de la Generalitat gestiona el domini públic portuari adscrit a la Generalitat de conformitat amb el que estableix l'article 7.

Article 71

Utilització del domini públic portuari adscrit a Ports de la Generalitat

1. Per a la utilització del domini públic portuari adscrit a Ports de la Generalitat per a usos en que concorrin circumstàncies especials d'exclusivitat, d'intensitat, de perillositat o de rendibilitat, o que requereixin l'execució d'obres o d'instal·lacions, s'ha d'exigir sempre l'atorgament de l'autorització o concessió administrativa corresponent, que n'ha d'acreditar el cànon o els cànons, de conformitat amb el que disposa aquesta Llei.

2. En qualsevol cas, tota utilització del domini públic portuari ha d'ésser compatible amb el planejament portuari i congruent amb els usos i les finalitats pròpies d'aquest domini públic. L'Administració portuària conserva en tot moment les facultats de control i de policia per tal de garantir l'ús adequat del demani. A aquests efectes, el titular de la utilització o de l'activitat resta obligat a informar-la de les incidències que es produeixin en relació al domini públic i a complir les instruccions que li dicti l'Administració.

Article 72

Procediment d'atorgament

1. El procediment per a l'atorgament de concessions i autoritzacions en el domini públic portuari adscrit a Ports de la Generalitat es pot iniciar d'ofici mitjançant la convocatòria del concurs corresponent o a instància d'una persona física o jurídica interessada.

2. El procediment d'atorgament de les autoritzacions i concessions a instància d'una persona interessada ha de constar de les fases de sol·licitud, informes preceptius, informació pública i resolució, en la forma que es determini per via reglamentària. Amb la sol·licitud s'ha d'adjuntar el resguard acreditatiu d'una fiança provisional per import del 2 per 100 del pressupost de les obres i de les instal·lacions.

3. Quan un mateix interessat sol·licita usos diferents del domini públic portuari i aquests usos es relacionen entre si, s'han de tramitar en un sol expedient, sens perjudici de la documentació tècnica que correspongui a cada un d'ells.

Article 73

Títol d'atorgament

El títol d'atorgament ha de fixar les condicions de l'autorització o de la concessió, que, com a mínim, són les següents:

a) L'objecte i l'extensió de la utilització o de l'ocupació.

b) Les obres o les instal·lacions que, si s'escau, ha de fer l'adjudicatari, amb referència al projecte constructiu, i també els terminis de començament i d'acabament.

c) El termini de l'atorgament i, si s'escau, la possibilitat de pròrroga.

d) Les fiances que ha de constituir l'adjudicatari.

i) Els cànons d'ocupació i, si s'escau, d'activitat, i les taxes a satisfer per l'adjudicatari.

f) El règim d'utilització dels espais portuaris, amb l'obligació de l'adjudicatari d'establir i de mantenir els accessos adequats per a l'ús públic del demani.

g) Les tarifes o els preus màxims a percebre del públic, si s'escau, amb el detall dels factors constitutius com base de futures revisions.

h) Les facultats de policia que es deleguen a l'adjudicatari.

i) L'obligació de mantenir en bon estat el domini públic, les obres i les instal·lacions; i de fer a càrrec seu les reparacions que siguin necessàries.

j) L'adopció de mesures específiques, segons els casos, per a no perjudicar el medi ambient, i les mesures indispensables que garanteixin la qualitat de les aigües marítimes a l'interior del recinte portuari i als seus voltants.

k) L'obligació de l'adjudicatari, si s'escau, de constituir un dipòsit suficient per a les despeses de reparació o d'aixecament i retirada, parcial o total de les obres i de les instal·lacions fixes o demuntables al càrrec seu, en el moment de l'extinció del títol corresponent, llevat d'una decisió contrària de l'òrgan competent de l'Administració portuària.

l) Les causes generals i específiques de resolució, si es preveuen, i els efectes que produeixen.

m) Les prescripcions tècniques del projecte, si s'escau.

Article 74

Fiança definitiva

1. Un cop atorgada la autorització o la concessió, l'adjudicatari ha de constituir la fiança definitiva, tot incrementant la provisional fins al 5 per 100 del pressupost corresponent de les obres o de les instal·lacions.

2. Quan el peticionari ha prestat fiança per a l'adjudicació d'altres títols administratius atorgats per la Generalitat que siguin exigibles per a la realització de l'activitat que motiva la sol·licitud d'utilització del domini públic, la quantia total acumulada de les fiances esmentades no pot excedir de la més gran de les fiances legalment exigides per a qualsevol dels títols d'utilització concurrents.

3. La fiança definitiva s'ha de retornar un cop acabades les obres o les instal·lacions i aprovada l'acta de reconeixement final.

Article 75

Modificació, extinció i revocació

1. Sens perjudici de les especialitats assenyalades per aquesta Llei, les autoritzacions i les concessions es modifiquen, s'extingeixen i es revoquen per les causes establertes en la lesgislació reguladora del domini públic maritimoterrestre.

2. Un cop extingit el dret a la utilització del domini públic portuari, l'Administració portuària no assumeix cap obligació laboral o econòmica del titular.

3. L'incompliment de les clàusules o de les condicions del títol d'atorgament per causes imputables al titular determina, amb l'audiència prèvia d'aquest, la resolució de la autorització o de la concessió, sens perjudici de l'expedient sancionador que sigui procedent.

4. Un cop iniciat l'expedient de revocació, l'Administració portuària pot disposar, amb l'audiència prèvia del titular i segons els casos, la paralització de les obres o la suspensió dels usos o de l'explotació de les instal·lacions.

5. La suspensió de la execució de la revocació requereix del titular la presentació d'un dipòsit previ en la quantia que en resulti aplicable segons els criteris que reglamentàriament s'estableixin.

6. Sens perjudici de les indemnitzacions que en cada cas s'escaiguin, la declaració de revocació i la renúncia a la autorització o a la concessió comporten la pèrdua de la fiança, si n'hi ha.

Article 76

Registre d'usos

Per via reglamentària s'ha de crear un registre d'usos del domini públic portuari de la Generalitat i establir-ne el funcionament i l'organització.

SECCIÓ SEGONA

Autoritzacions

Article 77

Àmbit

1. Cal l'autorització administrativa prèvia per ocupar el domini públic portuari amb instal·lacions desmuntables o béns mobles i per a desenvolupar en els espais portuaris activitats industrials, comercials o de serveis al públic, encara que no requereixin obres o instal·lacions de cap tipus.

2. La durada màxima de les autoritzacions és de tres anys, i en cap cas no se'n pot admetre la pròrroga.

3. Les autoritzacions s'atorguen amb caràcter personal i no són transferibles inter vivos.

4. Les autoritzacions que impliquen ocupació del domini públic portuari s'atorguen a títol de precari.

5. La construcció, l'ampliació o la reforma dels espais i les instal·lacions portuaris objecte de cessió a tercers, i també l'explotació de les activitats econòmiques que s'hi situïn en ells, son subjectes, si escau, a l'obtenció de les llicències municipals corresponents d'obres i d'activitat i al pagament dels impostos i les taxes municipals, quan ho estableixi la lesgislació de règim local.

Article 78

Extinció i revocació

1. L'Administració portuària pot revocar unilateralment les autoritzacions mitjançant resolució motivada i audiència del titular, quan són incompatibles amb obres, plans o normatives aprovats posteriorment, quan obstaculitzen l'explotació portuària o quan impedeixen la utilització de l'espai portuari en activitats de major interès. La revocació, en aquestes circumstàncies, no dóna dret a indemnització.

2. Una vegada extingida o revocada l'autorització, el titular té dret a retirar els materials, els equips i les instal·lacions de la seva propietat, i té l'obligació de fer-ho quan ho determini l'Administració portuària. En aquest darrer cas, si la retirada no es duu a terme en el termini i en les condicions assenyalats, s'ha de fer amb càrrec al titular. En tot cas, el titular té l'obligació de restaurar la realitat física alterada i de deixar el domini públic en el seu estat anterior.

Article 79

Prohibició d'abocaments

1. En els ports, les dàrsenes o les instal·lacions marítimes està prohibit abocar aigües que continguin olis, hidrocarburs, matèries en suspensió, plàstics o qualssevol altres matèries o productes contaminants, i llançar-hi terres, escombraries, deixalles, restes de la pesca, enderrocs o qualsevol altre material, i així mateix els productes resultants de la neteja de les sentines dels vaixells i altres embarcacions.

2. Quan s'aboquin materials no autoritzats, l'Administració portuària pot ordenar als responsables que els recullin o en netegin les aigües immediatament. En cas d'incompliment, l'Administració ha de procedir a l'execució subsidiària a càrrec dels responsables.

Article 80

Recepció de residus

Les instal·lacions situades dins de la zona de servei portuari i especialment les que utilitzen substàncies petrolíferes, químiques i petroquímiques o combustibles líquids, qualsevol que sigui la seva activitat, i també les drassanes i les instal·lacions de reparació naval, han de disposar d'instal·lacions per a la recepció i el tractament de residus d'aquesta naturalesa i d'aigües de sentines i per a la neteja d'olis, de greixos i d'altres productes contaminants. A més, han de disposar dels mitjans suficients per a prevenir i combatre els abocaments.

Article 81

Obres de dragatge

1. Les obres de dragatge en el domini públic portuari requereixen autorització de l'Administració portuària. L'òrgan competent en matèria de marina mercant ha d'emetre informe previ vinculant quan les obres projectades poden afectar a la seguretat de la navegació i els canals d'accés a la zona de servei portuari o la determinació de les zones d'ancoratge o de maniobra.

2. El projecte d'obres de dragatge, especialment les de bocana o exteriors, ha de contenir els estudis tècnics i d'avaluació d'efectes en relació a la sedimentologia i la dinàmica litoral, la possible localització de restes arqueològics i els biomes marí i submarí.

3. El projecte, juntament amb els estudis esmentats, s'ha de trametre als departaments de Medi Ambient i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i, si s'escau, al de Cultura perquè n'emetin informe. L'òrgan competent en matèria de costes ha d'autoritzar, si escau i amb l'informe preceptiu previ dels municipis afectats, la destinació de les sorres dragades als ports, les dàrsenes o les instal·lacions marítimes i llur dipòsit o abocament.

SECCIÓ TERCERA

Concessions

Article 82

Àmbit i durada

1. Tota ocupació del domini públic portuari per un termini superior a tres anys o per un altre d'inferior però amb obres o instal·lacions no desmuntables s'ha de fer mitjançant una concessió administrativa.

2. Tota concessió s'entén atorgada sense perjudici de tercers i salvant els drets preexistents.

3. El títol d'atorgament ha de determinar la durada de la concessió sense que en cap cas el termini d'ocupació excedeixi el màxim fixat en la lesgislació en matèria de domini públic marítim terrestre-portuari.

4. Abans de l'atorgament de les concessions administratives corresponents s'ha de demanar l'informe preceptiu al municipi afectat.

Article 83

Transmissió i gravamen

1. Les concessions són transmissibles per actes inter vivos, d'acord amb els requisits establerts per la lesgislació de contractes de les administracions públiques, amb l'autorització prèvia de l'Administració portuària, que pot exercir els drets de tempteig i retracte.

2. Per a la constitució d'hipoteques i d'altres drets de garantia sobre les concessions s'ha d'exigir, igualment, l'autorització prèvia de l'Administració portuària. En aquest supòsit s'ha d'aplicar la regulació que estableix l'apartat 3 de l'article 62, pel que fa a la transmissió i la constitució de garanties.

3. El concessionari resta obligat a comunicar a l'Administració portuària la cessió d'ús de determinats elements o de l'explotació total o parcial de la concessió.

Article 84

Especialitats de la tramitació

1. Es pot obviar el tràmit d'informació pública si la concessió es refereix a la utilització d'edificacions preexistents sense modificació de l'estructura exterior i és destinada als usos permesos pels instruments de planificació portuària.

2. Un cop atorgades, les concessions s'han d'inscriure al Registre de la Propietat, sens perjudici del que disposa l'article 76.

Article 85

Declaració d'utilitat pública

1. Si l'atorgament de la concessió determina, mitjançant el projecte corresponent, la necessitat de fer l'ocupació temporal o la incorporació al domini públic de nous béns o drets, l'aprovació definitiva del projecte comporta la declaració d'utilitat pública als efectes d'ocupació temporal o expropiació forçosa d'aquells béns o drets.

2. La utilitat pública es pot declarar d'ofici o a instància del peticionari. En aquest darrer cas, el projecte bàsic ha de recollir la relació concreta i individualitzada dels béns o els drets que es consideri necessari expropiar.

3. Els béns i els drets expropiats s'incorporen al domini públic portuari des que són ocupats en la forma establerta per la lesgislació d'expropiació forçosa i pel títol de concessió, sense que el titular de la concessió estigui obligat al pagament del cànon d'ocupació pels terrenys expropiats a càrrec seu.

Article 86

Títol d'atorgament

A més de les condicions mínimes determinades per l'article 73, el títol d'atorgament de les concessions ha de contenir les especificacions següents:

a) Els terrenys, les obres o les instal·lacions subjectes a reversió, si escau.

b) L'expressió dels drets i dels deures del concessionari envers l'Administració concedent.

Article 87

Reversió

1. Un cop extingida la concessió, reverteixen a l'Administració els terrenys, les obres i les instal·lacions assenyalats al títol d'atorgament, que han d'ésser lliurats sense càrregues i en estat de conservació i de funcionament adequats.

2. En l'extingir-se la concessió, l'Administració portuària pot acordar el manteniment o la retirada d'altres obres o instal·lacions autoritzades, no expressades al títol d'atorgament, que en el primer supòsit reverteixen en les mateixes condicions que les establertes per l'apartat 1. No obstant això, el concessionari pot retirar les instal·lacions que no figurin en el títol d'atorgament i que no estiguin unides a l'immoble.

3. La retirada de les obres i les instal·lacions, i també la dels materials i els equips, es fa per compte del concessionari. Si aquesta no l'efectua en el termini i en les condicions establerts, l'ha de fer l'Administració a càrrec d'aquell.

CAPÍTOL II

Prestació dels serveis portuaris en domini públic adscrit a Ports de la Generalitat

SECCIÓ PRIMERA

Serveis portuaris

Article 88

Concepte de serveis portuaris

1. Són serveis portuaris les prestacions que s'ofereixen al públic per a satisfer les operacions i les necessitats marítimes i portuàries, d'acord amb el que estableix aquesta Llei i les normes que la desenvolupin.

2. En tot cas, tenen el caràcter de serveis portuaris les prestacions següents:

a) Posar a disposició dels usuaris i usuàries les aigües del port, la dàrsena o la instal·lació marítima, els canals d'accés, les obres d'abric i les zones d'ancoratge.

b) Autoritzar l'ús de les obres d'atracada i els elements fixos d'amarratge i d'ancoratge.

c) Posar a disposició dels passatgers i les mercaderies les aigües del port, la dàrsena o la instal·lació marítima, les vies de circulació, les zones de manipulació i els serveis generals de policia.

d) Posar a disposició dels vaixells pesquers en activitat i dels productes de la pesca marítima fresca les aigües del port, els molls, les dàrsenes, les zones de manipulació i els serveis generals del port, la dàrsena o la instal·lació marítima.

e) Posar disposició de les embarcacions esportives o de lleure i llurs tripulacions i passatgers les aigües del port, les zones d'ancoratge, els serveis generals del port i, si escau, les dàrsenes i les instal·lacions d'amarrtge i d'atracada en molls o molls de pilons.

f) Fer el practicatge o l'assessorament per a la realització de les maniobres necessàries per a l'entrada, l'ancoratge, els moviments interiors o la sortida dels ports.

g) Posar a disposició dels usuaris i usuàries superfícies cobertes o descobertes, i també de maquinària i d'utillatge portuari.

h) Posar a disposició dels usuaris i usuàries els mitjans mecànics terrestres o flotants per a la manipulació de mercaderies al port.

i) Donar el subministrament d'aigua, de gel, d'energia elèctrica o de productes similars, juntament amb les instal·lacions per a llur conducció.

j) Donar els serveis destinats a la reparació i la conservació d'embarcacions.

k) Autoritzar l'ús de les zones d'aparcament de vehicles establertes als espais portuaris.

l) Donar el servei de remolc portuari.

m) Donar els serveis d'amarratge, de desamarratge o d'amarres a flor d'aigua.

3. Els serveis establerts per les lletres a), b), c), d) i e) de l'apartat 2 es poden prestar juntament amb altres de caràcter addicional, com els d'atracada amb amarra a mort, preses d'aigua i d'energia elèctrica, recollida d'escombraries, vigilància i atracadaen passarel·les de temporada.

SECCIÓ SEGONA

Règim de prestació dels serveis portuaris

Article 89

Règim de prestació

1. Correspon a Ports de la Generalitat, conforme al que estableix l'article 8, la gestió dels serveis portuaris en l'àmbit del domini públic portuari que tingui adscrit.

2. La prestació dels serveis portuaris pot ésser realitzada directament per Ports de la Generalitat o bé per gestió indirecta per qualsevol procediment establert per la lesgislació vigent, sempre que no impliqui exercici d'autoritat. No obstant això, la gestió directa es pot encomanar a una organització especial desconcentrada o a una entitat autònoma o bé a una empresa pública que pertanyi íntegrament o majoritàriament a la Generalitat.

3. Els contractes que concerta Ports de la Generalitat per a la prestació per gestió indirecta dels serveis portuaris es regulen per l'ordenament privat, llevat dels aspectes que en garanteixen la publicitat i la concurrència en la preparació i l'adjudicació, que s'han d'ajustar als criteris que dicti el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i al que disposi en últim terme la lesgislació vigent en matèria de contractes.

4. Si per a la gestió indirecta del servei es requereix l'atorgament de concessió o d'autorització d'ocupació del domini públic portuari, ambdues relacions han d'ésser objecte d'un expedient únic i llur eficàcia resta vinculada de manera recíproca.

5. Correspon a l'òrgan de contractació de Ports de la Generalitat l'aprovació dels plecs de clàusules dels contractes per a la prestació de serveis portuaris, amb l'informe previ del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. En aquests plecs han de figurar les condicions, les garanties, els preus i, si escau, la productivitat mínima exigible per a cada activitat o tipus d'operació, i també les penalitats que s'estableixin en cas d'incompliment.

6. Ports de la Generalitat, sens perjudici de mantenir la titularitat del domini públic portuari i dels serveis portuaris, pot concertar convenis amb d'altres administracions o d'altres entitats públiques amb la finalitat de gestionar els serveis portuaris.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

SECCIÓ PRIMERA

Normes generals

Article 90

Principi de rendibilitat

1. Els ingressos a percebre per Ports de la Generalitat pels serveis que presta en els ports, les dàrsenes i les instal·lacions marítimes han d'ésser suficients perquè siguin rendibles, de manera que amb llur producte es puguin cobrir, almenys, les despeses següents:

a) L'explotació, la conservació, la depreciació, l'amortització i les despeses generals.

b) Les càrregues econòmiques, administratives i financeres, inclosos els reemborsaments de préstecs i els pagaments d'interessos i d'impostos.

c) Les inversions i les despeses de primer establiment destinades a la creació, l'ampliació i la millora de les obres, les instal·lacions i els equipaments.

d) Un rendiment raonable de la inversió neta en actius fixos.

e) Els destinats al manteniment i la millora dels condicions mediambientals.

2. Correspon a Ports de la Generalitat, dintre dels límits de'aquesta Llei, fixar el nivell de rendibilitat de cadascuna de les explotacions portuàries, tenint en compte llurs característiques i condicionaments específics l'equilibri territorial.

SECCIÓ SEGONA

Cànons

Article 91

Cànon per ocupació o aprofitament del domini públic portuari

1. L'ocupació o l'aprofitament del domini públic portuari en virtut de concessió o d'autorització acredita el corresponent cànon en favor de Ports de la Generalitat.

2. Són subjectes passius del cànon, segons que sigui el cas, el concessionari o la persona autoritzada.

3. La base imposable del cànon consisteix en el valor del bé ocupat o aprofitat, que es determina de la manera següent:

a) Ocupació de terrenys. Consisteix en el valor dels terrenys, que es determina segons criteris de mercat. A aquest efecte, la zona de servei s'ha de dividir en àrees funcionals i s'ha d'assignar als terrenys inclosos en cada una un valor prenent com a referència altres terrenys del terme municipal en els quals es desenvolupen usos similars, especialment els que estan qualificats com usos comercials o industrials. En la valoració final cal tenir presents les obres d'infraestructura portuària i el grau d'urbanització dels terrenys i de les superfícies, i reflectir-hi també el grau de centralitat i de connexió amb els altres mitjans i infraestructures de transport i llur localització.

b) Ocupació de les aigües del port. És el valor del mirall d'aigua, que es determina per referència als terrenys contigus o, si escau, a les àrees de la zona de servei amb una finalitat o un ús similar. En la valoració s'han de prendre en consideració les condicions d'abric, la profunditat i l'emplaçament.

c) Ocupació d'obres i d'instal·lacions. És constituïda pels conceptes de l'anualitat comptable d'amortització, el valor del sòl ocupat i el valor de les obres i les instal·lacions.

d) Aprofitament del domini públic portuari. El valor és el dels materials aprofitats en relació amb la mitjana dels preus de mercat.

4. En el supòsit d'ocupació de terrenys i d'aigua del port, el tipus de gravamen és del 6% del valor de la base. En el cas d'ocupació d'obres i d'instal·lacions, el tipus és del 100% de l'anualitat d'amortització i el 6% del valor del sòl i del valor de les obres i instal·lacions. En el supòsit d'aprofitament, el tipus de gravamen és del 100% del valor dels materials aprofitats.

5. Ports de la Generalitat ha de remetre al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, amb l'informe preceptiu del Departament d'Economia i Finances, la valoració de terrenys i del mirall d'aigua a l'efecte de fixar el cànon. Aquesta valoració s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i pot ser revisada cada cinc anys o bé abans, si es produeixen modificacions en la zona de servei del port.

6. Ports de la Generalitat ha de fixar en les condicions de la concessió o de l'autorització la quantia del cànon, que s'ha d'actualitzar anualment en la mateixa proporció que la variació experimentada per l'índex general de preus al consum (IPC) en l'any natural anterior, i s'ha de revisar de conformitat amb les noves valoracions que aprovi el Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

7. El cànon s'acredita a partir del la data de notificació de la resolució d'atorgament de la concessió o autorització. És exigible per avançat en la quantia que correspongui, amb les actualitzacions i les revisions que, si és el cas, s'efectuïn i en els terminis que figurin en les clàusules de la concessió o autorització i que en cap cas no poden ésser superiors a un any.

8. El cànon pot ésser afectat per les reduccions següents sobre la base imposable:

a) Quan l'objecte de la concessió és l'activitat pesquera, el 35%.

b) Quan l'objecte de la concessió és la nàutica esportiva:

En superfícies inferiors a 1.000 m2, el 15 %

En superfícies entre 1.000 m2 i 5.000 m2, el 20%

En superfícies superiors a 5.000 m2, el 30%

9. Són exempts del pagament del cànon els òrgans i les entitats de les administracions públiques que porten a terme activitats de vigilància, de repressió del contraban, de salvament i de lluita contra la contaminació marina i les relacionades amb la defensa nacional.

10. En tot allò que no és previst per aquesta Llei, el règim jurídic aplicable és l'establert per la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat.

Article 92

Cànon per prestació de serveis al públic i desenvolupament d'activitats comercials i industrials

1. La prestació de serveis al públic i el desenvolupament d'activitats comercials o industrials en l'àmbit portuari en virtut d'autorització són subjectes a cànon a favor de Ports de la Generalitat.

2. En el cas que les activitats comercials o industrials impliquin l'ocupació o l'aprofitament del domini públic portuari, l'autorització d'activitat s'entén implícita en la corresponent concessió o autorització d'ocupació o d'aprofitament del domini públic, sens perjudici de l'exigència dels cànons que siguin exigibles per ambdós conceptes.

3. Són subjectes passius del cànon el titular de l'autorització d'activitat o, si escau, el titular de la concessió o de l'autorització d'ocupació o d'aprofitament del domini públic.

4. Ports de la Generalitat aplica la quantia del cànon tenint en compte els objectius econòmics i els criteris comercials de l'entitat, el tipus d'activitat i el seu interès portuari, la quantia de la inversió i el volum de tràfic, d'acord amb un dels criteris següents:

a) S'estableix sobre el volum de tràfic portuari, en una quantia de fins a 40, 80 i 160 pessetes per tona a doll líquid, sòlid o mercaderia general, respectivament, quan aquest tràfic és objectivament mesurable.

b) S'estableix sobre el volum de negoci en una quantia de fins al 10% de la facturació, quan no hi ha un volum de tràfic mesurable, en la prestació de serveis al públic o en el desenvolupament de les activitats comercials i industrials.

5. El criteri i el tipus establerts per Ports de la Generalitat han de figurar expressament en les condicions de l'autorització d'activitat o, si escau, de la concessió o de l'autorització d'ocupació o d'aprofitament del domini públic. Quan la quantia del cànon s'estableix sobre el volum de tràfic, les quantitats assenyalades en la lletra a) de l'apartat 4 han d'ésser actualitzades anualment en la mateixa proporció que la variació experimentada per l'índex general de preus al consum en l'any natural anterior.

6. El cànon s'acredita a partir de la data de notificació de la resolució d'atorgament de la concessió o de l'autorització d'activitat o, si escau, de la concessió o de l'autorització d'ocupació o d'aprofitament del domini públic portuari.

7. El cànon és exigible en la quantia que correspongui, de conformitat amb el que estableixin les clàusules de la concessió, sense que es pugui establir un termini de liquidació superior a un any. En el supòsit que el cànon sigui exigible per avançat, la seva quantia s'ha de calcular per al primer exercici sobre les estimacions efectuades del volum de tràfic o de negoci i, en els exercicis successius, sobre les dades reals dels anys anteriors.

SECCIÓ TERCERA

Tarifes per serveis portuaris

Article 93

Àmbit i determinació

1. Ports de la Generalitat pot exigir l'abonament de les tarifes corresponents pels serveis portuaris que presta directament. Aquestes tarifes tenen el caràcter de preus privats.

2. Correspon al conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, a proposta de Ports de la Generalitat, aprovar les tarifes a aplicar pels diferents serveis que aquest presta. Aquestes tarifes s'han d'actualitzar amb periodicitat anual d'acord amb l'evolució dels diferents components del cost del servei.

3. Els serveis portuaris que es presten en règim de concessió administrativa són subjectes al pagament a Ports de la Generalitat de les corresponents tarifes que s'estableixin en les clàusules de concessió, amb les exempcions i les bonificacions que s'hi puguin determinar.

4. Quan la gestió de serveis portuaris es faci per mitjà d'algun instrument jurídic o figura que impliqui l'exercici de potestats administratives, com en cas dels consorcis, les tarifes corresponents tenen el caràcter de taxes i s'han de fixar d'acord amb el que estableix la Llei de taxes i preus públics vigent.

Llibre III

Marines interiors

Article 94

Elements

1. Les marines interiors o zones de servei portuari d'urbanitzacions maritimoterrestres, definides per l'article 2.4, es componen dels elements següents:

a) Els dics d'abric, la bocana i el canal o els canals d'entrada.

b) Els canals interiors, amb les respectives aigües i reclaus o entrants de parcel·la.

c) La franja de servei nàutic adjacent als canals.

d) Les dàrsenes esportives.

e) Les superfícies de terra necessàries per instal·lacions i serveis.

2. El projecte de construcció de la marina interior n'ha de delimitar perfectament el perímetre, en les seves porcions d'aigua i terra, i incloure els diferents elements de què es compon.

3. Les marines interiors es regeixen per les disposicions d'aquest llibre III i, en allò que no reguli i no s'oposi a la seva regulació específica, per les altres normes d'aquesta Llei que siguin aplicables.

Article 95

Franja de servei nàutic

La franja de servei nàutic comprèn els terrenys confrontants amb els canals en una franja de tres a sis metres d'amplada, a comptar des de la vora del canal, afectada al servei portuari de la marina interior. La utilització privativa d'aquesta zona pel titular de la parcel·la confrontant requereix l'autorització prèvia del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Article 96

Concessió de les marines interiors

1. La construcció, la gestió i l'explotació d'una marina interior requereix el corresponent títol de concessió, que es tramita de conformitat amb el que regula aquesta Llei per als ports artificials.

2. Les sol·licituds de concessió de marina interior han d'anar acompanyades de l'avantprojecte o el projecte bàsic corresponent amb el contingut establert per l'article 41.2, d'un estudi economicofinancer, de la proposta del reglament d'explotació i les tarifes i el règim jurídic de la comunitat d'usuaris de la marina interior. Igualment, la sol·licitud s'ha d'acompanyar dels instruments de planejament que desenvolupin les previsions fixades prèviament pel pla general municipal en l'àmbit maritimoterrestre i que s'han de tramitar de manera paral·lela d'acord amb la lesgislació urbanística.

3. Per a l'atorgament de la concessió, el sol·licitant ha de presentar el projecte constructiu corresponent, que s'ha d'ajustar al planejament urbanístic vigent.

Article 97

Tipus d'amarratges

1. Els amarratges poden ser d'ús privatiu, vinculats o no a una parcel·la confrontant, o d'ús públic tarifat.

2. Els propietaris de les parcel·les confrontants amb la xarxa de canals tenen un dret preferent a la cessió de l'ús i gaudi dels punts d'amarratge vinculats a les parcel·les esmentades segons el projecte de construcció, en els termes que reglamentàriament es determinin. Els successius concessionaris de la marina interior han de respectar aquest dret preferent sempre que el seu titular es trobi al corrent de les obligacions derivades de la cessió de l'ús i gaudi de l'amarratge.

3. Els amarratges d'ús públic no poden ésser inferiors al percentatge que sobre el total dels existents en la marina interior es determini reglamentàriament.

Article 98

Registre d'usuaris

Els titulars dels drets d'ús han de constar inscrits en un registre d'usuaris de la marina interior, amb indicació de si estan o no vinculats a una parcel·la confrontant.

Article 99

Ús turístic dels canals

L'ús turístic dels canals de les marines interiors ha d'ésser previst i regulat en el reglament d'explotació de la marina interior. A aquest efecte, l'empresa turística ha d'ésser considerada, si escau, subjecte passiu de la tarifa corresponent. Aquest ús turístic ha d'ésser autoritzat per les autoritats competents en transport marítim.

Article 100

Inscripció registral i divisió d'elements

1. El concessionari ha d'inscriure la concessió en el Registre de la Propietat, juntament amb el reglament d'explotació i el règim jurídic de la comunitat d'usuaris de la marina interior, amb indicació dels elements en què es divideix, les zones d'instal·lacions i d'edificacions, els punts d'amarratge i la superfície d'aigua abrigada de cadascuna, distingint, a aquests efectes, els amarratges destinats a la cessió d'ús permanent dels que es reserven al trànsit i el coeficient que correspon a cada unitat de repartiment de despeses, segons els criteris establerts en el reglament.

2. Les transferències dels drets d'ús de les diferents unitats de repartiment s'han de formalitzar mitjançant escriptura pública, que ha d'ésser inscrita al Registre de la Propietat.

Llibre IV

Règim de policia

TÍTOL I

Potestat inspectora

Article 101

Inspecció i vigilància

1. Sense perjudici de les competències municipals, s'atribueix a l'Administració portuària la potestat d'inspecció i de vigilància en relació amb els serveis i les operacions que es desenvolupen en els ports i a la resta d'instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei, qualsevol que sigui el règim d'utilització del domini públic portuari o la forma de prestació dels serveis.

2. L'actuació inspectora ha d'ésser feta pel personal designat per l'Administració portuària. En qualsevol cas, els inspectors tenen el caràcter i la potestat d'autoritat en l'exercici de llurs funcions.

3. La potestat inspectora comprèn, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Visitar les obres, les construccions, les instal·lacions i la resta dels serveis en els quals es fan activitats portuàries.

b) Accedir a la documentació administrativa, financera, comptable o de qualsevol altra naturalesa, necessària per a l'exercici de la funció inspectora, amb la possibilitat de requerir a aquest efecte els informes, els documents i els antecedents que s'estimin pertinents.

c) Comprovar el compliment dels requisits i de la resta d'exigències previstes per la lesgislació aplicable.

d) Verificar que les activitats portuàries es fan amb adequació a la normativa aplicable.

e) Accedir als terrenys de propietat privada on s'han de fer les comprovacions i actuacions corresponents.

f) Aixecar les actes de denúncia que es formulin en matèria portuària.

4. En els ports adscrits a Ports de la Generalitat, el personal que fa de guardamolls té com a missió prevenir, evitar i denunciar les infraccions que es puguin cometre en relació amb el que disposa aquesta Llei, i ha de donar compte de les seves actuacions a les diverses autoritats competents per raó de la matèria.

5. En els ports en règim de concessió les tasques definides per l'apartat 4 s'han de prestar d'acord amb el que estableix la lesgislació de seguretat privada.

6. Al règim de policia portuària li és aplicable el reglament disposat per la disposició final segona.

TÍTOL II

Infraccions i sancions

CAPÍTOL II

Infraccions

Article 102

Tipificació

1. Tenen la consideració d'infracció administrativa en l'àmbit portuari les accions i les omissions tipificades i sancionades per aquesta Llei.

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

3. Són infraccions lleus les que, no tenint la consideració de greus o molt greus, queden tipificades en algun dels supòsits següents:

a) L'incompliment de la normativa portuària vigent.

b) L'incompliment del reglament general d'explotació i de policia dels ports de Catalunya, i també l'incompliment del reglament d'explotació de cada port, dàrsena, instal·lació marítima o marina interior. L'incompliment de les instruccions i de les ordres de les autoritats portuàries en execució dels reglaments i en l'exercici de llurs competències.

c) La realització d'operacions marítimes que posin en perill les obres, les instal·lacions, els equips portuaris, els vaixells o les persones, o en les quals no es prenguin les mesures de seguretat necessàries.

d) Qualsevol acció o omissió que causi danys o perjudicis en els béns del domini públic portuari o maritimoterrestre adscrit, o en llur ús o explotació, sempre que no n'impedeixi el normal funcionament.

e) Qualsevol acció o omissió que causi, per culpa o per negligència, danys en les obres, les instal·lacions, els equips, els mitjans de transport marítims o terrestres, les mercaderies, els contenidors o qualssevol altres elements situats en l'espai portuari, i també llur utilització indeguda o sense permís quan aquest sigui necessari.

f) L'ocupació del domini públic portuari o del domini públic maritimoterrestre adscrit amb obres o instal·lacions sense el títol corresponent, sempre que no s'obstaculitzi l'activitat normal del port, la dàrsena, la instal·lació marítima o la marina interior.

g) La realització d'activitats en el domini públic portuari o adscrit sense l'autorització corresponent.

h) La realització d'obres, instal·lacions o activitats en el domini públic portuari o adscrit amb incompliment de les condicions del títol atorgat, sense perjudici de la seva revocació, si és el cas.

i) L'omissió o l'aportació de forma defectuosa, voluntàriament o per negligència inexcusable, de qualsevol informació que s'hagi de subministrar a l'Administració portuària, ja sigui per prescripció legal o a requeriment seu.

j) L'abocat de substància i de residus no contaminants en les aigües del port.

4. Són infraccions greus:

a) Les infraccions tipificades com a lleus quan provoquin lesions a les persones o llur baixa laboral per un temps inferior a set dies, o bé causin danys i perjudicis que impedeixin parcialment el funcionament dels béns o de les instal·lacions.

b) L'ocupació del domini públic portuari o adscrit sense el títol corresponent, quan es destorbi l'activitat normal del port, la dàrsena, la instal·lació marítima o la marina interior, o bé quan s'hagi desatès un requeriment exprés dels òrgans portuaris competents per al cessament de la conducta abusiva.

c) El falsejament de qualsevol informació aportada a l'Administració portuària en compliment d'una obligació legal o a requeriment d'aquesta.

d) L'obstrucció de les funcions de control i de policia de l'Administració o la negativa dolosa a col·laborar-hi.

e) L'emissió d'abocaments o substàncies no contaminants, i qualsevol altra incidència o actuació negatives per a l'entorn terrestre o marí o per al medi ambient.

f) La reincidència en qualsevol de les faltes lleus abans que hagi transcorregut el termini de prescripció.

5. Són infraccions molt greus:

a) Les infraccions tipificades com lleus i com greus quan provoquin lesions a les persones determinants de baixa laboral per un temps superior a set dies, o bé quan causin danys i perjudicis que impedeixin totalment el funcionament o la utilització del bé o de la instal·lació.

b) La reincidència en qualsevol de les faltes greus abans que hagi transcorregut el termini de prescripció.

Article 103

Prescripció de les infraccions

El termini de prescripció de les infraccions és de tres anys per a les molt greus, dos anys per a les greus i un any per a les lleus. Aquest termini es comença a comptar des de la data en què ha estat comesa la infracció. Si aquesta és continuada, des de la data en què s'ha realitzat l'últim acte amb què ha estat consumada. Si els fets, els actes o les omissions constitutius d'infracció són desconeguts per manca de signes externs, el termini comença a comptar a partir del la data en què aquests es manifestin.

CAPÍTOL II

Procediment

Article 104

Responsabilitat

1. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques o jurídiques següents:

a) Amb caràcter solidari, l'autor o responsable de l'acció o de l'omissió i, si escau, l'empresa amb la qual té relació de dependència, si la infracció ha estat comesa en compliment de les seves funcions.

b) En cas d'incompliment de les condicions d'un contracte o d'un títol administratiu, el titular d'aquest.

c) En cas d'infraccions relacionades amb les embarcacions, els armadors i els consignataris respectius amb caràcter solidari i, subsidiàriament, els capitans o patrons.

d) En cas d'obres, instal·lacions o activitats sense títol suficient, el promotor de l'activitat o l'empresari que l'executa i el tècnic director.

2. Si les infraccions són imputables a una persona jurídica, poden ésser considerades com a responsables subsidiàries les persones físiques que n'integren els òrgans rectors o de direcció, llevat de les que hagin dissentit dels acords adoptats.

3. Les sancions imposades als diferents subjectes a conseqüència d'una mateixa infracció tenen entre si caràcter independent.

Article 105

Iniciació i tramitació

1. El procediment administratiu sancionador s'ha de tramitar d'acord amb el que disposen aquesta Llei i la normativa sobre procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la Generalitat, i s'ha d'ajustar als principis establerts en la lesgislació vigent de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. L'exercici de la potestat sancionadora en l'àmbit dels ports, les dàrsenes i les instal·lacions marítimes de la Generalitat correspon als òrgans competents d'acord amb el que disposen aquesta Llei i els reglaments que la desenvolupen.

3. Davant el coneixement o les denúncies de possibles actuacions infractores presentades pels serveis de vigilància en els ports objecte de concessió o pels guardamolls, els òrgans competents tenen l'obligació de formular i de tramitar els expedients sancionadors corresponents. En aquest sentit, un cop advertida l'existència d'una possible infracció, l'òrgan competent de l'Administració portuària, després d'haver fet les diligències prèvies oportunes, ha d'incoar al presumpte infractor un expedient sancionador. En qualsevol cas, és preceptiva la notificació del plec de càrrecs al presumpte infractor perquè pugui formular les al.legacions que consideri pertinents abans que es dicti la resolució.

4. En la tramitació de procediments sancionadors per fets succeïts en l'àmbit dels ports subjectes a concessió, és preceptiva l'audiència al concessionari.

Article 106

Mesures cautelars

1. Un cop incoat l'expedient sancionador, l'Administració portuària pot adoptar, a proposta de l'instructor o instructora de l'expedient i mitjançant acord motivat, les mesures cautelars de caràcter provisional que calguin per a assegurar l'eficàcia de la resolució que pugui recaure, per a preservar els interessos generals o per evitar el manteniment dels efectes de la infracció.

2. L'Administració portuària pot ordenar la paralització immediata de les obres o de les instal·lacions i la suspensió dels usos i de les activitats que no disposen del títol administratiu corresponent o que no s'ajusten a les condicions del titulo atorgat.

3. L'Administració portuària pot acordar el precintatge de les obres o de les instal·lacions i la retirada dels materials, de la maquinària o dels equips que s'utilitzen en les obres o activitats a càrrec de l'interessat, per assegurar l'efectivitat de la resolució a què es refereix l'apartat 2. A aquests efectes, pot requerir, si ho considera convenient, la col·laboració de la força pública.

4. En el termini que fixi la notificació de l'ordre de suspensió, la persona interessada ha de sol·licitar a l'Administració el títol corresponent o, si escau, ajustar les obres o l'activitat al que tingui atorgat.

5. Si transcorre el termini a què es refereix l'apartat 4 sense que l'interessat hagi complert el que s'hi prescriu, l'Administració portuària pot ordenar la demolició de les obres o el desmantellament de les instal·lacions, a costa i càrrec de la persona interessada, i ha d'impedir definitivament els usos o les activitats no autoritzats. L'Administració portuària ha de procedir d'igual manera quan el títol sigui denegat perquè no s'ajusta a la normativa vigent.

6. Així mateix, l'Administració portuària pot ordenar l'adopció immediata de les mesures necessàries per a evitar els danys que pugui provocar un vaixell o una altra embarcació en perill d'enfonsament o en situació de causar danys a béns o elements portuaris o a altres embarcacions. També pot ordenar la immediata retenció, per causa justificada, dels vaixells i de les embarcacions per a garantir les possibles responsabilitats administratives o econòmiques de llurs propietaris, representants autoritzats, capitans o patrons, sense perjudici que aquesta mesura cautelar pugui ésser substituïda per la constitució d'un aval suficient.

CAPÍTOL III

Sancions i altres mesures

Article 107

Multes i graduació

1. Les infraccions regulades per aquesta Llei són sancionables amb les multes següents:

a) Les infraccions lleus, fins a 750.000 pessetes.

b) Les infraccions greus, fins a 20.000.000 de pessetes.

c) Les infraccions molt greus, fins a 40.000.000 de pessetes.

2. La quantia de les multes s'ha de graduar d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i perjudicis produïts, el risc objectiu causat als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta infractora, l'existència d'intencionalitat i la reincidència.

3. A efectes de la graduació de sancions, es considera reincidència la comissió d'una infracció de la mateixa naturalesa abans que hagi prescrit la infracció anterior.

4. Si un mateix fet o omissió és constitutiu de dues infraccions o més, o si de la comissió d'una infracció se'n deriva necessàriament una altra, s'imposa únicament la sanció corresponent a la infracció més greu de les comeses.

Article 108

Òrgans competents

1. La competència per a imposar les multes correspon, amb caràcter indelegable, als òrgans següents:

a) El director o directora general competent en matèria de ports, fins a 750.000 pessetes.

b) El conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, fins a 20.000.000 de pessetes.

c) El Govern de la Generalitat, fins a 40.000.000 de pessetes.

2. El Govern de la Generalitat, a proposta del conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, pot actualitzar o modificar aquests límits i la quantia de les multes.

3. L'import de les multes i de les indemnitzacions per infraccions als ports, les dàrsenes, les instal·lacions marítimes o les marines interiors adscrites a Ports de la Generalitat es consideren ingrés propi d'aquest ens.

4. La quantia de les sancions que en cada cas correspongui es pot condonar parcialment mitjançant acord motivat de l'òrgan competent per a imposar la multa, en el qual s'han de justificar les raons objectives que fan convenient adoptar aquesta mesura. És requisit imprescindible que l'infractor, amb el requeriment previ de l'Administració i en el termini atorgat a aquest efecte, hagi corregit la situació alterada per la comissió de la infracció.

Article 109

Inhabilitació

En cas d'infraccions greus o molt greus, i atenent a les circumstàncies que hi concorrin, l'òrgan competent per a imposar la sanció corresponent pot acordar també la inhabilitació de l'infractor per a ésser titular d'autoritzacions i de concessions administratives per un termini no superior a un any en cas d'infraccions greus i fins a tres anys en les molt greus. Aquesta sanció es gradua segons els criteris que estableix aquest capítol.

Article 110

Prescripció de les sancions

Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les imposades per infraccions greus als dos anys i les imposades per infraccions lleus a l'any. El termini de prescripció de les sancions s'inicia l'endemà del dia que ha adquirit fermesa la resolució que les imposa.

Article 111

Multes coercitives

1. Per a l'execució dels actes administratius que impliquen una obligació dels destinataris, conforme a aquesta Llei, l'autoritat portuària pot imposar multes coercitives, d'acord amb el que disposa la lesgislació administrativa general i amb els corresponents requeriments i advertiments previs.

2. Les multes coercitives, que poden ésser reiterades, no poden ésser de quantia superior a 75.000 pessetes cadascuna.

3. La imposició de multes coercitives és independent de la imposició de multes en concepte de sanció, i hi és compatible.

4. Quan les multes coercitives s'imposin per a impel·lir el compliment d'una sanció, la competència per a fixar-la és del mateix òrgan que ha dictat la resolució de l'expedient sancionador i l'import de cada una d'elles no pot ésser superior al 20 per 100 de la quantia de la sanció.

Article 112

Responsabilitat per danys causats al domini públic

1. La imposició de sancions és independent de l'obligació, exigible en qualsevol moment, de restituir els béns i de reposar la situació alterada a l'estat anterior a la comissió de la infracció, i de l'obligació d'indemnitzar els danys i els perjudicis causats.

2. En el supòsit que la reparació d'un dany sigui urgent per a garantir el bon funcionament del port, la dàrsena, la instal·lació marítima o la marina interior, el gestor públic o privat encarregat de l'explotació l'ha de portar a terme de manera immediata. En aquest cas, les despeses corresponents són a càrrec del causant.

3. Si la restitució i la reposició a l'estat anterior no és possible i s'han produït danys i perjudicis, els responsables de la infracció han d'abonar les indemnitzacions que corresponguin. La quantia de la indemnització que en cap cas no pot ésser inferior al valor del benefici obtingut per l'infractor, s'ha de fixar segons els següents criteris, aplicant aquell que proporcioni el valor més gran:

a) El valor teòric de la restitució i la reposició.

b) El valor dels béns malmesos.

c) El benefici obtingut per l'infractor amb l'activitat il.legal.

4. Correspon al mateix òrgan competent per a imposar la sanció d'establir l'obligació de restituir i de reposar la situació alterada al seu estat anterior, i també fixar l'import de la indemnització, amb la instrucció prèvia de l'expedient administratiu corresponent.

5. Les mesures previstes en aquest article no tenen caràcter de sanció.

Article 113

Execució forçosa

1. L'import de les multes i de les despeses ocasionades per l'execució subsidiària de les actuacions de restitució i de reposició dels béns a l'estat anterior a la comissió de la infracció, i també l'import de les indemnitzacions per danys i perjudicis, pot ésser exigit per via de constrenyiment.

2. La suspensió de les resolucions dictades en virtut de l'apartat 1 requereix que l'interessat garanteixi l'import mitjançant la constitució d'una fiança o d'un dipòsit suficient.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

Servei de dragatge i transvasament de sorres dels ports de Catalunya

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques pot establir un servei de dragatges i de transvasaments de sorres dels ports de Catalunya, que pot ésser gestionat en qualsevol de les modalitats directes o indirectes que estableix la lesgislació vigent. Els concessionaris que resultin beneficiaris del servei esmentat tenen la consideració de subjectes passius obligats a satisfer les tarifes corresponents. Aquesta activitat és subjecta, si escau, als informes corresponents del Departament de Medi Ambient i de la demarcació de costes.

Segona

Concessions administratives

La Generalitat manté les competències plenes sobre les concessions administratives existents en la zona costanera mentre s'hi mantinguin els usos autoritzats.

Tercera

Relació de llocs de treball

El Govern, per decret, ha d'establir la relació de llocs de treball de Ports de la Generalitat, especificant les categories i les funcions que corresponen a cadascun d'ells.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

Pla de ports de Catalunya

1. Mentre no s'aprovi el Pla de ports de Catalunya que estableix l'article 31, continua vigent el Pla de ports esportius aprovat per acord del Govern de la Generalitat del 10 de l'abril del 1994, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 6 de juny de 1984.

2. El Pla de ports de Catalunya s'ha de redactar en el termini d'un any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

Segona

Concessions existents

1. Les concessions per a la construcció i l'explotació de ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes que es troben vigents a l'entrada en vigor de aquesta Llei es regulen pel règim de continuació de l'explotació establert pels articles 67.3 i 68.

2. Els titulars de concessions per a la construcció i l'explotació de ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes que són vigents en el moment d'entrar en vigor aquesta Llei han d'optar expressament en un termini màxim de sis mesos entre mantenir el mateix règim jurídic que els és aplicable o sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques l'adaptació a les disposicions d'aquesta Llei. Si no es sol·licita expressament l'adaptació en el termini esmentat o si, havent-la sol·licitada, no s'accepten les condicions i les prescripcions ofertes per l'Administració en el termini que aquestes mateixes indiquin, s'ha d'entendre que el concessionari opta pel manteniment de l'antic règim jurídic. L'adaptació no pot comportar en cap cas una ampliació del termini de la concessió.

Tercera

Legalització i adaptació de les marines interiors existents

1. En el termini d'un any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les marines interiors existents a la costa catalana que no hagin estat legalitzades per a una utilització nauticoportuària han de presentar una sol·licitud que s'adapti a les determinacions que prescriu el llibre III, a fi i efecte d'obtenir la concessió a què es refereix l'article 96, amb les particularitats següents:

a) La sol·licitud de concessió de gestió i explotació de la marina ha d'ésser acompanyada:

Primer. Del projecte i del plànol de les obres i de les instal·lacions nauticoportuàrias existents a la marina, tot delimitant-ne perfectament el perímetre en les seves porcions d'aigua i de terra, amb una descripció dels seus elements conforme al que disposa l'article 94, i amb indicació dels amarratges d'ús privatiu, vinculats o no a una parcel·la confrontant, i dels d'ús públic tarifat, tot aportant una relació d'usuaris de la marina.

Segon. Dels instruments de planejament urbanístic que acreditin la legalitat urbanística de les obres i de les instal·lacions existents.

Tercer. Del projecte d'obres i d'instal·lacions necessàries perquè la marina compleixi totes les característiques tècniques, els elements, els serveis i els altres requisits exigits legalment conforme al que disposa l'article 4, si s'escau. En aquest cas, la sol.licitud ha d'ésser acompanyada del resguard acreditatiu d'una fiança provisional per import del 2% del pressupost de les esmentades obres i instal·lacions.

Quart. D'un estudi economicofinancer de la gestió i de l'explotació de la marina.

Cinquè. De la proposta del corresponent reglament d'explotació i tarifes.

Sisè. De la proposta de règim jurídic de la comunitat d'usuaris de la marina, amb la indicació del coeficient que correspon a cada unitat de repartiment de despeses.

b) La sol·licitud s'ha de tramitar d'acord amb el que disposa aquesta Llei.

c) Transcorregut el termini indicat sense que s'hagi presentat la sol.licitud de concessió per a la legalització i adaptació de les marines interiors a què fa referència aquest apartat, s'entén que el titular concessionari renúncia a la concessió administrativa vigent i l'Administració portuària queda facultada per a gestionar-la en qualsevol de les formes que la Llei estableix.

2. En el termini de dotze mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les marines interiors legalitzades d'acord amb la lesgislació anterior han de presentar perquè l'aprovi l'Administració portuària, un nou reglament d'explotació i de règim jurídic de la comunitat d'usuaris adaptat a les prescripcions del llibre III.

Quarta

Béns i mitjans de la Comissió de Ports de Catalunya i règim del personal

1. Els béns i els mitjans materials de la Comissió de Ports de Catalunya queden integrats en l'entitat de dret públic Ports de la Generalitat, que es crea, de conformitat amb l'article 1.b) de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana, d'acord amb la seva naturalesa jurídica originària.

2. El canvi de naturalesa jurídica de la Comissió de Ports de Catalunya establert per la Llei no afecta les situacions jurídiques dels béns nascudes abans de la seva entrada en vigor, les quals es mantenen sense solució de continuïtat. A partir de la dita entrada en vigor s'ha d'aplicar el règim jurídic que correspongui d'acord amb aquesta Llei.

3. El personal laboral que en la data d'entrada en vigor de aquesta Llei presti serveis a la Comissió de Ports de Catalunya o tingui suspesa la seva relació jurídica laboral amb aquest organisme queda integrat en l'ens públic Ports de la Generalitat, que es Crea mitjançant aquesta Llei, el qual se subroga de forma expressa respecte a les relacions contractuals laborals d'aquest personal.

4. El personal funcionari que a l'entrada en vigor de aquesta Llei estigui prestant serveis a la Comissió de Ports de Catalunya i hi estigui destinat definitivament pot optar per:

a) Integrar-se en l'ens públic com personal laboral, comportant aquesta incorporació el reconeixement a tots els efectes de la data d'antiguitat reconeguda a l'Administració, i restar en la situació d'excedència voluntària per a incompatibilitats mentre es donin les causes previstes a la normativa vigent.

b) Mantenir la seva condició de funcionari en el nou ens, en què s'ha de crear un lloc de treball a extingir. Aquest lloc s'extingirà en el moment que obtingui una altra plaça de funcionari amb caràcter definitiu.

5. Qualsevol de les opcions a què es refereix l'apartat 4 s'ha de manifestar de manera expressa per escrit i, si és el cas, mitjançant la mormalització del contracte de treball indefinit corresponent.

6. El personal laboral de la Comissió de Ports de Catalunya que tingui la condició de fix pot optar per la incorporació voluntària. En aquest cas ha d'ésser declarat en la situació d'excedència voluntària per incompatibilitats, establert per l'article 46.6 del III Conveni únic del personal laboral de la Generalitat, i se li ha de reconèixer a tots els efectes la data d'antiguitat reconeguda en l'Administració.

7. El personal laboral de la Comissió de Ports de Catalunya que tingui la condició de temporal s'ha d'integrar en el nou ens d'acord amb el que disposa l'article 44 de l'estatut dels treballadors.

Cinquena

Moratòria de construcció

S'estableix una moratòria en la construcció de nous ports i marines interiors per un període inicial de tres anys a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. Aquesta moratòria no afecta les instal·lacions la tramitació de les quals ja s'hagi iniciat abans de l'entrada en vigor de la Llei, i tampoc les obres de remodelació o d'ampliació dels ports, les dàrsenes, les instal·lacions marítimes o les marines interiors ja existents. Aquesta moratòria s'ha de prorrogar automàticament per un termini de dos anys més, llevat que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, amb un estudi previ sobre l'ocupació del litoral català, la demanda de llocs d'amarratge i les condicions mediambientals i amb l'informe preceptiu del Departament de Medi Ambient, acordi la conveniència d'aixecar-la.

Sisena

Cànons aplicables

Mentrestant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques no hagi procedit a l'aprovació de la valoració dels terrenys i dels miralls d'aigua a efectes de la fixació dels cànons que estableix l'article 91, són aplicables els cànons per concessions i autoritzacions que regula l'article 10 de la Llei 17/1996, del 27 de desembre.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada la Llei, 4/1982, del 5 d'abril, de creació de la Comissió de Ports de Catalunya. Igualment, queda derogada qualsevol disposició de rang igual o inferior que s'oposi al que estableix aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Es faculten el Govern de la Generalitat i el conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques perquè dictin les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'aplicació d'aquesta Llei.

Segona

El Govern de la Generalitat ha d'elaborar un reglament de policia portuària que s'ha d'aplicar tant en els ports adscrits a Ports de la Generalitat com als ports objecte de la concessió.

Tercera

Sens perjudici de les competències municipals pel que fa a les urbanitzacions maritimoterrestres, la regulació del domini públic portuari pel que fa als dics d'abric, la bocana, els canals d'entrada, la xarxa de canals interiors, amb les seves aigües i reclaus o entrants de parcel.la, franja de servei nàutic adjacent al canal, dàrsena esportiva i superfícies a terra necessàries per a les instal·lacions i serveis portuaris de les marines interiors s'ha de fer mitjançant un reglament específic.

Quarta

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ANNEX

Integren el domini públic portuari adscrit a Ports de la Generalitat els ports, les dàrsenes i les instal·lacions marítimes que s'enumeren a continuació:

Embarcador de Portbou, port de Llançà, port de Port de la Selva, port de Roses, port de l'Escala, port de l'Estartit, port de Palamós, port de Sant Feliu de Guíxols, port de Blanes, port d'Arenys de Mar, port de Mataró, dàrsena pesquera del Masnou, port del Garraf, port de Vilanova i la Geltrú, dàrsena pesquera de Torredembarra, port de Cambrils, port de l'Ametlla de Mar, port de l'Ampolla, embarcador de Deltebre, embarcador de Sant Jaume d'Enveja, embarcador de Tortosa, port de Sant Carles de la Ràpita, port de les Cases d'Alcanar, embarcador d'Amposta, i ports industrials de Badalona, Vallcarca i Alcanar.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 17 de l'abril del 1998

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

PERE MACIAS I ARAU

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

(98.105.019)