Mediante la escritura cuya calificación es impugnada se formalizó un denominado «contrato de opción de compra», por el cual una sociedad se obliga a vender a determinadas personas el pleno dominio de una finca, una vez construida la vivienda proyectada que aquella se compromete a terminar totalmente en el plazo de siete meses desde el otorgamiento; y estas personas se obligan a comprarla por el precio fijado en dicha escritura.