Legislación

LLEI 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Fecha: 
Jueves, 20 Febrero, 2003

DECRETO 9/2003, de 30 de enero de 2003, por el que se modifica el Decreto 253/2001, de 8 de noviembre, por el que se unifican los procedimientos relacionados con la inscripción en los Registros de Empresa de Actividades Industriales Reguladas.

En el apartado 2.1.3 del artículo 5 del Decreto 253/2001, de 8 de noviembre, por el que se unifican los procedimientos relacionados con la inscripción en los Registros de Empresa de Actividades Industriales Reguladas, se establece como requisito exigible a las empresas instaladoras de gas EG-II, EG-III y EG-IV la necesidad de disponer de un técnico titulado competente con funciones de asesoramiento técnico y que podrá estar en plantilla de la empresa (al menos en régimen de media jornada), pertenecer a una asociación empresarial radicada en el ámbito territorial de la

Fecha: 
Miércoles, 19 Febrero, 2003

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3791, pàg. 23166, de 31.12.2002).

Havent observat una errada al text de la Llei esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm. 3791, pàgina 23166, de 31.12.2002, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 23167, Títol I, Capítol I, Secció Primera, Impost sobre la renda de les persones físiques, a l’article 1, Deduccions en la quota, on diu:

Fecha: 
Martes, 18 Febrero, 2003

CORRECCIÓN de errores de la Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales. Cantabria

Advertido error técnico en el texto de la Ley de Cantabria 10/2002, de 23 de diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 22, correspondiente al día 25 de enero de 2003, se subsana aquél de la siguiente manera, modificándose en tal sentido la certificación expedida el 19 de diciembre de 2002

Fecha: 
Sábado, 15 Febrero, 2003

Se pretende la inscripción del derecho de uso acordado en sentencia firme de separación conyugal, a favor de la esposa sobre determinado inmueble no inscrito a nombre del esposo demandado, sino de un tercero que no intervine en el procedimiento, ha de confirmarse el criterio denegatorio del Registrador, basado en la falta de tracto

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en, el recurso gubernativo interpuesto por doña Maríalsabel Álvarez Fernández contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Vigo número 3, dan Álvaro Montero Ducas, a practicar la inscripción, de un derecho de uso.

Fecha: 
Jueves, 6 Febrero, 2003

ORDEN de 30 de enero de 2003, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se establecen los precios máximos de venta de las viviendas protegidas.

El Decreto 11/2001, de 25 de enero, por el que se regula la financiación cualificada a actuaciones protegidas en materia de vivienda y su régimen jurídico para el período 2001-2004, establece en su artículo 23.2, en la redacción dada por el Decreto 45/2002, de 14 de marzo, que el precio máximo legal de venta de las Viviendas con Protección Pública será establecido mediante Orden de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, con arreglo al sistema previsto en la normativa estatal reguladora de los Planes de Vivienda y Suelo.

Fecha: 
Jueves, 6 Febrero, 2003

En el momento de su enajenación debe acreditarse el régimen matrimonial, al efecto de determinar la legitimación para disponer, tal acreditación no es necesaria cuando quienes disponen del bien agotan todos los derechos sobre el mismo, y, de la misma manera que, si enajenaran ambos cónyuges, no sería necesario acreditar el régimen, si, en el caso de herencia, los comparecientes agotan todos los intereses que sobre el bien pueden concurrir, y son mayores de edad (cfr. artículo 1.058 del Código Civil), cualquiera que sea la naturaleza del bien, pueden adjudicarse el mismo en la forma que tengan por conveniente, siempre que quede manifiesta la causa de la adjudicación

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Alicante, don Francisco Javier Teijeiro Vidal, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Alicante número 3, don Fernando Trigo Portela, a inscribir una escritura de manifestación, y adjudicación, de herencia, en virtud de apelación del Registrador.

Fecha: 
Jueves, 6 Febrero, 2003

La Administración actúa en relaciones de Derecho privado, como es la adquisición de bienes de tal índole, el control de esa situación administrativa debe quedar reservada a los Tribunales ordinarios, cuestión que, además, viene reforzada al establecerse en el artículo 249.7.° de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil que las acciones de ejercicio del derecho de retracto de cualquier tipo deben ventilarse en juicio declarativo ordinario.

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por la Junta de Andalucía contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Cazorla, don Ricardo José Nieves Carrascosa, a inscribir una finca adquirida por la Consejería. Medio Ambiente, en virtud del ejercicio del derecho de retracto.

Fecha: 
Jueves, 6 Febrero, 2003

En Derecho administrativo de atribuirse a la jurisdicción ordinaria la defensa del administrado frente a la injerencia sobre bienes de su propiedad, salvo cuando se ejerciten potestades administrativas, que inexcusablemente tienen que venir atribuidas mediante norma con rango de ley, de tal manera que, cuando -como en el presente caso- esa atribución no se produce, y la Administración actúa en relaciones de Derecho privado, como es la adquisición de bienes de tal índole, el control de esa situación administrativa debe quedar reservada a los Tribunales ordinarios, cuestión que, además, viene reforzada al establecerse en el artículo 249, 7.° de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil que las acciones de ejercicio del derecho de retracto de cualquier tipo deben ventilarse en juicio declarativo ordinario.

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por la Junta de Andalucía contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Cazorla, don Ricardo José Nieves Carrascosa, a inscribir una finca adquirida por la Consejería de Medio Ambiente, en virtud del ejercicio del derecho de retracto.

Fecha: 
Jueves, 6 Febrero, 2003

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