Visto el expediente instruido en virtud del concurso ordinario convocado por Resolución de 13 de octubre de 2005 (B.O.E. de 25 de octubre), para la provisión de vacantes de Notarías.

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente Ley.

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley de medidas fiscales y de fomento económico en la Región de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos, del Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente Ley.

El incesante progreso tecnológico que vive nuestra sociedad actual hace necesario incorporar las nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) a la gestión administrativa, para dar así respuesta a la creciente demanda ciudadana de nuevos cauces de comunicación en sus trámites sin merma, todo ello, del principio de eficacia administrativa consagrado en el artículo 103 de la Constitución.

Exposición de motivos.



De acuerdo con el artículo 30.I.4º del Estatuto de autonomía de Galicia, corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia la competencia exclusiva en materia de comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios y de la legislación sobre la defensa de la competencia, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1º.11 y 13 de la Constitución española.

La garantía de la movilidad de los ciudadanos y la adecuada ordenación del territorio requieren de actuaciones activas de los poderes públicos y, específicamente, de la garantía de un sistema de transporte eficaz y eficiente.

Exposición de motivos



El nacimiento de nuevos tipos de entidades integrantes del sector público autonómico, tales como fundaciones públicas autonómicas, agencias y consorcios, precisas para la prestación de un servicio público ágil y eficiente, hizo quedar obsoletos algunos preceptos que no se adaptaron a la nueva estructura institucional de la Administración autonómica.

I

El 21 de julio de 2006 el Consejo de Ministros aprobó el Real decreto 887/2006, por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, general de subvenciones. Con la aprobación de ambas normas se configura el marco al que, en virtud del carácter básico de muchos de sus preceptos, debe adaptarse la gestión de las subvenciones concedidas en nuestro país.