LEY 9/1998, de 15 de julio, del Código de familia.

LEY 9/1998, de 15 de julio, del Código de familia.

EL PRESIDENTE

DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY

Preámbulo

I. Finalidad de la Ley

El Parlamento de Cataluña en sesión plenaria celebrada el 29 de abril de 1981, dispuso la creación, en el seno de la Comisión de Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana, de una ponencia conjunta, al objeto de elaborar una proposición de ley de adecuación de la Compilación del derecho civil especial de Cataluña a la realidad actual.

La Ponencia estableció un calendario de trabajo basado en el establecimiento de dos etapas bien definidas: la primera, dedicada a la adaptación de la Compilación a la Constitución española de 1978, y la segunda, a la adecuación de este cuerpo legal a las necesidades actuales de la sociedad y a la realidad catalana de hoy.

El primer objetivo se cumplió con la promulgación de la Ley 13/1984, de 20 de marzo, de modificación de la Compilación del derecho civil especial de Cataluña, que, desde entonces, pasó a denominarse Compilación del derecho civil de Cataluña, y con el Decreto Legislativo 1/1984, de 19 de julio, por el que se aprobó el texto refundido de este cuerpo legal.

Sin embargo, como expresamente se hacía constar en la exposición de motivos de aquella Ley, la consecución del segundo objetivo requería una tarea mucho más compleja, que debía completarse con una consideración profundizada de la incidencia del derecho civil catalán en el seno de nuestra sociedad.

El estudio de esta incidencia se llevó a cabo durante el Simposio de Derecho Civil de Cataluña, convocado por el Departamento de Justicia, con motivo de la celebración de los veinticinco años de la Compilación. El Simposio, que contó con la participación de todos los estamentos del mundo jurídico catalán, tuvo lugar en los años 1985 y 1986.

Después, a partir de los anteproyectos de ley elaborados por el Departamento de Justicia y aprobados por el Gobierno, el Parlamento de Cataluña ha efectuado una intensa tarea legislativa para lograr aquel segundo objetivo de adecuación del derecho civil catalán a la realidad social catalana de hoy.

La Compilación del derecho civil de Cataluña dedicaba noventa y un artículos al derecho de familia, divididos en cuatro títulos: el primero, sobre la filiación, el segundo, sobre la adopción (un solo artículo); el tercero, sobre el régimen económico conyugal, y el último, sobre los heredamientos, situados ahora, más adecuadamente, en el seno del derecho sucesorio.

La insuficiencia de esta regulación no respondía a la riqueza del derecho que regía en Cataluña eso sí, cada vez más olvidado, sino a las circunstancias especiales en que se promulgó la Compilación. Por ello, la reforma y desarrollo de este texto exigen un esfuerzo legislativo considerable. que se ha llevado a cabo según la técnica de las leyes especiales. que, además de contar con el precedente de la obra legislativa del Parlamento catalán de la época de la Segunda República, ha permitido resolver las situaciones que más necesitaban una urgente reforma, sin ser sometidas a la demora inherente a toda empresa codificadora.

Es necesario tener presente que esta técnica ha sido utilizada siempre con el propósito de que, llegado el momento oportuno, las leyes especiales aprobadas deberían ser refundidas en un texto codificado para cada una de las ramas capitales de nuestro derecho: el de familia, el de sucesiones, y el patrimonial, comprensivo, este último, en términos generales, de las materias de que tratan los libros tercero y cuarto de la Compilación; susceptibles, además, estos tres textos, de ser refundidos otra vez en un cuerpo legal unitario: el Código de derecho civil de Cataluña.

Siguiendo esta metodología, el Código de sucesiones por causa de muerte fue aprobado por el Parlamento de Cataluña por la Ley 40/1991, de 30 de diciembre.

A continuación se relacionan las leyes especiales en materia de derecho de familia aprobadas por el Parlamento, siguiendo su orden cronológico:

Ley 7/1991, de 27 de abril, de filiaciones.

Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, modificada por la Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de los niños y los adolescentes.

Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la tutela e instituciones tutelares.

Ley 8/1993, de 30 de septiembre, de modificación de la Compilación en materia de relaciones patrimoniales entre cónyuges.

Ley 10/1996, de 29 de julio, de alimentos entre parientes.

Ley 11/1996, de 29 de julio, de modificación de la Ley 39/1991, de 30 de diciembre.

Ley 1211996, de 29 de julio, de la potestad del padre y de la madre.

Puesto que los heredamientos han sido situados en el seno del derecho sucesorio, esta vasta obra legislativa contiene todas las instituciones jurídicas de carácter familiar, con inclusión de los efectos de la nulidad del matrimonio, el divorcio y la separación judicial, susceptibles de regulación legal, salvo las que la Constitución española reserva expresamente al Estado, es decir, las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas del matrimonio y las referentes a algún ámbito no reservado, que se han dejado momentáneamente de lado por razones de oportunidad.

Una vez establecido esto, ha llegado el momento de la refundición de toda esta obra legislativa en un cuerpo legal unificado, finalidad a la que responde la presente Ley del Código de familia.

II. Principios de la presente Ley

La presente Ley sustituye toda la legalidad anterior en materia de instituciones familiares y, por lo tanto, la normativa hasta ahora vigente de la Compilación y las leyes especiales antes relacionadas, que quedan refundidas en el texto codificado.

La nueva regulación es, naturalmente, respetuosa con la Constitución española; con los principios clásicos del derecho familiar catalán, susceptibles de su adecuación a la gran transformación que ha experimentado la familia catalana en el curso del siglo que finaliza: con el texto de la Compilación, y, muy particularmente, con las denominadas leyes especiales que el Parlamento ha aprobado. Contiene, también, todas las innovaciones que reclama la sociedad catalana de hoy.

La Constitución española, concretamente el artículo 39,asegura la protección social. económica y jurídica de la familia, pero no desarrolla esta protección más allá de los hijos, iguales ante la ley, y de las madres, al margen de su estado civil, así como respecto a las personas que pretenden encabezar una familia formando una pareja unida en matrimonio, institución garantizada por el artículo 32 del texto constitucional.

Igualmente, el derecho catalán ha considerado siempre a la familia como la institución social básica y la primera célula de la sociedad.

Pero el vigor que nuestro derecho ha conferido a la institución familiar y el sentido proteccionista que impera en el mismo han sido en todo momento compatibles con el reconocimiento de la personalidad individual y de la máxima libertad de las personas que forman parte de la misma.

La presente Ley se muestra plenamente fiel a todos estos principios. El propósito de protección de la familia y de las finalidades que le incumben se pone de relieve a lo largo de todas las instituciones que regula, como se desprende, entre otras, de las normas que limitan la disponibilidad de la vivienda familiar; de la fijación de los deberes del padre y de la madre hacia los hijos, que caracterizan la relación paterno-filial; del favor filii; de la posibilidad de sustituir la intervención judicial por el acuerdo de los dos parientes más próximos del hijo o hija para resolver los desacuerdos ocasionales del padre y la madre; de la prevalencia de éstos, en la delación de la tutela, con respecto a la judicial; o de la reimplantación facultativa del consejo de tutela, dentro del organismo tutelar.

El respeto de la presente Ley por el principio de autonomía de la voluntad se evidencia con el mantenimiento de la libertad de pacto en la elección del régimen económico matrimonial, y en la aplicación, como supletorio, del de separación de bienes. Este régimen ha funcionado pacíficamente en Cataluña durante muchos años, incluso tras caer en desuso el sistema dotal, compaginándose perfectamente con la progresiva incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Se mantiene como factor correctivo, ya incorporado en la Ley 8/1993, de 30 de septiembre, la posibilidad de que el cónyuge que ha trabajado desinteresadamente para la casa o para el otro cónyuge pueda obtener una compensación económica en las situaciones de crisis del matrimonio y, por lo tanto, de posibles enfrentamientos separación, divorcio y nulidad, como medida de protección de la parte más débil.

En este mismo marco del respeto de la autonomía de la voluntad puede incardinarse la institución de la autotutela, según la cual cualquier persona con plena capacidad de obrar puede designar y establecer las condiciones de su organismo tutelar, en previsión de una futura declaración de incapacidad.

La presente Ley también recoge de la Compilación las regulaciones de los regímenes económicos matrimoniales, aún en vigor, propios de algunas comarcas de Cataluña. Ello constituye una muestra de su fidelidad a otro rasgo característico de nuestro ordenamiento jurídico, como es el predicamento del que siempre han gozado la costumbre y el respeto por los derechos locales.

Ésta es también una ley innovadora. Además de las muchas innovaciones que contienen las leyes especiales objeto de la presente refundición, y que ahora se mantienen en la misma, se han introducido otras, ya mencionadas antes o que lo serán después en el curso de este preámbulo.

Es, finalmente, digna de mención la eliminación de la regulación de la dote, de la "tenuta", del esponsalicio o "escreix", del tantumdem, del "aixovar" y del "cabalatge" y del pacto de igualdad de bienes y ganancias, de cuyo tratamiento residual se ocupa la disposición transitoria segunda de la Ley.

La presente Ley es mayoritariamente respetuosa con la normativa de las leyes que son objeto de la refundición y fiel, por lo tanto, a sus principios inspiradores, sin perjuicio, sin embargo, de los ajustes terminológicos necesarios y, en algunos casos de fondo, de las supresiones y adiciones nuevas, aconsejables, sin duda, en el momento de establecer un texto plenamente actualizado.

III. Estructura y contenido de la presente Ley

La presente Ley está formada por doscientos setenta y dos artículos, una disposición adicional, seis disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales.

El texto consta de ocho títulos, divididos en capítulos que, cuando es necesario, se dividen en secciones. Los títulos son los siguientes:

I. Los efectos del matrimonio.

II. Los regímenes económicos matrimoniales.

III. Los efectos de la nulidad del matrimonio, del divorcio y de la separación judicial.

IV. La filiación.

V. La adopción.

VI. La potestad del padre y de la madre.

VII. La tutela y demás instituciones tutelares.

VIII. Los alimentos entre parientes.

El título I, relativo al matrimonio y sus efectos, contiene unos preceptos generales de introducción y una regulación de las relaciones personales entre los cónyuges que no figuraban en el derecho propio de Cataluña o figuraban de modo disperso.

Además de la novedad que representa el intento de desjudicializar los desacuerdos entre los cónyuges, previendo la intervención facultativa de determinados familiares, se ha aclarado la obligación de contribuir a las cargas de la familia de todos aquellos que viven bajo un mismo techo.

En cuanto al resto, se mantiene, como ya se ha expuesto, la necesidad del consentimiento del cónyuge no titular o, en su defecto, de la autoridad judicial para la disposición de la vivienda familiar, así como, sin alteraciones significativas, la normativa vigente en materia de contratación entre cónyuges, derechos viudales, donaciones por razón de matrimonio fuera de los capítulos matrimoniales y su regulación.

La referencia, como es natural, se halla en la Compilación y en la Ley 8/1993, de 30 de septiembre, de modificación de la Compilación en materia de relaciones patrimoniales entre cónyuges.

El título II regula los regímenes económicos matrimoniales, manteniendo el sistema de libertad de pacto y, supletoriamente, tomando también como pauta el derecho en vigor, el de separación de bienes, con la compensación económica por razón del trabajo desinteresado, introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 8/1993.

En relación a este elemento corrector, se establecen dos particularidades: primera, que la reclamación de la indemnización pretendida debe formularse en el primer procedimiento en que se solicite la separación, el divorcio o la nulidad del matrimonio y., en los casos de nulidad canónica o dispensa pontificia, en el trámite de ejecución civil, y, segunda, que el derecho a esta compensación es compatible con los demás derechos de carácter económico que puedan corresponder al cónyuge que salga beneficiado del mismo, si bien será tenido en cuenta en su fijación cuantitativa.

Constituye otra innovación interesante la posibilidad de solicitar, por razones de economía procesal, en aquellos procedimientos o en los trámites indicados, la división de los bienes de los cónyuges en indivisión.

A parte del régimen de separación de bienes, se recogen de la Compilación las regulaciones de la asociación a compras y mejoras, del Camp de Tarragona; el pacto de "convinença" o "mitja guadanyeria", de la Vall d'Aran; el "agermanament" o pacto de mitad por mitad, del derecho de Tortosa, y, respetando los criterios de la citada Ley 8/1993, se regula el régimen de participación en las ganancias y el régimen de comunidad, que cierra la normativa de los regímenes económicos matrimoniales.

En el título III se introducen los efectos de la nulidad del matrimonio, el divorcio y la separación judicial.

Efectivamente, el artículo 149.1.8 de la Constitución no reserva estas materias al Estado, las cuales están claramente incluidas en el artículo 9 del Estatuto. De hecho, el Parlamento ya ha legislado en materia relativa a los efectos de la separación, la nulidad y el divorcio, sin que voz alguna cuestione su competencia. La presente Ley refunde y completa esta legislación, como en la indemnización compensatoria (actual artículo 23 de la Compilación), los alimentos entre parientes y la potestad del padre y de la madre.

La regulación de la propia nulidad del matrimonio, del divorcio y de la separación judicial parece, efectivamente, inadecuada coyunturalmente, pero los efectos personales y económicos, regulados ya en parte, no presentan ningún inconveniente de oportunidad. Se trata, ni más ni menos, del ejercicio competencial para el desarrollo y mejora del derecho civil de Cataluña.

La filiación se concibe de forma global, comprendiendo la biológica o por naturaleza y la adoptiva.

La filiación por naturaleza se regula específicamente en el título IV, tomando como referencia lo dispuesto actualmente en la Ley 7/1991, de 27 de abril, de filiaciones.

Se mantienen, en consecuencia, los principios rectores en los que se inspiró esta normativa y, por lo tanto, el de la libre investigación de la paternidad y la maternidad, con toda clase de pruebas, reconocido históricamente en el derecho catalán desde la edad media; el del favor filii, sin discriminación tanto si se trata de un hijo o hija dentro del matrimonio como fuera de éste; la inclusión, dentro de la filiación por naturaleza, de la que deriva de las técnicas modernas de la fecundación asistida, comprendida la fecundación post mortem.

Es de interés remarcar, también, que el período previsto en aquella Ley para la impugnación de la paternidad, matrimonial o no matrimonial, será ahora de dos años a contar a partir del descubrimiento de las pruebas en las que se funde la impugnación, o de las demás circunstancias ya previstas en la citada Ley.

El título V regula la filiación adoptiva, separadamente de la filiación por naturaleza por razones sistemáticas y porque la existencia, junto a la familia adoptiva, de la familia por naturaleza introduce un elemento diferenciador que justifica un tratamiento legal independiente.

No obstante, y como sea que esta regulación toma como base la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, se mantiene íntegramente el principio de equiparación absoluta entre la filiación por naturaleza y la filiación adoptiva. De esa Ley no se ha recogido finalmente la parte de protección de las personas menores, principalmente porque, por un lado, es una materia en la que la gran intervención de la Administración hace que sea una regulación sujeta a más modificaciones que las normas civiles simples y, por otro lado, porque en estos momentos ya se ha visto la necesidad de que se modifique en toda la parte que regula la intervención de la Administración en la adopción de las personas menores desamparadas; una modificación, sin embargo, que requiere un amplio consenso social, siendo precipitado su planteamiento en estos momentos.

El título VI regula la potestad del padre y de la madre, denominación que sustituye la de "patria potestad", utilizando una terminología más adecuada a los tiempos y a la realidad actual, en que la titularidad y el ejercicio de esta Potestad son normalmente compartidos por el padre y la madre.

Dicha regulación, como ya se ha indicado, constituye una novedad en nuestro ordenamiento civil, que nunca había tratado sistemáticamente esta institución, haciéndose ahora de acuerdo con la Ley 12/1996, de 29 de julio, de la potestad del padre y de la madre.

Se mantiene, pues, el planteamiento favorable a la presencia del hijo o hija en las tomas de decisiones, especialmente a partir de los doce años, y se facilita su autonomía patrimonial, ya que, más allá de la emancipación formal, se reconoce la intervención del hijo o hija en este ámbito, quien, a partir de los dieciséis años, administra los bienes adquiridos con su actividad, puede sustituir las autorizaciones judiciales y, en lógica contrapartida, contribuye a los gastos familiares.

El título VII regula la tutela y la curatela, siguiendo la pauta de la normativa de la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, y la Ley 11/1996, de 29 de julio, pero con algunas particularidades que es preciso poner de relieve.

El sistema de tutela familiar, basado en la prevalencia de la voluntad del padre y de la madre en la designación de la persona que ha de ejercer la tutela, como concreción del principio más amplio de libertad civil, que ha inspirado tradicionalmente el modelo de tutela vigente en la sociedad catalana, se modifica por la supresión de la figura del protutor, que no había arraigado: se perfila el sistema de rendición de cuentas de la tutela, y se refuerza con la creación facultativa del consejo de tutela, que puede establecerse en los casos de tutela deferida por la propia persona a tutelar o por su padre y su madre. El consejo sustituye, en algunos casos, a la intervención judicial en el control de la actuación de la persona que ejerce la tutela y puede conceder la autorización para determinados actos que, en otro caso, requieren la judicial.

Finalmente, se cambia la denominación del Registro de Tutelas y Autotutelas por el de Registro de Nombramientos Tutelares no Testamentarios, que se ajusta más a su función, y se prevé la preceptiva comunicación al juzgado dónde se constituyó la tutela de los acontecimientos más importantes del funcionamiento del consejo de tutela, en los casos en que se haya creado este órgano.

Por último, el título VIII regula la obligación de prestación de alimentos entre parientes otra novedad en nuestro ordenamiento jurídico moderno, de acuerdo con la normativa de la Ley 10/1996, de 29 de julio, de alimentos entre parientes.

En definitiva, la presente Ley contiene una normativa completa y autónoma de todas las instituciones propias del derecho de familia, con la sola excepción, por las razones ya mencionadas, de las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas del matrimonio.

La Ley sustituye, por consiguiente, todo el derecho de familia vigente hasta el momento en Cataluña, y lo engloba en un solo texto, debidamente armonizado y modernizado, de acuerdo con las necesidades y la realidad de la sociedad catalana de hoy.

TÍTULO I

Los efectos del matrimonio

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1

El matrimonio

1. El matrimonio es una institución que da lugar a un vínculo jurídico, que origina una comunidad de vida en la que marido y mujer deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Los cónyuges deben guardarse fidelidad y prestarse socorro mutuo.

2. El marido y la mujer tienen en el matrimonio los mismos derechos y deberes.

Artículo 2

Domicilio familiar

1. El marido y la mujer determinan de común acuerdo el domicilio familiar. Ante terceras personas, se presume que el domicilio familiar es aquél donde los cónyuges conviven habitualmente o bien uno de ellos y la mayor parte de la familia.

2. En caso de desacuerdo respecto al domicilio, cualquiera de los cónyuges puede acudir a la autoridad judicial, quien lo determinará en interés de la familia a efectos legales.

Artículo 3

Dirección de la familia

1. La dirección de la familia corresponde a los dos cónyuges de común acuerdo, teniendo siempre en cuenta el interés de todos sus miembros.

2. En interés de la familia, cualquiera de los cónyuges puede actuar solo para atender a los gastos familiares ordinarios, y se presume que el cónyuge que actúa tiene el consentimiento del otro.

3. Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro si no le ha sido conferida, salvo situaciones de urgencia o imposibilidad de que el otro cónyuge preste su consentimiento.

4. A la gestión hecha por uno de los cónyuges en nombre del otro, le son de aplicación las reglas en materia de gestión de negocios.

Artículo 4

Gastos familiares

1. Tienen la consideración de gastos familiares los necesarios para el mantenimiento de la familia, con adecuación a los usos y el nivel de vida familiar, y en especial:

a) Los originados en concepto de alimentos en su sentido más amplio, de acuerdo con la definición que hace del mismo el presente Código.

b) Los de adquisición y mejora, si es de titularidad conjunta, de las viviendas u otros bienes de uso de la familia y, en todos los casos, los gastos de conservación. Los derivados de la adquisición, de pago de mejoras y de préstamos concedidos con la finalidad de adquirir o realizar mejoras en la vivienda familiar o en otros bienes de uso de la familia únicamente tienen la consideración de gastos familiares, en la parte que corresponda al valor de su uso, si se trata de bienes de titularidad de uno de los cónyuges en el régimen de separación de bienes o si se trata de bienes privativos en los demás regímenes económicos matrimoniales. En todos los casos también son gastos familiares los de conservación.

c) Las atenciones de previsión, médicas y sanitarias.

2. También es considerado gasto familiar el originado por los alimentos en el sentido más amplio, de los hijos no comunes que convivan con el marido y la mujer, así como los gastos originados por los demás parientes que convivan con los mismos, salvo, en ambos casos, que no lo necesiten.

3. No tienen la consideración de gastos familiares los derivados de la gestión y defensa de los bienes privativos, excepto los que tienen conexión directa con el mantenimiento familiar. Tampoco tienen la consideración de gastos familiares los que responden al interés exclusivo de uno de los cónyuges.

Artículo 5

Contribución a los gastos del mantenimiento familiar

1. En la forma que pacten, los cónyuges contribuyen a los gastos del mantenimiento familiar con la aportación propia al trabajo doméstico, con su colaboración personal o profesional no retribuida o con retribución insuficiente en la actividad profesional o empresarial del otro cónyuge, con los recursos procedentes de su actividad o de sus bienes, en proporción a sus ingresos y, si éstos no son suficientes, en proporción a sus patrimonios.

2. Los hijos, mientras conviven con la familia, contribuyen proporcionalmente a estos gastos en la forma prevista en el artículo 146.

3. Los demás parientes que conviven con la familia contribuyen a ello, en su caso, en la medida de sus posibilidades y de acuerdo con los gastos que generan.

Articulo 6

Deber de información recíproca

Los cónyuges tienen la obligación recíproca de informarse adecuadamente de la gestión patrimonial que lleven a cabo en atención al mantenimiento de los gastos familiares.

Artículo 7

Demora en los pagos

En caso de incumplimiento por parte de una de las personas obligadas, cualquiera de las otras puede solicitar a la autoridad judicial, a parte de la efectividad de los pagos pendientes, que acuerde la prestación de las garantías o la adopción de las medidas convenientes para asegurar los futuros pagos. Estas medidas pueden ser modificadas o revocadas.

Artículo 8

Responsabilidad

Ante terceras personas, ambos cónyuges responden solidariamente de las obligaciones contraídas por razón de los gastos familiares a que se refiere el artículo 4, si se trata de gastos adecuados a los usos y al nivel de vida de la familia; en otro caso, responde el cónyuge que ha contraído la obligación.

Artículo 9

Disposición de la vivienda familiar

1. Con independencia de cual sea el régimen económico matrimonial de aplicación, el cónyuge titular, sin el consentimiento del otro, no puede llevar a cabo ningún acto de enajenación, gravamen o, en general, de disposición de su derecho en la vivienda familiar o en los muebles de uso ordinario que comprometa su uso, aunque se refiera a cuotas indivisas. Dicho consentimiento no puede excluirse por pacto ni otorgarse con carácter general. En defecto de consentimiento, el juez o jueza puede autorizar el acto, dado el interés de la familia o si concurre otra causa justa.

2. El acto efectuado sin el consentimiento o autorización que prevé el apartado 1 es anulable, a instancias del otro cónyuge o de sus hijos menores, si conviven en la vivienda, dentro del plazo de cuatro años desde que tengan conocimiento del mismo o desde su inscripción en el Registro de la Propiedad.

3. No procede la anulación cuando el adquirente actúa de buena fe y a título oneroso, si, además, el titular ha manifestado que el inmueble no tenía la condición de vivienda familiar, aunque sea manifestación inexacta. Sin embargo, el cónyuge que ha dispuesto del mismo responde de los perjuicios que haya podido causar, de acuerdo con la legislación aplicable.

4. En los casos de separación judicial, nulidad o divorcio, no se precisa el consentimiento del otro cónyuge ni la autorización judicial para disponer libremente de lo que había sido vivienda familiar, salvo en caso de que el cónyuge no titular o los hijos tengan derecho al uso de la citada vivienda, a menos que la disposición se haga respetando este derecho.

CAPÍTULO II

Relaciones económicas entre los cónyuges

Artículo 10

Régimen económico del matrimonio

1. El régimen económico matrimonial es el convenido en capítulos.

2. De no existir pacto, o en caso de que los capítulos matrimoniales sean ineficaces, el régimen económico es el de separación de bienes.

Artículo 11

Libertad de contratación

Los cónyuges pueden transmitirse bienes y derechos por cualquier título y llevar a cabo entre ellos todo tipo de negocios jurídicos. En caso de impugnación judicial, les corresponde la prueba del carácter oneroso de la transmisión.

Artículo 12

Presunción de donación

En caso de quiebra o concurso de acreedores de uno de los cónyuges, los bienes adquiridos por el otro a título oneroso durante el año anterior a la declaración o desde la fecha de la retroacción deben presumirse donados por el primero, salvo que se acredite que, en el momento de la adquisición, el matrimonio estaba separado judicialmente o de hecho o que el adquirente disponía de ingresos o recursos suficientes para efectuarla.

Artículo 13

Embargo de cuentas indistintas

En caso de embargo de cuentas indistintas por deudas privativas de uno de los cónyuges, el cónyuge no deudor puede sustraer del embargo los importes que acredite que le pertenecen con carácter exclusivo, salvo que haya consentido expresamente en la obligación contraída por el cónyuge deudor.

Artículo 14

Donaciones fuera de capítulos

Las donaciones entre cónyuges hechas fuera de capítulos matrimoniales son revocables en los casos generales de revocación de donaciones, si bien, en caso de superveniencia de hijos, la revocación sólo tiene efecto si se trata de hijos comunes.

CAPÍTULO III

Los capítulos matrimoniales

SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones generales

Artículo 15

Contenido

1. En los capítulos matrimoniales, puede determinarse el régimen económico matrimonial, convenir heredamientos, realizar donaciones y establecer las estipulaciones y pactos lícitos que se consideren convenientes, incluso en previsión de una ruptura matrimonial.

2. Los capítulos matrimoniales pueden otorgarse antes o después del matrimonio. Los otorgados antes sólo producen efectos a partir de la celebración del matrimonio.

Artículo 16

Capacidad

1. Pueden otorgar capítulos matrimoniales quienes pueden contraer válidamente matrimonio, pero necesitan, si procede, los complementos de capacidad que correspondan.

2. No se precisa la intervención del defensor o defensora judicial en las disposiciones establecidas por el padre o la madre a favor de sus hijos menores no emancipados, aunque exista reserva de derechos a favor de aquéllos, siempre que no exista contraposición de intereses, caso en el que debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 157.

Artículo 17

Forma e inscripción

1. Los capítulos matrimoniales y sus modificaciones deben otorgarse en escritura pública.

2. Los capítulos matrimoniales, y sus modificaciones, así como los pactos, resoluciones judiciales y demás hechos que cambien o modifiquen el régimen económico matrimonial, no son oponibles a terceras personas mientras no se hagan constar en la inscripción del matrimonio en el Registro Civil, y, en su caso, en los demás registros públicos cuya legislación lo establezca.

Artículo 18

Modificación

1. Para la modificación de los capítulos o para dejarlos sin efecto, se precisa el consentimiento de todas las personas que los habían otorgado, o de sus herederos, si la modificación afecta a derechos que aquéllas hubiesen conferido.

2. La modificación del régimen económico matrimonial y de los pactos sucesorios recíprocos entre cónyuges y su resolución, así como de los establecidos por ellos a favor de los hijos, pueden acordarla exclusivamente los cónyuges, sin necesidad de acuerdo de las demás personas que hayan concurrido en los capítulos ni de los herederos.

Artículo 19

Derechos adquiridos

La modificación del régimen económico matrimonial no afecta a los derechos adquiridos por terceras personas.

Artículo 20

Ineficacia por nulidad o divorcio

1. Los capítulos quedan sin efecto si el matrimonio es declarado nulo o se disuelve por divorcio.

2. Si el matrimonio se disuelve por divorcio, conservan su eficacia:

a) Los heredamientos y las donaciones a favor de uno de los contrayentes, si el favorecido o favorecida sigue trabajando para la casa y existe descendencia del matrimonio. Son ineficaces el usufructo viudal y los demás derechos que, si procede, se hayan pactado en forma accesoria a favor del cónyuge de aquél o aquélla. Si no se sigue trabajando para la casa o no existe descendencia, así como si el cónyuge contrae nuevo matrimonio, el heredamiento o la donación resultan revocables por la sola voluntad del heredante o donante.

b) Los heredamientos a favor de la descendencia del matrimonio, en cuya consideración se otorgaron los capítulos. Los heredamientos puros resultan revocables.

c) El reconocimiento de hijos hecho por cualquiera de los cónyuges.

SECCIÓN SEGUNDA

Las disposiciones por razón de matrimonio otorgadas en capítulos matrimoniales

Artículo 21

Donaciones capitulares

1. Las donaciones otorgadas por el padre y la madre a los hijos comunes, sin designación de partes, se entienden hechas por los dos a medias.

2. Los bienes dados conjuntamente a los contrayentes o a los cónyuges pertenecen a los dos en pro indiviso ordinario y a partes iguales, salvo que el donante lo disponga de otro modo.

Artículo 22

Revocación

Las donaciones otorgadas en capítulos matrimoniales únicamente son revocables por incumplimiento de cargas, en el plazo de un año, a contar a partir del incumplimiento, si bien pueden ser reducidas, en aquello que resulten inoficiosas por razón de legítimas, en caso de supervivencia o superveniencia de hijos.

Artículo 23

Actos fraudulentos

1. Son nulos, aunque se otorguen a nombre de una persona interpuesta:

a) Las retrodonaciones hechas posteriormente por el heredero o donatario a favor del heredante o del donante, o sus herederos, de bienes comprendidos en un heredamiento o una donación otorgada en capítulos matrimoniales.

b) Los actos posteriores del donante o del heredante, en disminución, derogación o perjuicio de la donación o del heredamiento, y los del heredero o del donatario que los consienta.

2. Se presumen fraudulentos, en particular, la compra hecha por el padre o la madre al hijo o hija de bienes comprendidos en un heredamiento o una donación otorgada en capítulos matrimoniales, si el pago del precio consta tan sólo por confesión y el reconocimiento de deudas hecho por los hijos a favor del padre o de la madre, si no consta su realidad por otros medios de prueba.

3. Igualmente es ineficaz cualquier acto o contrato dirigido a eludir las prohibiciones previstas en este artículo.

SECCIÓN TERCERA

El usufructo universal capitular

Artículo 24

Contenido

El usufructo universal reservado o atribuido en capítulos matrimoniales debe tener el contenido establecido en el artículo 69 del Código de sucesiones.

Artículo 25

Obligación de hacer inventario

1. El usufructuario universal designado en capítulos debe hacer inventario de todos los bienes y derechos del causante, excepto que se le haya dispensado de tal obligación en el título constitutivo o el que lo modifique.

2. El inventario debe formalizarse en escritura pública y los nudos propietarios pueden intervenir en la formalización.

Artículo 26

Plazo

1. El usufructuario debe hacer el inventario en el plazo previsto en los capítulos matrimoniales y, si los capítulos no prevén plazo, dentro de los seis meses siguientes al fallecimiento del causante.

2. Si el usufructuario no ha hecho inventario dentro de los plazos previstos en el apartado 1, cualquier persona interesada puede solicitar a la autoridad judicial que se haga, con su intervención y la concurrencia de quienes hayan solicitado la práctica. El nuevo plazo debe ser de tres meses y puede ser prorrogado por un plazo igual, por causa justa.

Artículo 27

Dispensa de caución

Salvo disponerse de otro modo, el usufructuario universal designado en capítulos matrimoniales no debe prestar ningún tipo de caución.

Artículo 28

Extinción del usufructo

El usufructo universal convenido en capítulos matrimoniales se extingue por las causas generales. También se extingue cuando el usufructuario incumple los deberes que le corresponden en virtud del artículo 69 del Código de sucesiones.

Artículo 29

Extinción anticipada

En el usufructo pactado por un cónyuge a favor del otro, las personas interesadas pueden solicitar que se declare la extinción del usufructo si el cónyuge sobreviviente:

a) Ha sido declarado indigno de suceder al premuerto.

b) Abandona a los hijos comunes bajo potestad o desatiende gravemente su cuidado.

Artículo 30

lnalienabilidad del usufructo

El usufructo universal capitular es inalienable, sin perjuicio de que, con el consentimiento de los nudos propietarios, sean enajenados bienes determinados en los términos y las condiciones que establece el artículo 69 del Código de sucesiones.

CAPÍTULO IV

Las donaciones por razón de matrimonio otorgadas fuera de los capítulos matrimoniales

Artículo 31

Régimen

Las donaciones otorgadas fuera de capítulos matrimoniales por uno de los contrayentes a favor del otro en consideración al matrimonio y las que otorguen otras personas por la misma razón se rigen por las reglas generales de las donaciones, salvo lo dispuesto en los artículos 32, 33 y 34.

Artículo 32

Derecho a la restitución

1. Las donaciones a que se refiere el artículo 31 están supeditadas al hecho de que se llegue a celebrar el matrimonio. Si éste resulta imposible o si no tiene lugar en el plazo de un año desde la entrega del bien donado, el donante puede revocar la donación y reclamar su restitución, no siendo admisible ningún otro deterioro que el causado por el uso, de acuerdo con la naturaleza del bien.

2. El donante debe indemnizar al donatario de las mejoras necesarias y útiles hechas al bien donado. En lo que se refiere a otras mejoras, el donatario puede prescindir de ellas si no resulta daño para la cosa donada o no se devalúa.

Artículo 33

Donaciones condicionales, modales y de bienes gravados

1. Las donaciones por razón de matrimonio, otorgadas fuera de capítulos, pueden someterse a condiciones y modos.

2. Si el bien donado está sujeto a carga o gravamen, el donante no está obligado a la correspondiente liberación.

Artículo 34

Revocación

Las donaciones a que se refiere el artículo 31 también pueden revocarse por la causa y en el plazo previstos en el artículo 22 en materia de donaciones capitulares.

CAPÍTULO V

Los derechos viudales familiares

Artículo 35

Derecho al ajuar de la vivienda

1. Corresponde al cónyuge supérstite, no separado judicialmente o de hecho, la propiedad de las prendas, del mobiliario y de los enseres que constituyen el ajuar de la vivienda conyugal, sin computar dichos bienes en su haber hereditario.

2. No son objeto del derecho de predetracción a que hace referencia el apartado 1 los bienes que hayan sido de titularidad del cónyuge premuerto y que consistan en alhajas u objetos artísticos o históricos, ni otros que tengan un valor extraordinario atendido el nivel de vida del matrimonio y el patrimonio relicto. Tampoco lo son los muebles de procedencia familiar, si el cónyuge premuerto lo ha dispuesto por actos de última voluntad en favor de otras personas.

Artículo 36

El año de viudedad

1. Durante el año siguiente a la muerte de uno de los cónyuges, el sobreviviente que no sea usufructuario universal del patrimonio del premuerto tiene derecho a habitar toda la vivienda conyugal, con facultad para tomar posesión de la misma, y a ser alimentado a cargo de este patrimonio, en consonancia con el nivel de vida que habían mantenido los cónyuges y con la importancia del patrimonio. Este derecho es independiente de los demás que puedan corresponder al cónyuge sobreviviente en virtud de la .defunción del premuerto.

2. El cónyuge sobreviviente separado judicialmente o de hecho no tendrá los derechos a que hace referencia el apartado 1, y los pierde, en otro caso, si, durante el año siguiente a la muerte del cónyuge, vuelve a contraer matrimonio o pasa a vivir maritalmente con otra persona, así como si abandona o desatiende gravemente a los hijos comunes bajo potestad. En ningún caso está obligado a devolver el importe de los alimentos percibidos.

TÍTULO II

Los regímenes económicos matrimoniales

CAPÍTULO I

El régimen de separación de bienes y las compras con pacto de supervivencia

SECCIÓN PRIMERA

El régimen de separación de bienes

Artículo 37

Contenido

En el régimen de separación de bienes, cada cónyuge tiene la propiedad, el disfrute, la administración y la libre disposición de todos sus bienes, dentro de los límites establecidos por ley.

Artículo 38

Bienes privativos

En el régimen de separación de bienes, son propios de cada uno de los cónyuges todos los que tenía como tales cuando se celebró el matrimonio y los que adquiera después por cualquier título.

Artículo 39

Adquisiciones onerosas

En las adquisiciones hechas a título oneroso por uno de los cónyuges durante el matrimonio, si consta la titularidad de los bienes, la contraprestación se entiende pagada con dinero del adquirente. En caso de que la contraprestación proceda del otro cónyuge, se presume su donación.

Artículo 40

Titularidades dudosas

En caso de duda sobre a cuál de los cónyuges pertenece algún bien o derecho, se entiende que corresponde a los dos por mitades indivisas, salvo que se trate de bienes muebles que sean de uso personal o estén directamente destinados al desarrollo de la actividad de uno de los cónyuges y no sean de extraordinario valor, caso en el que se presume que pertenecen a éste.

Artículo 41

Compensación económica por razón de trabajo

1. En los casos de separación judicial, divorcio o nulidad, el cónyuge que, sin retribución o con una retribución insuficiente, ha trabajado para la casa o para el otro cónyuge tiene derecho a recibir de éste una compensación económica, en caso de que se haya generado, por este motivo, una situación de desigualdad entre el patrimonio de los dos que implique un enriquecimiento injusto.

2. La compensación debe satisfacerse en metálico, salvo acuerdo entre las partes o si la autoridad judicial, por causa justificada, autoriza el pago con bienes del cónyuge obligado. El pago debe tener efecto en un plazo máximo de tres años, con devengo de interés legal desde el reconocimiento, caso en el que puede acordarse judicialmente la constitución de garantías a favor del cónyuge acreedor.

3. El derecho a esta compensación es compatible con los demás derechos de carácter económico que corresponden al cónyuge beneficiado, y debe ser tenido en cuenta para la fijación de estos otros derechos.

Artículo 42

Ejercicio del derecho a la compensación

1. El derecho a la compensación económica establecido en el artículo 41 sólo puede ejercerse en el primer procedimiento en el que se solicite la separación, el divorcio o la nulidad, y, por lo tanto, no puede formularse en el eventual procedimiento subsiguiente de nulidad o divorcio, salvo que haya habido reconciliación y nueva convivencia y en razón de la misma.

2. En el caso de resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos en que se declare la nulidad de matrimonio canónico o de decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, el derecho establecido en el artículo 41 sólo puede ejercerse en el trámite de su ejecución, ante la jurisdicción civil.

Artículo 43

División de los bienes en pro indiviso

1. En los procedimientos de separación, divorcio o nulidad y de ejecución en el orden civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas a que hace referencia el artículo 42, de matrimonios sujetos al régimen de separación de bienes, cualquiera de los cónyuges puede ejercer simultáneamente la acción de división de cosa comuna con respecto a los que tengan en pro indiviso. Si los bienes afectados son más de uno y la autoridad judicial lo estima procedente, aquéllos pueden ser considerados en conjunto, a efectos de la división.

2. Si la sentencia da lugar a la acción de división de la cosa comuna, puede procederse a la indicada división de los bienes en el trámite de ejecución de la sentencia.

SECCIÓN SEGUNDA

Las compras con pacto de supervivencia

Artículo 44

Régimen de los bienes

1. Los cónyuges que, en régimen económico de separación, compren bienes conjuntamente y por mitad pueden pactar en el mismo título de adquisición que, cuando se produzca el fallecimiento de cualquiera de ellos, el sobreviviente resulte único titular de la totalidad.

2. Mientras vivan los dos cónyuges, los bienes adquiridos con este pacto han de regirse por las siguientes normas:

a) No pueden ser enajenados ni gravados, si no es por acuerdo de ambos.

b) Ninguno de los cónyuges puede transmitir a terceras personas su derecho sobre los bienes.

c)Debe mantenerse necesariamente la indivisión de los bienes.

3. En los bienes comprados por ambos cónyuges con pacto de supervivencia, la adquisición de la participación del premuerto debe computarse en la herencia de éste, a efectos del cálculo de la legítima, y, en su caso, debe imputarse en pago a cuenta de la cuarta viudal.

Artículo 45

Incompatibilidad con el heredamiento

El pacto de supervivencia resulta ineficaz si uno de los cónyuges adquirentes ha otorgado un heredamiento a favor de terceros contrayentes o ha otorgado un heredamiento puro a favor de sus hijos y el heredamiento resulta eficaz al morir el heredante.

Artículo 46

Extinción

1. El pacto de supervivencia se extingue por:

a) El acuerdo de ambos cónyuges durante el matrimonio.

b) La renuncia del sobreviviente.

c) La declaración de nulidad del matrimonio, la separación judicial, el divorcio o la separación de hecho acreditada fehacientemente.

d) La adjudicación de la mitad del bien como consecuencia del embargo establecido en el artículo 47.

2. Si a la muerte de uno de los cónyuges hubiera en trámite una demanda de separación, divorcio o nulidad del matrimonio, los herederos del premuerto pueden proseguir la acción planteada a efectos de la declaración de extinción del pacto de supervivencia.

3. En los casos a que se refiere el apartado 1 y en los tipificados en el artículo 45, salvo que se estipule de otro modo, la ineficacia y extinción del pacto de supervivencia determinan la cotitularidad de los cónyuges, o del cónyuge sobreviviente y de los herederos del premuerto, o bien del cónyuge no deudor y del adjudicatario de la mitad del cónyuge deudor, en pro indiviso ordinario.

Artículo 47

Embargo

1. El acreedor de uno de los cónyuges por deudas propias o por deudas familiares puede solicitar el embargo sobre la mitad que el deudor tiene sobre los bienes comprados con pacto de supervivencia.

2. El embargo debe notificarse al cónyuge que no sea parte en el litigio.

CAPÍTULO II

El régimen de participación en las ganancias

SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones generales

Artículo 48

Contenido

1. El régimen económico matrimonial de participación en las ganancias atribuye a cualquiera de los cónyuges, en el momento de la extinción del régimen, el derecho a participar en las ganancias obtenidas por el otro durante el tiempo que este régimen haya estado vigente.

2. Este régimen debe convenirse en capítulos matrimoniales y se rige, en todo aquello que no esté previsto en los mismos, por las disposiciones del presente capítulo. En último término, durante su vigencia se rige por las normas del régimen de separación de bienes, incluidas las relativas a las compras con pacto de supervivencia.

Artículo 49

Autonomía patrimonial constando matrimonio

Constando matrimonio, cada cónyuge tiene la propiedad, el disfrute, la administración y la libre disposición de sus bienes, pero tiene el deber de informar adecuadamente al otro de su gestión patrimonial.

Artículo 50

El pacto de participación desigual

1. El pacto que atribuya una participación diferente de la mitad de las ganancias solamente es válido si se establece con carácter recíproco e igual a favor de cualquiera de los cónyuges.

2. La invalidez del pacto determina la participación en la mitad de las ganancias.

Artículo 51

Extinción necesaria

El régimen de participación en las ganancias se extingue en todo caso por:

a) La disolución o declaración de nulidad del matrimonio.

b) La separación judicial.

c) El pacto en capítulos matrimoniales.

Artículo 52

Extinción judicial

El régimen de participación también puede extinguirse anticipadamente por decisión judicial, a petición de uno de los cónyuges, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) La separación de hecho por un período superior a un año.

b) El incumplimiento grave o reiterado del deber de informar adecuadamente al otro cónyuge, que establece el artículo 49.

c) La gestión patrimonial irregular que comprometa gravemente a los intereses de quien solicita la extinción.

d) La entrada del cónyuge en una situación que comprometa gravemente a los intereses de quien solicita la extinción.

Artículo 53

Efectos de la retroacción

En los supuestos en que la extinción sea consecuencia de una sentencia dictada con ocasión de las causas previstas en los artículos 51 y 52, la extinción del régimen se retrotrae al momento de presentación de la demanda.

SECCIÓN SEGUNDA

La liquidación del régimen

Artículo 54

Inicio de la liquidación

1. Una vez extinguido el régimen de participación en las ganancias, se realiza su liquidación a efectos de la fijación del crédito de participación, estableciendo la diferencia entre el patrimonio final y el inicial de cada cónyuge.

2. A partir del momento de la extinción del régimen, y hasta que se haya determinado el crédito de participación que resulte del mismo, ningún cónyuge puede disponer de sus bienes sin el consentimiento del otro cónyuge o de sus herederos o, en su defecto, sin autorización judicial, excepto en aquello que constituya su actividad normal de gestión.

Artículo 55

Determinación del activo

Para determinar las ganancias obtenidas por cada uno de los cónyuges deben contabilizarse, según el valor que tengan en el momento de la liquidación:

a) Todos los bienes de cada cónyuge que subsistan cuando se extinga el régimen, con deducción de las obligaciones y del valor de los gravámenes constituidos en garantía de las deudas particulares de cualquiera de los cónyuges.

b) Los bienes enajenados a título gratuito durante la vigencia del régimen, según el estado material en el momento de la enajenación, salvo que el cónyuge no enajenante haya consentido a ello o renuncie expresamente a su contabilización. Se exceptúan, en todo caso, los bienes objeto de liberalidades hechas de conformidad con el uso y de donaciones otorgadas a algunos de los hijos del donante por razón de matrimonio o para facilitarles una ocupación.

c) Los bienes enajenados a título oneroso durante la vigencia del régimen a fin de disminuir fraudulentamente las ganancias, según el estado material en el momento de la enajenación y con independencia del precio que se haya hecho constar, así como el valor de las obligaciones o los gravámenes constituidos también fraudulentamente.

d) Los bienes destruidos o deteriorados, en las mismas circunstancias indicadas en la letra c.

Artículo 56

Determinación del pasivo

1. Del total resultante según el artículo 55 deben deducirse, si subsisten, y según el valor que tengan en el momento de la liquidación:

a) Los bienes que integraban el patrimonio de cada cónyuge al comienzo del régimen, excepto los frutos y rentas que hayan podido producir, los adquiridos durante la vigencia del régimen por donación, herencia o legado y los subrogados de unos y otros, según el estado material en el momento de iniciarse el régimen o en el momento de la adquisición, con deducción de las cargas que les afectasen en aquel momento.

b) Las cantidades procedentes de indemnizaciones por daños corporales o morales de la persona o por pensiones alimentarias o de invalidez, u otras de carácter igualmente personalísimo.

c) Las deudas contraídas durante la vigencia del régimen por cualquiera de los cónyuges con vistas al mantenimiento de los gastos familiares, aunque no se hayan satisfecho. Dicha deducción debe realizarse de acuerdo con las normas de contribución a los gastos familiares.

2. Los cónyuges pueden acreditar por los medios legales de prueba los bienes que integraban su patrimonio al inicio del régimen. El inventario practicado por ambos cónyuges, o por uno de ellos con la conformidad del otro, se presume exacto.

Artículo 57

Determinación del crédito

De no existir pacto válido que establezca una participación diferente, el crédito de participación se determina como sigue:

a) Si únicamente uno de los cónyuges ha obtenido ganancias, el otro o sus sucesores tienen derecho a la mitad del valor de estas ganancias.

b) Si los dos cónyuges han obtenido ganancias, quien haya obtenido menos, o sus sucesores, tienen derecho a la mitad de la diferencia entre el valor de sus propias ganancias y el de las ganancias del otro cónyuge.

SECCIÓN TERCERA

Pago del crédito de participación

Artículo 58

Forma y plazo de pago

1. El crédito de participación debe pagarse en dinero. Si la persona deudora lo solicita, la autoridad judicial puede conceder un aplazamiento para pagar el crédito de participación o la posibilidad de pagarlo a plazos, siempre que la petición se funde en un interés atendible y se garantice suficientemente la deuda.

2. Ni el aplazamiento del pago ni el pago a plazos no pueden exceder los tres años. Una vez concedido, el crédito de participación devenga intereses legales.

Artículo 59

Pago en bienes

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 58, el crédito de participación puede pagarse con la adjudicación de bienes concretos, por acuerdo de las personas interesadas. Sin embargo, la adjudicación de bienes en pago puede ser solicitada unilateralmente por el deudor o deudora o por el acreedor o acreedora, y la autoridad judicial puede concederla si existe un interés atendible.

2. Si el régimen se extingue por la muerte de uno de los cónyuges y el sobreviviente tiene derecho a participar en las ganancias, puede solicitar que, en pago de su crédito de participación, se le adjudique la vivienda conyugal. Si el valor de la vivienda fuese superior al del crédito de participación, el adjudicatario debe pagar la diferencia en dinero.

Artículo 60

Actos en fraude del crédito

1. Si el deudor o deudora no tiene bienes suficientes para satisfacer el crédito de participación, el acreedor o acreedora puede solicitar la rescisión de las enajenaciones hechas por aquél o aquélla a título gratuito y sin su consentimiento durante la vigencia del régimen, salvo las realizadas a favor de los hijos por razón de matrimonio o para facilitarles una ocupación, así como las realizadas a título oneroso en fraude de su derecho.

2. Estas acciones caducan a los cuatro años de la extinción del régimen y no son procedentes cuando los bienes estén en poder de terceras personas adquirentes a título oneroso y de buena fe.

3. El acreedor o acreedora o sus sucesores pueden solicitar la anotación de la demanda de reclamación del crédito de participación en los correspondientes registros públicos.

CAPÍTULO III

La asociación a compras y mejoras

Artículo 61

Régimen

1. La asociación a compras y mejoras, propia del Camp de Tarragona y de otras comarcas, exige pacto expreso en capítulos matrimoniales.

2. En todo aquello no regulado en los pactos de la constitución del régimen ni en el presente capítulo, la asociación a compras y mejoras se rige por la costumbre de la comarca y, en su defecto, por las disposiciones del régimen de participación en las ganancias, en cuanto lo permita su naturaleza específica.

3. Cada cónyuge puede asociar al otro a las compras y mejoras que realice durante el matrimonio. También puede establecerse la asociación con carácter recíproco o asociando a los cónyuges sus ascendientes, les hayan hecho heredamiento o no.

4. Se entiende por compras los bienes que, constante la asociación, cualquiera de las personas asociadas adquiera a título oneroso u obtenga por su profesión, industria o trabajo.

5. Se consideran mejoras los aumentos de valor de los bienes de cualquier persona asociada debidos a impensas útiles, inversiones en pago de deudas o legítimas y redención de censos y censales.

Artículo 62

Administración

1. La administración de la asociación a compras y mejoras corresponde a la persona asociada que se indique en los capítulos. En defecto de designaciones, corresponde a todos los asociados.

2. El administrador único de la asociación, en su caso, puede, con su única intervención, disponer a título oneroso de los bienes que la constituyen, pero no afianzar en nombre de la asociación, de no ser en provecho de la familia.

3. Las deudas particulares de cada persona asociada gravan exclusivamente su parte.

Artículo 63

Liquidación

La liquidación de las ganancias de cada persona asociada se refiere al tiempo de su fallecimiento o de la extinción del régimen y puede efectuarse en dinero u otros bienes de la asociación.

CAPÍTULO IV

El "agermanament" o pacto de mitad por mitad

Artículo 64

Régimen

1. El "agermanament" o pacto de mitad por mitad, propio del derecho de Tortosa, debe convenirse en capítulos matrimoniales, antes o después de la celebración del matrimonio.

2. En lo no previsto en los pactos de la constitución del régimen, es de aplicación la costumbre del lugar y, en su defecto, las normas generales del régimen de comunidad de bienes.

3. La comunidad incluye todos los bienes que tengan los cónyuges al casarse o en el momento de convenir el pacto de "agermanament", los que adquieran por cualquier título mientras el matrimonio subsista y las ganancias o lucros de todo tipo que obtengan durante la unión.

4. Cualquiera de los cónyuges puede exigir siempre que en la inscripción de los bienes o derechos adquiridos por el otro se haga constar que forman parte del "agermanament".

5. La administración de la comunidad corresponde a ambos cónyuges.

6. La liquidación del "agermanament" debe realizarse adjudicando por mitad los bienes que incluya entre los cónyuges o entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del premuerto.

CAPITULO V

El pacto de "convinença "o "mitja guadanyeria"

Artículo 65

Régimen

1. La "convinença", o "mitja guadanyeria", asociación conocida en la Vall d'Aran, requiere pacto expreso en capítulos matrimoniales.

2. En todo aquello que no esté previsto en los pactos de la constitución del régimen ni en el presente artículo, deben aplicarse la costumbre de la Vall d'Aran y el capítulo X del privilegio llamado de la "Querimònia".

3. Este convenio también puede ser establecido con el padre y la madre del hijo o de la hija, y aun con extraños, pactando que los bienes ganados y los que se ganarán quedarán en comunidad mientras subsista la asociación.

4. Los cónyuges deben contribuir por partes iguales al sostenimiento de los gastos derivados del régimen y gobierno de la casa y deben dividir, al fallecimiento de uno de ellos, si no hay hijos, las ganancias y los aumentos.

CAPÍTULO VI

El régimen de comunidad de bienes

Artículo 66

Contenido

1. En el régimen de comunidad de bienes, todos los bienes de los cónyuges resultan comunes y las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges les son atribuidos por mitad, salvo que se pacte de otro modo.

2. El régimen de comunidad de bienes debe convenirse en capítulos matrimoniales y se rige, en todo aquello que no esté establecido en los mismos, por las disposiciones del presente capítulo.

Artículo 67

Bienes comunes

1. Son comunes, salvo lo dispuesto en el artículo 68, todos los bienes y derechos que tengan los cónyuges en el momento de convenir el régimen de comunidad de bienes, los que adquieran por cualquier título durante el matrimonio y las ganancias o lucros de todo tipo que obtengan.

2. Si no hay pacto en contra, los frutos y productos de los bienes privativos de cada cónyuge, si los hay, son bienes comunes.

3. Cualquiera de los cónyuges puede solicitar que, en la inscripción de los bienes o derechos adquiridos por el otro, se haga constar que forma parte de la comunidad.

Artículo 68

Bienes privativos

1. Son bienes privativos de cada cónyuge:

a) Aquellos a los que se atribuya esta condición en capítulos.

b) Los adquiridos por donación, herencia o legado.

c) Los adquiridos con cláusula de reversión o gravados de restitución fideicomisaria.

d) Los adquiridos por subrogación real de otros bienes privativos.

e) Las cantidades procedentes de indemnizaciones por daños morales.

f) Los necesarios para el ejercicio de la profesión y las prendas y objetos de uso personal que no sean de un valor extraordinario.

2. La exclusión de un bien o un derecho de la comunidad sólo puede oponerse a terceras personas desde que conste en los registros públicos o desde que la tercera persona conoce la condición privativa.

Artículo 69

Gestión

1. De no existir pacto, la administración de los bienes comunes corresponde a ambos cónyuges.

2. Cualquiera de los cónyuges puede contraer obligaciones con cargo a la comunidad y disponer de los bienes comunes en atención al sostenimiento de los gastos familiares a que hace referencia el artículo 4. Para los demás actos, se precisa la actuación conjunta o la de uno de ellos con el consentimiento del otro.

3. Si uno de los cónyuges ejerce una profesión, industria o comercio, y lo hace valiéndose de bienes comunes con el consentimiento del otro, puede realizar solo y en relación a bienes muebles los actos, incluso de disposición, que sean consecuencia del ejercicio normal de aquellas actividades.

Artículo 70

Disposición de los bienes comunes

De no existir pacto, los actos de disposición de los bienes comunes requieren el consentimiento de ambos cónyuges o, en defecto de consentimiento de uno, la autorización judicial que puede otorgarse en interés de la familia, o si concurre otra causa justa.

Artículo 71

Régimen de los bienes privativos

1. Cada uno de los cónyuges administra y dispone de los bienes privativos con independencia del otro.

2. Los bienes comunes no responden de las deudas contraídas por cualquiera de los cónyuges, derivados de la tenencia y administración de los bienes privativos, salvo en caso de insuficiencia de los bienes privativos del cónyuge deudor. En tal caso, la persona acreedora puede solicitar el embargo de los bienes comunes, que debe ser notificado al otro cónyuge, quien puede exigir la disolución de la comunidad y que el embargo tenga lugar sobre la mitad correspondiente al cónyuge deudor.

Artículo 72

Atención a los gastos familiares

En el régimen de comunidad de bienes, los bienes comunes responden preferentemente de las deudas contraídas en atención al mantenimiento de los gastos familiares y, si no son suficientes, se aplica lo establecido en el artículo 5 en materia de responsabilidad por estos gastos.

Artículo 73

Extinción del régimen

El régimen de comunidad de bienes se extingue en todo caso por:

a) La disolución o declaración de nulidad del matrimonio.

b) La separación judicial.

2. El régimen de comunidad también puede extinguirse anticipadamente por decisión judicial, a petición de uno de los cónyuges, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) La separación de hecho por un período superior a dos años.

b) La gestión patrimonial irregular que comprometa gravemente a los intereses de la familia.

Artículo 74

Determinación y valoración de los bienes

1. A efectos de la división de la comunidad, la determinación de los bienes comunes y de los bienes privativos se hace con referencia al tiempo de la disolución.

2. Los bienes comunes que se posean en el momento de la disolución de la comunidad se computan según el valor que tengan en el momento de realizar su liquidación.

Artículo 75

División de los bienes comunes

1. En el caso de extinción de la comunidad, los bienes comunes se dividen entre los cónyuges o entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del premuerto a partes iguales, salvo que se haya convenido de otro modo.

2. En el supuesto regulado en el apartado 1, si la vivienda conyugal y sus muebles de uso ordinario tienen la condición de bienes comunes, el cónyuge sobreviviente puede solicitar que le sea atribuida la propiedad de estos bienes en pago de su cuota. Si el valor es superior al valor de su cuota, el adjudicatario debe pagar la diferencia en dinero.

3. En la división, los cónyuges pueden recuperar los bienes que antes del inicio del régimen de comunidad eran de su propiedad y que subsistan en el momento de la extinción, según el estado inicial. Los demás bienes y las mejoras hechas en los bienes aportados se incluyen en la división de la comunidad y, si el valor de aquellos bienes es superior al valor de la cuota, el adjudicatario también debe pagar la diferencia en dinero.

TÍTULO III

Los efectos de la nulidad del matrimonio, del divorcio y de la separación judicial

Artículo 76

Aspectos objeto de regulación

1. En los casos de nulidad del matrimonio, divorcio o separación judicial, si hay hijos sometidos a la potestad del padre y de la madre, debe establecerse:

a) Aquél con quien han de convivir los hijos, así como, en su caso, el régimen de visitas, estancia y comunicación con el padre o la madre con quien no convivan.

b) La forma como debe ser ejercida la potestad de los hijos, en los términos establecidos en el artículo 139.

c) La cantidad que por el concepto de alimentos de los hijos, de acuerdo con el artículo 143, corresponda satisfacer al padre o la madre y la periodicidad y forma de pago.

d) Las normas para la actualización de los alimentos y, en su caso, las garantías para asegurar su pago.

2. Si hay hijos mayores de edad o emancipados que convivan con uno de los progenitores y que no tengan ingresos propios, deben fijarse los alimentos que correspondan en los términos, establecidos en el artículo 259.

3. Los demás aspectos que deben regularse, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, son los siguientes:

a) La atribución del uso de la vivienda familiar, con el correspondiente ajuar, y, en su caso, de las demás residencias.

b) La pensión compensatoria o los alimentos, que, en su caso, corresponda satisfacer a uno de los cónyuges en favor del otro.

c) La forma, si corresponde, en que los cónyuges siguen contribuyendo a los gastos familiares.

d) Las normas para la actualización de los alimentos y de la pensión compensatoria y, en su caso, las garantías para asegurar su pago.

e) La liquidación, en su caso, del régimen matrimonial y la división de los bienes comunes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.

Artículo 77

Convenio regulador

Cuando la nulidad del matrimonio, el divorcio o la separación legal sean instados por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno de ellos con el consentimiento del otro, la demanda o escrito inicial debe acompañarse de una propuesta de convenio regulador, donde se determinen los aspectos indicados en el artículo 76.

Artículo 78

Aprobación judicial

1. El convenio regulador citado en el artículo 77 debe ser aprobado judicialmente, salvo en aquello que sea perjudicial para los hijos. En tal caso, la autoridad judicial ha de indicar los puntos que deben ser objeto de modificación y fijar su plazo.

2. Si los cónyuges no llevan a cabo la modificación solicitada o si ésta tampoco puede ser aprobada por los mismos motivos a que hace referencia el apartado 1, el juez o jueza resuelve.

Artículo 79

Falta de convenio regulador

1. En los casos de nulidad del matrimonio, divorcio o separación judicial solicitada por uno solo de los cónyuges sin consentimiento del otro, la autoridad judicial resuelve directamente sobre los aspectos indicados en el artículo 76.

2. Si, dadas las circunstancias del caso la autoridad judicial considera que los aspectos indicados en el artículo 76 aún pueden ser resueltos mediante acuerdo, puede remitir a las partes a una persona o entidad mediadora con la finalidad de que intenten resolver las diferencias y que presenten una propuesta de convenio regulador, a la que, en su caso, se aplica lo dispuesto en el artículo 78.

Artículo 80

Modificación

1. Las medidas previstas en la sentencia pueden ser modificadas, en atención a circunstancias sobrevenidas, mediante resolución judicial posterior.

2. El convenio regulador o sentencia pueden prever anticipadamente las modificaciones pertinentes.

Artículo 81

Vía de apremio

Las prestaciones establecidas en la sentencia pueden ser exigidas por vía de apremio.

Artículo 82

Cuidado de los hijos

1. La nulidad del matrimonio, el divorcio o la separación judicial no eximen al padre y la madre de sus obligaciones hacia los hijos, de acuerdo con lo dispuesto en el título VI.

2. A la hora de decidir sobre el cuidado de los hijos y demás aspectos a que se hace referencia en el artículo 76, la autoridad judicial ha de tener en cuenta preferentemente el interés de los hijos y, antes de resolver, ha de oír a los de doce años o más, y a los de menos, si tienen suficiente conocimiento.

Artículo 83

Uso de la vivienda familiar

1. El uso de la vivienda familiar, con su ajuar, se atribuye en la forma convenida por los cónyuges, salvo que ésta resulte perjudicial para los hijos, a criterio de la autoridad judicial, que resuelve la cuestión.

2. En defecto de acuerdo o si éste es rechazado, a criterio del juez o jueza, dadas las circunstancias del caso, decide, en lo que se refiere a la vivienda familiar, en los siguientes términos:

a) Si hay hijos, el uso se atribuye, preferentemente, al cónyuge que tenga atribuida su guarda, mientras dure ésta. Si la guarda de los hijos se distribuye entre los cónyuges, resuelve la autoridad judicial.

b) Si no hay hijos, se atribuye su uso al cónyuge que tenga más necesidad de la misma. La atribución tiene lugar con carácter temporal, mientras dure la necesidad que la motivó, sin perjuicio de prórroga, en su caso.

3. El derecho de uso regulado en el presente artículo es inscribible en el Registro de la Propiedad.

Artículo 84

Pensión compensatoria

1. El cónyuge que, como consecuencia del divorcio o la separación judicial, vea más perjudicada su situación económica y, en caso de nulidad, sólo en cuanto al cónyuge de buena fe, tiene derecho a recibir del otro una pensión compensatoria que no exceda el nivel de vida del que disfrutaba durante el matrimonio, ni el que pueda mantener el cónyuge obligado al pago.

2. Para fijar la pensión compensatoria, la autoridad judicial debe tener en cuenta:

a) La situación económica resultante para los cónyuges como consecuencia de la nulidad, el divorcio o la separación judicial y las perspectivas económicas previsibles para uno y otro.

b) La duración de la convivencia conyugal.

c) La edad y la salud de ambos cónyuges.

d) En su caso, la compensación económica regulada en el artículo 41.3.

e) Cualquier otra circunstancia relevante.

3. La pensión compensatoria debe ser disminuida si quien la percibe pasa a mejor fortuna o quien la paga pasa a peor fortuna.

4. A petición de parte, la sentencia puede establecer las medidas pertinentes para garantizar el pago de la pensión y puede fijar los criterios objetivos y automáticos de actualización dineraria.

Artículo 85

Pago de la pensión compensatoria

1. La pensión compensatoria debe pagarse en dinero y por mensualidades avanzadas.

2. En cualquier momento, por acuerdo de los cónyuges o, en defecto de éste, por resolución judicial, el cónyuge obligado al pago de la pensión compensatoria puede sustituirla por la entrega de bienes en dominio o usufructo.

Artículo 86

Extinción del derecho

1. El derecho a la pensión compensatoria se extingue:

a) Por mejora de la situación económica del cónyuge acreedor, que deje de justificarla o por empeoramiento de la situación económica del cónyuge obligado al pago que justifique la extinción.

b) Por matrimonio del cónyuge acreedor o por convivencia marital con otra persona.

c) Por la defunción o declaración de fallecimiento del cónyuge acreedor.

d) Por el transcurso del plazo por el que se estableció.

2. El derecho a la pensión compensatoria no se extingue por fallecimiento del cónyuge obligado a su prestación, si bien sus herederos pueden solicitar su reducción o exoneración si la rentabilidad de los bienes de la herencia no resulta suficiente para realizar su pago.

TÍTULO IV

La filiación

CAPÍTULO I

La determinación de la filiación

SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones generales

Artículo 87

Determinación de la filiación

1. La filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción.

2. La filiación por naturaleza, en relación a la madre, resulta del nacimiento; en relación al padre y la madre puede establecerse por reconocimiento, por expediente registral o por sentencia; y únicamente en relación al padre, por matrimonio con la madre.

Artículo 88

Período legal de la concepción

1. El período legal de la concepción comprende los primeros ciento veinte días del período de gestación, que se presume de trescientos días.

2. En el caso de que pruebas concluyentes demuestren que la gestación ha durado más de trescientos días, el período legal abarca los primeros ciento veinte días del tiempo real de gestación.

SECCIÓN SEGUNDA

La filiación matrimonial

Artículo 89

Paternidad matrimonial

1. Se tienen por hijos del marido a los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a la separación de los cónyuges, sea judicial o de hecho, o a la declaración de nulidad o a la disolución del matrimonio.

2. Los hijos nacidos después de los trescientos días siguientes a la separación judicial o de hecho de los cónyuges tienen la condición de matrimoniales si se prueba que han nacido a consecuencia de las relaciones sexuales entre los cónyuges. La misma regla se aplica en el caso de nulidad o de divorcio si se prueba que las relaciones han tenido lugar antes de la disolución del matrimonio.

3. Si en el período a que se refiere el apartado 2, de trescientos días posteriores a la disolución por nulidad o divorcio, ha habido un nuevo matrimonio de la madre, decae esta presunción en favor de la prevista en el artículo 90.

Artículo 90

Concepción antes del matrimonio

1. Si el hijo o hija nace dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio, el marido puede dejar sin efecto la determinación prevista en el artículo 89 declarando que desconoce su paternidad. Dicha declaración, que debe ser auténtica, debe tener entrada en el Registro Civil en el plazo de los seis meses siguientes al nacimiento.

2. El desconocimiento no es eficaz si:

a) El marido ha conocido el embarazo antes de contraer matrimonio, salvo que la declaración a que hace referencia el apartado 1 se hubiera hecho con el consentimiento de la mujer.

b) El marido ha admitido la paternidad de cualquier forma.

c) La madre demuestra la existencia de relaciones sexuales con el marido durante el período legal de la concepción.

Artículo 91

Nacimiento antes del matrimonio

1. Los hijos comunes nacidos antes del matrimonio del padre y de la madre tienen, desde la fecha de celebración del mismo, la condición de matrimoniales, siempre que la filiación quede determinada legalmente.

2. La impugnación de esta filiación se rige por las reglas de la filiación no matrimonial.

Artículo 92

La fecundación asistida de la mujer

1. Los hijos nacidos a consecuencia de la fecundación asistida de la mujer, practicada con el consentimiento expreso del marido formalizado en escritura pública, se consideran hijos matrimoniales del marido.

2. En la fecundación asistida practicada después de la muerte del marido con gametos de éste, el nacido se tiene por hijo suyo, siempre que concurran en la misma las siguientes condiciones:

a) Que conste fehacientemente la voluntad expresa del marido para la fecundación asistida después de su muerte.

b) Que se limite a un único caso, comprendido el parto múltiple.

c) Que el proceso de fecundación se inicie en el plazo máximo de doscientos setenta días después de la muerte del marido. Dicho plazo puede ser prorrogado por la autoridad judicial, por causa justa y por un tiempo máximo de noventa días.

SECCIÓN TERCERA

La filiación no matrimonial

Artículo 93

Establecimiento

1. La filiación no matrimonial puede establecerse por:

a) Reconocimiento hecho en testamento, en escritura pública o ante la persona encargada del Registro Civil.

b) Resolución dictada en un expediente tramitado de conformidad con la legislación del Registro Civil.

c) Sentencia firme en un procedimiento civil o penal.

d) En lo que se refiere a la madre, también por el informe médico o el documento que exija la legislación del Registro Civil para la inscripción.

2. En el reconocimiento hecho en testamento, escritura pública o ante la persona encargada del Registro Civil no puede manifestarse la identidad del otro progenitor, a no ser que ya ha sido determinada legalmente.

Artículo 94

Presunciones de paternidad

1. Se presume que es padre del hijo o hija no matrimonial:

a) El hombre con el que la madre ha convivido en el período legal de la concepción.

b) El hombre con el que la madre ha mantenido relaciones sexuales en el período de la concepción.

c) El hombre que ha reconocido la paternidad tácitamente o de forma diferente a la indicada en el artículo 93.

2. Las presunciones a que hace referencia el apartado 1 pueden ser destruidas mediante toda clase de pruebas en el correspondiente juicio.

Artículo 95

Capacidad para el reconocimiento

1. Tienen capacidad para el reconocimiento de la paternidad los mayores de catorce años y, para el de la maternidad, la madre desde que se acredite el hecho del parto, sea cual sea su edad.

2. Para la validez del reconocimiento hecho por personas menores no emancipadas o personas incapacitadas, es necesaria la aprobación judicial, con audiencia del ministerio fiscal.

Artículo 96

Requisitos del reconocimiento

1. Para la eficacia del reconocimiento de un hijo o hija no matrimonial mayor de edad o menor emancipado, es necesario su consentimiento expreso o tácito.

2. El padre y la madre pueden reclamar que se declare judicialmente la paternidad o la maternidad no matrimoniales aunque el hijo o hija haya denegado el consentimiento a que se refiere el apartado 1. La sentencia que lo admita debe determinar la filiación sin ningún otro efecto, salvo que quede probada la razón que justifique el retraso en el reconocimiento.

3. Para la eficacia del reconocimiento de un menor o de una persona incapacitada que no se haga en el plazo establecido para la inscripción del nacimiento, es necesaria la aprobación judicial, con audiencia del ministerio fiscal y, si es conocido, del otro progenitor. La denegación de la aprobación judicial no impide la reclamación de la filiación según las reglas del apartado 2 y tiene el mismo alcance.

4. Las reglas de los apartados 1, 2 y 3 se aplican en el caso del reconocimiento de un hijo o hija no matrimonial ya muerto y en relación a su descendencia de grado más próximo que ya vivieran en el momento de su muerte.

Artículo 97

La fecundación asistida de la mujer

1. Los hijos nacidos a consecuencia de la fecundación asistida de la madre se consideran hijos del hombre que la ha consentido previamente en documento público.

2. En la fecundación asistida después de la muerte del hombre que convivía con la madre, el nacido se considera hijo de éste siempre que concurran las condiciones previstas en el artículo 92.2, en aquello que sea de aplicación.

CAPÍTULO II

Las acciones de filiación

SECCIÓN PRIMERA

Reglas comunes

Artículo 98

Medios de prueba

1. En los procesos de filiación se admiten toda clase de pruebas, salvo lo dispuesto en el artículo 111.2, en materia de fecundación asistida de la mujer.

Artículo 99

Personas que intervienen en el proceso

1. En todo proceso de filiación deben ser demandadas las personas cuya paternidad, maternidad o filiación esté reclamada o esté legalmente determinada.

2. En caso de que una persona que debería ser demandada haya muerto, la acción debe dirigirse contra sus herederos.

Artículo 100

Medidas cautelares en el juicio de filiación

Mientras dura el procedimiento de reclamación o impugnación de la filiación, la autoridad judicial puede adoptar las medidas de protección convenientes sobre la persona y los bienes del hijo o hija menor o incapacitado e, incluso en caso de reclamación, puede acordar alimentos provisionales a favor del hijo o hija.

Artículo 101

La excepción de relaciones sexuales con otras personas

1. La prueba de las relaciones sexuales de la madre con un hombre distinto al demandado durante el período legal de concepción no es motivo suficiente para destruir su presunción de paternidad.

2. En el supuesto del apartado 1, debe declararse padre aquel cuya paternidad resulte más verosímil en el correspondiente proceso. Sin embargo, si la probabilidad de paternidad entre los posibles padres es parecida, no puede declararse la paternidad de ninguno de ellos.

Artículo 102

Filiación contradictoria

1. La determinación de la filiación no tiene efecto alguno mientras haya otra contradictoria.

2. No puede reclamarse una filiación que contradiga a otra que haya sido determinada por sentencia firme.

SECCIÓN SEGUNDA

La reclamación de la filiación

Artículo 103

Filiación matrimonial

1. El padre, la madre, los hijos, por sí mismos o mediante sus representantes legales, en su caso, pueden ejercer la acción de reclamación de la filiación matrimonial durante toda su vida.

2. La acción puede ser ejercida o continuada por los hijos o por sus descendientes o herederos, dentro del tiempo que quede para completar el plazo de dos años a contar desde el descubrimiento de las pruebas en las que debe fundamentarse la reclamación.

3. Si a la muerte del hijo o hija no han transcurrido cuatro años desde su mayoría de edad o de la recuperación de la plena capacidad, la acción puede ejercerse o continuar dentro del tiempo que quede para completar este plazo, si es superior al establecido en el apartado 2, de dos años.

Artículo 104

Filiación no matrimonial

1. Los hijos o sus representantes legales, en su caso, pueden ejercer la acción de reclamación de la filiación no matrimonial durante toda su vida y, en los supuestos de los apartados 2 y 3 del artículo 103, pueden ejercer o continuar la acción sus hijos o descendientes y sus herederos, dentro del tiempo que quede para completar los citados plazos.

2. El padre y la madre pueden ejercer, durante toda su vida, la acción de reclamación de paternidad o maternidad no matrimonial, en nombre e interés propio, si su reconocimiento no ha sido eficaz por falta de consentimiento de los hijos o de aprobación judicial.

Artículo 105

Acumulación de pretensiones

El ejercicio de la acción de reclamación de filiación permite la acumulación de la acción de impugnación de la filiación contradictoria. En todo caso, es preeminente el régimen jurídico de la acción de reclamación.

SECCIÓN TERCERA

La impugnación de la filiación

Artículo 106

Impugnación por el padre de la paternidad matrimonial

1. El marido puede ejercer la acción de impugnación de la paternidad matrimonial en el plazo de dos años a contar desde la fecha en que conozca el nacimiento del hijo o hija o del descubrimiento de las pruebas en las que fundamenta la impugnación.

2. La acción de impugnación se transmite a los hijos o descendientes y sus herederos si el marido muere después de haber interpuesto la acción o antes de que finalicen los plazos establecidos en el apartado 1. En tales casos, la acción puede ser ejercida por cualquiera de los legitimados, dentro del tiempo que quede para completar los citados plazos.

3. Si el marido muere sin tener conocimiento del nacimiento o de las pruebas en que ha de fundamentar la acción, los dos años se cuentan desde la fecha en que lo conozca la persona legitimada para impugnar.

Artículo 107

Impugnación por la madre de la paternidad matrimonial

La madre, en nombre propio o en interés y representación del hijo o hija, si es menor o incapaz, puede impugnar la paternidad matrimonial durante los dos años contados desde la fecha del nacimiento de aquéllos o del descubrimiento de las pruebas en las que se fundamenta la impugnación.

Artículo 108

Impugnación por el hijo o hija

El hijo o hija puede ejercer la acción de impugnación de la paternidad matrimonial dentro de los dos años siguientes a la mayoría de edad, a la recuperación de la plena capacidad o al descubrimiento de las pruebas en que fundamente la impugnación.

Artículo 109

Impugnación de la filiación no matrimonial

1. La acción de impugnación de la paternidad no matrimonial puede ser ejercida por quienes resulten afectados por la misma en el plazo de dos años contados desde el establecimiento de la filiación que se impugna o, si procede, desde el momento en que se conozca este establecimiento o la aparición de nuevas pruebas contrarias a la paternidad.

2. En el caso del hijo o hija, la acción caduca a los dos años contados desde la mayoría de edad o desde la recuperación de la plena capacidad o de la aparición de las pruebas anteriormente mencionadas. Durante la minoría de edad o incapacidad del hijo o hija, puede ejercer la acción la madre, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107 y 108.

Artículo 110

Reconocimiento viciado

La acción de impugnación del reconocimiento hecho con error, violencia o intimidación corresponde a quien la ha otorgado. La acción caduca a los dos años, desde que cesa el vicio del consentimiento, y puede ser continuada por los hijos, los descendientes y los herederos del otorgante o ejercida por éstos, si aquél muere antes de transcurrir los dos años, durante el plazo que quede. Se aplican las reglas generales a los casos de invalidez por defectos de forma o de capacidad o nulidad del reconocimiento.

Artículo 111

La prueba en la impugnación

1. Para que prospere cualquier acción de impugnación de la paternidad matrimonial y no matrimonial, debe probarse de forma concluyente que el presunto padre no es progenitor de la persona cuya filiación se impugna.

2. No se admite la impugnación que sólo se base en la fecundación asistida de la madre, si se ha practicado de acuerdo con los artículos 97 y 92, y, por lo tanto, aunque el padre no sea el progenitor biológico de la persona cuya filiación se impugna.

Artículo 112

Impugnación de la maternidad

Los hijos, por sí mismos o mediante sus representantes legales, durante toda su vida, pueden ejercer la acción de impugnación de la maternidad, si prueban la suposición de parto o que no es cierta la identidad del hijo o hija. También pueden ejercerla la madre y las demás personas afectadas en el plazo de dos años desde el nacimiento o desde el conocimiento de las pruebas que fundamenten la impugnación.

CAPÍTULO III

Los efectos de la filiación

Artículo 113

Efectos de la filiación

1. Toda filiación produce los mismos efectos civiles, sin perjuicio de los efectos específicos de la filiación adoptiva, en materia de apellidos y entre la persona adoptada y los familiares ascendientes y colaterales del padre y de la madre adoptivos en los términos que establece la legislación civil de Cataluña.

2. La filiación determina la potestad del padre y de la madre, los apellidos, los alimentos, en su sentido más amplio, y los derechos sucesorios y cualquier otro expresamente señalado en las leyes. Los hijos, al llegar a la mayoría de edad, o al ser emancipados, pueden alterar el orden de los apellidos.

Artículo 114

Eficacia limitada

1. Los efectos de la declaración de filiación se limitan a la mera determinación de este estado, a petición de los hijos mayores de edad o emancipados o de su representante legal si:

a) El progenitor ha sido condenado por sentencia firme en procedimiento penal por causa de las relaciones que han dado lugar a la filiación.

b) La filiación ha sido declarada judicialmente con la oposición del progenitor,

c) El reconocimiento se ha hecho con mala fe o con abuso de derecho.

2. La determinación de la filiación en los casos especificados en el apartado 1 no produce ningún efecto civil a favor del progenitor quien queda siempre obligado a velar por el hijo o hija y a procurarle alimentos.

TÍTULO V

La adopción

CAPÍTULO I

Requisitos

Artículo 115

Personas que pueden adoptar

1. Para poder adoptar se requiere:

a) Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles.

b) Ser mayor de veinticinco años y tener como mínimo catorce años más que la persona adoptada.

2. Sólo se admite la adopción por más de una persona en el caso de los cónyuges o la pareja de hombre y mujer que convivan maritalmente con carácter estable. En tales casos, es suficiente que uno de los adoptantes haya cumplido veinticinco años.

Artículo 116

Personas que no pueden adoptar

No pueden adoptar:

a) El padre y la madre que hayan sido privados de la potestad o las personas que hayan sido removidas de un cargo tutelar mientras estén en esta situación.

b) El tutor o tutora en lo que se refiere a su tulelado, hasta que no haya sido aprobada la cuenta final de la tutela.

Artículo 117

Personas que pueden ser adoptadas

1. Pueden ser adoptadas las personas menores no emancipadas en los siguientes supuestos:

a) Los hijos del cónyuge o la persona de sexo distinto con quien el adoptante convive maritalmente con carácter estable, siempre que no estuviera determinada legalmente la filiación respecto al otro progenitor o que éste hubiera muerto o estuviera privado de la potestad o estuviera sometido a una causa de privación de la misma o hubiera dado su asentimiento.

b) Los huérfanos y los parientes del adoptante en tercer grado de consanguinidad o afinidad.

c) Las personas que estén bajo la tutela de quien quiere adoptar, una vez aprobada la cuenta final de la tutela.

d) Las personas que estén en situación de acogida preadoptiva, por quien las tiene acogidas.

e) Excepcionalmente, las personas que estén en situación de acogida simple de quienes quieren adoptar, si las circunstancias han cambiado y ya no es posible el regreso de aquéllas a su familia, porque concurra alguna de las circunstancias de la acogida preadoptiva u otras que hagan imposible su reintegro.

2. Puede adoptarse una persona mayor de edad o una persona menor emancipada siempre que en cualquiera de los dos supuestos haya convivido ininterrumpidamente con el adoptante desde antes de haber cumplido catorce años o si ha estado en situación de acogida preadoptiva, o bien simple, si concurren las circunstancias de la letra e del apartado 1, al menos durante el año inmediatamente anterior a la mayoridad o emancipación y ha seguido conviviendo con el mismo sin interrupción.

3. En los supuestos de las letras a, b, c y d del apartado 1 puede constituirse la adopción, aunque uno de los adoptantes haya muerto si ha dado su consentimiento a la adopción ante la autoridad judicial o bien en testamento, codicilo o escritura pública.

4. En caso de muerte del adoptante individual o, si es conjunta, de los dos, o cuando se incurra en causa de pérdida de la potestad, es posible una nueva adopción de la persona que se hallaba en proceso de ser adoptada o, en el segundo caso, cuando se declare extinguida la adopción.

Artículo 118

Personas que no pueden ser adoptadas

No pueden ser adoptadas las siguientes personas:

a) Los descendientes.

b) Los parientes en segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad, mientras dura el matrimonio que origina este parentesco.

CAPÍTULO II

Constitución y régimen

SECCIÓN PRIMERA

Constitución

Artículo 119

Procedimiento

En la adopción debe tenerse siempre en cuenta el interés de la persona adoptada y se constituye por resolución judicial motivada, de acuerdo con las normas del presente Código y con las de procedimiento de la Ley de enjuiciamiento civil.

Artículo 120

Propuesta de adopción

1. Si ha habido acogida preadoptiva, o bien simple, en los casos de la letra e del artículo 117.1, para iniciar el expediente de adopción es necesaria la propuesta previa del organismo competente, en la que deben hacerse constar, debidamente acreditados, los siguientes datos:

a) La idoneidad razonada de la persona o personas que quieren adoptar dadas sus condiciones personales, sociales, familiares, económicas y su aptitud educadora. Quienes quieren adoptar pueden recurrir, mediante el correspondiente procedimiento por los trámites de la jurisdicción voluntaria, contra la denegación de la idoneidad por parte del organismo competente.

b) El último domicilio, si es conocido, del padre y de la madre, de los tutores o de los guardadores del adoptado o adoptada.

2. En el caso de adopción de la persona acogida en forma simple, la propuesta previa debe acreditar, además, el cambio de circunstancias que justifica el paso de una medida a otra y que concurren los requisitos de la acogida preadoptiva.

3. No se precisa la propuesta previa en los casos de las letras a, b y e del apartado 1, ni en los casos del apartado 2 del artículo 117, ni si el menor hace más de un año que está en situación de acogida preadoptiva y no ha sido revisada la medida adoptada en el momento de iniciarse el expediente de adopción.

Artículo 121

Consentimiento de la adopción

El adoptante o adoptantes y el adoptado o adoptada, si tiene doce años o más, han de dar su consentimiento a la adopción ante la autoridad judicial.

Artículo 122

Asentimiento a la adopción

1. Han de dar su asentimiento a la adopción, si no están imposibilitados para hacerlo:

a) El cónyuge del adoptante, salvo en caso de separación judicial o de hecho, o la persona de sexo distinto con quien el adoptante convive maritalmente con carácter estable.

b) El padre y la madre del adoptado o adoptada, salvo que estén privados legalmente de la potestad o estén sometidos a una causa de privación de ésta, o en el supuesto de que el menor haya estado en situación de acogida preadoptiva sin oposición, durante más de un año, o con oposición desestimada judicialmente.

2. El asentimiento debe darse siempre ante la autoridad judicial. La madre no puede darlo hasta que hayan pasado treinta días del parto.

3. El asentimiento del padre y de la madre no puede referirse a un o una adoptante determinado, salvo en caso excepcional de que una causa razonable lo justifique.

Artículo 123

Personas que deben ser oídas

La autoridad judicial debe oír en el expediente de adopción:

a) Al padre y la madre de los mayores de edad y de las personas cuyo asentimiento no es preciso, salvo aquéllos que están privados de la potestad.

b) A las personas que ejercen la tutela o la curatela o tienen la guarda de hecho del adoptado o adoptada.

c) Al adoptado o adoptada menor de doce años, si tiene suficiente conocimiento.

d) A los hijos del adoptante o adoptantes y, en su caso, los de la persona adoptada, si tienen suficiente conocimiento y es posible.

SECCIÓN SEGUNDA

Adopción internacional

Artículo 124

Adopción de menores extranjeros

Las personas menores extranjeras sólo pueden ser adoptadas si las autoridades del estado de origen confirman que:

a) El menor puede ser adoptado.

b) La adopción responde al interés del menor.

c) Los consentimientos requeridos para la adopción han sido dados libremente y sin recibir ningún tipo de contraprestación, con conocimiento de las consecuencias y los efectos que deriven de la misma, especialmente en lo que se refiere a la ruptura de todo vínculo jurídico con la familia de origen.

d) El menor, si tiene suficiente conocimiento, ha sido oído.

Artículo 125

Tramitación

1. Si no hay convenio internacional en la materia, el organismo competente sólo tramita las adopciones de menores originarios de los países en los que quede suficientemente garantizado el respeto a los principios y normas de la adopción internacional y la intervención debida de sus organismos administrativos y judiciales.

2. A fin de garantizar el pleno respeto a los derechos de los menores, en el caso de adopciones internacionales, el organismo competente ejerce las siguientes funciones:

a) Tomar las medidas para evitar lucros indebidos e impedir prácticas contrarias al interés del menor.

b) Reunir y conservar la información relativa a los adoptados y sus orígenes y, en la medida permitida por la legislación vigente, garantizar su acceso.

c) Facilitar y seguir los procedimientos de adopción.

d) Asesorar sobre la adopción y, en caso necesario y en la medida permitida por la legislación vigente, realizar el seguimiento de las adopciones, cuando lo exija el país de origen de la persona que se quiere adoptar.

e) Seleccionar a las personas y familias demandantes valorando su idoneidad según criterios y procesos establecidos, dirigidos a favorecer el éxito del proceso adoptivo.

Artículo 126

Funciones de mediación

1. Sólo puede intervenir con funciones de mediación para la adopción internacional el organismo competente de la Generalidad. No obstante, la Generalidad puede acreditar a entidades colaboradoras para el ejercicio de estas funciones en los términos y con el cumplimiento de los requisitos que se establezcan por reglamento. En todo caso, estas entidades deben ser sin ánimo de lucro, deben estar legalmente constituidas, tener como finalidad la protección de los menores y deben defender el interés primordial del menor por encima de cualquier otro, de acuerdo con las normas de derecho internacional aplicables. Deben someterse a las directrices, inspección y control del organismo competente.

2. Cuando se trate de una adopción constituida en el extranjero sin la intervención del organismo competente de la Generalidad, éste procede, a instancias de la autoridad judicial competente, al estudio y valoración de la persona o personas que quieren adoptar, para determinar si reúnen las condiciones necesarias de idoneidad a fin de procurar el desarrollo integral del menor y una adecuada aptitud educadora.

SECCIÓN TERCERA

Efectos específicos de la filiación adoptiva

Artículo 127

Efectos específicos de la adopción

1. La adopción origina relaciones de parentesco entre el adoptante, sus ascendientes y descendientes, y la persona adoptada y sus descendientes, produciendo los mismos efectos que la filiación por naturaleza, sin perjuicio de las especialidades a las que hace referencia el artículo 113.

2. La adopción extingue el parentesco entre el adoptado o adoptada y su familia de origen, salvo en los casos de adopción de un hijo o hija del cónyuge o de persona de sexo distinto con quien el adoptante convive maritalmente con carácter estable y de adopción entre parientes hasta el cuarto grado.

3. Los vínculos del adoptado o adoptada con su familia de origen se mantienen sólo en los casos que establece la ley y, en especial, a efectos de los impedimentos para contraer matrimonio y en los casos en los que se mantienen los derechos sucesorios.

Artículo 128

Apellidos del adoptado o adoptada

1. La persona que es adoptada por dos personas lleva los apellidos de los adoptantes en el orden que establece la ley. El adoptado o adoptada por una persona lleva los apellidos de ésta, salvo en el caso a que se refiere la letra a del apartado 1 del artículo 117, en el que conserva el apellido del padre o de la madre, según corresponda.

2. El orden de los apellidos puede invertirse a petición del adoptante en el momento de la adopción o de la persona adoptada a partir de la emancipación o mayoridad.

3. Las personas adoptadas mayores de edad o emancipadas pueden conservar los apellidos de origen, si así lo solicitan en el momento de la adopción.

Artículo 129

Conocimiento de datos biológicos

1. La persona adoptada, a partir de la mayoridad o emancipación, puede ejercer las acciones que conduzcan a averiguar quienes han sido su padre y su madre biológicos, lo cual no afecta a la filiación adoptiva.

2. El adoptado o adoptada puede solicitar, en interés de su salud, los datos biogenéticos de sus progenitores. También pueden hacerlo los adoptantes mientras el adoptado o adoptada es menor de edad.

3. El ejercicio de los derechos especificados en los apartados 1 y 2 se lleva a cabo sin detrimento del deber de reserva de las actuaciones.

Artículo 130

Irrevocabilidad

1. La adopción es irrevocable. Sin embargo, la autoridad judicial puede establecer, en interés del adoptado o adoptada, la extinción de la adopción si el padre o la madre por naturaleza no habían intervenido de acuerdo con la ley en el expediente de adopción por causa que no les fuera imputable.

2. El padre o la madre deben ejercer la acción dentro de los dos años siguientes a la adopción.

SECCIÓN CUARTA

Extinción

Artículo 131

Efectos de la extinción

1. La extinción de la adopción supone el restablecimiento de la filiación por naturaleza. La autoridad judicial puede acordar que el restablecimiento de la filiación lo sea sólo del progenitor que ha ejercicio la acción.

2. Los efectos patrimoniales de la adopción producidos con anterioridad se mantienen.

TÍTULO VI

La potestad del padre y de la madre

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 132

Determinación

La filiación prevista jurídicamente determina la potestad del padre y de la madre sobre los hijos menores no emancipados, o mayores de edad incapacitados si la potestad ha sido prorrogada o rehabilitada.

Artículo 133

Ejercicio

1. La potestad constituye una función inexcusable y, en el marco del interés general de la familia, se ejerce personalmente siempre en beneficio de los hijos para facilitar el pleno desarrollo de su personalidad.

2. Antes de tomar decisiones que le afecten, el padre y la madre siempre han de informar y oír al hijo o hija de doce años o más y al de menos de doce si tiene suficiente conocimiento.

3. Las limitaciones a la capacidad de obrar de los hijos menores deben interpretarse de forma restrictiva.

Artículo 134

Intervención judicial

1. La autoridad judicial, de oficio y en cualquier procedimiento, puede adoptar las medidas que considere oportunas para evitar cualquier perjuicio a la persona de los hijos. Si la gestión del padre y de la madre resulta perjudicial para su patrimonio o interés, puede exigir la prestación de garantías suficientes, limitar las facultades de disposición o gestión del padre y de la madre o, incluso, nombrar a un defensor judicial.

2. Los hijos, el padre y la madre, aunque no tengan el ejercicio de la potestad, los demás parientes de los hijos hasta el cuarto grado por consanguinidad y hasta el segundo por afinidad y, en todo caso, el ministerio fiscal están legitimados para solicitar la adopción de las medidas especificadas en el apartado 1.

3. La autoridad judicial, antes de dictar cualquiera de las resoluciones determinadas por la presente Ley, debe oír al hijo o hija de doce años o más y al de menos si tiene suficiente conocimiento.

Artículo 135

Relaciones personales

1. El padre y la madre, aunque no tengan el ejercicio de la potestad. tienen el derecho de relacionarse personalmente con el hijo o hija, excepto cuando éste haya sido adoptado, o cuando la ley o una resolución judicial lo dispongan de otro modo.

2. El padre y la madre deben facilitar la relación del hijo o hija con los parientes, especialmente con el abuelo y la abuela, y demás personas y sólo la pueden impedir cuando exista causa justa.

3. La autoridad judicial puede suspender, modificar o denegar el derecho a tener las citadas relaciones personales incluso en cuanto al padre y la madre, si éstos incumplen sus deberes, y en todos los casos, si las relaciones pueden perjudicar al menor o mayor de edad incapacitado, o si concurre otra causa justa. También puede tomar las medidas necesarias con vistas a la efectividad de estas relaciones personales.

Artículo 136

Privación de la potestad

1. El padre y la madre pueden ser privados de la titularidad de la potestad sólo por sentencia firme, fundamentada en el incumplimiento grave o reiterado de sus deberes, o por sentencia dictada en causa penal o matrimonial. La privación no afecta a la obligación de hacer todo lo necesario por asistir a los hijos menores ni la de prestarles alimentos en el sentido más amplio.

2. La autoridad judicial debe acordar, en beneficio e interés de los hijos, la recuperación de la titularidad de la potestad cuando haya cesado la causa que había motivado su privación.

CAPÍTULO II

El ejercicio de la potestad

Artículo 137

Ejercicio conjunto

1. El padre y la madre ejercen conjuntamente la potestad sobre los hijos, o la ejerce uno de ellos con el consentimiento del otro. Sin embargo, cualquiera de los dos puede realizar los actos que, de acuerdo con el uso social o las circunstancias familiares, es normal que sean hechos por uno solo, o los actos que sean de necesidad urgente.

2. En los actos de administración ordinaria y con respecto a terceras personas de buena fe, se presume que el padre actúa con el consentimiento de la madre o la madre con el consentimiento del padre. En los actos de administración extraordinaria, es decir, aquellos que requieren la autorización judicial. de acuerdo con el artículo 151, el padre y la madre deben actuar conjuntamente.

3. La potestad es ejercida exclusivamente por el padre o la madre en los casos de imposibilidad, ausencia o incapacidad del otro progenitor o por cualquier otra causa que impida este ejercicio.

Artículo 138

Desacuerdos

1. En caso de desacuerdo ocasional, la autoridad judicial, a instancias del padre o de la madre y después de haber oído a los dos y a los hijos mayores de doce años y a los de menos si tienen suficiente conocimiento, puede atribuir total o parcialmente el ejercicio de la potestad al padre o a la madre separadamente o distribuir entre ellos sus funciones de forma temporal, hasta un plazo máximo de dos años, cuando los desacuerdos sean reiterados o concurra cualquier causa que dificulte gravemente el ejercicio conjunto de la potestad.

2. Por acuerdo del padre y de la madre, formalizado en documento público, la intervención judicial puede ser sustituida por el acuerdo de los dos parientes más próximos del hijo a quienes hace referencia el artículo 149 del Código de sucesiones, formalizado también en documento público. A los efectos, los hermanos del hijo no pueden intervenir como parientes más próximos de éste. Si estos parientes no llegasen a acuerdo, puede instarse la intervención judicial, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.

Artículo 139

Vida separada del padre y de la madre

1. Si el padre y la madre viven separados, de común acuerdo formalizado en escritura pública, pueden delegar, también de común acuerdo, solemnizado de la misma forma, el ejercicio de la potestad en aquél que conviva con los hijos o acordar que este ejercicio corresponda a ambos conjuntamente o la distribución de funciones entre ellos. En cualquier momento, el padre o la madre, separadamente, pueden dejar sin efecto, mediante notificación notarial, tanto aquella delegación como esta distribución.

2. En caso de desacuerdo sobre el ejercicio de la potestad, decide la autoridad judicial, oídos al padre, a la madre y a los hijos de doce años o más y a los de menos si tienen suficiente conocimiento.

3. En todo caso, las obligaciones de guarda deben ser ejercidas por aquel de los dos, padre o madre, que en cada momento tenga el menor con él, bien porque tenga asignada de hecho o de derecho su residencia habitual, bien porque el menor se halle en su compañía a consecuencia del régimen de comunicación y de relación que se haya establecido.

4. Salvo que la autoridad judicial lo disponga de otro modo. el padre o la madre que ejerce la potestad necesita el consentimiento expreso o tácito del otro para decidir el tipo de enseñanza, para variar el domicilio del hijo o hija menor de forma que lo aparte de su entorno habitual y para disponer su patrimonio más allá de lo necesario para atender a sus necesidades ordinarias. Se entiende tácitamente conferido el consentimiento una vez transcurrido el plazo de treinta días desde la notificación que se realice con la finalidad de obtenerlo sin que el padre o la madre que no ejerce la potestad no plantee el desacuerdo, conforme a lo establecido en el artículo 138.

Artículo 140

Deber de información

Cuando el ejercicio de la potestad está atribuido al padre o a la madre o distribuido entre los dos, aquel que lo tenga atribuido debe informar al otro inmediatamente que tenga lugar algún hecho relevante en el cuidado del hijo o hija y de su patrimonio y, con carácter general, al menos cada tres meses.

Artículo 141

Padre y madre menores

1. El padre o la madre menores ejercen la potestad sin necesidad de ninguna asistencia en los siguientes casos :

a) Si están casados con una persona mayor de edad, respecto a los hijos comunes.

b) Si están emancipados y, en caso de que lo estén por haber contraído matrimonio, si tienen al menos dieciséis años o están casados con una persona que goce de plena capacidad.

2. En los casos no determinados y en los excluidos por el apartado 1, el padre o la madre menores necesitan, para ejercer la potestad, la asistencia del padre y de la madre respectivos o de aquel de los dos que tenga el ejercicio de la potestad o, en su defecto, del tutor o curador.

3. En los casos de desacuerdo entre las personas que deben dar la asistencia o entre éstas y el menor titular de la potestad, así como en el caso de imposibilidad de prestación de la asistencia, se requiere autorización judicial. Dicha autorización puede ser sustituida por el acuerdo de los dos parientes del menor indicados en el artículo 138.2, con los requisitos allí establecidos.

Artículo 142

Consentimientos generales

A fin de facilitar el ejercicio de la potestad en los casos determinados en el artículo 140, el padre y la madre pueden conferirse consentimientos de carácter general o especial en escritura pública, revocables en todo momento también mediante notificación notarial, salvo que la ley o una resolución judicial firme lo dispongan de otro modo. Para la validez de este consentimiento, se requiere que tanto su concesión como la aceptación del cónyuge en quien se delega consten de forma fehaciente.

CAPÍTULO III

El contenido de la potestad

Artículo 143

Deberes del padre y de la madre

1. En virtud de la potestad, el padre y la madre deben cuidar de los hijos y tienen en relación a ellos los deberes de convivencia, de alimentos en el sentido más amplio, de educación y de formación integral.

2. El padre y la madre, con motivo suficiente, pueden decidir que los hijos residan en un lugar distinto al domicilio familiar.

3. El padre y la madre pueden corregir a los hijos en potestad de forma proporcionada, razonable y moderada, con pleno respeto por su dignidad y sin imponerles nunca sanciones humillantes ni que atenten contra sus derechos. Al objeto, pueden solicitar excepcionalmente la asistencia e intervención de los poderes públicos.

Artículo 144

Deberes del hijo o hija

Los hijos, mientras están bajo la potestad del padre y de la madre, deben obedecerles, salvo que intenten imponerles conductas indignas o delictivas, y todos deben respetarse mutuamente.

Artículo 145

Administración de los bienes

1. El padre y la madre que ejercen la potestad deben administrar los bienes de los hijos con la diligencia exigible a un buen administrador, según la naturaleza y características de los bienes.

2. Pertenecen a los hijos los frutos y rendimientos de sus bienes y derechos, y también les pertenecen las ganancias de su propia actividad y los bienes o derechos que puedan derivar de la misma.

Artículo 146

Contribución a los gastos familiares

1. Los hijos tienen el deber de contribuir equitativamente a los gastos familiares, mientras convivan con la familia, con los ingresos que obtengan de su actividad, con el rendimiento de sus bienes y derechos y con su trabajo en interés de la familia. Por lo tanto, el padre y la madre pueden destinar los frutos de los bienes y derechos que administran al mantenimiento de los gastos familiares en la parte que equitativamente corresponda.

2. Si hay bienes y derechos de los hijos no administrados por el padre y la madre, la persona que los administra debe entregar a aquéllos, o a aquel de los dos que tenga el ejercicio de la potestad, en la parte que corresponda, los frutos y rendimientos de los bienes y derechos afectados. Se exceptúan los frutos procedentes de bienes y derechos atribuidos especialmente a la educación o formación del hijo o hija, que sólo deben entregarse en la parte sobrante o, si el padre y la madre no disponen de otros medios, en la parte que, según la equidad, la autoridad judicial determine.

Artículo 147

Ejercicio de la administración

1. En el ejercicio de la administración de los bienes y derechos de los hijos, el padre y la madre están dispensados de realizar inventario y son responsables de los daños y perjuicios producidos en los intereses administrados por dolo o culpa propia.

2. El padre y la madre no tienen derecho a remuneración por razón de la administración, pero sí a ser resarcidos con cargo al patrimonio administrado, si el resarcimiento no puede obtenerse de otro modo, por los gastos soportados y los daños y perjuicios que les haya causado aquélla, si no son imputables a dolo o culpa propia.

Artículo 148

Fin de la administración

1. Al final de la administración, el padre y la madre deben restituir el patrimonio administrado. Los gastos de restitución son a cargo de éstos.

2. El padre y la madre están obligados a rendir cuentas al final de su administración si el hijo o hija y, en su caso, su representante legal lo reclaman. En tal caso, la rendición de cuentas debe realizarse en el plazo de seis meses, contados desde la fecha de la reclamación, plazo que puede ser prorrogado por la autoridad judicial, con justa causa, por otro período de tres meses como máximo.

3. La acción para exigir el cumplimiento de la obligación a que hace referencia el apartado 2 prescribe al cabo de dos años.

Artículo 149

Bienes exceptuados de la administración

Además del caso de administración judicial determinado en el artículo 134.1, se exceptúan de la administración del padre y la madre los siguientes bienes y derechos:

a) Los adquiridos por el hijo o hija por donación, herencia o legado cuando el donante o causante lo haya ordenado así de forma expresa, en cuyo caso debe cumplirse estrictamente la voluntad expresada sobre la administración de estos bienes y sobre el destino de sus frutos.

b) Los adquiridos por título sucesorio, si el padre, la madre o los dos han sido desheredados justamente o han sido excluidos del mismo por causa de indignidad.

c) Los adquiridos por el hijo o hija de más de dieciséis años con su actividad que genere beneficio, en relación a los cuales debe actuar como si fuera emancipado.

Artículo 150

Administración especial

1. Los bienes y derechos señalados en las letras a y b del artículo 149 deben ser objeto de una administración especial a cargo de la persona designada por el donante o causante. Si no hay designación, deben ser administrados por el padre o la madre que no haya sido excluido, en su caso, o, en último término, por una persona designada por la autoridad judicial al efecto.

2. Los bienes y derechos señalados en la letra e del artículo 149 deben ser administrados por el hijo o hija, que necesita la asistencia del padre y la madre en los supuestos determinados en el artículo 159.

Artículo 151

Autorización judicial

1. El padre y la madre o, en su caso, el administrador especial, en relación a los bienes o derechos de los hijos, necesitan autorización judicial para:

a) Enajenar bienes inmuebles, gravarlos o subrogarse en un gravamen preexistente si no suponen la adquisición simultánea del inmueble gravado por un precio en cuya fijación se tenga en cuenta la existencia del gravamen, enajenar o gravar embarcaciones y aeronaves inscribibles, establecimientos mercantiles o industriales o elementos esenciales de éstos; derechos de propiedad intelectual e industrial, patentes o marcas, bienes muebles de valor extraordinario y objetos de arte o preciosos, así como enajenar o renunciar a derechos reales sobre los citados bienes, a excepción de las redenciones de censos.

b) Enajenar o gravar valores, acciones o participaciones sociales. No es necesaria la autorización, sin embargo, para enajenar, al menos por el precio de cotización, las acciones cotizadas en bolsa ni para enajenar los derechos de suscripción preferente.

c) Renunciar a créditos.

d) Renunciar a donaciones, herencias o legados: aceptar legados y donaciones modales u onerosas, y aceptar herencias sin beneficio de inventario.

e) Dar y tomar dinero con interés u otras obligaciones accesorias.

f) Otorgar arrendamientos sobre bienes inmuebles por un plazo superior a quince años.

g) Avalar o prestar fianza o constituir derechos de garantía de obligaciones ajenas.

h) Constituir o adquirir la condición de socio o socia en sociedades que no limiten la responsabilidad de las personas que formen parte de las mismas.

i) Transigir en cuestiones relacionadas con los bienes o derechos indicados en este apartado o someter tales cuestiones a arbitraje.

2. La autorización judicial se concede en interés de los hijos en caso de utilidad o necesidad justificadas debidamente y previa audiencia del ministerio fiscal.

3. La autorización judicial puede darse para una pluralidad de actos de la misma naturaleza o referentes al mismo negocio o sociedad, aunque sean futuros, cuando sea conveniente para los intereses de los hijos, dadas las características de dichos actos, los cuales es preciso especificar con las circunstancias fundamentales. En ningún caso esta autorización puede ser genérica.

Artículo 152

Denegación de la renuncia de adquisiciones gratuitas

La denegación de la autorización judicial para las renuncias de la letra d del artículo 151 supone la aceptación de la transmisión. Si se trata de una herencia, se entiende siempre aceptada a beneficio de inventario.

Artículo 153

Autorizaciones alternativas

1. No se precisa autorización judicial en relación a los bienes y derechos adquiridos por donación o a título sucesorio si el donante o causante la han excluido expresamente.

2. La autorización judicial puede ser sustituida por el consentimiento del acto, manifestado en escritura pública:

a) Del hijo o la hija, si tiene al menos dieciséis años.

b) De los dos parientes más próximos del hijo o hija, en la forma prevista en el artículo 138.2.

Artículo 154

Falta de autorización

Los actos determinados en el artículo 151.1 son anulables si se han realizado sin la autorización judicial o sin los requisitos exigidos por el artículo 153. La acción para su impugnación caduca a los cuatro años del acceso de los hijos a la mayoría de edad.

Artículo 155

Representación legal

1. El padre y la madre titulares de la potestad sobre los hijos menores no emancipados son los representantes legales de éstos.

2. Se exceptúan de la representación legal atribuida al padre y a la madre:

a) Los actos relativos a los derechos de la personalidad, salvo que las leyes que los regulen lo dispongan de otro modo.

b) Los actos que, de conformidad con las leyes y según la edad y capacidad natural, pueda realizar el hijo o hija por sí mismo.

c) Los actos en los que exista conflicto de intereses entre el padre o la madre o el de los dos que ejerza la potestad y los hijos.

d) Los actos relativos a los bienes excluidos de la administración del padre o de la madre.

Artículo 156

Prestación personal

Para cualquier acto que implique alguna prestación personal de los hijos, se requiere su consentimiento si tienen doce años o más, o si, teniendo menos de doce, tienen suficiente conocimiento.

Artículo 157

Contraposición de intereses

Si en algún asunto hay contraposición de intereses entre los hijos y el padre o la madre, cuando la potestad es ejercida por ambos, el hijo o hija es representado por aquel del padre o la madre con el que no tenga contraposición de intereses. Cuando la contraposición es con el padre y la madre conjuntamente o con el que ejerce la potestad, debe nombrarse al defensor judicial que establece el título VII.

CAPÍTULO IV

La extinción de la potestad y los efectos de la emancipación

Artículo 158

Causas de extinción

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 136, la potestad del padre y de la madre se extingue por:

a) La muerte o la declaración de fallecimiento del padre y de la madre o del hijo o hija.

b) La adopción del hijo o hija, salvo que lo sean del cónyuge o de la persona de sexo distinto con quien el adoptante convive maritalmente de forma estable.

c) La emancipación o la mayoría de edad de los hijos.

d) La declaración de ausencia del padre, de la madre o de los hijos.

Articulo 159

Actuación del hijo o hija emancipado

1. Los hijos emancipados pueden actuar, en relación a su persona y sus bienes y derechos, como si fueran mayores de edad, pero necesitan que el padre y la madre o, si los dos faltan o están impedidos para ejercer la asistencia que la ley determina, el curador o, si está casado con una persona mayor de edad, el cónyuge, complementen su capacidad en los siguientes actos:

a) Los actos determinados en el artículo 150.2.

b) La aceptación del cargo de administrador en cualquier tipo de sociedades.

c) Los actos que excedan de la administración ordinaria en lo que se refiere a los bienes adquiridos por el hijo o hija de más de dieciséis años con su actividad que genere beneficio.

2. La complementación de capacidad no puede concederse de forma general, pero puede darse para una pluralidad de actos de la misma naturaleza o los referidos al mismo negocio, actividad o sociedad, aunque sean futuros, cuando sea conveniente dadas las características de dichos actos, cuyas circunstancias fundamentales, sin embargo, es necesario especificar.

3. En los casos de desacuerdo o imposibilidad, la complementación de capacidad debe ser sustituida por la autoridad judicial o por acuerdo de las personas indicadas en el artículo 138.2, con los requisitos que éste exige.

CAPÍTULO V

La prórroga y rehabilitación de la potestad

Artículo 160

Prórroga

La declaración judicial de incapacidad de los hijos menores no emancipados supone la prórroga de la potestad del padre y de la madre cuando llegan a la mayoría de edad, en los términos que resulten de aquella declaración.

Artículo 161

Rehabilitación

La declaración judicial de incapacidad de los hijos mayores de edad o emancipados, si no hay designación de tutor por ellos mismos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 172, o bien si no corresponde la constitución de la tutela a favor del cónyuge o de la persona de sexo distinto con quien convive en relación estable de pareja, o de los descendientes y viven aún el padre o la madre que eran los titulares de la potestad, supone la rehabilitación de esta potestad, que debe ejercerse, de acuerdo con las excepciones que pueda establecer la resolución judicial, como si se tratara de un menor.

Artículo 162

Constitución de la tutela o de la curatela

La autoridad judicial, no obstante lo dispuesto en los artículos 160 y 161, dada la edad y situación personal y social del padre y de la madre, el grado de deficiencia del hijo o hija incapaz y sus relaciones personales, puede no acordar la prórroga o rehabilitación de la potestad y ordenar la constitución de la tutela o de la curatela.

Artículo 163

Extinción

1. La potestad prorrogada o rehabilitada del padre y la madre se extingue por:

a) Las causas previstas en las letras a, b y d del artículo 158.

b) La declaración judicial de cese de la incapacidad del hijo o hija.

c) La constitución posterior de la tutela a favor del cónyuge o de la persona de sexo distinto con quien se convive en relación estable de pareja o de los descendientes.

d) El matrimonio del incapaz con persona mayor de edad capaz.

e) La solicitud de quienes ejerzan la potestad prorrogada, aprobada judicialmente, si la situación personal y social de éstos y el grado de deficiencia del hijo o hija incapaz impiden el adecuado cumplimiento de su función.

2. Si al cesar la potestad prorrogada o rehabilitada subsiste la incapacitación, debe constituirse la tutela o curatela.

CAPÍTULO VI

El desamparo

Artículo 164

Desamparo y asunción de funciones tutelares

1. La resolución de desamparo de la persona menor que se halla en una situación de hecho en la que carece de los elementos básicos para el desarrollo integral de su personalidad supone la asunción automática por la entidad pública de las funciones tutelares sobre el menor, mientras no sea reintegrado a quien tenga su potestad o tutela, no se proceda a la constitución de una tutela por las reglas ordinarias o el menor no sea adoptado, no se emancipe o no llegue a la mayoría de edad.

2. La asunción de las funciones tutelares implica la suspensión de la potestad o de la tutela ordinaria durante el tiempo de aplicación de la medida.

Artículo 165

La guarda

Si el desamparo se debe a fuerza mayor de carácter transitorio, la entidad pública ejerce sólo la guarda mientras se mantenga la situación.

Artículo 166

Medidas de protección

La entidad pública debe tomar las medidas necesarias para lograr la protección efectiva de los menores desamparados, de acuerdo con los principios y el procedimiento establecidos en la legislación sobre protección de menores, con aplicación de las normas del título VII en aquello que no se oponga al régimen propio de la entidad pública.

TÍTULO VII

La tutela y demás instituciones tutelares

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 167

Titulares de la función

1. La tutela y, en general, las funciones tutelares se ejercen siempre en interés y de acuerdo con la personalidad de los tutelados y deben asegurar la protección de la persona tutelada, la administración y guarda de sus bienes y, en general, el ejercicio de sus derechos.

2. La guarda y protección de la persona y los bienes o sólo de la persona o de los bienes de los menores de edad y de los que necesiten un complemento de su capacidad, que no estén sometidos a la potestad del padre y la madre, titulares naturales de ésta, corresponde, según los casos:

a) A quien ejerce la tutela.

b) Al administrador o administradora patrimonial.

c) A la persona que ejerce la curatela.

d) Al defensor o defensora judicial.

Artículo 168

Ejercicio de la función

1. Las funciones tutelares se ejercen de forma gratuita, salvo en los casos en que se establezca expresamente una remuneración. Pueden fijar su cuantía el padre y la madre y la autoridad judicial, en caso de que el padre y la madre no lo hayan previsto.

2. Los titulares de las funciones tutelares deben informar directamente de sus actuaciones a la persona tutelada, si tiene suficiente conocimiento, y siempre que tenga al menos doce años y se trate de tutela de menor.

3. Las funciones tutelares constituyen un deber. Sólo es admisible la excusa de su ejercicio en los casos determinados en el presente Código.

Artículo 169

Administración especial

1. Quedan excluidos de la actuación tutelar o, en su caso, de la administración patrimonial los bienes adquiridos por la persona tutelada por donación, herencia o legado, cuando el donante o causante ha ordenado una administración especial de los mismos y ha nombrado a la persona que debe ejercerla.

2. El nombramiento de una persona para la administración especial no es eficaz mientras no se haya aceptado la donación, herencia o legado.

3. Son aplicables a los titulares de la administración especial las normas relativas a la tutela en cuanto a aptitud, excusa y remoción de los tutores, así como en aquello que hace referencia a la administración y disposición de los bienes afectados y a la responsabilidad de quienes actúan de administradores patrimoniales, si se carece de otras previstas por el donante o causante.

Artículo 170

Personas sometidas a tutela

Están sometidos a tutela:

a) Los menores no emancipados que no estén en la potestad del padre y la madre o de uno de ellos.

b) Los incapacitados, cuando la sentencia judicial lo haya establecido y, en la medida que así lo determine, si el padre y la madre o uno de ellos no tienen la potestad prorrogada o rehabilitada.

Artículo 171

Supuestos de la delación

1. La tutela se defiere por:

a) Testamento o codicilo.

b) Escritura pública.

c) Resolución judicial.

2. La tutela de los menores desamparados se defiere en la forma prevista en las leyes y se rige por sus normas especiales.

CAPÍTULO II

La delación de la tutela

SECCIÓN PRIMERA

La delación voluntaria

Artículo 172

Delaciones hechas por uno mismo

1. Cualquier persona, en previsión de ser declarada incapaz, puede nombrar, en escritura pública, a las personas que quiere que ejerzan alguno o algunos de los cargos tutelares establecidos en este Código, así como designar a sustitutos de los mismos o excluir a determinadas personas. En caso de pluralidad sucesiva de designaciones, prevalece la posterior. También puede establecer el funcionamiento, la remuneración y el contenido, en general, de su tutela, especialmente en lo que se refiere al cuidado de su persona. Estos nombramientos pueden realizarse tanto de forma conjunta como sucesiva.

2. Los nombramientos y las exclusiones pueden ser impugnados por las personas llamadas por la ley para ejercer la tutela o por el ministerio fiscal, si al constituirse la tutela se ha producido una modificación sobrevenida de las causas explicitadas o que presumiblemente hayan sido tenidas en cuenta al efectuar la designación o exclusión.

Artículo 173

Tutela deferida del padre y de la madre

El padre y la madre que no estén privados de la potestad pueden ordenar en escritura pública, testamento o codicilo los nombramientos, sustituciones y exclusiones a que se refiere el artículo 172 y en la forma establecida en el mismo para cada uno de sus hijos menores, no emancipados y para los hijos emancipados o mayores de edad incapacitados, si tienen la potestad prorrogada o rehabilitada.

Artículo 174

Sustitutos

En los casos de delación tipificados en los artículos 172 y 173, pueden designarse sustitutos para los cargos tutelares, de administración y para la curatela. Si las personas sustitutas designadas son más de una, y no se especifica el orden de sustitución, es preferida la persona sustituta designada en el documento posterior o, si el documento contiene más de una designación, la persona designada en primer lugar.

Artículo 175

Concurrencia de nombramientos o exclusiones

En caso de concurrencia de nombramientos o exclusiones hechos por el padre y por la madre, es preferida la voluntad de quien ha ejercido últimamente la potestad, sin perjuicio, en su caso, de la eficacia del nombramiento hecho por el otro del titular de la administración especial de los bienes que él mismo haya dispuesto por donación, herencia o legado a favor del menor o incapaz.

Artículo 176

Medidas de control

Tanto la persona interesada como el padre y la madre del menor o incapaz pueden establecer las medidas de control de la actuación tutelar y, en su caso, de la administración patrimonial que se crean convenientes, sin perjuicio de las que puedan establecerse judicialmente.

Artículo 177

Remuneración

1. En el documento de su designación, puede fijarse al titular de la tutela y, en su caso, al de la administración patrimonial la remuneración que se crea conveniente, siempre que el patrimonio de la persona tutelada lo permita, sin perjuicio del derecho de éstos al reembolso de los gastos que les origine el ejercicio del cargo.

2. Por decisión judicial o por acuerdo del consejo de tutela, si existe, puede modificarse la remuneración prevista, si ésta resulta excesiva o insuficiente, dadas las circunstancias de la tutela.

SECCIÓN SEGUNDA

La tutela dativa

Artículo 178

Delación

Si no hay tutor o tutora nombrado por la propia persona interesada o por el padre y la madre, o si la persona designada es incapaz para ejercer el cargo, se excusa o es removida del mismo, corresponde a la autoridad judicial dicha designación. También le corresponde, en los mismos supuestos, la del titular de la administración patrimonial, si lo estima conveniente.

Artículo 179

Orden de la delación

1. Para el ejercicio de la tutela o, en su caso, para la administración patrimonial, debe preferirse:

a) En la tutela de incapaz, a su cónyuge o la persona de sexo distinto con quien se convive en relación estable de pareja, en ambos casos, si la persona designada convive con el incapaz.

b) A los descendientes del incapacitado si son mayores de edad o, de otro modo los ascendientes, y, en este caso, si son el padre y la madre, supone la prórroga o rehabilitación de la potestad de los dos o de cualquiera de ellos.

c) Al cónyuge del padre o de la madre del menor o incapacitado o la persona que, al morir uno u otro, se halle respecto a éste en el supuesto de persona de sexo distinto con quien se convive en relación estable de pareja; en ambos casos, si la persona designada ha convivido con el menor o incapacitado durante los últimos tres años.

d) A los hermanos del menor o incapacitado.

2. No obstante, si lo estima más conveniente para los intereses del menor o incapacitado, la autoridad judicial, en resolución motivada, puede alterar el orden establecido o elegir a otra persona, teniendo en cuenta aquellas que se presenten voluntariamente para asumir los cargos indicados, si pueden beneficiar al menor.

Artículo 180

Tutela de hermanos

Cuando haya de proveerse judicialmente la tutela de varios hermanos, debe procurarse que el nombramiento recaiga en una misma persona, a fin de facilitar su convivencia.

Artículo 181

Medidas de control

1. Al constituir la tutela, la autoridad judicial puede establecer, en beneficio de la persona tutelada, las medidas de vigilancia y control de la tutela y, en su caso, de la administración patrimonial que crea convenientes.

2. La autoridad judicial también puede, si lo considera conveniente, separar la tutela de la persona de la administración de los bienes y fijar el ámbito de competencia exclusiva de cada uno de estos cargos.

Artículo 182

Remuneración

La autoridad judicial puede fijar una remuneración al titular de la tutela y, en su caso, al de la administración patrimonial, en las circunstancias indicadas en el artículo 177.

CAPÍTULO III

Desarrollo de la tutela

SECCIÓN PRIMERA

Constitución de la tutela

Artículo 183

Personas obligadas a promover la constitución

1. Las personas indicadas en el artículo 179 y las personas y, en su caso, las instituciones que tengan bajo su guarda al menor o incapacitado están obligadas a promover la constitución de la tutela; de otro modo, responden de los daños y perjuicios que causen al menor o incapacitado si no la promueven.

2. El ministerio fiscal también ha de solicitar la constitución de la tutela, o disponerla de oficio la autoridad judicial, si llegan a el conocimiento de que, en el ámbito de su jurisdicción, hay alguna persona que debe ser sometida a tutela.

3. Cualquier persona que conozca esta circunstancia debe ponerla en conocimiento del juzgado o el ministerio fiscal.

Artículo 184

Constitución

1. En todo caso, la tutela se constituye por la autoridad judicial, previa audiencia del menor o incapacitado, si tiene suficiente conocimiento y siempre si tiene al menos doce años y se trata de tutela de menor, de las personas obligadas a promover la constitución de la tutela y de las demás que crea conveniente.

2. Antes de constituir la tutela y si no constan en el procedimiento, la autoridad judicial debe solicitar certificados al Registro de Nombramientos Tutelares no Testamentarios y al Registro General de Actos de Ultima Voluntad, acreditativos del otorgamiento o no de las escrituras o testamentos a los que se hace referencia en los artículos 172 y 173. Si la certificación es positiva, debe solicitar la correspondiente copia.

3. Una vez efectuado el nombramiento, la autoridad judicial da posesión del cargo a la persona que deba ejercer la tutela y, en su caso a la persona que deba llevar la administración patrimonial.

Artículo 185

Aptitud

1. Pueden ser tutores o administradores patrimoniales las personas físicas que estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles y no incurran en alguna de las causas señaladas en el artículo 186. También pueden serlo las personas jurídicas que no tengan afán de lucro y se dediquen a la protección de los menores y de los incapacitados y que reúnan los requisitos establecidos en la normativa vigente.

2. Las personas jurídicas deben notificar al órgano de asesoramiento y supervisión de la Administración de la Generalidad el nombramiento y cese como tutores en el plazo de quince días desde que han tenido lugar.

3. En el caso de ejercicio de la tutela por persona jurídica, se entiende que la ejecución material corresponde al órgano que tenga su representación o, si éste es colegiado, a quien ostente su presidencia, salvo que se haya designado especialmente a alguno de sus miembros. Dicha designación debe formalizarse en escritura pública, que debe inscribirse en el Registro Civil donde esté inscrita la tutela.

Artículo 186

Incapacidad

1. No pueden ser tutores ni administradores patrimoniales las personas que:

a) No estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

b) Por resolución judicial, estén o hayan sido privadas o suspendidas del ejercicio de la potestad o de una tutela o privadas total o parcialmente de la guarda y educación.

c) Hayan sido removidas de una tutela.

d) Estén cumpliendo una pena privativa de libertad.

e) Hayan quebrado o no estén rehabilitadas de un concurso de acreedores, salvo que la tutela no incluya la administración de los bienes.

f) Hayan sido condenadas por cualquier delito que haga suponer fundamentadamente que no desarrollarán la tutela de modo correcto.

g) Por su conducta puedan perjudicar a la formación del menor o al cuidado del incapacitado.

h) Estén en situación de imposibilidad de hecho para ejercer el cargo.

i) Tengan enemistad manifiesta con la persona tutelada, tengan o hayan tenido con ella pleitos o importantes conflictos de intereses o sean deudores de la misma por cualquier concepto.

j) No dispongan de medios de vida conocidos.

2. No pueden ser tampoco tutores ni administradores patrimoniales las personas jurídicas descalificadas o intervenidas por la Administración, o si las personas a que se refiere el apartado 3 del artículo 185 están en alguna de las citadas situaciones de incapacidad, descritas en el apartado 1 del presente artículo.

3. Tampoco pueden ser tutores ni administradores patrimoniales las personas físicas o jurídicas que mantengan una relación laboral de asalariado o contratado o de naturaleza análoga con el incapacitado. En caso de personas jurídicas, esta incompatibilidad es aplicable cuando cualquiera de los miembros que integren el órgano de representación o de administración mantenga, directa o indirectamente, una relación de aquel tipo con el incapacitado.

Artículo 187

Excusas

1. Pueden ser alegadas como excusas para no ejercer la tutela la edad, la enfermedad, la falta de relación con el menor o incapaz, las derivadas de las características peculiares de la ocupación profesional del designado o cualquier otra que haga especialmente gravoso o pueda afectar al buen ejercicio de la tutela.

2. Las personas jurídicas pueden excusarse si no disponen de medios suficientes para el desarrollo adecuado de la tutela.

Artículo 188

Alegación y aceptación de la excusa

1. La excusa debe ser alegada en la constitución de la tutela, en el plazo de quince días a contar desde la notificación del nombramiento, y cuando la excusa sobreviene posteriormente, con la máxima diligencia posible.

2. La persona que se excusa después de haber aceptado el cargo está obligada a ejercer su función mientras la excusa no le sea aceptada judicialmente.

3. Simultáneamente a la admisión de la excusa, la autoridad judicial debe proceder al nombramiento de otra persona para ejercer la tutela o, en su caso, para la administración patrimonial.

4. La aceptación de la excusa supone la pérdida de aquello que se haya dejado en consideración al nombramiento.

Artículo 189

Caución

1. La autoridad judicial, dadas las circunstancias de la tutela, puede exigir caución a la persona designada para su ejercicio y, en su caso, a la nombrada para llevar la administración patrimonial, antes de darles posesión del cargo. En cualquier momento y por justa causa, puede dejarla sin efecto o modificarla total o parcialmente.

2. La persona que ejerce la tutela o, en su caso, quien lleva la administración patrimonial deben depositar o tener en lugar seguro los valores, las alhajas, las obras de arte y demás objetos preciosos que formen parte del patrimonio del menor o incapacitado, y poner el hecho en conocimiento del juzgado.

Artículo 190

Inventario

1. El titular de la tutela y, si existe, el administrador o administradora patrimonial deben realizar inventario del patrimonio de la persona tutelada, dentro del plazo de sesenta días a contar desde la toma de posesión del cargo. La autoridad judicial puede prorrogar este plazo por causa justa, hasta un máximo de sesenta días más.

2. Deben ser convocados a la formalización del inventario el tutelado o tutelada si tiene suficiente conocimiento y, en todo caso, si tiene doce años o más y se trata de tutela del menor y, si hay consejo de tutela, quien ostente su presidencia y el ministerio fiscal.

Artículo 191

Contenido del inventario

1. El inventario debe describir con detalle el activo y el pasivo que integran el patrimonio objeto de la tutela, incluyendo, en su caso, los conceptos cuya administración haya sido encomendada a un administrador especial, que está obligado a facilitar los datos consiguientes. Si la tutela comprende alguna empresa mercantil, el inventario debe describir, además de los bienes y derechos que integran el activo, así como el pasivo, los elementos que integran su contabilidad.

2. El titular de la tutela y, en su caso, el administrador o administradora patrimonial que no incluyan en el inventario los créditos que la persona tutelada tenga contra ellos deben ser removidos del cargo. Si la omisión se refiere a un crédito a favor de aquéllas, se entiende que el crédito ha sido renunciado.

Artículo 192

Forma del inventario

1. El inventario debe formalizarse judicialmente o notarialmente, y, en este único caso, el titular de la tutela o de la administración patrimonial debe depositar una copia del mismo en el juzgado que ha constituido la tutela.

2. Si hay consejo de tutela, el tutor o tutora debe entregar copia del inventario a quien ostenta su presidencia, así como a la persona tutelada, si tiene más de doce años o tiene menos pero suficiente conocimiento.

Artículo 193

Medidas posteriores de control

Si no hay consejo de tutela, la autoridad judicial, de oficio o a instancia del ministerio fiscal, de la persona tutelada, del titular de la tutela y, en su caso, de quien tenga a su cargo la administración patrimonial puede disponer, en cualquier momento de la tutela, las medidas que estime necesarias para el control de su buen funcionamiento, especialmente en aquello que haga referencia a la gestión patrimonial.

Artículo 194

Gastos

Los gastos originados por la realización del inventario, la prestación de caución y las medidas de control establecidas en los artículos 176 y 193 son a cargo del patrimonio del tutelado o tutelada.

SECCIÓN SEGUNDA

Remoción

Artículo 195

Causas de remoción

1. El titular de las funciones tutelares y, en su caso, de la administración patrimonial deben ser removidos del cargo, de oficio o a solicitud del ministerio fiscal, de la persona tutelada, del consejo de tutela, del tutor o tutora o del administrador o administradora, estos últimos, el uno en relación al otro, por causa sobrevenida de inhabilitación, por incumplimiento de los deberes inherentes al cargo o por ineptitud o negligencia en su ejercicio. El tutor o tutora también puede ser removido si se producen problemas de convivencia graves y continuados con la persona tutelada.

2. Antes de resolver sobre la remoción, la autoridad judicial debe oír a la persona afectada, a las que pueden instar a la remoción y al tutelado o tutelada, si tiene suficiente conocimiento y, en todo caso, si tiene al menos doce años y se trata de tutela de menor.

Artículo 196

Resolución de la remoción

1. La resolución que ordena la remoción debe contener el nombramiento de la persona que ha de ocupar el cargo de la que haya sido removida. Mientras no recaiga esta resolución debe designarse judicialmente a un curador o curadora, que cesa al producirse dicha resolución.

2. Dadas las circunstancias del caso, la autoridad judicial puede acordar que el removido de la tutela o de la administración patrimonial pierda, total o parcialmente, aquello que se le haya dejado en consideración al nombramiento.

SECCIÓN TERCERA

Ejercicio de la tutela

Artículo 197

Carácter personalísimo

El ejercicio de las funciones tutelares se ejercen por la persona titular de la tutela o, en su caso, por la que lo sea de la administración patrimonial, de forma personalísima. Esta última sólo puede otorgar poderes especiales para un acto o contrato en concreto.

Artículo 198

Número de titulares

Sin perjuicio del nombramiento, en su caso, de un administrador o administradora patrimonial, la tutela es ejercida por una sola persona, salvo en los siguientes casos:

a) Cuando la propia persona interesada o el padre y la madre hayan designado dos personas para el ejercicio del cargo.

b) Cuando la tutela corresponda a una persona casada o esté en el supuesto de relación estable de pareja con persona de sexo distinto con quien se convive, y se crea conveniente que el cónyuge o la pareja también la ejerzan.

Artículo 199

Tutela compartida

En los casos en que haya dos tutores, la tutela se ejerce en la forma que se establezca al constituirla. Si no hay especificación, ambos deben actuar conjuntamente. No obstante ello, cualquiera de ellos puede realizar los actos que, de acuerdo con las circunstancias, puede considerarse normal que sean ejercidos por uno solo, así como los actos de necesidad urgente.

Artículo 200

Administración patrimonial

Si hay un administrador o administradora patrimonial, la persona titular de la tutela sólo debe ocuparse de ejercerla con respecto al contenido personal, correspondiendo al titular de la administración el contenido patrimonial. Las decisiones que conciernan a ambos contenidos deben tomarse conjuntamente.

Artículo 201

Desacuerdos

Los desacuerdos entre los tutores con facultades atribuidas conjuntamente o entre el tutor y la persona responsable de la administración patrimonial, cuando deban actuar también conjuntamente, son resueltos judicialmente, o por el consejo de tutela, si procede, sin recurso ulterior en ambos casos, previa audiencia de los afectados y de la persona tutelada, si tiene suficiente conocimiento o si tiene al menos doce años y se trata de tutela de menor.

Artículo 202

Oposición de intereses

En el caso de oposición de intereses con el tutelado o tutelada, si hay dos tutores o tutor o tutora y administrador o administradora patrimonial, la persona afectada es sustituida por la otra. Si sólo hay un tutor o tutora o si la oposición de intereses también existe en relación a la persona sustituta, el juez o jueza nombra a un defensor o defensora judicial. Si hay consejo de tutela, corresponde a éste nombrar a la persona sustituta.

Artículo 203

Cese de un tutor o tutora

1. En el caso de que haya dos tutores, aunque el ejercicio no sea conjunto, o que haya un tutor o tutora y un administrador o administradora patrimonial, si por cualquier causa cesa uno de ellos, la tutela o la administración es continuada por el otro. Éste debe poner la circunstancia en conocimiento del juez o jueza, a fin de que designe al correspondiente sustituto.

2. También están obligadas a poner el hecho en conocimiento del juez o jueza las personas obligadas a solicitar la constitución de la tutela, así como, si hay consejo de tutela, la persona que ostente su presidencia. También puede hacerlo el tutelado o tutelada.

Artículo 204

Cuentas anuales

1. Si no hay consejo de tutela, el tutor o tutora y, en so caso, el administrador o administradora patrimonial deben depositar anualmente las cuentas de la tutela en los seis primeros meses del siguiente ejercicio. No obstante ello, si el patrimonio de la persona tutelada es de entidad reducida, la autoridad judicial, después de la primera rendición de cuentas anuales, puede disponer, previa audiencia del tutelado o tutelada, si tiene suficiente conocimiento o siempre si al menos tiene doce años y se trata de tutela de menor, que las sucesivas se lleven a cabo por períodos más largos, que no rebasen de los tres años.

2. El depósito a que hace referencia el apartado 1 debe realizarse ante el juez o jueza encargado del Registro Civil donde consta inscrita la tutela.

3. Si hay consejo de tutela, las cuentas se rinden al consejo, en la forma prevista en el artículo 231.1.

Artículo 205

Contenido de las cuentas anuales

La rendición anual de cuentas debe consistir en un estado detallado de ingresos y gastos, un inventario del activo y el pasivo del patrimonio al final del ejercicio y el detalle de los cambios en relación al inventario del año anterior, acompañado de los correspondientes justificantes.

Artículo 206

Responsabilidad

1. El tutor o tutora y, en su caso, el administrador o administradora patrimonial deben ejercer las respectivas funciones con la diligencia de un buen administrador o administradora. Ambos son responsables de su respectiva actuación ante la persona tutelada, por acción u omisión.

2. La acción para reclamar esta responsabilidad prescribe a los tres años contados desde la rendición final de cuentas.

CAPÍTULO IV

Contenido de la tutela

SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones generales

Artículo 207

Cuidado de la persona tutelada

1. El tutor o tutora debe cuidar al tutelado o tutelada y procurarle alimentos, si los recursos del patrimonio de éste no son suficientes, así como darle una educación integral y, si procede, realizar todo lo necesario para la recuperación de su capacidad y para su mejor reinserción en la sociedad.

2. El administrador o administradora patrimonial, si lo hay, debe facilitar al tutor o tutora los correspondientes recursos, a fin de que pueda cumplir adecuadamente con sus obligaciones. En caso de desacuerdo sobre esta cuestión, resuelve la autoridad judicial.

3. El tutor o tutora ejerce cualquier otra facultad que le haya sido conferida en virtud de la sentencia judicial de incapacitación.

Artículo 208

Domicilio de la persona tutelada

El domicilio del tutelado o tutelada es el de la persona titular de la tutela o, si hay más de una y tienen domicilios distintos, el de aquella persona con quien conviva, salvo que en la constitución de la tutela o por resolución judicial posterior se haya dispuesto de otro modo.

Artículo 209

Representación de la persona tutelada

1. El tutor o tutora y, en su caso, el administrador o administradora patrimonial, en el ámbito de las respectivas competencias, son los representantes legales del tutelado o tutelada.

2. Se excluyen de la representación a que hace referencia el apartado 1 los siguientes actos:

a) Los relativos a los derechos de la personalidad, salvo que las leyes que los regulen lo dispongan de otro modo.

b) Los que, de conformidad con las leyes y las condiciones de la persona tutelada, puede realizar por si misma.

c) Aquellos en los que hay un conflicto de intereses con el tutelado o tutelada.

d) Los relativos a los bienes excluidos de la administración de la tutela o, en su caso, de la administración patrimonial, en particular, los que sean objeto de la administración especial definida en el artículo 169.

e) Los relativos a los bienes que el menor que tenga dieciséis o más años haya adquirido con su trabajo o industria. Para los actos que excedan de la administración ordinaria, el menor necesita la asistencia del tutor o tutora.

Artículo 210

Administración

1. El titular de la tutela y, en su caso, el de la administración patrimonial administran el patrimonio del tutelado o tutelada que tengan bajo su cuidado, con la diligencia fijada en el artículo 205.

2. Los frutos de los bienes administrados por el tutor o tutora o por el administrador o administradora patrimonial, así como los bienes que adquiera con la propia actividad o industria, pertenecen al tutelado o tutelada.

Artículo 211

Nombramiento posterior de administrador o administradora

Si, con posterioridad a la constitución de la tutela, el patrimonio del tutelado o tutelada alcanza una importancia considerable, o por otra causa debidamente razonada que lo haga necesario, el juez o jueza, de oficio o a solicitud del tutor o tutora, del consejo de tutela, del ministerio fiscal o de la persona tutelada, puede nombrar a un administrador o administradora patrimonial.

Artículo 212

Autorización previa

1. El tutor o tutora o, en su caso, el administrador o administradora patrimonial necesitan autorización judicial o la del consejo de tutela, si lo hay, para:

a) Enajenar bienes inmuebles, gravarlos o subrogarse en un gravamen preexistente sobre bienes inmuebles que no suponga la adquisición simultánea del inmueble gravado por un precio en cuya fijación se tenga en cuenta la existencia del gravamen, enajenar o gravar embarcaciones y aeronaves inscribibles, establecimientos mercantiles o industriales o elementos de los mismos que sean esenciales, derechos de propiedad intelectual e industrial y objetos de arte o preciosos, así como enajenar o renunciar a derechos reales sobre dichos bienes, con excepción de las redenciones de censos.

b) Enajenar o gravar acciones o participaciones sociales. No es necesaria la autorización, sin embargo, para enajenar, al menos por el precio de cotización, las acciones cotizadas en bolsa ni para enajenar los derechos de suscripción preferente.

c) Renunciar a créditos.

d) Aceptar herencias sin beneficio de inventario y renunciar a donaciones, herencias o legados, aceptar legados y donaciones modales u onerosas. La denegación de la autorización judicial para dichas renuncias supone la aceptación de la transmisión. Si se trata de una herencia, se entiende siempre aceptada a beneficio de inventario.

e) Otorgar arrendamientos sobre bienes inmuebles por un plazo superior a quince años.

f) Dar y tomar dinero en préstamo.

g) Ceder a terceras personas los créditos que el tutelado o tutelada tenga contra ellas o adquirir a título oneroso los créditos de terceras personas contra el tutelado o tutelada.

h) Avalar o prestar fianza, o constituir derechos de garantía de obligaciones ajenas por un plazo superior a diez años.

i) Constituir o adquirir la condición de socio en sociedades que no limiten la responsabilidad de sus socios, así como disolver, fusionar o escindir dichas sociedades.

j) Transigir en cuestiones relacionadas con los bienes o actos indicados en este apartado 1 o someterlas a arbitraje.

k) Establecer alguna obligación personal o laboral de la persona tutelada.

2. La autorización puede darse para una pluralidad de actos de la misma naturaleza, o referentes al mismo negocio o sociedad, aunque sean futuros, cuando así sea conveniente dadas sus características, especificando, sin embargo, las circunstancias fundamentales en que ha de tener lugar la actuación del tutor o tutora o del administrador o administradora patrimonial. La autorización se concede en interés de la persona tutelada, en caso de utilidad y necesidad justificadas debidamente y previa audiencia del ministerio fiscal. En ningún caso esta autorización puede ser genérica.

3. No se precisa autorización para los actos relativos a los bienes adquiridos por donación, herencia o legado, si el donante o causante la ha excluido expresamente.

SECCIÓN SEGUNDA

Tutela del menor

Artículo 213

Convivencia

El tutor o tutora debe convivir con el menor. Con motivo suficiente, sin embargo, el juez o jueza puede autorizar que éste resida en un lugar distinto, previa audiencia del menor si tiene doce años o más o, si tiene menos de doce, pero tiene suficiente conocimiento.

Artículo 214

Relación personal

1. La persona que ejerce la tutela debe tratar al menor con la mayor consideración y, en este marco, el menor debe obedecerla, salvo que intente imponerle conductas indignas o delictivas, y todos deben respetarse mutuamente.

2. En el ejercicio de las funciones tutelares, el menor puede ser corregido de forma proporcionada, razonable y moderada y con el respeto debido a su dignidad, sin imponerle sanciones humillantes ni que atenten contra sus derechos. Con este objetivo, la persona titular de la tutela puede solicitar la asistencia e intervención de los poderes públicos.

3. La autoridad judicial debe oír necesariamente al menor si tiene suficiente conocimiento o doce años o más, antes de resolver sobre la aprobación de un acto del tutor o tutora que implique cualquier obligación personal o laboral para aquél.

Artículo 215

Educación

1. En el ejercicio de las funciones tutelares, debe proporcionarse una formación integral al menor.

2. Es necesaria la autorización judicial para internar al menor en un centro o una institución de educación especial.

3. En las decisiones relativas a la educación del menor, si éste tiene al menos doce años y manifiesta una opinión distinta, el tutor o tutora necesita también la autorización judicial o la del consejo de tutela, si lo hay.

Artículo 216

Administración especial de la persona tutelada

1. El menor que tiene al menos dieciséis años administra los bienes que adquiere con su trabajo o su actividad, los cuales, por lo tanto, quedan excluidos de la administración tutelar o, en su caso, de la administración patrimonial.

2. En relación a estos bienes y los que estén subrogados a los mismos, el menor queda equiparado a la persona que haya obtenido el beneficio de la habilitación de edad.

Artículo 217

Habilitación de edad

1. Si el menor ha cumplido dieciséis años y la acepta, la persona que ejerce la tutela, sola o conjuntamente con el titular de la administración patrimonial, en su caso, y previa autorización judicial o del consejo de tutela, si lo hay, puede conceder a aquél el beneficio de la habilitación de edad, que debe formalizarse en escritura pública.

2. El habilitado de edad puede actuar en relación a su persona y sus bienes igual que el menor emancipado, si bien el complemento de capacidad establecido en el artículo 159 es prestado por la persona o personas titulares de la tutela o de la administración patrimonial. Si la tutela había sido ejercida por dos tutores, puede prestar el indicado complemento de capacidad cualquiera de los dos que actúen, en todo caso, como curadores.

SECCIÓN TERCERA

Tutela de personas incapacitadas

Artículo 218

Cuidado de la persona incapacitada

El tutor o tutora debe cuidar a la persona incapacitada y, en especial, debe asegurar su bienestar moral y material, y debe realizar todo lo necesario para conseguir el mayor grado posible de recuperación de su capacidad, así como para lograr, en la medida de lo posible, su inserción en la sociedad.

Artículo 219

Autorización previa

1. La persona titular de la tutela necesita autorización judicial para:

a) Internar a la persona incapacitada en un establecimiento adecuado.

b) Aplicar a la persona incapacitada tratamientos médicos que fundamentalmente puedan poner en grave peligro su vida o su integridad física o psíquica.

2. Las medidas indicadas en el apartado 1 pueden ser tomadas sin autorización previa si el hecho de su obtención puede suponer un retraso que implique un grave riesgo para la persona tutelada, para otras personas o para los bienes. En este caso, debe comunicarse al juzgado que corresponda y al consejo de tutela, si lo hay, la decisión adoptada, en el plazo de veinticuatro horas, como máximo.

CAPÍTULO V

Extinción de la tutela

Artículo 220

Extinción de la tutela

1. La tutela se extingue por:

a) La mayoría de edad o la habilitación de edad del tutelado o tutelada, salvo que con anterioridad haya sido incapacitado judicialmente.

b) El matrimonio del tutelado o tutelada menor con persona capacitada.

c) La adopción de la persona tutelada.

d) La desaparición de la incapacidad, o la modificación de la sentencia de declaración de incapacidad, de modo que dé lugar a la sustitución de la tutela por la curatela, o si se dicta resolución judicial de extinción de la incapacidad.

e) La muerte o la declaración de ausencia o de fallecimiento de la persona tutelada.

2. En caso de extinción de la tutela, la persona tutelada, la que ejerce la tutela o la que lleva la administración patrimonial, en su caso y, si hay consejo de tutela, la persona que ostente su presidencia deben comunicar la circunstancia al juzgado donde fue constituida la tutela. Puede hacerlo igualmente cualquier otra persona interesada.

Artículo 221

Rendición final de cuentas

1. Al finalizar la tutela, la persona titular de la tutela y, en su caso, ella y el administrador o administradora patrimonial deben rendir cuentas finales de la tutela a la autoridad judicial en el plazo de seis meses contados desde la extinción de aquélla, prorrogables judicialmente, por justa causa, por otro período de tres meses como máximo. La obligación se transmite a los herederos, si la persona obligada muere antes de la rendición de cuentas, pero, en tal caso, el plazo se interrumpe entre la defunción y la aceptación de la herencia.

2. La rendición de cuentas puede ser requerida por la persona tutelada o, en su caso, su representante legal o sus herederos, así como por quien ostente la presidencia del consejo de tutela, en su caso. La acción de reclamación prescribe a los tres años de la extinción del plazo establecido para la rendición. En su caso, el cómputo de la prescripción de la acción no se inicia hasta el momento en que haya cesado la convivencia entre la persona tutelada y el tutor o tutora.

3. Los gastos necesarios de la rendición de cuentas son a cargo de la tutela.

Artículo 222

Rendición de cuentas por cese

1. En el caso de que, antes de la extinción de la tutela, se produzca el cese de la persona que ejerce el cargo de tutor o, en su caso, la administración patrimonial, éstos deben rendir cuentas al juzgado de su gestión, en el plazo indicado en el artículo 221, a contar desde el cese.

2. Si el cese es por defunción, la rendición de cuentas deben realizarla los herederos y el plazo cuenta desde la aceptación de la herencia.

Artículo 223

Aprobación de las cuentas

1. La autoridad judicial debe dar o denegar la aprobación de las cuentas, tanto si son finales como por razón de cese, con audiencia, según corresponda, de la persona tutelada, del titular de la tutela, del titular de la administración patrimonial o de quien ocupe la presidencia del consejo de tutela, y puede practicar con esta finalidad las demás diligencias que estime convenientes.

2. La aprobación no impide el ejercicio de las acciones que recíprocamente puedan corresponder, por razón de la tutela, a las personas indicadas en el apartado 1.

Artículo 224

Devengo de interés

1. Las cantidades devengadas en virtud de la rendición de cuentas por la persona tutelada o por la que ha ejercido la tutela o, en su caso, por el administrador o administradora patrimonial devengan el interés legal.

2. Si el saldo resultante es a favor del titular de la tutela o, en su caso, del titular de la administración patrimonial, el interés se devenga desde que el tutelado o tutelada es requerido de pago, una vez aprobadas las cuentas y hecho entrega del patrimonio. Si es en contra de aquéllas, el interés se devenga desde el momento de la aprobación de las cuentas.

Artículo 225

Desaprobación de las cuentas

En el caso de que no haya aprobación de las cuentas, la autoridad judicial puede solicitar al titular de la tutela y, en su caso, al de la administración patrimonial, o a sus herederos, las garantías que crea convenientes para la protección del interés de la persona tutelada, y, en todo caso, debe comunicarlo al ministerio fiscal a fin de que inste, si procede, a las acciones oportunas, incluida la de responsabilidad.

CAPÍTULO VI

El consejo de tutela

Artículo 226

Constitución

En la tutela deferida por la persona interesada o por su padre o su madre, puede preverse que haya un consejo de tutela, que debe ser formalizado por el juzgado en el marco de la constitución de esta tutela.

Artículo 227

Composición

1. El consejo de tutela debe estar integrado por un mínimo de tres miembros y un máximo de cinco, nombrados por la autoridad judicial.

2. Serán preferidas para formar parte del consejo de tutela o excluidas las personas designadas o excluidas por la persona interesada o por su padre y su madre, a la hora de ordenar la tutela. Si se designa un número de miembros superior a cinco, el juez o jueza determina a las personas que hayan de ser excluidas del mismo, que pasan a tener la condición de suplentes.

3. Si no hay designación hecha por la persona interesada o por su padre y por su madre, deben ser nombradas, salvo que sea inconveniente para la persona menor o incapacitada, las personas preferidas para el ejercicio de la tutela, de acuerdo con el artículo 179, salvo que alguna de ellas haya sido nombrada para el cargo de tutor o tutora o administrador o administradora patrimonial.

Artículo 228

Forma de designación y exclusión

Las designaciones y exclusiones de referencia previstas en el artículo 227 deben realizarse en la forma fijada en los artículos 172 y 173 y pueden ser impugnadas, también en la forma fijada en el artículo 172.

Artículo 229

Normativa aplicable

1. Son de aplicación a los miembros del consejo de tutela, en la medida que corresponda, las normas de la tutela, especialmente en cuanto al nombramiento, a las causas de incapacidad, excusa y remoción, y en materia de responsabilidad.

2. La sede del consejo de tutela debe ser el domicilio de la persona que ostente su presidencia.

Artículo 230

Cargos

1. Si no han sido designados en la constitución, el consejo de tutela debe elegir de entre sus miembros a la persona que debe presidirlo y a un secretario o secretaria.

2. El presidente o presidenta convoca y dirige las reuniones, representa al consejo de tutela y ejecuta sus acuerdos, salvo designación especial de otro de sus miembros.

3. El secretario o secretaria entrega certificado de los acuerdos, con el visto bueno de la presidencia, y custodia la documentación del consejo de tutela.

Artículo 231

Reuniones

1. El consejo de tutela se reúne necesariamente dentro del primer trimestre de cada año, a fin de recibir el informe del tutor o tutora y, en su caso, de la administración patrimonial, sobre la situación de la persona tutelada y el ejercicio de la tutela en el año anterior, con la correspondiente rendición de cuentas, con el contenido fijado en el artículo 205.

2. El consejo de tutela se reúne, además, siempre que lo estime conveniente la presidencia o cuando lo soliciten al menos dos de sus miembros o bien la persona que ejerce la tutela o, en su caso, el titular de la administración patrimonial. En dichas solicitudes debe indicarse el motivo de la reunión.

3. La convocatoria debe realizarse con ocho días de antelación, salvo en los casos de urgencia, con indicación del lugar y fecha y hora de la reunión, así como el orden del día.

Artículo 232

Concurrencia mínima

1. Para la debida constitución del consejo de tutela, es necesaria la concurrencia, al menos, de la mitad de los miembros, que no pueden delegar su asistencia.

2. Si no asiste el titular de la presidencia, la reunión está presidida por la persona de más edad de las asistentes y, si falta el secretario o secretaria, actúa como tal la persona más joven.

Artículo 233

Acuerdos

1. Los acuerdos del consejo de tutela se toman por mayoría simple de los miembros presentes, y el voto de la persona que haya presidido la reunión es un voto de calidad.

2. Al final de la reunión, la persona que haya sido secretaria extiende el acta correspondiente, con el visto bueno de quien la haya presidido.

Artículo 234

Funciones

1. El consejo de tutela vela por el buen desarrollo de la tutela, tanto en el aspecto personal como en el patrimonial y, con esta finalidad, la persona que ostente su presidencia debe mantener una relación regular con la persona que ejerce la tutela y, en su caso, con la titular de la administración patrimonial.

2. En especial, corresponde al consejo de tutela:

a) Modificar la remuneración de la persona titular de la tutela y la que cuida de la administración patrimonial, siempre que la situación patrimonial de la persona tutelada así lo aconseje, y sin perjuicio de la intervención judicial que lo deje sin efecto.

b) Resolver los desacuerdos entre tutores, cuando haya más de uno, o entre el tutor o tutora y el administrador o administradora patrimonial.

c) Otorgar las autorizaciones establecidas en los artículos 212, 215.2 y 219.

3. El consejo de tutela debe ser oído por el juez o jueza en todos los casos en que es necesaria la audiencia de la persona titular de la tutela o de la persona tutelada, y puede dirigirse al mismo en solicitud de las medidas que crea adecuadas para el buen desarrollo de la tutela, incluida, en su caso, la remoción del tutor o tutora o de la persona que administra el patrimonio.

Artículo 235

Intervención judicial

1. Si no es posible la adopción de algún acuerdo por el consejo de tutela, por falta de asistencia a la reunión o por cualquier otra causa, el presidente o presidenta y, si no ha presidido la reunión, también quien la haya presidido, debe poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial, que debe resolver, después de oír al tutor o tutora, en su caso, al administrador o administradora patrimonial y a la persona tutelada, si tiene suficiente conocimiento, y siempre, si tiene más de doce años y se trata de tutela de menor.

2. Pueden poner el hecho a que se refiere el apartado 1 en conocimiento del juzgado la persona tutelada, la que ejerce la tutela y, en su caso, la persona que lleva la administración patrimonial y el resto de miembros del consejo de tutela.

Artículo 236

Extinción

El consejo de tutela acaba sus funciones con la extinción de la tutela. una vez aprobadas las cuentas finales y entregada la documentación a la persona interesada o a sus herederos.

CAPÍTULO VII

La curatela

Artículo 237

Casos de curatela

Están sometidos a curatela:

a) Los menores de edad emancipados o que han obtenido el beneficio de la mayoría de edad cuando el padre y la madre o los tutores fallezcan o queden impedidos para ejercer la asistencia prescrita por la ley, a excepción de la persona menor emancipada por matrimonio con persona mayor de edad.

b) Los pródigos.

c) Los incapacitados en relación a los cuales no se haya considerado adecuada la constitución de la tutela.

d) Los bienes dispuestos mortis causa a favor de una persona no concebida, en los términos establecidos en el Código de sucesiones.

Artículo 238

Normativa aplicable

Es aplicable a las curatelas a que hace referencia el artículo 237, además de las disposiciones del presente capítulo, en especial en cuanto al nombramiento, las incapacidades, las excusas y la remoción del curador o curadora, así como, en relación a su responsabilidad, la normativa de la tutela, en la medida que corresponda.

Artículo 239

Delación

1. La designación de la persona que debe ejercer la curatela puede realizarla la propia persona interesada, el padre y la madre o judicialmente, en las mismas circunstancias de la tutela.

2. Las personas jurídicas pueden ser curadoras en la misma medida que pueden ser tutoras.

Artículo 240

Constitución

1. Las personas obligadas a instar la constitución de la tutela están obligadas a solicitar la de la curatela, en su caso.

2. La autoridad judicial puede disponer la constitución de la curatela, a pesar de que la petición se haya hecho en relación a la tutela, si así resulta de las circunstancias de la persona afectada.

Artículo 241

Preexistencia de tutela

Si se trata de constituir la curatela de una persona que está sometida a tutela, debe ejercerla la persona que es su tutor o tutora o que cuida de la administración patrimonial, salvo que la autoridad judicial lo disponga de otro modo.

Artículo 242

Contenido

1. El titular de la curatela no tiene la representación del pródigo o de la persona que esté en situación de incapacidad relativa, y se limita a completar su capacidad.

2. La sentencia que declare la prodigalidad o la incapacidad relativa debe determinar el ámbito en el que la persona afectada puede administrar sus bienes y aquél en el que necesita la asistencia de la persona titular de la curatela. En cualquier caso, esta asistencia es necesaria para los actos definidos en el artículo 212 y para otorgar capítulos matrimoniales.

3. Si el curador o curadora rechaza prestar la asistencia en alguno de los actos que la requieran, la persona afectada puede solicitar la autorización judicial para realizarlo sola o, alternativamente, la designación de un defensor o defensora judicial.

Artículo 243

Curatela de las personas menores emancipadas

La curatela de las personas menores emancipadas o que han obtenido el beneficio de la mayoría de edad sólo debe constituirse, a instancia de éstas, cuando sea necesaria la intervención del curador o curadora.

Artículo 244

Incompatibilidad de intereses

En los casos en que haya incompatibilidad de intereses entre el pródigo o la persona en situación de incapacidad relativa y el titular de la curatela, así como en el caso de imposibilidad de éste, la autoridad judicial designa a un defensor o defensora judicial.

Artículo 245

Consecuencias de la falta de asistencia

Los actos del pródigo o de la persona afectada de incapacidad relativa que requieran asistencia de la persona titular de la curatela y se hayan hecho sin esta asistencia son anulables en la forma prevista en la ley.

Artículo 246

Extinción

La curatela se extingue, por los casos de extinción de la tutela, si es curatela de pródigo o la persona afectada está incapacitada por resolución judicial y corresponde la constitución de la tutela, y, en caso de que sea curatela de bienes dispuestos mortis causa a favor de una persona no concebida, además se extingue en el momento del nacimiento. En este último caso, al finalizar la curatela, el curador o curadora que ha administrado los bienes debe rendir las cuentas finales. Son de aplicación las mismas reglas de la rendición de cuentas de la tutela.

CAPÍTULO VIII

El defensor o defensora judicial

Artículo 247

El defensor o defensora judicial

El juez o jueza ha de nombrar defensor o defensora judicial en los siguientes casos:

a) Cuando en alguna cuestión haya un conflicto de intereses entre el tutor o tutora y la persona tutelada, o bien entre los tutores entre sí, o entre el curador o curadora y los pródigos o las personas en situación de incapacidad relativa, o el administrador o administradora de bienes y el menor o incapacitado.

b) Cuando lo exijan las circunstancias del menor o incapacitado mientras no se constituya la tutela o no sea declarado el desamparo.

c) Mientras no se constituya la curatela de pródigos o de personas en situación de incapacidad relativa.

d) En los supuestos en que por cualquier causa los titulares de la tutela o de la curatela no ejerzan sus funciones, mientras no desaparezca la causa o no se designe a otra persona para el ejercicio de los cargos.

e) En los demás casos determinados por ley.

Artículo 248

Nombramiento

El nombramiento de defensor o defensora judicial se hace de oficio o a petición del ministerio fiscal, del tutor o tutora o de cualquier persona legitimada para comparecer a juicio, y debe recaer en la persona que la autoridad judicial crea más idónea, teniendo en cuenta el hecho determinante de su nombramiento, o bien entre las que le propongan las partes, o bien en el abogado o abogada que actúe en defensa de la persona incapacitada, en el mismo procedimiento, o bien en cualquier otra persona idónea.

Artículo 249

Actuación

La actuación del defensor o defensora judicial debe limitarse al acto o actos que hayan determinado su nombramiento. Si este acto requiere autorización judicial, ésta debe entenderse implícita en el nombramiento.

Artículo 250

Régimen

Son aplicables al defensor o defensora judicial las causas de inhabilitación, excusas y remoción de la persona que ejerce la tutela y, si procede, de la retribución. El defensor o defensora judicial debe dar cuenta de su gestión a la autoridad judicial, una vez finalizada.

CAPÍTULO IX

Aspectos registrales

Artículo 251

El Registro de Nombramientos Tutelares no Testamentarios

1. En el Registro de Nombramientos Tutelares no Testamentarios se inscriben las delaciones de las tutelas que han sido otorgadas en uso de las facultades previstas en el artículo 172.

2. A fin de poder inscribir las delaciones y a efectos de la designación de tutor o tutora, los notarios que autoricen escrituras en las que se haga uso de las facultades previstas en el artículo 172 deben dirigir un oficio al Registro a que hace referencia el apartado 1 indicando el nombre, los apellidos, el domicilio y el documento de identidad del otorgante y el lugar y fecha de la autorización y que en tal fecha se ha procedido a dicha designación o anulación, pero sin indicar la identidad de las personas designadas.

3. Las normas relativas a la organización, funcionamiento y publicidad del Registro a que hace referencia el apartado 1 deben dictarse por vía reglamentaria.

Artículo 252

Notificaciones

El presidente o presidenta del consejo de tutela debe notificar al juzgado donde se ha constituido la tutela:

a) Las modificaciones que se produzcan en la composición, presidencia y secretaría del consejo de tutela.

b) Que el tutor o tutora haya rendido las cuentas anuales en la reunión del consejo de tutela que se indica en el artículo 231.1.

CAPÍTULO X

La guarda de hecho

Artículo 253

El guardador o guardadora de hecho

El guardador o guardadora de hecho es la persona física o jurídica que tiene acogido transitoriamente a un menor que ha sido desamparado por aquella o aquellas personas que deben tener cuidado del mismo, o cualquier otra persona que, por razón de sus circunstancias personales, puede ser declarada incapaz o sujeta a curatela.

Artículo 254

Obligación de notificar el hecho

1. El guardador o guardadora de hecho debe poner en conocimiento del organismo competente en protección de menores, si se trata de menor, o de la autoridad judicial o del ministerio fiscal, en otro caso, el hecho de la acogida.

2. Si se trata de persona que puede ser declarada incapaz o sujeta a curatela. mientras no se constituye la curatela o, en su caso, la tutela, el juez o jueza debe tomar las medidas necesarias para proteger a la persona y sus bienes, incluso, si lo estima conveniente, designando a un defensor o defensora judicial con esta finalidad concreta.

Artículo 255

Autorización judicial y comunicación del internamiento

1. El internamiento de una persona por razón de trastorno psíquico, cualquiera que sea su edad, en una institución adecuada y cerrada requiere autorización judicial previa si su situación no le permite decidir por sí misma. No se requiere esta autorización si razones de urgencia médica hacen necesaria la adopción de esta medida, pero en tal caso el director o directora del centro donde se efectúe el internamiento debe dar cuenta del hecho al juez o jueza del partido judicial al que pertenece el centro, en el plazo máximo de veinticuatro horas. La misma obligación se produce cuando la persona voluntariamente internada se halla en una situación que no puede decidir libremente por si misma la continuación del internamiento.

2. Una vez se ha efectuado la solicitud de internamiento o se ha comunicado el internamiento, el juez o jueza, después de realizar la explotación personal y oír el dictamen del facultativo o facultativa que designe y el informe del ministerio fiscal, debe acordar motivadamente la autorización o denegación del internamiento o su continuación. El juez o jueza, cada dos meses, debe revisar la situación de la persona internada.

3. En el caso de que se pretendan aplicar tratamientos médicos que puedan poner en peligro la vida o integridad física o psíquica de la persona afectada, es de aplicación lo establecido en el artículo 219 para estos tratamientos, y las funciones atribuidas por el artículo 219 al tutor o tutora, en este supuesto, son ejercidas por los familiares de la persona internada o, si no los hay, por el juez o jueza.

Artículo 256

Actos del guardador o guardadora

La actuación del guardador o guardadora de hecho debe ser siempre en beneficio de la persona en guarda y debe limitarse a tener cuidado de la misma y administrar de forma ordinaria sus bienes.

Artículo 257

Indemnización

El guardador o guardadora de hecho tiene derecho a ser indemnizado de los gastos soportados y los perjuicios que le haya causado la guarda, siempre que no le sean imputables, con cargo a los bienes de la persona en guarda.

Artículo 258

Extinción

1. La situación de guarda de hecho termina por la desaparición de las causas que la motivaron, por la acogida de la persona en guarda o por la constitución de la tutela o de la curatela.

2. Al terminar la guarda de hecho, la autoridad judicial, dada la duración de la guarda, puede disponer que el guardador o guardadora de hecho le rinda cuentas de su gestión.

3. La desaparición de las causas que motivaron la guarda de hecho no exime al guardador o guardadora del cumplimiento de la obligación contenida en el apartado 1 del artículo 254.

TÍTULO VIII

Los alimentos entre parientes

Artículo 259

Contenido

Se entiende por alimentos todo lo indispensable para el mantenimiento, la vivienda, el vestido y la asistencia médica del alimentista; así como los gastos para la formación si éste es menor, y para la continuación de la formación, una vez llegado a la mayoría de edad, si no la ha finalizado antes por causa que no le sea imputable. Asimismo, los alimentos incluyen los gastos funerarios.

Artículo 260

Personas afectadas

1. Los cónyuges, los descendientes, los ascendientes y los hermanos están obligados a prestarse alimentos.

2. Los deberes de asistencia entre cónyuges y entre padre o madre e hijos se regulan por las disposiciones específicas y, subsidiariamente, por las previstas en el presente Código.

3. Los hermanos mayores de edad y no discapacitados sólo tienen derecho a los alimentos necesarios para la vida, siempre que los soliciten por una causa que no les sea imputable.

4. Si la persona que tiene derecho a recibir alimentos es descendiente de la persona obligada y la necesidad deriva de causa que le es imputable, mientras ésta subsista, sólo tiene derecho a los alimentos necesarios para la vida.

Artículo 261

Derecho a reclamar alimentos

Tiene derecho a reclamar alimentos sólo la persona que los necesita o, en su caso, su representante legal y la entidad pública o privada que la acoja.

Artículo 262

Inicio del derecho

Se tiene derecho a los alimentos desde que se necesitan, pero no pueden ser solicitados los anteriores a la fecha de la reclamación judicial o extrajudicial, debidamente probada.

Artículo 263

Personas obligadas

1. La reclamación de los alimentos, si procede y si hay pluralidad de personas obligadas, debe realizarse por el siguiente orden:

a) Al cónyuge.

b) A los descendientes, según el orden de proximidad en el grado.

c) A los ascendientes, según el orden de proximidad en el grado.

d) A los hermanos.

2. Si los recursos y las posibilidades de las personas primeramente obligadas no resultan suficientes para la prestación de alimentos, en la medida en que corresponda, en la misma reclamación pueden solicitarse alimentos a las personas obligadas en grado posterior.

Artículo 264

Pluralidad de personas obligadas

1. Si son más de una las personas obligadas a prestar alimentos, la obligación debe distribuirse entre ellas en proporción a sus recursos económicos y a sus posibilidades. Asimismo, excepcionalmente y dadas las circunstancias del caso, la autoridad judicial puede imponer la prestación completa a una persona de las obligadas durante el tiempo que lo considere necesario. Ésta puede reclamar a cada una de las demás obligadas la parte que les corresponda con los intereses legales.

2. Si la obligación se extingue o se reduce la cuantía de la prestación respecto a una de las personas obligadas, se incrementa la de las demás en la proporción que resulte de aplicar los criterios establecidos en el apartado 1.

Artículo 265

Pluralidad de reclamaciones

Si hay dos o más personas que reclaman alimentos a una misma persona obligada a su prestación y ésta no dispone de medios suficientes para atenderlas a todas, debe seguirse el orden de preferencia establecido en el artículo 263, salvo que concurran el cónyuge y un hijo o hija sujeto a la potestad de la persona obligada. En tal caso, los hijos deben ser preferidos.

Artículo 266

Exención de la obligación

Quedan exentas de prestar alimentos entre parientes las personas que tienen reconocida la condición de discapacitadas, salvo en caso de que previsiblemente sus posibilidades excedan sus necesidades futuras, teniendo presente el grado de discapacitación que tienen.

Artículo 267

Cuantía

1. La cuantía de los alimentos se determina en proporción a las necesidades del alimentista y a los medios económicos y posibilidades de la persona o personas obligadas a su prestación. Al ser determinados, las partes, de mutuo acuerdo, o la autoridad judicial pueden establecer las bases de su actualización anual de acuerdo con las variaciones del índice de precios al consumo o similar, sin perjuicio de que se establezcan otras bases complementarias de actualización.

2. La autoridad judicial, dadas las circunstancias del caso y por razones de equidad, puede moderar la obligación de alimentos en relación a una o más personas obligadas con el incremento proporcional de las obligaciones de las restantes. El juez o jueza puede disponer esta moderación tanto en el momento de establecer la cuantía como en el caso de que sobrevengan nuevas circunstancias.

3. Tanto el alimentista como las personas obligadas a prestar alimentos, según las circunstancias, pueden solicitar su aumento o reducción.

Artículo 268

Cumplimiento de la obligación

1. La obligación de alimentos debe cumplirse en dinero y por mensualidades avanzadas. Si la persona acreedora de alimentos hubiera muerto, sus herederos no deben devolver la pensión correspondiente al mes en que se haya producido la defunción.

2. El deudor o deudora de alimentos puede optar por satisfacer los alimentos acogiendo y manteniendo en su casa a la persona que tiene derecho a recibirlos, salvo que ésta se oponga por una causa razonable o cuando la convivencia sea inviable. Si hay varias personas obligadas y hay más de una que quiere acoger en su casa a la persona acreedora, el juez o jueza decide después de oír al alimentista y a los distintos obligados. Si la persona con derecho a recibir alimentos tiene plena capacidad de obrar y más de una persona quiere acogerlo en su casa, se tiene en cuenta preferentemente la voluntad de aquélla.

3. La autoridad judicial, dadas las circunstancias, puede adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la obligación de prestar alimentos, si la persona obligada ha dejado de hacer efectivo puntualmente más de un pago.

Artículo 269

Prestación de alimentos por terceros

1. La entidad pública o privada o cualquier otra persona que preste alimentos, si la persona obligada no lo hace, puede repetir contra esta última o sus herederos o herederas las pensiones correspondientes al año en curso y al año anterior, con los intereses legales, y subrogarse de pleno derecho, hasta el importe total señalado, en los derechos que el alimentista tiene contra la persona obligada a su prestación, salvo que conste que se dieron desinteresadamente y sin ánimo de reclamarlos.

2. A petición de la entidad pública o privada o de la persona o personas que prestan los alimentos cuando el obligado no lo hace o del ministerio fiscal, la autoridad judicial puede adoptar las medidas que estime convenientes para asegurar el reintegro de los anticipos. También puede disponer las medidas que estime oportunas para asegurar el pago de los alimentos futuros, después de oír al alimentista y a los obligados.

Artículo 270

Características del derecho

1. El derecho de los alimentos es irrenunciable, intransmisible e inembargable, y no puede ser compensado con el crédito, que, en su caso, el obligado a prestarlo pueda tener respecto al alimentista.

2. El alimentista puede compensar, renunciar y transigir las pensiones atrasadas posteriores a la fecha de su reclamación judicial o extrajudicial, así como transmitir, por cualquier título, el derecho a su reclamación, todo ello sin perjuicio del derecho de repetición establecido en el artículo 269.1.

Artículo 271

Extinción

1. La obligación de prestar alimentos se extingue por:

a) La muerte del alimentista o de la persona o personas obligadas a su prestación.

b) La reducción de las rentas y del patrimonio de los obligados, de forma que no haga posible el cumplimiento de la obligación sin desatender a las necesidades propias y las de las personas con derecho preferente de alimentos.

c) La mejora de las condiciones de vida del alimentista, de forma que haga innecesaria la prestación.

d) El hecho de que el alimentista, aunque no tenga la condición de legitimario, incurra en alguna de las causas de desheredamiento especificadas en el artículo 370.1, 2 y 3 del Código de sucesiones.

e) La privación de la potestad sobre la persona obligada, si el alimentista es el padre o la madre, salvo recuperación.

2. Las causas señaladas en la letra d no tienen efecto si consta el perdón de la persona obligada o la reconciliación de las partes.

Artículo 272

Subsidiariedad

Las normas establecidas en el presente título se aplican subsidiariamente a los alimentos ordenados en testamento o codicilo, a los convenidos por pacto y a los alimentos legales que tienen regulación específica, en aquello no establecido en los testamentos, codicilos y pactos o la correspondiente regulación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Registro de Nombramientos Tutelares no Testamentarios

El Registro de Tutelas y Autotutelas, creado por la Ley 11/1996, de 29 de julio, por la que se modifica la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la tutela e instituciones tutelares, pasa a denominarse Registro de Nombramientos Tutelares no Testamentarios.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

Relativa a los efectos del matrimonio

Las disposiciones del presente Código contenidas en los títulos I y II se aplican a los matrimonios sea cual sea la fecha de celebración, a excepción del artículo 42, que sólo se aplica a los casos de separación, nulidad y divorcio que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Código.

Segunda

Relativa a las instituciones dotales y paradotales

Las dotes, las tenutas, los "aixovars" y los "cabalatges", los esponsalicios o "escreixos", los tantumdem, los pactos de igualdad de bienes y ganancias y los demás derechos similares constituidos y, en su caso, que se constituyan, se rigen por las disposiciones que les son de aplicación hasta hoy, contenidas en la Compilación del derecho civil catalán.

Tercera

Relativa a la filiación

1. Las disposiciones del título IV, sobre filiación, tienen efectos retroactivos, sea cual sea la fecha de determinación de la filiación.

2. Las acciones de filiación nacidas al amparo de la legislación anterior deben ajustarse a los plazos que la citada legislación señale, salvo que el plazo correspondiente fijado en el título IV sea más largo. En lo que se refiere al régimen jurídico y la transmisibilidad, deben regirse por la legislación que resulte más favorable al hijo o hija o a las personas legitimadas para ejercer la acción.

3. Las sentencias firmes sobre filiación dictadas al amparo de la legislación anterior no impiden que pueda ejercerse de nuevo la acción que se fundamente en una norma que establece el presente Código o en un hecho o prueba sólo admisible al amparo del mismo.

Cuarta

Relativa a la adopción

1. Con independencia de la fecha en que se hayan constituido, los efectos de las adopciones plenas son los mismos que determina este Código para la adopción.

2. Las adopciones simples o menos plenas subsisten con los efectos que les reconozca la legislación anterior a la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción. En lo referente a las adopciones simples, si concurren los requisitos exigidos por el presente Código, puede promoverse que se constituya la adopción de acuerdo con sus disposiciones, sin que sea obstáculo el hecho de que no haya habido acogida preadoptiva.

3. Los expedientes de adopción pendientes de resolución ante los tribunales en el momento de la entrada en vigor del presente Código deben tramitarse de acuerdo con la legislación anterior.

Quinta

Relativa a las funciones tutelares

Los titulares de funciones tutelares nombrados antes de la entrada en vigor del presente Código conservan su cargo pero quedan sujetos, en cuanto a su ejercicio, a sus disposiciones. Se exceptúan los protutores que estén nombrados, que siguen rigiéndose por la normativa que establece la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la tutela e instituciones tutelares.

Sexta

Regla de integración

En todo aquello no regulado por las disposiciones transitorias del presente Código, las relaciones nacidas antes de la entrada en vigor se rigen por la ley aplicable en el momento de su constitución, según resulte de las disposiciones transitorias que establece la Ley del Estado 40/1960, de 21 de julio, sobre Compilación del derecho civil especial de Cataluña; la Ley 13/1984, de 20 de marzo, sobre la Compilación del derecho civil de Cataluña; el Decreto legislativo 1/1984, de 19 de julio, por el que se aprueba el texto articulado y refundido de la Compilación del derecho civil de Cataluña; las leyes 7/1991, de 27 de abril, de filiaciones; 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción; 39/1991, de 30 de diciembre, de la tutela e instituciones tutelares; la modificación de ésta, aprobada por la Ley 11/1996, de 29 de julio, de modificación de la Ley 39/1991, de la tutela e instituciones tutelares; la Ley 10/1996; de 29 de julio, de alimentos entre parientes, y la Ley 12/1996, de 29 de julio, de la potestad del padre y de la madre.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Derecho vigente

Quedan sustituidos por los correspondientes preceptos del presente Código los artículos 6 a 62 de la Compilación del derecho civil de Cataluña, redactados de acuerdo con la Ley 8/1993, de 30 de setiembre, de modificación de la Compilación en materia de relaciones patrimoniales entre cónyuges, teniendo en cuenta aquello que dispone la disposición transitoria segunda; la Ley 7/1991, de 27 de abril, de filiaciones; el capítulo II, relativo a la adopción, de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción; la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la tutela e instituciones tutelares, excepto la disposición adicional primera; la Ley 11/1996, de modificación de ésta; la Ley 10/1996, de 29 de julio, de alimentos entre parientes, y la Ley 12/1996, de 29 de julio, de la potestad del padre y de la madre.

Segunda

Habilitación del Gobierno

Se faculta al Gobierno de la Generalidad para que apruebe, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Código, y presente al Parlamento de Cataluña un proyecto de ley de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, que refunda, armonice y regularice los preceptos legales no incorporados en el presente Código.

Tercera

Proyecto de ley reguladora de la mediación familiar

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Código, el Gobierno de la Generalidad ha de presentar al Parlamento un proyecto de ley reguladora de la mediación familiar, sobre las siguientes bases:

a) Confidencialidad absoluta del contenido de las sesiones de mediación.

b) Libertad de las partes para apartarse o desistir de la mediación en cualquier momento.

c) Aprobación judicial de los acuerdos alcanzados en la mediación.

d) Duración máxima del proceso de mediación limitada a tres meses, prorrogables por el mismo tiempo a petición del mediador o mediadora.

Cuarta

Entrada en vigor

El presente Código entra en vigor a los tres meses de su íntegra publicación en el DOGC.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 15 de julio de 1998

JORDI PUJOL

Presidente de la Generalidad de Cataluña

NURIA DE GISPERT I CATALÀ

Consejera de Justicia

(98.194.019)

LLEI

9/1998, de 15 de juliol, del Codi de família

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

I. Finalitat de la Llei

El Parlament de Catalunya, en la sessió plenària tinguda el 29 d'abril de 1981, va disposar la creació, en el si de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, d'una ponència conjunta, amb l'objectiu d'elaborar una proposició de llei d'adequació de la Compilació del dret civil especial de Catalunya a la realitat actual.

La Ponència va establir un calendari de treball basat en l'establiment de dues etapes ben definides: la primera, dedicada a l'adaptació de la Compilació a la Constitució espanyola del 1978, i la segona, a l'adequació d'aquest cos legal a les necessitats actuals de la societat i a la realitat catalana d'avui.

El primer objectiu es va complir amb la promulgació de la Llei 13/1984, del 20 de març, de modificació de la Compilació del dret civil especial de Catalunya, que, des d'aleshores, passà a denominar-se Compilació del dret civil de Catalunya, i amb el Decret legislatiu 1/1984, del 19 de juliol, pel qual es va aprovar el text refós d'aquest cos legal.

Però, com expressament es feia constar en l'exposició de motius d'aquella Llei, la consecució del segon objectiu requeria una tasca molt més complexa, que havia de completar-se amb una consideració aprofundida de la incidència del dret civil català en el si de la nostra societat.

L'estudi d'aquesta incidència es va dur a terme durant el Simposi de Dret Civil de Catalunya, convocat pel Departament de Justícia, amb motiu de la celebració dels vint-i-cinc anys de la Compilació. El Simposi, que va comptar amb la participació de tots els estaments del món jurídic català, va tenir lloc els anys 1985 i 1986.

Després, a partir dels avantprojectes de llei elaborats pel Departament de Justícia i aprovats pel Govern, el Parlament de Catalunya ha efectuat una intensa tasca legislativa per a l'assoliment d'aquell segon objectiu d'adequació del dret civil català a la realitat social catalana d'avui.

La Compilació del dret civil de Catalunya dedicava noranta-un articles al dret de família, dividits en quatre títols: el primer, sobre la filiació; el segon, sobre l'adopció (un sol article); el tercer, sobre el règim econòmic conjugal, i l'últim, sobre els heretaments, situats ara, més adequadament, en el si del dret successori.

La migradesa d'aquesta regulació no responia a la riquesa del dret que regia a Catalunya això sí, cada vegada més oblidat, sinó a les circumstàncies especials en què es va promulgar la Compilació. Per això, la reforma i el desenvolupament d'aquest text exigeixen un esforç legislatiu considerable, que s'ha dut a terme segons la tècnica de les lleis especials, que, a més de comptar amb el precedent de l'obra legislativa del Parlament català de l'època de la Segona República, ha permès resoldre les situacions que més necessitaven una reforma urgent, sense sotmetre-les a la demora inherent a tota empresa codificadora.

Cal tenir present que aquesta tècnica ha estat utilitzada sempre amb el propòsit que, arribat el moment oportú, les lleis especials aprovades s'haurien de refondre en un text codificat per a cada una de les branques cabdals del nostre dret: el de família, el de successions i el patrimonial, comprensiu, aquest darrer, en termes generals, de les matèries de què tracten els llibres tercer i quart de la Compilació; susceptibles, a més, aquests tres textos, de refondre's altra vegada en un cos legal unitari: el Codi de dret civil de Catalunya.

Seguint aquesta metodologia, el Codi de successions per causa de mort va ser aprovat pel Parlament de Catalunya per la Llei 40/1991, del 30 de desembre.

Les lleis especials en matèria de dret de família que han estat aprovades pel Parlament, seguint l'ordre cronològic, es relacionen tot seguit:

Llei 7/1991, del 27 d'abril, de filiacions.

Llei 37/1991, del 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, modificada per la Llei 8/1995, del 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i els adolescents.

Llei 39/1991, del 30 de desembre, de la tutela i institucions tutelars.

Llei 8/1993, del 30 de setembre, de modificació de la Compilació en matèria de relacions patrimonials entre cònjuges.

Llei 10/1996, del 29 de juliol, d'aliments entre parents.

Llei 11/1996, del 29 de juliol, de modificació de la Llei 39/1991, del 30 de desembre.

Llei 12/1996, del 29 de juliol, de la potestat del pare i de la mare.

Atès que els heretaments han estat situats dins el dret successori, aquesta vasta obra legislativa conté totes les institucions jurídiques de caràcter familiar, amb la inclusió dels efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació judicial, susceptibles de regulació legal, llevat de les que la Constitució espanyola reserva expressament a l'Estat, és a dir, les relacions juridicocivils relatives a les formes del matrimoni i les referents a algun àmbit no reservat, que s'han deixat momentàniament de banda per raons d'oportunitat.

Un cop establert això, ha arribat el moment de la refosa de tota aquesta obra legislativa en un cos legal unificat, finalitat a la qual respon aquesta Llei del Codi de família.

II. Principis d'aquesta Llei

Aquesta Llei substitueix tota la legalitat anterior en matèria d'institucions familiars i, per tant, la normativa fins ara vigent de la Compilació i les lleis especials abans relacionades, que queden refoses en el text codificat.

La nova regulació és, naturalment, respectuosa amb la Constitució espanyola; amb els principis clàssics del dret familiar català, susceptibles d'adequar-se a la gran transformació que ha experimentat la família catalana en el curs del segle que finalitza; amb el text de la Compilació, i, molt particularment, amb les anomenades lleis especials que el Parlament ha aprovat. Conté, també, totes les innovacions que reclama la societat catalana d'avui.

La Constitució espanyola, concretament l'article 39, assegura la protecció social, econòmica i jurídica de la família, però no desenvolupa aquesta protecció més enllà dels fills, iguals davant la llei, i de les mares, al marge de llur estat civil, i també respecte a les persones que pretenen encapçalar una família formant una parella unida en matrimoni, institució garantida per l'article 32 del text constitucional.

Igualment, el dret català ha considerat sempre la família la institució social bàsica i la primera cèl·lula de la societat.

Però el vigor que el nostre dret ha conferit a la institució familiar i el sentit proteccionista que hi impera han estat tothora compatibles amb el reconeixement de la personalitat individual i de la màxima llibertat de les persones que en formen part.

Aquesta Llei es mostra plenament fidel a tots aquests principis. El propòsit de protecció de la família i de les finalitats que li incumbeixen es posa en relleu al llarg de totes les institucions que regula, com es desprèn, entre altres, de les normes que limiten la disponibilitat de l'habitatge familiar; de la fixació dels deures del pare i de la mare envers els fills, que caracteritzen la relació paternofilial; del favor filii; de la possibilitat de substituir la intervenció judicial per l'acord dels dos parents més pròxims del fill o filla per a resoldre els desacords ocasionals del pare i la mare; de la prevalença d'aquests, en la delació de la tutela, respecte a la judicial; o de la reimplantació facultativa del consell de tutela, dins l'organisme tutelar.

El respecte d'aquesta Llei pel principi de l'autonomia de la voluntat s'evidencia amb el manteniment de la llibertat del pacte en l'elecció del règim econòmic matrimonial, i en l'aplicació, com a supletori, del de separació de béns. Aquest règim ha funcionat pacíficament a Catalunya durant molts anys, fins i tot després de caure en desús el sistema dotal, i es compagina perfectament amb la progressiva incorporació de la dona en el món del treball.

Es manté com a factor correctiu, ja incorporat en la Llei 8/1993, del 30 de setembre, la possibilitat que el cònjuge que ha treballat desinteressadament per a la casa o per a l'altre cònjuge pugui obtenir una compensació econòmica en les situacions de crisi del matrimoni i, per tant, de possibles enfrontaments separació, divorci i nul·litat, com a mesura de protecció de la part més dèbil.

En aquest mateix marc del respecte de l'autonomia de la voluntat pot incardinar-se la institució de l'autotutela, segons la qual qualsevol persona amb plena capacitat d'obrar pot designar i establir les condicions del seu organisme tutelar, en previsió d'una futura declaració d'incapacitat.

Aquesta Llei també recull de la Compilació les regulacions dels règims econòmics matrimonials, encara en vigor, propis d'algunes comarques de Catalunya. Això constitueix una mostra de la seva fidelitat a un altre tret característic del nostre ordenament jurídic, com és el predicament de què sempre han gaudit el costum i el respecte pels drets locals.

Aquesta és també una llei innovadora. A més de les moltes innovacions que contenen les lleis especials objecte de la present refosa, i que ara s'hi mantenen, se n'hi han introduït d'altres, ja mencionades abans o que ho seran després en el curs d'aquest preàmbul.

És, finalment, digna de menció l'eliminació de la regulació del dot, de la tenuta, de l'esponsalici o escreix, del tantumdem, de l'aixovar i del cabalatge i del pacte d'igualtat de béns i guanys, del tractament residual dels quals s'ocupa la disposició transitòria segona de la Llei.

Aquesta Llei és majoritàriament respectuosa amb la normativa de les lleis que són objecte de la refosa i fidel, per tant, a llurs principis inspiradors, sens perjudici, però, dels ajustaments terminològics necessaris i, en alguns casos de fons, de les supressions i les addicions noves, aconsellables, sens dubte, a l'hora d'establir un text plenament actualitzat.

III. Estructura i contingut d'aquesta Llei

Aquesta Llei està formada per dos-cents setanta-dos articles, una disposició addicional, sis disposicions transitòries i quatre disposicions finals.

El text consta de vuit títols, dividits en capítols que, quan cal, es divideixen en seccions. Els títols són els següents:

I. Els efectes del matrimoni.

II. Els règims econòmics matrimonials.

III. Els efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació judicial.

IV. La filiació.

V. L'adopció.

VI. La potestat del pare i de la mare.

VII. La tutela i les altres institucions tutelars.

VIII. Els aliments entre parents.

El Títol I, relatiu al matrimoni i als seus efectes, conté uns preceptes generals d'introducció i una regulació de les relacions personals entre els cònjuges que no figuraven en el dret propi de Catalunya o hi figuraven de manera dispersa.

A més de la novetat que representa l'intent de desjudicialitzar els desacords entre els cònjuges, preveient la intervenció facultativa de determinats familiars, s'ha aclarit l'obligació de contribuir a les càrregues de la família de tots els qui viuen sota un mateix sostre.

Quant a la resta, es manté, com ja s'ha exposat, la necessitat del consentiment del cònjuge no titular o, si de cas hi manca, de l'autoritat judicial per a la disposició de l'habitatge familiar, i, també, sense alteracions significatives, la normativa vigent en matèria de contractació entre cònjuges, drets viduals, donacions per raó del matrimoni fora dels capítols matrimonials i la regulació d'aquests.

La referència, com és natural, es troba en la Compilació i en la Llei 8/1993, del 30 de setembre, de modificació de la Compilació en matèria de relacions patrimonials entre cònjuges.

El Títol II regula els règims econòmics matrimonials, mantenint el sistema de llibertat de pacte i, supletòriament, prenent també com a pauta el dret en vigor, el de separació de béns, amb la compensació econòmica per raó del treball desinteressat, introduïda en el nostre ordenament jurídic per la Llei 8/1993.

En relació amb aquest correctiu, s'estableixen dues particularitats: primera, que la reclamació de la indemnització pretesa s'ha de formular en el primer procediment en què es demani la separació, el divorci o la nul·litat del matrimoni i, en els casos de nul·litat canònica o de dispensa pontifícia, en el tràmit d'execució civil, i, segona, que el dret a aquesta compensació és compatible amb els altres drets de caràcter econòmic que puguin correspondre al cònjuge que en surt beneficiat, si bé serà tingut en compte en la fixació quantitativa d'aquests.

Constitueix una altra innovació interessant la possibilitat de demanar, per raons d'economia processal, en aquells procediments o en els tràmits indicats, la divisió dels béns tinguts pels cònjuges en indivisió.

A part del règim de separació de béns, es recullen de la Compilació les regulacions de l'associació a compres i millores, del Camp de Tarragona; el pacte de convinença o mitja guadanyeria, de la Vall d'Aran; l'agermanament o pacte de mig per mig, del dret de Tortosa, i, respectant els criteris de l'esmentada Llei 8/1993, es regula el règim de participació en els guanys i el règim de comunitat, que tanca la normativa dels règims econòmics matrimonials.

En el Títol III s'introdueixen els efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació judicial.

Efectivament, l'article 149.1.8 de la Constitució no reserva aquestes matèries a l'Estat, les quals estan clarament incloses en l'article 9 de l'Estatut. De fet, el Parlament ja ha legislat en matèria relativa als efectes de la separació, la nul·litat i el divorci, sense cap veu que en qüestioni la competència. Aquesta Llei refon i completa aquesta legislació, com ara en la indemnització compensatòria (actual article 23 de la Compilació), els aliments entre parents i la potestat del pare i de la mare.

La regulació de la mateixa nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació judicial sembla, efectivament, inadequada conjunturalment, però els efectes personals i econòmics, regulats ja en part, no presenten cap inconvenient d'oportunitat. Es tracta, ni més ni menys, d'exercir les nostres competències per desenvolupar i millorar el dret civil de Catalunya.

La filiació es concep d'una manera global, tot comprenent la biològica o per naturalesa i l'adoptiva. La filiació per naturalesa es regula específicament en el títol IV, i es pren com a referència el que disposa actualment la Llei 7/1991, del 27 d'abril, de filiacions.

Es mantenen, en conseqüència, els principis rectors en què va inspirar-se aquesta normativa i, per tant, el de la lliure investigació de la paternitat i la maternitat, amb tota classe de proves, reconegut històricament en el dret català des de l'edat mitjana; el del favor filii, sense discriminació tant si es tracta d'un fill o filla dins el matrimoni com fora d'aquest; la inclusió, dins la filiació per naturalesa, de la que deriva de les tècniques modernes de la fecundació assistida, compresa la fecundació post mortem.

És d'interès remarcar, també, que el període previst en aquella Llei per a la impugnació de la paternitat, matrimonial o no matrimonial, serà ara de dos anys comptadors a partir del descobriment de les proves en què es fonamenti la impugnació, o de les altres circumstàncies ja previstes en l'esmentada Llei.

El títol V regula la filiació adoptiva, separadament de la filiació per naturalesa per raons sistemàtiques i perquè l'existència, al costat de la família adoptiva, de la família per naturalesa introdueix un element diferenciador que justifica un tractament legal independent.

No obstant això, i com sigui que aquesta regulació pren per base la Llei 37/1991, del 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, es manté íntegrament el principi d'equiparació absoluta entre la filiació per naturalesa i la filiació adoptiva. D'aquesta Llei no s'ha recollit finalment la part de protecció de les persones menors, principalment perquè, d'una banda, és una matèria en la qual la gran intervenció de l'Administració fa que sigui una regulació subjecta a més modificacions que les normes civils simples i, de l'altra, perquè en aquests moments ja s'ha vist la necessitat que es modifiqui en tota la part que regula la intervenció de l'Administració en l'adopció de les persones menors desemparades; una modificació, tanmateix, que requereix un consens social ampli, i és precipitat plantejar-la en aquests moments.

El Títol VI regula la potestat del pare i de la mare, denominació que substitueix la de "pàtria potestat", emprant una terminologia més adequada als temps i a la realitat actual, en què la titularitat i l'exercici d'aquesta potestat és normalment compartida pel pare i per la mare.

Aquesta regulació, com ja s'ha indicat, constitueix una novetat en el nostre ordenament civil, que mai no havia tractat sistemàticament aquesta institució, i es fa ara d'acord amb la Llei 12/1996, del 29 de juliol, de la potestat del pare i de la mare.

Es manté, doncs, el plantejament favorable a la presència del fill o filla en les preses de decisions, especialment a partir dels dotze anys, i se'n facilita l'autonomia patrimonial, ja que, més enllà de l'emancipació formal, hom reconeix la intervenció del fill o filla en aquest àmbit, el qual, a partir dels setze anys, administra els béns adquirits amb la seva activitat, pot substituir les autoritzacions judicials i, en lògica contrapartida, contribueix a les despeses familiars.

El Títol VII regula la tutela i la curatela, seguint la pauta de la normativa de la Llei 39/1991, del 30 de desembre, i la Llei 11/1996, del 29 de juliol, però amb algunes particularitats que cal posar en relleu.

El sistema de tutela familiar, basat en la prevalença de la voluntat del pare i de la mare en la designació de la persona que ha d'exercir la tutela, com a concreció del principi més ampli de llibertat civil, que ha inspirat tradicionalment el model de tutela vigent a la societat catalana, es modifica segons la supressió de la figura del protutor, que no havia arrelat; es perfila el sistema de rendició de comptes de la tutela, i es reforça amb la creació facultativa del consell de tutela, que es pot establir en els casos de tutela deferida per la mateixa persona a tutelar o pel pare i la mare d'aquesta. El consell substitueix, en alguns casos, la intervenció judicial en el control de l'actuació de la persona que exerceix la tutela i pot concedir l'autorització per a determinats actes que, en un altre cas, requereixen la judicial.

Finalment, es canvia la denominació del Registre de Tuteles i Autotuteles pel de Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris, que s'ajusta més a la seva funció, i es preveu la preceptiva comunicació al jutjat on es va constituir la tutela dels esdeveniments més importants del funcionament del consell de tutela, en els casos en què s'hagi creat aquest òrgan.

A l'últim, el Títol VIII regula l'obligació de prestació d'aliments entre parents una altra novetat en el nostre ordenament jurídic modern, d'acord amb la normativa de la Llei 10/1996, del 29 de juliol, d'aliments entre parents.

En definitiva, aquesta Llei conté una normativa completa i autònoma de totes les institucions pròpies del dret de família, amb la sola excepció, per les raons ja dites, de les relacions juridicocivils relatives a les formes del matrimoni.

La Llei substitueix, per consegüent, tot el dret de família vigent fins ara a Catalunya, i l'engloba en un sol text, degudament harmonitzat i modernitzat, d'acord amb les necessitats i la realitat de la societat catalana d'avui.

TÍTOL I.

Els efectes del matrimoni

Capítol I.

Disposicions generals

Article 1.

El matrimoni

1. El matrimoni és una institució que dóna lloc a un vincle jurídic, que origina una comunitat de vida en la qual el marit i la muller han de respectar-se i ajudar-se mútuament i actuar en interès de la família. Els cònjuges han de guardar-se fidelitat i prestar-se socors mutu.

2. El marit i la muller tenen en el matrimoni els mateixos drets i deures.

Article 2.

Domicili familiar

1. El marit i la muller determinen de comú acord el domicili familiar. Davant terceres persones, es presumeix que el domicili familiar és aquell on els cònjuges conviuen habitualment o bé un d'ells i la major part de la família.

2. En cas de desacord respecte al domicili, qualsevol dels cònjuges pot acudir a l'autoritat judicial, qui el determinarà en interès de la família als efectes legals.

Article 3.

Direcció de la família

1. La direcció de la família correspon als dos cònjuges de comú acord, tenint sempre en compte l'interès de tots els seus membres.

2. En interès de la família, qualsevol dels cònjuges pot actuar tot sol per a atendre les despeses familiars ordinàries, i es presumeix que el cònjuge que actua té el consentiment de l'altre.

3. Cap dels cònjuges no es pot atribuir la representació de l'altre si no li ha estat conferida, llevat de situacions d'urgència o d'impossibilitat que l'altre cònjuge presti el seu consentiment.

4. A la gestió feta per un dels cònjuges en nom de l'altre, li són aplicables les regles en matèria de gestió de negocis.

Article 4.

Despeses familiars

1. Tenen la consideració de despeses familiars les necessàries per al manteniment de la família, amb adequació als usos i al nivell de vida familiar, i en especial:

a) Les originades en concepte d'aliments en el seu sentit més ampli, d'acord amb la definició que en fa aquest Codi.

b) Les d'adquisició i millora, si és de titularitat conjunta, dels habitatges o d'altres béns d'ús de la família i, en tots els casos, les despeses de conservació. Les derivades de l'adquisició, de pagament de millores i de préstecs concedits amb la finalitat d'adquirir o fer millores a l'habitatge familiar o a d'altres béns d'ús de la família únicament tenen la consideració de despeses familiars, en la part que correspongui al valor del seu ús, si es tracta de béns de titularitat d'un dels cònjuges en el règim de separació de béns o si es tracta de béns privatius en els altres règims econòmics matrimonials. En tots els casos també són despeses familiars les de conservació.

c) Les atencions de previsió, mèdiques i sanitàries.

2. També és considerada despesa familiar l'originada pels aliments en el sentit més ampli, dels fills no comuns que convisquin amb el marit i la muller, i les despeses originades pels altres parents que hi convisquin, llevat, en ambdós casos, que no ho necessitin.

3. No tenen la consideració de despeses familiars les derivades de la gestió i la defensa dels béns privatius, excepte les que tenen connexió directa amb el manteniment familiar. Tampoc no tenen la consideració de despeses familiars les que responen a l'interès exclusiu d'un dels cònjuges.

Article 5.

Contribució a les despeses del manteniment familiar

1. En la forma que pactin, els cònjuges contribueixen a les despeses del manteniment familiar amb l'aportació pròpia al treball domèstic, amb la seva col·laboració personal o professional no retribuïda o amb retribució insuficient en l'activitat professional o empresarial de l'altre cònjuge, amb els recursos procedents de la seva activitat o dels seus béns, en proporció als seus ingressos i, si aquests no són suficients, en proporció als seus patrimonis.

2. Els fills, mentre conviuen amb la família, contribueixen proporcionalment a aquestes despeses en la forma establerta per l'article 146.

3. Els altres parents que conviuen amb la família hi contribueixen, si és el cas, en la mesura de llurs possibilitats i d'acord amb les despeses que generen.

Article 6.

Deure d'informació recíproca

Els cònjuges tenen l'obligació recíproca d'informar-se adequadament de la gestió patrimonial que duguin a terme en atenció al manteniment de les despeses familiars.

Article 7.

Demora en els pagaments

En cas d'incompliment per part d'una de les persones obligades, qualsevol de les altres pot demanar a l'autoritat judicial, a part de l'efectivitat dels pagaments pendents, que acordi la prestació de les garanties o l'adopció de les mesures convenients per a assegurar els pagaments futurs. Aquestes mesures poden ésser modificades o revocades.

Article 8.

Responsabilitat

Davant terceres persones, ambdós cònjuges responen solidàriament de les obligacions contretes per raó de les despeses familiars a què fa referència l'article 4, si es tracta de despeses adequades als usos i al nivell de vida de la família; en un altre cas, en respon el cònjuge que ha contret l'obligació.

Article 9.

Disposició de l'habitatge familiar

1. Amb independència de quin sigui el règim econòmic matrimonial aplicable, el cònjuge titular, sense el consentiment de l'altre, no pot dur a terme cap acte d'alienació, gravamen o, en general, de disposició del seu dret en l'habitatge familiar o en els mobles d'ús ordinari que en comprometi l'ús, encara que es refereixi a quotes indivises. Aquest consentiment no es pot excloure per pacte ni atorgar-se amb caràcter general. Si manca el consentiment, el jutge o jutgessa pot autoritzar l'acte, atès l'interès de la família o si hi concorre una altra causa justa.

2. L'acte efectuat sense el consentiment o l'autorització que estableix l'apartat 1 és anul·lable, a instància de l'altre cònjuge o dels seus fills menors, si conviuen en l'habitatge, dins el termini de quatre anys des que en tinguin coneixement o des de la seva inscripció en el Registre de la Propietat.

3. No és procedent l'anul·lació quan l'adquirent actua de bona fe i a títol onerós, si, a més, el titular ha manifestat que l'immoble no tenia la condició d'habitatge familiar, encara que sigui manifestació inexacta. Tanmateix, el cònjuge que n'ha disposat respon dels perjudicis que hagi pogut causar, d'acord amb la legislació aplicable.

4. En els casos de separació judicial, de nul·litat o de divorci, no cal el consentiment de l'altre cònjuge ni l'autorització judicial per a disposar lliurement del que havia estat habitatge familiar, tret del cas en què el cònjuge no titular o els fills tinguin dret a l'ús de l'esmentat habitatge, llevat que la disposició es faci respectant aquest dret.

Capítol II.

Relacions econòmiques entre els cònjuges

Article 10.

Règim econòmic del matrimoni

1. El règim econòmic matrimonial és el convingut en capítols.

2. Si no hi ha pacte, o en el cas que els capítols matrimonials siguin ineficaços, el règim econòmic és el de separació de béns.

Article 11.

Llibertat de contractació

Els cònjuges es poden transmetre béns i drets per qualsevol títol i dur a terme entre ells tot tipus de negocis jurídics. En cas d'impugnació judicial, els correspon la prova del caràcter onerós de la transmissió.

Article 12.

Presumpció de donació

En cas de fallida o concurs de creditors d'un dels cònjuges, els béns adquirits per l'altre a títol onerós durant l'any anterior a la declaració o des de la data de la retroacció s'han de presumir donats pel primer, llevat que s'acrediti que, en el moment de l'adquisició, el matrimoni estava separat judicialment o de fet o que l'adquirent disposava d'ingressos o recursos suficients per a efectuar-la.

Article 13.

Embargament de comptes indistints

En cas d'embargament de comptes indistints per deutes privatius d'un dels cònjuges, el cònjuge no deutor pot sostreure de l'embargament els imports que acrediti que li pertanyen amb caràcter exclusiu, llevat que hagi consentit expressament l'obligació contreta pel cònjuge deutor.

Article 14.

Donacions fora de capítols

Les donacions entre cònjuges fetes fora de capítols matrimonials són revocables en els casos generals de revocació de donacions, per bé que, en el cas de supervenció de fills, la revocació només té efecte si es tracta de fills comuns.

Capítol III.

Els capítols matrimonials

Secció Primera.

Disposicions Generals

Article 15.

Contingut

1. En els capítols matrimonials, hom pot determinar el règim econòmic matrimonial, convenir heretaments, fer donacions i establir les estipulacions i els pactes lícits que es considerin convenients, àdhuc en previsió d'una ruptura matrimonial.

2. Els capítols matrimonials es poden atorgar abans o després del casament. Els atorgats abans només produeixen efectes a partir de la celebració del matrimoni.

Article 16.

Capacitat

1. Poden atorgar capítols matrimonials els qui poden contreure vàlidament matrimoni, però necessiten, si escau, els complements de capacitat que corresponguin.

2. No cal la intervenció del defensor o defensora judicial en les disposicions establertes pel pare o la mare a favor dels seus fills menors no emancipats, encara que hi hagi reserva de drets a favor d'aquells, sempre que no hi hagi contraposició d'interessos, cas en què s'ha d'aplicar el que disposa l'article 157.

Article 17.

Forma i inscripció

1. Els capítols matrimonials i llurs modificacions s'han d'atorgar en escriptura pública.

2. Els capítols matrimonials, i llurs modificacions, i també els pactes, les resolucions judicials i altres fets que canviïn o modifiquin el règim econòmic matrimonial, no són oposables a terceres persones mentre no es facin constar en la inscripció del matrimoni en el Registre Civil, i, si és el cas, en els altres registres públics la legislació dels quals ho estableixi.

Article 18.

Modificació

1. Per a la modificació dels capítols o per a deixar-los sense efecte, cal el consentiment de totes les persones que els havien atorgat, o dels seus hereus, si la modificació afecta drets que aquelles haguessin conferit.

2. La modificació del règim econòmic matrimonial i dels pactes successoris recíprocs entre cònjuges i llur resolució, i també dels establerts per ells a favor dels fills, la poden acordar exclusivament els cònjuges, sense necessitat d'acord de les altres persones que hagin concorregut en els capítols ni dels hereus.

Article 19.

Drets adquirits

La modificació del règim econòmic matrimonial no afecta els drets adquirits per terceres persones.

Article 20.

Ineficàcia per nul·litat o divorci

1. Els capítols queden sense efecte si el matrimoni és declarat nul o es dissol per divorci.

2. Si el matrimoni es dissol per divorci, conserven l'eficàcia:

a) Els heretaments i les donacions a favor d'un dels contraents, si l'afavorit o afavorida continua treballant per a la casa i hi ha descendència del matrimoni. Són ineficaços l'usdefruit vidual i els altres drets que, si escau, s'hagin pactat en forma accessòria a favor del cònjuge d'aquell o d'aquella. Si no es continua treballant per a la casa o no hi ha descendència, i també si el cònjuge contreu nou matrimoni, l'heretament o la donació esdevenen revocables per la sola voluntat de l'heretant o donant.

b) Els heretaments a favor de la descendència del matrimoni, en consideració al qual es varen atorgar els capítols. Els heretaments purs esdevenen revocables.

c) El reconeixement de fills fet per qualsevol dels cònjuges.

Secció segona.

Les disposicions per raó de matrimoni atorgades en capítols matrimonials

Article 21.

Donacions capitulars

1. Les donacions atorgades pel pare i la mare als fills comuns, sense designació de parts, s'entenen fetes per tots dos a mitges.

2. Els béns donats conjuntament als contraents o als cònjuges pertanyen a tots dos en proindivís ordinari i a parts iguals, llevat que el donant no ho disposi altrament.

Article 22.

Revocació

Les donacions atorgades en capítols matrimonials únicament són revocables per incompliment de càrregues, en el termini d'un any, comptador a partir de l'incompliment, si bé poden ésser reduïdes, en allò que resultin inoficioses per raó de llegítimes, en cas de supervivència o supervenció de fills.

Article 23.

Actes fraudulents

1. Són nuls, encara que s'atorguin a nom d'una persona interposada:

a) Les retrodonacions fetes posteriorment per l'hereu o donatari a favor de l'heretant o del donant, o dels seus hereus, de béns compresos en un heretament o en una donació atorgada en capítols matrimonials.

b) Els actes posteriors del donant o de l'heretant, en disminució, derogació o perjudici de la donació o de l'heretament, i els de l'hereu o del donatari que els consenti.

2. Es presumeixen fraudulents, en particular, la compra feta pel pare o la mare al fill o filla de béns compresos en un heretament o en una donació atorgada en capítols matrimonials, si el pagament del preu consta solament per confessió i el reconeixement de deutes fet pels fills a favor del pare o de la mare, si no en consta la realitat per altres mitjans de prova.

3. Igualment és ineficaç qualsevol acte o contracte adreçat a eludir les prohibicions establertes en aquest article.

Secció tercera.

L'usdefruit universal capitular

Article 24.

Contingut

L'usdefruit universal reservat o atribuït en capítols matrimonials ha de tenir el contingut establert per l'article 69 del Codi de successions.

Article 25.

Obligació de fer inventari

1. L'usufructuari universal designat en capítols ha de fer inventari de tots els béns i els drets del causant, excepte que se l'hagi dispensat d'aquesta obligació en el títol constitutiu o en el que el modifiqui.

2. L'inventari s'ha de formalitzar en escriptura pública i els nus propietaris poden intervenir en la formalització.

Article 26.

Termini

1. L'usufructuari ha de fer l'inventari en el termini establert en els capítols matrimonials i, si els capítols no estableixen el termini, dins els sis mesos següents a la mort del causant.

2. Si l'usufructuari no ha fet inventari dins els terminis establerts per l'apartat 1, qualsevol persona interessada pot demanar a l'autoritat judicial que es faci, amb la seva intervenció i amb la concurrència dels qui n'hagin demanat la pràctica. El nou termini ha d'ésser de tres mesos i pot ésser prorrogat per un termini igual, per una causa justa.

Article 27.

Dispensa de caució

Llevat que no es disposi altrament, l'usufructuari universal designat en capítols matrimonials no ha de prestar cap mena de caució.

Article 28.

Extinció de l'usdefruit

L'usdefruit universal convingut en capítols matrimonials s'extingeix per les causes generals. També s'extingeix quan l'usufructuari incompleix els deures que li corresponen en virtut de l'article 69 del Codi de successions.

Article 29.

Extinció anticipada

En l'usdefruit pactat per un cònjuge a favor de l'altre, les persones interessades poden demanar que es declari l'extinció de l'usdefruit si el cònjuge supervivent:

a) Ha estat declarat indigne de succeir el premort.

b) Abandona els fills comuns sota potestat o en negligeix greument la cura.

Article 30.

Inalienabilitat de l'usdefruit

L'usdefruit universal capitular és inalienable, sens perjudici que, amb el consentiment dels nus propietaris, siguin alienats béns determinats en els termes i les condicions que estableix l'article 69 del Codi de successions.

Capítol IV.

Les donacions per raó de matrimoni atorgades fora dels capítols matrimonials

Article 31.

Règim

Les donacions atorgades fora de capítols matrimonials per un dels contraents a favor de l'altre en consideració al matrimoni i les que atorguin altres persones per la mateixa raó es regeixen per les regles generals de les donacions, llevat del que disposen els articles 32, 33 i 34.

Article 32.

Dret a la restitució

1. Les donacions a què es refereix l'article 31 estan supeditades al fet que s'arribi a celebrar el matrimoni. Si aquest esdevé impossible o si no té lloc en el termini d'un any des del lliurament del bé donat, el donant pot revocar la donació i reclamar-ne la restitució, i no és admissible cap altre deteriorament que el causat per l'ús, d'acord amb la naturalesa del bé.

2. El donant ha d'indemnitzar el donatari de les millores necessàries i útils fetes al bé donat. Pel que fa a altres millores, el donatari pot prescindir-ne si no en resulta dany per a la cosa donada o no es devalua.

Article 33.

Donacions condicionals, modals i de béns gravats

1. Les donacions per raó de matrimoni, atorgades fora de capítols, es poden sotmetre a condicions i modes.

2. Si el bé donat és subjecte a càrrega o gravamen, el donant no està obligat a l'alliberament corresponent.

Article 34.

Revocació

Les donacions a què es refereix l'article 31 també es poden revocar per la causa i en el termini establerts per l'article 22 en matèria de donacions capitulars.

Capítol V.

Els drets viduals familiars

Article 35.

Dret al parament de l'habitatge

1. Correspon al cònjuge supervivent, no separat judicialment o de fet, la propietat de la roba, del mobiliari i dels estris que constitueixen el parament de l'habitatge conjugal, i no es computen els dits béns en el seu haver hereditari.

2. No són objecte del dret de predetracció a què fa referència l'apartat 1 els béns que hagin estat de titularitat del cònjuge premort i que consisteixin en joies o objectes artístics o històrics, ni altres que tinguin un valor extraordinari atès el nivell de vida del matrimoni i el patrimoni relicte. Tampoc no ho són els mobles de procedència familiar, si el cònjuge premort n'ha disposat per actes d'última voluntat en favor d'altres persones.

Article 36.

L'any de viduïtat

1. Durant l'any següent a la mort d'un dels cònjuges, el supervivent que no sigui usufructuari universal del patrimoni del premort té dret a habitar tot l'habitatge conjugal, amb facultat per a prendre'n possessió, i a ésser alimentat a càrrec d'aquest patrimoni, en consonància amb el nivell de vida que havien mantingut els cònjuges i amb la importància del patrimoni. Aquest dret és independent dels altres que puguin correspondre al cònjuge supervivent en virtut de la defunció del premort.

2. El cònjuge supervivent separat judicialment o de fet no tindrà els drets a què fa referència l'apartat 1, i els perd, en altre cas, si, durant l'any següent a la mort del cònjuge, es torna a casar o passa a viure maritalment amb una altra persona, i també si abandona o negligeix greument els fills comuns sota potestat. En cap cas no està obligat a tornar l'import dels aliments percebuts.

TÍTOL II.

Els règims econòmics matrimonials

Capítol I.

El règim de separació de béns i les compres amb pacte de supervivència

Secció primera.

El règim de separació de béns

Article 37.

Contingut

En el règim de separació de béns, cada cònjuge té la propietat, el gaudi, l'administració i la lliure disposició de tots els seus béns, dins els límits establerts per la llei.

Article 38.

Béns privatius

En el règim de separació de béns, són propis de cadascun dels cònjuges tots els que tenia com a tals quan es va celebrar el matrimoni i els que adquireixi després per qualsevol títol.

Article 39.

Adquisicions oneroses

En les adquisicions fetes a títol onerós per un dels cònjuges durant el matrimoni, si consta la titularitat dels béns, la contraprestació s'entén pagada amb diner de l'adquirent. En el cas que la contraprestació procedeixi de l'altre cònjuge, se'n presumeix la donació.

Article 40.

Titularitats dubtoses

En cas de dubte sobre a quin dels cònjuges pertany algun bé o dret, s'entén que correspon a tots dos per meitats indivises, llevat que es tracti de béns mobles que siguin d'ús personal o que estiguin directament destinats al desenvolupament de l'activitat d'un dels cònjuges i que no siguin d'extraordinari valor, cas en el qual es presumeix que pertanyen a aquest.

Article 41.

Compensació econòmica per raó de treball

1. En els casos de separació judicial, divorci o nul.litat, el cònjuge que, sense retribució o amb una retribució insuficient, ha treballat per a la casa o per a l'altre cònjuge té dret a rebre d'aquest una compensació econòmica, en el cas que s'hagi generat, per aquest motiu, una situació de desigualtat entre el patrimoni de tots dos que impliqui un enriquiment injust.

2. La compensació s'ha de satisfer en metàl.lic, llevat d'acord entre les parts o si l'autoritat judicial, per causa justificada, autoritza el pagament amb béns del cònjuge obligat. El pagament ha de tenir efecte en un termini màxim de tres anys, amb meritació d'interès legal des del reconeixement, cas en el qual pot acordar-se judicialment la constitució de garanties a favor del cònjuge creditor.

3. El dret a aquesta compensació és compatible amb els altres drets de caràcter econòmic que corresponen al cònjuge beneficiat, i ha d'ésser tingut en compte per a la fixació d'aquests altres drets.

Article 42.

Exercici del dret a la compensació

1. El dret a la compensació econòmica establert per l'article 41 només es pot exercir en el primer procediment en el qual se sol.liciti la separació, el divorci o la nul.litat, i, per tant, no es pot formular en l'eventual procediment subsegüent de nul.litat o divorci, llevat que hi hagi hagut reconciliació i nova convivència i per raó d'aquesta.

2. En el cas de resolucions dictades pels tribunals eclesiàstics en què es declari la nul.litat de matrimoni canònic o de decisions pontifícies sobre matrimoni rat i no consumat, el dret establert per l'article 41 només es pot exercir en el tràmit de la seva execució, davant la jurisdicció civil.

Article 43.

Divisió dels béns en proindivís

1. En els procediments de separació, divorci o nul.litat i d'execució en l'ordre civil de les resolucions o les decisions eclesiàstiques a què fa referència l'article 42, de matrimonis subjectes al règim de separació de béns, qualsevol dels cònjuges pot exercir simultàniament l'acció de divisió de cosa comuna respecte als que tinguin en proindivís. Si els béns afectats són més d'un i l'autoritat judicial ho estima procedent, aquells poden ésser considerats en conjunt, als efectes de la divisió.

2. Si la sentència dóna lloc a l'acció de divisió de la cosa comuna, es pot procedir a la indicada divisió dels béns en el tràmit d'execució de la sentència.

Secció segona.

Les compres amb pacte de supervivència

Article 44.

Règim dels béns

1. Els cònjuges que, en règim econòmic de separació, comprin béns conjuntament i per meitat poden pactar en el mateix títol d'adquisició que, quan es produeixi la mort de qualsevol d'ells, el supervivent esdevingui titular únic de la totalitat.

2. Mentre visquin els dos cònjuges, els béns adquirits amb aquest pacte s'han de regir per les normes següents:

a) No poden ésser alienats ni gravats, si no és per acord de tots dos.

b) Cap dels cònjuges no pot transmetre a terceres persones el seu dret sobre els béns.

c) Cal mantenir necessàriament la indivisió dels béns.

3. En els béns comprats per ambdós cònjuges amb pacte de supervivència, l'adquisició de la participació del premort s'ha de computar en l'herència d'aquest, als efectes del càlcul de la llegítima, i, si és el cas, s'ha d'imputar en pagament a compte de la quarta vidual.

Article 45.

Incompatibilitat amb l'heretament

El pacte de supervivència esdevé ineficaç si un dels cònjuges adquirents ha atorgat un heretament a favor de tercers contraents o ha atorgat un heretament pur a favor dels seus fills i l'heretament resulta eficaç en morir l'heretant.

Article 46.

Extinció

1. El pacte de supervivència s'extingeix per:

a) L'acord dels dos cònjuges durant el matrimoni.

b) La renúncia del supervivent.

c) La declaració de nul.litat del matrimoni, la separació judicial, el divorci o la separació de fet acreditada fefaentment.

d) L'adjudicació de la meitat del bé com a conseqüència de l'embargament establert per l'article 47.

2. Si a la mort d'un dels cònjuges hi hagués en tràmit una demanda de separació, de divorci o de nul.litat del matrimoni, els hereus del premort poden prosseguir l'acció plantejada als efectes de la declaració d'extinció del pacte de supervivència.

3. En els casos a què es refereix l'apartat 1 i en els tipificats per l'article 45, llevat que s'estipuli altrament, la ineficàcia i l'extinció del pacte de supervivència determinen la cotitularitat dels cònjuges, o del cònjuge supervivent i dels hereus del premort, o bé del cònjuge no deutor i de l'adjudicatari de la meitat del cònjuge deutor, en proindivís ordinari.

Article 47.

Embargament

1. El creditor d'un dels cònjuges per deutes propis o per deutes familiars pot demanar l'embargament sobre la meitat que el deutor té sobre els béns comprats amb pacte de supervivència.

2. L'embargament s'ha de notificar al cònjuge que no sigui part en el litigi.

Capítol II.

El règim de participació en els guanys

Secció primera.

Disposicions generals

Article 48.

Contingut

1. El règim econòmic matrimonial de participació en els guanys atribueix a qualsevol dels cònjuges, en el moment de l'extinció del règim, el dret a participar en els guanys obtinguts per l'altre durant el temps que aquest règim hagi estat vigent.

2. Aquest règim s'ha de convenir en capítols matrimonials i es regeix, en tot allò que no s'hi prevegi, per les disposicions d'aquest capítol. En darrer terme, durant la seva vigència es regeix per les normes del règim de separació de béns, incloses les relatives a les compres amb pacte de supervivència.

Article 49.

Autonomia patrimonial constant matrimoni

Constant matrimoni, cada cònjuge té la propietat, el gaudi, l'administració i la lliure disposició dels seus béns, però té el deure d'informar adequadament l'altre de la seva gestió patrimonial.

Article 50.

El pacte de participació desigual

1. El pacte que atribueixi una participació diferent de la meitat dels guanys solament és vàlid si s'estableix amb caràcter recíproc i igual a favor de qualsevol dels cònjuges.

2. La invalidesa del pacte determina la participació en la meitat dels guanys.

Article 51.

Extinció necessària

El règim de participació en els guanys s'extingeix en tot cas per:

a) La dissolució o la declaració de nul.litat del matrimoni.

b) La separació judicial.

c) El pacte en capítols matrimonials.

Article 52.

Extinció judicial

El règim de participació també es pot extingir anticipadament per decisió judicial, a petició d'un dels cònjuges, quan hi concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) La separació de fet per un període superior a un any.

b) L'incompliment greu o reiterat del deure d'informar adequadament l'altre cònjuge, que estableix l'article 49.

c) La gestió patrimonial irregular que comprometi greument els interessos de qui sol.licita l'extinció.

d) L'entrada del cònjuge en una situació que comprometi greument els interessos de qui sol.licita l'extinció.

Article 53.

Efectes de la retroacció

En els supòsits en què l'extinció sigui conseqüència d'una sentència dictada amb ocasió de les causes establertes pels articles 51 i 52, l'extinció del règim es retrotreu al moment de presentació de la demanda.

Secció segona.

La liquidació del règim

Article 54.

Inici de la liquidació

1. Una vegada extingit el règim de participació en els guanys, se'n fa la liquidació als efectes de la fixació del crèdit de participació, establint la diferència entre el patrimoni final i l'inicial de cada cònjuge.

2. A partir del moment de l'extinció del règim, i fins que no s'hagi determinat el crèdit de participació que en resulti, cap cònjuge no pot disposar dels seus béns sense el consentiment de l'altre cònjuge o dels seus hereus o, si de cas hi manca, sense autorització judicial, excepte en allò que constitueixi la seva activitat normal de gestió.

Article 55.

Determinació de l'actiu

Per a determinar els guanys obtinguts per cadascun dels cònjuges s'han de comptabilitzar, segons el valor que tinguin en el moment de la liquidació:

a) Tots els béns de cada cònjuge que subsisteixin quan s'extingeixi el règim, amb deducció de les obligacions i del valor dels gravàmens constituïts en garantia dels deutes particulars de qualsevol dels cònjuges.

b) Els béns alienats a títol gratuït durant la vigència del règim, segons l'estat material en el moment de l'alienació, llevat que el cònjuge no alienant l'hagi consentida o renunciï expressament a comptabilitzar-los. Se n'exceptuen, en tot cas, els béns objecte de liberalitats fetes de conformitat amb l'ús i de donacions atorgades a alguns dels fills del donant per raó de matrimoni o per facilitar-los una ocupació.

c) Els béns alienats a títol onerós durant la vigència del règim per tal de disminuir fraudulentament els guanys, segons l'estat material en el moment de l'alienació i amb independència del preu que s'hagi fet constar, i també el valor de les obligacions o dels gravàmens constituïts també fraudulentament.

d) Els béns destruïts o deteriorats, en les mateixes circumstàncies indicades en la lletra c.

Article 56.

Determinació del passiu

1. Del total resultant segons l'article 55 s'han de deduir, si subsisteixen, i segons el valor que tinguin en el moment de la liquidació:

a) Els béns que integraven el patrimoni de cada cònjuge al començament del règim, excepte els fruits i les rendes que hagin pogut produir, els adquirits durant la vigència del règim per donació, herència o llegat i els subrogats d'uns i altres, segons l'estat material en el moment d'iniciar-se el règim o en el moment de l'adquisició, amb deducció de les càrregues que els afectessin en aquell moment.

b) Les quantitats procedents d'indemnitzacions per danys corporals o morals de la persona o per pensions alimentàries o d'invalidesa, o altres de caràcter igualment personalíssim.

c) Els deutes contrets durant la vigència del règim per qualsevol dels cònjuges amb vista al manteniment de les despeses familiars, encara que no s'hagin satisfet. Aquesta deducció s'ha de fer d'acord amb les normes de contribució a les despeses familiars.

2. Els cònjuges poden acreditar pels mitjans legals de prova els béns que integraven llur patrimoni en començar el règim. L'inventari practicat per ambdós cònjuges, o per un d'ells amb la conformitat de l'altre, es presumeix exacte.

Article 57.

Determinació del crèdit

Si no hi ha un pacte vàlid que estableixi una participació diferent, el crèdit de participació es determina com segueix:

a) Si únicament un dels cònjuges ha obtingut guanys, l'altre o els seus successors tenen dret a la meitat del valor d'aquests guanys.

b) Si tots dos cònjuges han obtingut guanys, qui n'hagi obtingut menys, o els seus successors, tenen dret a la meitat de la diferència entre el valor dels seus propis guanys i el dels guanys de l'altre cònjuge.

Secció tercera.

Pagament del crèdit de participació

Article 58.

Forma i termini de pagament

1. El crèdit de participació s'ha de pagar en diners. Si la persona deutora ho demana, l'autoritat judicial pot concedir un ajornament per pagar el crèdit de participació o la possibilitat de pagar-lo a terminis, sempre que la petició es fonamenti en un interès atendible i es garanteixi suficientment el deute.

2. Ni l'ajornament del pagament ni el pagament a terminis no poden excedir els tres anys. Un cop concedit, el crèdit de participació merita interessos legals.

Article 59.

Pagament en béns

1. No obstant el que disposa l'article 58, el crèdit de participació es pot pagar amb l'adjudicació de béns concrets, per acord de les persones interessades. Malgrat tot, l'adjudicació de béns en pagament pot ésser demanada unilateralment pel deutor o deutora o pel creditor o creditora, i l'autoritat judicial pot concedir-la si hi ha un interès atendible.

2. Si el règim s'extingeix per la mort d'un dels cònjuges i el supervivent té dret a participar en els guanys, pot demanar que, en pagament del seu crèdit de participació, se li adjudiqui l'habitatge conjugal. Si el valor de l'habitatge fos superior al del crèdit de participació, l'adjudicatari ha de pagar la diferència en diners.

Article 60.

Actes en frau del crèdit

1. Si el deutor o deutora no té béns suficients per a satisfer el crèdit de participació, el creditor o creditora pot demanar la rescissió de les alienacions fetes per aquell o aquella a títol gratuït i sense el seu consentiment durant la vigència del règim, llevat de les fetes a favor dels fills per raó de matrimoni o per facilitar-los una ocupació, i també les fetes a títol onerós en frau del seu dret.

2. Aquestes accions caduquen al cap de quatre anys des de l'extinció del règim i no són procedents quan els béns estiguin en poder de terceres persones adquirents a títol onerós i de bona fe.

3. El creditor o creditora o els seus successors poden demanar l'anotació de la demanda de reclamació del crèdit de participació en els registres públics corresponents.

Capítol III.

L'associació a compres i millores

Article 61.

Règim

1. L'associació a compres i millores, pròpia del Camp de Tarragona i d'altres comarques, exigeix pacte exprés en capítols matrimonials.

2. En tot allò que no regulin els pactes de la constitució del règim ni aquest capítol, l'associació a compres i millores es regeix pel costum de la comarca i, si no n'hi ha, per les disposicions del règim de participació en els guanys, en la mesura que ho permeti la seva naturalesa específica.

3. Cada cònjuge pot associar l'altre a les compres i les millores que faci durant el matrimoni. També es pot establir l'associació amb caràcter recíproc o associant als cònjuges llurs ascendents, tant si els han fet heretament com si no.

4. S'entén per compres els béns que, constant l'associació, adquireixi qualsevol de les persones associades a títol onerós o obtingui per la seva professió, la seva indústria o el seu treball.

5. Es consideren millores els augments de valor dels béns de qualsevol persona associada deguts a impenses útils, inversions en pagament de deutes o llegítimes i redempció de censos i censals.

Article 62.

Administració

1. L'administració de l'associació a compres i millores correspon a la persona associada que s'indiqui en els capítols. Si no hi ha designacions, correspon a tots els associats.

2. L'administrador únic de l'associació, si escau, pot, amb la seva sola intervenció, disposar a títol onerós dels béns que la constitueixen, però no fiançar en nom de l'associació, si no és per a profit de la família.

3. Els deutes particulars de cada persona associada graven exclusivament la seva part.

Article 63.

Liquidació

La liquidació dels guanys de cada persona associada es refereix al moment de la seva mort o de l'extinció del règim i es pot efectuar amb diners o amb altres béns de l'associació.

Capítol IV.

L'agermanament o pacte de mig per mig

Article 64.

Règim

1. L'agermanament o pacte de mig per mig, propi del dret de Tortosa, s'ha de convenir en capítols matrimonials, abans o després de la celebració del matrimoni.

2. En allò que no prevegin els pactes de la constitució del règim, és aplicable el costum del lloc i, si manca aquest, les normes generals del règim de comunitat de béns.

3. La comunitat inclou tots els béns que tinguin els cònjuges en casar-se o en el moment de convenir el pacte d'agermanament, els que adquireixin per qualsevol títol mentre el matrimoni subsisteixi i els guanys o lucres de tota

mena que obtinguin durant la unió.

4. Qualsevol dels cònjuges pot exigir sempre que en la inscripció dels béns o dels drets adquirits per l'altre es faci constar que formen part de l'agermanament.

5. L'administració de la comunitat correspon a ambdós cònjuges.

6. La liquidació de l'agermanament s'ha de fer adjudicant per meitat els béns que inclogui entre els cònjuges o entre el cònjuge supervivent i els hereus del premort.

Capítol V.

El pacte de convinença o mitja guadanyeria

Article 65.

Règim

1. La convinença, o mitja guadanyeria, associació coneguda a la Vall d'Aran, requereix pacte exprés en capítols matrimonials.

2. En tot allò que no sigui previst en els pactes de la constitució del règim ni en aquest article, s'han d'aplicar el costum de la Vall d'Aran i el capítol X del privilegi anomenat de la Querimònia.

3. Aquest conveni també pot ésser establert amb el pare i la mare del fill o de la filla, i àdhuc amb estranys, pactant que els béns guanyats i els que es guanyaran quedaran en comunitat mentre subsisteixi l'associació.

4. Els cònjuges han de contribuir per parts iguals al sosteniment de les despeses derivades del règim i el govern de la casa i han de dividir, a la mort d'un d'ells dos, si no hi ha fills, els guanys i els augments.

Capítol VI.

El règim de comunitat de béns

Article 66.

Contingut

1. En el règim de comunitat de béns, tots els béns dels cònjuges esdevenen comuns i els guanys o beneficis obtinguts indistintament per qualsevol dels cònjuges els són atribuïts per meitat, llevat que es pacti altrament.

2. El règim de comunitat de béns s'ha de convenir en capítols matrimonials i es regeix, en tot allò que no s'hi estableixi, per les disposicions d'aquest capítol.

Article 67.

Béns comuns

1. Són comuns, llevat el que disposa l'article 68, tots els béns i els drets que tinguin els cònjuges en el moment de convenir el règim de comunitat de béns, els que adquireixin per qualsevol títol durant el matrimoni i els guanys o lucres de tota mena que n'obtinguin.

2. Si no hi ha pacte en contra, els fruits i els productes dels béns privatius de cada cònjuge, si n'hi ha, són béns comuns.

3. Qualsevol dels cònjuges pot demanar que, en la inscripció dels béns o dels drets adquirits per l'altre, es faci constar que forma part de la comunitat.

Article 68.

Béns privatius

1. Són béns privatius de cada cònjuge:

a) Aquells als quals s'atribueixi aquesta condició en capítols.

b) Els adquirits per donació, herència o llegat.

c) Els adquirits amb clàusula reversional o gravats de restitució fideïcomissària.

d) Els adquirits per subrogació real d'altres béns privatius.

e) Les quantitats procedents d'indemnitzacions per danys morals.

f) Els necessaris per a l'exercici de la professió i la roba i els objectes d'ús personal que no siguin d'un valor extraordinari.

2. L'exclusió d'un bé o d'un dret de la comunitat només es pot oposar a terceres persones des que consti en els registres públics o des que la tercera persona coneix la condició privativa.

Article 69.

Gestió

1. Si no hi ha pacte, l'administració dels béns comuns correspon a tots dos cònjuges.

2. Qualsevol dels cònjuges pot contreure obligacions amb càrrec a la comunitat i disposar dels béns comuns en atenció al sosteniment de les despeses familiars a què fa referència l'article 4. Per als altres actes, cal l'actuació conjunta o la d'un d'ells amb el consentiment de l'altre.

3. Si un dels cònjuges exerceix una professió, indústria o comerç, i ho fa valent-se de béns comuns amb el consentiment de l'altre, pot realitzar tot sol i en relació amb béns mobles els actes, fins i tot de disposició, que siguin conseqüència de l'exercici normal d'aquelles activitats.

Article 70.

Disposició dels béns comuns

Si no hi ha pacte, els actes de disposició dels béns comuns requereixen el consentiment d'ambdós cònjuges o, si manca el consentiment d'un, l'autorització judicial que es pot atorgar en interès de la família, o si hi concorre una altra causa justa.

Article 71.

Règim dels béns privatius

1. Cadascun dels cònjuges administra i disposa dels béns privatius amb independència de l'altre.

2. Els béns comuns no responen dels deutes contrets per qualsevol dels cònjuges, derivats de la tinença i l'administració dels béns privatius, llevat del cas d'insuficiència dels béns privatius del cònjuge deutor. En aquest cas, la persona creditora pot demanar l'embargament dels béns comuns, que ha d'ésser notificat a l'altre cònjuge, el qual pot exigir la dissolució de la comunitat i que l'embargament tingui lloc sobre la meitat corresponent al cònjuge deutor.

Article 72.

Atenció de les despeses familiars

En el règim de comunitat de béns, els béns comuns responen preferentment pels deutes contrets en atenció al manteniment de les despeses familiars i, si no són suficients, s'aplica el que estableix l'article 5 en matèria de responsabilitat per aquestes despeses.

Article 73.

Extinció del règim

El règim de comunitat de béns s'extingeix en tot cas per:

a) La dissolució o la declaració de nul.litat del matrimoni.

b) La separació judicial.

2. El règim de comunitat també es pot extingir anticipadament per decisió judicial, a petició d'un dels cònjuges, quan hi concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) La separació de fet per un període superior a dos anys.

b) La gestió patrimonial irregular que comprometi greument els interessos de la família.

Article 74.

Determinació i valoració dels béns

1. Als efectes de la divisió de la comunitat, la determinació dels béns comuns i dels béns privatius es fa amb referència al temps de la dissolució.

2. Els béns comuns que es posseeixin en el moment de la dissolució de la comunitat es computen segons el valor que tinguin en el moment de fer-ne la liquidació.

Article 75.

Divisió dels béns comuns

1. En el cas d'extinció de la comunitat, els béns comuns es divideixen entre els cònjuges o entre el cònjuge supervivent i els hereus del premort a parts iguals, llevat que s'hagi convingut altrament.

2. En el supòsit regulat per l'apartat 1, si l'habitatge conjugal i els seus mobles d'ús ordinari tenen la condició de béns comuns, el cònjuge supervivent pot demanar que li sigui atribuïda la propietat d'aquests béns en pagament de la seva quota. Si el valor és superior al valor de la seva quota, l'adjudicatari ha de pagar la diferència en diners.

3. En la divisió, els cònjuges poden recuperar els béns que abans de l'inici del règim de comunitat eren de la seva propietat i que subsisteixin en el moment de l'extinció, segons l'estat inicial. Els altres béns i les millores fetes en els béns aportats s'inclouen en la divisió de la comunitat i, si el valor d'aquells béns és superior al valor de la quota, l'adjudicatari també ha de pagar la diferència en diners.

TÍTOL III.

Els efectes de la nul.litat del matrimoni, del divorci i de la separació judicial

Article 76.

Aspectes objecte de regulació

1. En els casos de nul.litat del matrimoni, de divorci o de separació judicial, si hi ha fills sotmesos a la potestat del pare i de la mare, cal establir:

a) Aquell amb qui han de conviure els fills, i també, si és el cas, el règim de visites, d'estada i de comunicació amb el pare o la mare amb qui no convisquin.

b) La forma com ha d'ésser exercida la potestat dels fills, en els termes que estableix l'article 139.

c) La quantitat que pel concepte d'aliments dels fills, d'acord amb l'article 143, correspongui satisfer al pare o a la mare i la periodicitat i la forma de pagament.

d) Les normes per a l'actualització dels aliments i, si és el cas, les garanties per a assegurar-ne el pagament.

2. Si hi ha fills majors d'edat o emancipats que convisquin amb un dels progenitors i que no tinguin ingressos propis, s'han de fixar els aliments que corresponguin en els termes que estableix l'article 259.

3. Els altres aspectes que s'han de regular, d'acord amb les circumstàncies de cada cas, són els següents:

a) L'atribució de l'ús de l'habitatge familiar, amb el parament corresponent, i, si és el cas, de les altres residències.

b) La pensió compensatòria o els aliments, que, si és el cas, correspongui satisfer a un dels cònjuges en favor de l'altre.

c) La forma, si correspon, com els cònjuges continuen contribuint a les despeses familiars.

d) Les normes per a l'actualització dels aliments i de la pensió compensatòria i, si és el cas, les garanties per a assegurar-ne el pagament.

e) La liquidació, si és el cas, del règim matrimonial i la divisió dels béns comuns, d'acord amb el que estableix l'article 43.

Article 77.

Conveni regulador

Quan la nul.litat del matrimoni, el divorci o la separació legal siguin instats per ambdós cònjuges de comú acord o per un d'ells amb el consentiment de l'altre, la demanda o l'escrit inicial ha d'anar acompanyat d'una proposta de conveni regulador, on es determinin els aspectes indicats per l'article 76.

Article 78.

Aprovació judicial

1. El conveni regulador esmentat per l'article 77 ha d'ésser aprovat judicialment, llevat en allò que sigui perjudicial per als fills. En aquest cas, l'autoritat judicial ha d'indicar els punts que han d'ésser objecte de modificació i fixar-ne el termini.

2. Si els cònjuges no duen a terme la modificació demanada o si aquesta tampoc no pot ésser aprovada pels mateixos motius a què fa referència l'apartat 1, el jutge o jutgessa ho resol.

Article 79.

Manca de conveni regulador

1. En els casos de nul.litat del matrimoni, de divorci o de separació judicial sol.licitada per un de sol dels cònjuges sense consentiment de l'altre, l'autoritat judicial resol directament sobre els aspectes indicats per l'article 76.

2. Si, ateses les circumstàncies del cas, l'autoritat judicial considera que els aspectes indicats en l'article 76 encara poden ésser resolts mitjançant acord, pot remetre les parts a una persona o una entitat mediadora amb la finalitat que intentin resoldre les diferències i que presentin una proposta de conveni regulador, a la qual, si s'escau, s'aplica el que disposa l'article 78.

Article 80.

Modificació

1. Les mesures establertes per la sentència poden ésser modificades, en atenció a circumstàncies sobrevingudes, mitjançant resolució judicial posterior.

2. El conveni regulador o la sentència poden preveure anticipadament les modificacions pertinents.

Article 81.

Via de constrenyiment

Les prestacions establertes per la sentència poden ésser exigides per la via de constrenyiment.

Article 82.

Cura dels fills

1. La nul.litat del matrimoni, el divorci o la separació judicial no eximeixen el pare i la mare de les seves obligacions envers els fills, d'acord amb el que es disposa en el títol VI.

2. A l'hora de decidir sobre la cura dels fills i els altres aspectes a què fa referència l'article 76, l'autoritat judicial ha de tenir en compte preferentment l'interès dels fills i, abans de resoldre, ha d'escoltar els de dotze anys o més, i els de menys, si tenen prou coneixement.

Article 83.

Ús de l'habitatge familiar

1. L'ús de l'habitatge familiar, amb el seu parament, s'atribueix en la forma convinguda pels cònjuges, llevat que aquesta resulti perjudicial per als fills, a criteri de l'autoritat judicial, que resol aquesta qüestió.

2. Si manca acord o si aquest és rebutjat, a criteri del jutge o jutgessa, ateses les circumstàncies del cas, decideix, pel que fa a l'habitatge familiar, en els termes següents:

a) Si hi ha fills, l'ús s'atribueix, preferentment, al cònjuge que en tingui atribuïda la guarda, mentre duri aquesta. Si la guarda dels fills es distribueix entre els cònjuges, resol l'autoritat judicial.

b) Si no hi ha fills, se n'atribueix l'ús al cònjuge que en tingui més necessitat. L'atribució té lloc amb caràcter temporal, mentre duri la necessitat que l'ha motivada, sens perjudici de pròrroga, si és el cas.

3. El dret d'ús regulat en aquest article és inscriptible en el Registre de la Propietat.

Article 84.

Pensió compensatòria

1. El cònjuge que, com a conseqüència del divorci o de la separació judicial, vegi més perjudicada la seva situació econòmica i, en el cas de nul.litat, només quant al cònjuge de bona fe, té dret a rebre de l'altre una pensió compensatòria que no excedeixi el nivell de vida de què gaudia durant el matrimoni, ni el que pugui mantenir el cònjuge obligat al pagament.

2. Per a fixar la pensió compensatòria, l'autoritat judicial ha de tenir en compte:

a) La situació econòmica resultant per als cònjuges com a conseqüència de la nul.litat, del divorci o de la separació judicial i les perspectives econòmiques previsibles per a un i altre.

b) La durada de la convivència conjugal.

c) L'edat i la salut d'ambdós cònjuges.

d) Si és el cas, la compensació econòmica regulada per l'article 41.3.

e) Qualsevol altra circumstància rellevant.

3. La pensió compensatòria ha d'ésser disminuïda si qui la percep passa a millor fortuna o qui la paga passa a pitjor fortuna.

4. A petició de part, la sentència pot establir les mesures pertinents per a garantir el pagament de la pensió i pot fixar els criteris objectius i automàtics d'actualització dinerària.

Article 85.

Pagament de la pensió compensatòria

1. La pensió compensatòria s'ha de pagar en diners i per mensualitats avançades.

2. En qualsevol moment, per acord dels cònjuges o, si manca aquest, per resolució judicial, el cònjuge obligat al pagament de la pensió compensatòria pot substituir aquesta pel lliurament de béns en domini o en usdefruit.

Article 86.

Extinció del dret

1. El dret a la pensió compensatòria s'extingeix:

a) Per millora de la situació econòmica del cònjuge creditor, que deixi de justificar-la o per empitjorament de la situació econòmica del cònjuge obligat al pagament que justifiqui l'extinció.

b) Per matrimoni del cònjuge creditor o per convivència marital amb una altra persona.

c) Per la defunció o per la declaració de mort del cònjuge creditor.

d) Pel transcurs del termini pel qual es va establir.

2. El dret a la pensió compensatòria no s'extingeix per mort del cònjuge obligat a prestar-la, per bé que els seus hereus poden demanar-ne la reducció o l'exoneració si la rendibilitat dels béns de l'herència no resulta suficient per a fer-ne el pagament.

TÍTOL IV.

La filiació

Capítol I.

La determinació de la filiació

Secció primera.

Disposicions generals

Article 87.

Determinació de la filiació

1. La filiació pot tenir lloc per naturalesa o per adopció.

2. La filiació per naturalesa, en relació amb la mare, resulta del naixement; en relació amb el pare i la mare, es pot establir pel reconeixement, per l'expedient registral o per sentència, i, únicament en relació amb el pare, pel matrimoni amb la mare.

Article 88.

Període legal de la concepció

1. El període legal de la concepció comprèn els primers cent vint dies del període de gestació, que es presumeix de tres-cents dies.

2. En el cas que proves concloents demostrin que la gestació ha durat més de tres-cents dies, el període legal comprèn els primers cent vint dies del temps real de gestació.

Secció segona.

La filiació matrimonial

Article 89.

Paternitat matrimonial

1. Es tenen per fills del marit els nascuts després de la celebració del matrimoni i dins els tres-cents dies següents a la separació dels cònjuges, sigui judicial o de fet, o a la declaració de nul.litat o a la dissolució del matrimoni.

2. Els fills nascuts després dels tres-cents dies següents a la separació judicial o de fet dels cònjuges tenen la condició de matrimonials si es prova que han nascut a conseqüència de les relacions sexuals entre els cònjuges. La mateixa regla s'aplica en el cas de nul.litat o de divorci si es prova que les relacions han tingut lloc abans de la dissolució del matrimoni.

3. Si en el període a què es refereix l'apartat 2, de tres-cents dies posteriors a la dissolució per nul.litat o divorci, hi ha hagut un nou matrimoni de la mare, decau aquesta presumpció en favor de l'establerta per l'article 90.

Article 90.

Concepció abans del matrimoni

1. Si el fill o filla neix dins els cent vuitanta dies següents a la celebració del matrimoni, el marit pot deixar sense efecte la determinació establerta per l'article 89 declarant que en desconeix la paternitat. Aquesta declaració, que ha d'ésser autèntica, ha de tenir entrada en el Registre Civil en el termini dels sis mesos següents al naixement.

2. El desconeixement no és eficaç si:

a) El marit ha conegut l'embaràs abans de contreure matrimoni, tret que la declaració a què fa referència l'apartat 1 s'hagués fet amb el consentiment de la muller.

b) El marit ha admès la paternitat de qualsevol forma.

c) La mare demostra l'existència de relacions sexuals amb el marit durant el període legal de la concepció.

Article 91.

Naixement abans del matrimoni

1. Els fills comuns nascuts abans del matrimoni del pare i de la mare tenen, des de la data de la celebració d'aquest, la condició de matrimonials, sempre que la filiació quedi determinada legalment.

2. La impugnació d'aquesta filiació es regeix per les regles de la filiació no matrimonial.

Article 92.

La fecundació assistida de la muller

1. Els fills nascuts a conseqüència de la fecundació assistida de la muller, practicada amb el consentiment exprés del marit formalitzat en escriptura pública, es consideren fills matrimonials del marit.

2. En la fecundació assistida practicada després de la mort del marit amb gàmetes d'aquest, el nascut es té per fill seu, sempre que hi concorrin les condicions següents:

a) Que consti fefaentment la voluntat expressa del marit per a la fecundació assistida després de la mort.

b) Que es limiti a un sol cas, comprès el part múltiple.

c) Que el procés de fecundació s'iniciï en el termini màxim de dos-cents setanta dies després de la mort del marit. Aquest termini pot ésser prorrogat per l'autoritat judicial, per una causa justa i per un temps màxim de noranta dies.

Secció tercera.

La filiació no matrimonial

Article 93.

Establiment

1. La filiació no matrimonial es pot establir per:

a) Reconeixement fet en testament, en escriptura pública o davant la persona encarregada del Registre Civil.

b) Resolució dictada en un expedient tramitat d'acord amb la legislació del Registre Civil.

c) Sentència ferma en un procediment civil o penal.

d) Pel que fa a la mare, també per l'informe mèdic o el document que exigeixi la legislació del Registre Civil per a la inscripció.

2. En el reconeixement fet en testament, escriptura pública o davant la persona encarregada del Registre Civil no es pot manifestar la identitat de l'altre progenitor, si no és que ja ha estat determinada legalment.

Article 94.

Presumpcions de paternitat

1. Es presumeix que és pare del fill o filla no matrimonial:

a) L'home amb el qual la mare ha conviscut en el període legal de la concepció.

b) L'home amb el qual la mare ha mantingut relacions sexuals en el període de la concepció.

c) L'home que ha reconegut la paternitat tàcitament o de forma diferent de la indicada en l'article 93.

2. Les presumpcions a què fa referència l'apartat 1 poden ésser destruïdes mitjançant tota classe de proves en el judici corresponent.

Article 95.

Capacitat per al reconeixement

1. Tenen capacitat per al reconeixement de la paternitat els majors de catorze anys i, per al de la maternitat, la mare des que s'acrediti el fet del part, sigui quina en sigui l'edat.

2. Per a la validesa del reconeixement fet per persones menors no emancipades o persones incapacitades, cal l'aprovació judicial, amb audiència del ministeri fiscal.

Article 96.

Requisits del reconeixement

1. Per a l'eficàcia del reconeixement d'un fill o filla no matrimonial major d'edat o menor emancipat, cal el seu consentiment exprés o tàcit.

2. El pare i la mare poden reclamar que es declari judicialment la paternitat o la maternitat no matrimonials encara que el fill o filla hagi denegat el consentiment a què es refereix l'apartat 1. La sentència que l'admeti ha de determinar la filiació sense cap altre efecte, llevat que quedi provada la raó que justifiqui el retard en el reconeixement.

3. Per a l'eficàcia del reconeixement d'un menor o d'una persona incapacitada que no es faci en el termini establert per a la inscripció del naixement, cal l'aprovació judicial, amb audiència del ministeri fiscal i, si és conegut, de l'altre progenitor. La denegació de l'aprovació judicial no impedeix la reclamació de la filiació segons les regles de l'apartat 2 i té el mateix abast.

4. Les regles dels apartats 1, 2 i 3 s'apliquen en el cas del reconeixement d'un fill o filla no matrimonial ja mort i en relació amb la seva descendència de grau més pròxim que ja visquessin en el moment de la seva mort.

Article 97.

La fecundació assistida de la dona

1. Els fills nascuts a conseqüència de la fecundació assistida de la mare es consideren fills de l'home que l'ha consentida prèviament en document públic.

2. En la fecundació assistida després de la mort de l'home que convivia amb la mare, el nascut es considera fill d'aquest sempre que hi concorrin les condicions establertes per l'article 92.2, en allò que hi sigui aplicable.

Capítol II.

Les accions de filiació

Secció primera.

Regles comunes

Article 98.

Mitjans de prova

1. En els processos de filiació s'admeten tota classe de proves, llevat del que disposa l'article 111.2, en matèria de fecundació assistida de la dona.

Article 99.

Persones que intervenen en el procés

1. En tot procés de filiació han d'ésser demandades les persones la paternitat, la maternitat o la filiació de les quals sigui reclamada o estigui legalment determinada.

2. En el cas que una persona que hauria d'ésser demandada hagi mort, l'acció s'ha de dirigir contra els seus hereus.

Article 100.

Mesures cautelars en el judici de filiació

Mentre dura el procediment de reclamació o d'impugnació de la filiació, l'autoritat judicial pot adoptar les mesures de protecció convenients sobre la persona i els béns del fill o filla menor o incapacitat i, fins i tot en cas de reclamació, pot acordar aliments provisionals a favor del fill o filla.

Article 101.

L'excepció de relacions sexuals amb altres persones

1. La prova de les relacions sexuals de la mare amb un home diferent del demandat durant el període legal de concepció no és motiu suficient per a destruir-ne la presumpció de paternitat.

2. En el supòsit de l'apartat 1, s'ha de declarar pare aquell la paternitat del qual resulti més versemblant en el procés corresponent. Tanmateix, si la probabilitat de paternitat entre els possibles pares és semblant, no se'n pot declarar la paternitat de cap.

Article 102.

Filiació contradictòria

1. La determinació de la filiació no té cap mena d'efectes mentre n'hi ha una altra de contradictòria.

2. No es pot reclamar una filiació que en contradigui una altra que hagi estat determinada per sentència ferma.

Secció segona.

La reclamació de la filiació

Article 103.

Filiació matrimonial

1. El pare, la mare, els fills, per si mateixos o mitjançant els seus representants legals, si és el cas, poden exercir l'acció de reclamació de la filiació matrimonial durant tota la seva vida.

2. L'acció pot ésser exercida o continuada pels fills o pels seus descendents o hereus, dins el temps que resti per a completar el termini de dos anys comptadors des del descobriment de les proves en les quals s'ha de fonamentar la reclamació.

3. Si a la mort del fill o filla no han transcorregut quatre anys des de la seva majoria d'edat o de la recuperació de la plena capacitat, l'acció pot exercir-se o continuar dins el temps que resti per a completar aquest termini, si és superior a l'establert per l'apartat 2, de dos anys.

Article 104.

Filiació no matrimonial

1. Els fills o els seus representants legals, si és el cas, poden exercir l'acció de reclamació de la filiació no matrimonial durant tota la seva vida i, en els supòsits dels apartats 2 i 3 de l'article 103, poden exercir o continuar l'acció els seus fills o descendents i els seus hereus, dins el temps que resti per a completar els terminis esmentats.

2. El pare i la mare poden exercir, durant tota la seva vida, l'acció de reclamació de paternitat o maternitat no matrimonial, en nom i interès propi, si el seu reconeixement no ha estat eficaç per manca de consentiment dels fills o d'aprovació judicial.

Article 105.

Acumulació de pretensions

L'exercici de l'acció de reclamació de filiació permet l'acumulació de l'acció d'impugnació de la filiació contradictòria. En tot cas, és preeminent el règim jurídic de l'acció de reclamació.

Secció tercera.

La impugnació de la filiació

Article 106.

Impugnació pel pare de la paternitat matrimonial

1. El marit pot exercir l'acció d'impugnació de la paternitat matrimonial en el termini de dos anys comptadors des de la data en què conegui el naixement del fill o filla o del descobriment de les proves en les quals fonamenta la impugnació.

2. L'acció d'impugnació es transmet als fills o descendents i als seus hereus si el marit mor després d'haver interposat l'acció o abans que fineixin els terminis establerts per l'apartat 1. En aquests casos, l'acció pot ésser exercida per qualsevol dels legitimats, dins el temps que resti per a completar els esmentats terminis.

3. Si el marit mor sense tenir coneixement del naixement o de les proves en què ha de fonamentar l'acció, els dos anys es compten des de la data en què el conegui la persona legitimada per a impugnar.

Article 107.

Impugnació per la mare de la paternitat matrimonial

La mare, en nom propi o en interès i representació del fill o filla, si és menor o incapaç, pot impugnar la paternitat matrimonial durant els dos anys comptadors des de la data del naixement d'aquells o del descobriment de les proves en les quals es fonamenta la impugnació.

Article 108.

Impugnació pel fill o filla

El fill o filla pot exercir l'acció d'impugnació de la paternitat matrimonial dins els dos anys següents a la majoritat, a la recuperació de la plena capacitat o al descobriment de les proves en què fonamenti la impugnació.

Article 109.

Impugnació de la filiació no matrimonial

1. L'acció d'impugnació de la paternitat no matrimonial pot ésser exercida pels qui en resultin afectats en el termini de dos anys comptadors des de l'establiment de la filiació que s'impugna o, si escau, des del moment en què es conegui aquest establiment o de l'aparició de noves proves contràries a la paternitat.

2. En el cas del fill o filla, l'acció caduca als dos anys comptadors des de la majoria d'edat o des de la recuperació de la plena capacitat o de l'aparició de les proves abans esmentades. Durant la minoria d'edat o incapacitat del fill o filla, pot exercir l'acció la mare, d'acord amb el que estableixen els articles 107 i 108.

Article 110.

Reconeixement viciat

L'acció d'impugnació del reconeixement fet amb error, violència o intimidació correspon a qui l'ha atorgat. L'acció caduca al cap de dos anys, des que cessa el vici del consentiment, i pot ésser continuada pels fills, els descendents i els hereus de l'atorgant o exercida per aquests, si aquell mor abans de transcórrer els dos anys, durant el termini que resti. S'apliquen les regles generals als casos d'invalidesa per defectes de forma o de capacitat o de nul.litat del reconeixement.

Article 111.

La prova en la impugnació

1. Perquè prosperi qualsevol acció d'impugnació de la paternitat matrimonial i no matrimonial, s'ha de provar de forma concloent que el presumpte pare no és progenitor de la persona la filiació de la qual s'impugna.

2. No s'admet la impugnació que només es basi en la fecundació assistida de la mare, si s'ha practicat d'acord amb els articles 97 i 92, i, per tant, encara que el pare no sigui el progenitor biològic de la persona la filiació de la qual s'impugna.

Article 112.

Impugnació de la maternitat

Els fills, per si mateixos o mitjançant llurs representants legals, durant tota la seva vida, poden exercir l'acció d'impugnació de la maternitat, si proven la suposició de part o que no és certa la identitat del fill o filla. També poden exercir-la la mare i les altres persones afectades en el termini de dos anys des del naixement o des del coneixement de les proves que fonamentin la impugnació.

Capítol III.

Els efectes de la filiació

Article 113.

Efectes de la filiació

1. Tota filiació produeix els mateixos efectes civils, sens perjudici dels efectes específics de la filiació adoptiva, en matèria de cognoms i entre la persona adoptada i els familiars ascendents i col.laterals del pare i de la mare adoptius en els termes que estableix la legislació civil de Catalunya.

2. La filiació determina la potestat del pare i de la mare, els cognoms, els aliments, en el seu sentit més ampli, i els drets successoris i qualsevol altre expressament assenyalat per les lleis. Els fills, en arribar a la majoria d'edat, o en ésser emancipats, poden alterar l'ordre dels cognoms.

Article 114.

Eficàcia limitada

1. Els efectes de la declaració de filiació es limiten a la mera determinació d'aquest estat, a petició dels fills majors d'edat o emancipats o del seu representant legal si:

a) El progenitor ha estat condemnat per sentència ferma en procediment penal per causa de les relacions que han donat lloc a la filiació.

b) La filiació ha estat declarada judicialment amb l'oposició del progenitor.

c) El reconeixement s'ha fet amb mala fe o amb abús de dret.

2. La determinació de la filiació en els casos especificats per l'apartat 1 no produeix cap efecte civil a favor del progenitor, el qual resta sempre obligat a vetllar pel fill o filla i a procurar-li aliments.

TÍTOL V.

L'adopció

Capítol I.

Requisits

Article 115.

Persones que poden adoptar

1. Per a poder adoptar es requereix:

a) Estar en ple exercici dels drets civils.

b) Ésser major de vint-i-cinc anys i tenir com a mínim catorze anys més que la persona adoptada.

2. Només s'admet l'adopció per més d'una persona en el cas dels cònjuges o de la parella d'home i dona que convisquin maritalment amb caràcter estable. En aquests casos, n'hi ha prou que un dels adoptants hagi complert vint-i-cinc anys.

Article 116.

Persones que no poden adoptar

No poden adoptar:

a) El pare i la mare que hagin estat privats de la potestat o les persones que hagin estat remogudes d'un càrrec tutelar mentre estiguin en aquesta situació.

b) El tutor o tutora pel que fa al seu tutelat, fins que no hagi estat aprovat el compte final de la tutela.

Article 117.

Persones que poden ésser adoptades

1. Poden ésser adoptades les persones menors no emancipades en els supòsits següents:

a) Els fills del cònjuge o de la persona de sexe diferent amb qui l'adoptant conviu maritalment amb caràcter estable, sempre que no estigués determinada legalment la filiació respecte a l'altre progenitor o que aquest hagués mort o que estigués privat de la potestat o que estigués sotmès a una causa de privació d'aquesta o que hi hagués donat l'assentiment.

b) Els orfes i els parents de l'adoptant en tercer grau de consanguinitat o afinitat.

c) Les persones que estiguin sota la tutela de qui vol adoptar, un cop aprovat el compte final de la tutela.

d) Les persones que estiguin en situació d'acolliment preadoptiu, per qui les té acollides.

e) Excepcionalment, les persones que estiguin en situació d'acolliment simple dels qui els volen adoptar, si les circumstàncies han canviat i ja no és possible el retorn d'aquelles a la seva família, perquè hi concorri alguna de les circumstàncies de l'acolliment preadoptiu o altres que en facin impossible el reintegrament.

2. Es pot adoptar una persona major d'edat o una persona menor emancipada sempre que en qualsevol dels dos supòsits hagi conviscut ininterrompudament amb l'adoptant des d'abans d'haver complert catorze anys o si ha estat en situació d'acolliment preadoptiu, o bé simple, si hi concorren les circumstàncies de la lletra e de l'apartat 1, almenys durant l'any immediatament anterior a la majoritat o l'emancipació i ha continuat convivint-hi sense interrupció.

3. En els supòsits de les lletres a, b, c i d de l'apartat 1 es pot constituir l'adopció, encara que un dels adoptants hagi mort si ha donat el seu consentiment a l'adopció davant l'autoritat judicial o bé en testament, codicil o escriptura pública.

4. En cas de mort de l'adoptant individual o, si és conjunta, de tots dos, o quan s'incorri en causa de pèrdua de la potestat, és possible una nova adopció de la persona que es trobava en procés d'ésser adoptada o, en el segon cas, quan es declari extingida l'adopció.

Article 118.

Persones que no poden ésser adoptades

No poden ésser adoptades les persones següents:

a) Els descendents.

b) Els parents en segon grau de la línia col.lateral per consanguinitat o per afinitat, mentre dura el matrimoni que origina aquest parentiu.

Capítol II.

Constitució i règim

Secció primera.

Constitució

Article 119.

Procediment

En l'adopció s'ha de tenir en compte sempre l'interès de la persona adoptada i es constitueix per resolució judicial motivada, d'acord amb les normes d'aquest Codi i amb les de procediment de la Llei d'enjudiciament civil.

Article 120.

Proposta d'adopció

1. Si hi ha hagut acolliment preadoptiu, o bé simple, en els casos de la lletra e de l'article 117.1, per a iniciar l'expedient d'adopció cal la proposta prèvia de l'organisme competent, en la qual s'han de fer constar, degudament acreditades, les dades següents:

a) La idoneïtat raonada de la persona o les persones que volen adoptar ateses llurs condicions personals, socials, familiars, econòmiques i llur aptitud educadora. Els qui volen adoptar poden recórrer, mitjançant el corresponent procediment pels tràmits de la jurisdicció voluntària, contra la denegació de la idoneïtat per l'organisme competent.

b) L'últim domicili, si és conegut, del pare i de la mare, dels tutors o dels guardadors de l'adoptat o adoptada.

2. En el cas d'adopció de la persona acollida en forma simple, la proposta prèvia ha d'acreditar, a més, el canvi de circumstàncies que justifica el pas d'una mesura a l'altra i que hi concorren els requisits de l'acolliment preadoptiu.

3. No cal la proposta prèvia en els casos de les lletres a, b i c de l'apartat 1, ni en els casos de l'apartat 2 de l'article 117, ni si el menor fa més d'un any que és en situació d'acolliment preadoptiu i no ha estat revisada la mesura adoptada en el moment d'iniciar-se l'expedient d'adopció.

Article 121.

Consentiment de l'adopció

L'adoptant o els adoptants i l'adoptat o adoptada, si té dotze anys o més, han de donar el seu consentiment a l'adopció davant l'autoritat judicial.

Article 122.

Assentiment a l'adopció

1. Han de donar el seu assentiment a l'adopció, si no estan impossibilitats per a fer-ho:

a) El cònjuge de l'adoptant, llevat del cas de separació judicial o de fet, o la persona de sexe diferent amb qui l'adoptant conviu maritalment amb caràcter estable.

b) El pare i la mare de l'adoptat o adoptada, llevat que estiguin privats legalment de la potestat o estiguin sotmesos a una causa de privació d'aquesta, o en el supòsit que el menor hagi estat en situació d'acolliment preadoptiu sense oposició, durant més d'un any, o amb oposició desestimada judicialment.

2. L'assentiment s'ha de donar sempre davant l'autoritat judicial. La mare no pot donar-lo fins que hagin passat trenta dies del part.

3. L'assentiment del pare i de la mare no es pot referir a una persona que vol adoptar determinada, llevat del cas excepcional que una causa raonable ho justifiqui.

Article 123.

Persones que han d'ésser escoltades

L'autoritat judicial ha d'escoltar en l'expedient d'adopció:

a) El pare i la mare dels majors d'edat i de les persones de les quals no cal l'assentiment, llevat dels que estan privats de la potestat.

b) Les persones que exerceixen la tutela o la curatela o tenen la guarda de fet de l'adoptat o adoptada.

c) L'adoptat o adoptada menor de dotze anys, si té prou coneixement.

d) Els fills de l'adoptant o adoptants i, si és el cas, els de la persona adoptada, si tenen prou coneixement i és possible.

Secció segona.

Adopció internacional

Article 124.

Adopció de menors estrangers

Les persones menors estrangeres només poden ésser adoptades si les autoritats de l'estat d'origen confirmen que:

a) El menor pot ésser adoptat.

b) L'adopció respon a l'interès del menor.

c) Els consentiments requerits per a l'adopció han estat donats lliurement i sense rebre cap tipus de contraprestació, amb coneixement de les conseqüències i els efectes que en derivin, especialment pel que fa al trencament de tot vincle jurídic amb la família d'origen.

d) El menor, si té prou coneixement, ha estat escoltat.

Article 125.

Tramitació

1. Si no hi ha conveni internacional en la matèria, l'organisme competent només tramita les adopcions de menors originaris dels països en els quals quedi suficientment garantit el respecte als principis i a les normes de l'adopció internacional i la intervenció deguda dels seus organismes administratius i judicials.

2. Per tal de garantir el ple respecte als drets dels menors, en el cas d'adopcions internacionals, l'organisme competent exerceix les funcions següents:

a) Prendre les mesures per a evitar lucres indeguts i impedir pràctiques contràries a l'interès del menor.

b) Reunir i conservar la informació relativa als adoptats i als seus orígens i, en la mesura permesa per la legislació vigent, garantir-ne l'accés.

c) Facilitar i seguir els procediments d'adopció.

d) Assessorar sobre l'adopció i, en cas necessari i en la mesura permesa per la legislació vigent, fer el seguiment de les adopcions, quan ho exigeixi el país d'origen de la persona que es vol adoptar.

e) Seleccionar les persones i les famílies demandants tot valorant-ne la idoneïtat segons uns criteris i uns processos establerts, adreçats a afavorir l'èxit del procés adoptiu.

Article 126.

Funcions de mediació

1. Només pot intervenir amb funcions de mediació per a l'adopció internacional l'organisme competent de la Generalitat. No obstant això, la Generalitat pot acreditar entitats col.laboradores per a l'exercici d'aquestes funcions en els termes i amb el compliment dels requisits que s'estableixin per reglament. En tot cas, aquestes entitats han d'ésser sense ànim de lucre, han d'estar legalment constituïdes, tenir com a finalitat la protecció dels menors i han de defensar l'interès primordial del menor per damunt de cap altre, d'acord amb les normes de dret internacional aplicables. S'han de sotmetre a les directrius, la inspecció i el control de l'organisme competent.

2. Quan es tracti d'una adopció constituïda a l'estranger sense la intervenció de l'organisme competent de la Generalitat, aquest procedeix, a instància de l'autoritat judicial competent, a l'estudi i la valoració de la persona o les persones que volen adoptar, per a determinar si reuneixen les condicions necessàries d'idoneïtat per tal de procurar el desenvolupament integral del menor i una aptitud educadora adequada.

Secció tercera.

Efectes específics de la filiació adoptiva

Article 127.

Efectes específics de l'adopció

1. L'adopció origina relacions de parentiu entre l'adoptant, els seus ascendents i descendents, i la persona adoptada i els seus descendents, i produeix els mateixos efectes que la filiació per naturalesa, sens perjudici de les especialitats a les quals fa referència l'article 113.

2. L'adopció extingeix el parentiu entre l'adoptat o adoptada i la seva família d'origen, llevat dels casos d'adopció d'un fill o filla del cònjuge o de persona de sexe diferent amb qui l'adoptant conviu maritalment amb caràcter estable i d'adopció entre parents fins al quart grau.

3. Els vincles de l'adoptat o adoptada amb la seva família d'origen es mantenen només en els casos que estableix la llei i, en especial, als efectes dels impediments per a contreure matrimoni i en els casos en els quals es mantenen els drets successoris.

Article 128.

Cognoms de l'adoptat o adoptada

1. La persona que és adoptada per dues persones porta els cognoms dels adoptants en l'ordre que estableix la llei. L'adoptat o adoptada per una persona porta els cognoms d'aquesta, llevat del cas a què es refereix la lletra a de l'apartat 1 de l'article 117, en el qual conserva el cognom del pare o de la mare, segons correspongui.

2. L'ordre dels cognoms es pot invertir a petició de l'adoptant en el moment de l'adopció o de la persona adoptada a partir de l'emancipació o de la majoritat.

3. Les persones adoptades majors d'edat o emancipades poden conservar els cognoms d'origen, si així ho sol.liciten en el moment de l'adopció.

Article 129.

Coneixement de dades biològiques

1. La persona adoptada, a partir de la majoritat o de l'emancipació, pot exercir les accions que condueixin a esbrinar quins han estat el seu pare i la seva mare biològics, la qual cosa no afecta la filiació adoptiva.

2. L'adoptat o adoptada pot sol.licitar, en interès de la seva salut, les dades biogenètiques dels seus progenitors. També ho poden fer els adoptants mentre l'adoptat o adoptada és menor d'edat.

3. L'exercici dels drets especificats en els apartats 1 i 2 es duu a terme sense detriment del deure de reserva de les actuacions.

Article 130.

Irrevocabilitat

1. L'adopció es irrevocable. Nogensmenys, l'autoritat judicial pot establir, en interès de l'adoptat o adoptada, l'extinció de l'adopció si el pare o la mare per naturalesa no havien intervingut d'acord amb la llei en l'expedient d'adopció per causa que no els fos imputable.

2. El pare o la mare han d'exercir l'acció dins els dos anys següents a l'adopció.

Secció quarta.

Extinció

Article 131.

Efectes de l'extinció

1. L'extinció de l'adopció comporta el restabliment de la filiació per naturalesa. L'autoritat judicial pot acordar que el restabliment de la filiació ho sigui només del progenitor que ha exercit l'acció.

2. Els efectes patrimonials de l'adopció produïts amb anterioritat es mantenen.

TÍTOL VI.

La potestat del pare i de la mare

Capítol I.

Disposicions generals

Article 132.

Determinació

La filiació establerta jurídicament determina la potestat del pare i de la mare sobre els fills menors no emancipats, o majors d'edat incapacitats si la potestat ha estat prorrogada o rehabilitada.

Article 133.

Exercici

1. La potestat constitueix una funció inexcusable i, en el marc de l'interès general de la família, s'exerceix personalment sempre en benefici dels fills per a facilitar el ple desenvolupament de la seva personalitat.

2. Abans de prendre decisions que l'afectin, el pare i la mare sempre han d'informar i escoltar el fill o filla de dotze anys o més i el de menys de dotze si té prou coneixement.

3. Les limitacions a la capacitat d'obrar dels fills menors s'han d'interpretar de forma restrictiva.

Article 134.

Intervenció judicial

1. L'autoritat judicial, d'ofici i en qualsevol procediment, pot adoptar les mesures que consideri oportunes per a evitar qualsevol perjudici a la persona dels fills. Si la gestió del pare i de la mare resulta perjudicial per al seu patrimoni o interès, pot exigir la prestació de garanties suficients, limitar les facultats de disposició o gestió del pare i de la mare o, fins i tot, nomenar un defensor judicial.

2. Els fills, el pare i la mare, encara que no tinguin l'exercici de la potestat, els altres parents dels fills fins al quart grau per consanguinitat i fins al segon per afinitat i, en tot cas, el ministeri fiscal estan legitimats per a demanar l'adopció de les mesures especificades en l'apartat 1.

3. L'autoritat judicial, abans de dictar qualsevol de les resolucions determinades per aquesta Llei, ha d'escoltar el fill o filla de dotze anys o més i el de menys si té prou coneixement.

Article 135.

Relacions personals

1. El pare i la mare, encara que no tinguin l'exercici de la potestat, tenen el dret de relacionar-se personalment amb el fill o filla, excepte quan aquest hagi estat adoptat, o quan la llei o una resolució judicial no ho disposin altrament.

2. El pare i la mare han de facilitar la relació del fill o filla amb els parents, especialment amb l'avi i l'àvia, i altres persones i només la poden impedir quan hi hagi una causa justa.

3. L'autoritat judicial pot suspendre, modificar o denegar el dret de tenir les esmentades relacions personals fins i tot quant al pare i la mare, si aquests incompleixen llurs deures, i en tots els casos, si les relacions poden perjudicar el menor o major d'edat incapacitat, o si hi concorre una altra causa justa. També pot prendre les mesures necessàries amb vista a l'efectivitat d'aquestes relacions personals.

Article 136.

Privació de la potestat

1. El pare i la mare poden ésser privats de la titularitat de la potestat només per sentència ferma, fonamentada en l'incompliment greu o reiterat de llurs deures, o per sentència dictada en causa penal o matrimonial. La privació no afecta l'obligació de fer tot el que calgui per a assistir els fills menors ni la de prestar-los aliments en el sentit més ampli.

2. L'autoritat judicial ha d'acordar, en benefici i interès dels fills, la recuperació de la titularitat de la potestat quan hagi cessat la causa que n'havia motivat la privació.

Capítol II.

L'exercici de la potestat

Article 137.

Exercici conjunt

1. El pare i la mare exerceixen conjuntament la potestat sobre els fills, o l'exerceix un d'ells amb el consentiment de l'altre. Tanmateix, qualsevol dels dos pot fer els actes que, d'acord amb l'ús social o les circumstàncies familiars, és normal que siguin fets per un de sol, o els actes que siguin de necessitat urgent.

2. En els actes d'administració ordinària i respecte a les terceres persones de bona fe, es presumeix que el pare actua amb el consentiment de la mare o la mare amb el consentiment del pare. En els actes d'administració extraordinària, és a dir, aquells que requereixen l'autorització judicial, d'acord amb l'article 151, el pare i la mare han d'actuar conjuntament.

3. La potestat és exercida exclusivament pel pare o per la mare en els casos d'impossibilitat, absència o incapacitat de l'altre progenitor o per qualsevol altra causa que impedeixi aquest exercici.

Article 138.

Desacords

1. En cas de desacord ocasional, l'autoritat judicial, a instàncies del pare o de la mare i després d'haver-los escoltat tots dos i els fills majors de dotze anys i els de menys si tenen prou coneixement, pot atribuir totalment o parcialment l'exercici de la potestat al pare o a la mare separadament o distribuir-ne entre ells les funcions de manera temporal, fins a un termini màxim de dos anys, quan els desacords siguin reiterats o hi concorri qualsevol causa que dificulti greument l'exercici conjunt de la potestat.

2. Per acord del pare i de la mare, formalitzat en document públic, la intervenció judicial pot ésser substituïda per l'acord dels dos parents més pròxims del fill als quals fa referència l'article 149 del Codi de successions, formalitzat també en document públic. A aquests efectes, els germans del fill no poden intervenir com a parents més pròxims d'aquest. Si aquests parents no arribessin a l'acord, es pot instar la intervenció judicial, d'acord amb el que disposa l'apartat 1.

Article 139.

Vida separada del pare i de la mare

1. Si el pare i la mare viuen separats, de comú acord formalitzat en escriptura pública, poden delegar, també de comú acord, solemnitzat de la mateixa manera, l'exercici de la potestat en aquell que convisqui amb els fills o acordar que aquest exercici correspongui a ambdós conjuntament o la distribució de funcions entre ells. En qualsevol moment, el pare o la mare, separadament, poden deixar sense efecte, mitjançant notificació notarial, tant aquella delegació com aquesta distribució.

2. En cas de desacord sobre l'exercici de la potestat, decideix l'autoritat judicial, escoltats el pare, la mare i els fills de dotze anys o més i els de menys si tenen prou coneixement.

3. En tot cas, les obligacions de guarda han d'ésser exercides per aquell dels dos, pare o mare, que en cada moment tingui el menor amb ell, bé perquè hi tingui assignada de fet o de dret la residència habitual, bé perquè el menor s'hi trobi en companyia a conseqüència del règim de comunicació i de relació que s'hagi establert.

4. Llevat que l'autoritat judicial ho disposi altrament, el pare o la mare que exerceix la potestat necessita el consentiment exprés o tàcit de l'altre per a decidir el tipus d'ensenyament, per a variar el domicili del fill o filla menor de manera que l'aparti del seu entorn habitual i per a disposar el seu patrimoni més enllà del que calgui per a atendre les seves necessitats ordinàries. S'entén tàcitament conferit el consentiment un cop transcorregut el termini de trenta dies des de la notificació que es faci amb la finalitat d'obtenir-lo sense que el pare o la mare que no exerceix la potestat no plantegi el desacord, conformement al que estableix l'article 138.

Article 140.

Deure d'informació

Quan l'exercici de la potestat és atribuït al pare o a la mare o distribuït entre ells dos, aquell que el tingui atribuït ha d'informar l'altre immediatament que tingui lloc algun fet rellevant en la cura del fill o filla i del seu patrimoni i, amb caràcter general, almenys cada tres mesos.

Article 141.

Pare i mare menors

1. El pare o la mare menors exerceixen la potestat sense necessitat de cap assistència en els casos següents :

a) Si estan casats amb una persona major d'edat, respecte als fills comuns.

b) Si estan emancipats i, en el cas que ho estiguin per haver contret matrimoni, si tenen almenys setze anys o estan casats amb una persona que gaudeixi de plena capacitat.

2. En els casos no determinats i en els exclosos per l'apartat 1, el pare o la mare menors necessiten, per a exercir la potestat, l'assistència del pare i de la mare respectius o d'aquell dels dos que tingui l'exercici de la potestat o, si aquests hi manquen, del tutor o curador.

3. En els casos de desacord entre les persones que han de donar l'assistència o entre aquestes i el menor titular de la potestat, i també en el cas d'impossibilitat de prestació de l'assistència, es requereix autorització judicial. Aquesta autorització pot ésser substituïda per l'acord dels dos parents del menor indicats per l'article 138.2, amb els requisits que s'hi estableixen.

Article 142.

Consentiments generals

A fi de facilitar l'exercici de la potestat en els casos determinats per l'article 140, el pare i la mare poden conferir-se consentiments de caràcter general o especial en escriptura pública, revocables en tot moment també mitjançant notificació notarial, llevat que la llei o una resolució judicial ferma ho disposin altrament. Per a la validesa d'aquest consentiment, es requereix que tant la seva concessió com l'acceptació del cònjuge en qui es delega constin de manera fefaent.

Capítol III.

El contingut de la potestat

Article 143.

Deures del pare i de la mare

1. En virtut de la potestat, el pare i la mare han de tenir cura dels fills i tenen en relació amb ells els deures de convivència, d'aliments en el sentit més ampli, d'educació i de formació integral.

2. El pare i la mare, amb motiu suficient, poden decidir que els fills resideixin en un lloc diferent del domicili familiar.

3. El pare i la mare poden corregir els fills en potestat d'una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte per llur dignitat i sense imposar-los mai sancions humiliants ni que atemptin contra llurs drets. A aquest objecte, poden sol.licitar excepcionalment l'assistència i la intervenció dels poders públics.

Article 144.

Deures del fill o filla

Els fills, mentre estan sota la potestat del pare i de la mare, han d'obeir-los, llevat que intentin imposar-los conductes indignes o delictives, i tots s'han de respectar mútuament.

Article 145.

Administració dels béns

1. El pare i la mare que exerceixen la potestat han d'administrar els béns dels fills amb la diligència exigible a un bon administrador, segons la naturalesa i les característiques dels béns.

2. Pertanyen als fills els fruits i els rendiments dels seus béns i drets, i també els pertanyen els guanys de la seva pròpia activitat i els béns o els drets que en puguin derivar.

Article 146.

Contribució a les despeses familiars

1. Els fills tenen el deure de contribuir equitativament a les despeses familiars, mentre convisquin amb la família, amb els ingressos que obtinguin de la seva activitat, amb el rendiment dels seus béns i drets i amb el seu treball en interès de la família. Per tant, el pare i la mare poden destinar els fruits dels béns i els drets que administren al manteniment de les despeses familiars en la part que equitativament correspongui.

2. Si hi ha béns i drets dels fills no administrats pel pare i la mare, la persona que els administra ha de lliurar a aquells, o a aquell dels dos que tingui l'exercici de la potestat, en la part que correspongui, els fruits i els rendiments dels béns i els drets afectats. Se n'exceptuen els fruits procedents de béns i drets atribuïts especialment a l'educació o la formació del fill o filla, que només s'han de lliurar en la part sobrera o, si el pare i la mare no disposen d'altres mitjans, en la part que, segons l'equitat, l'autoritat judicial determini.

Article 147.

Exercici de l'administració

1. En l'exercici de l'administració dels béns i els drets dels fills, el pare i la mare estan dispensats de fer inventari i són responsables dels danys i els perjudicis produïts en els interessos administrats per dol o culpa pròpia.

2. El pare i la mare no tenen dret a remuneració per raó de l'administració, però sí a ésser rescabalats amb càrrec al patrimoni administrat, si el rescabalament no es pot obtenir d'altra manera, per les despeses suportades i els danys i perjudicis que els hagi causat aquella, si no són imputables a dol o culpa pròpia.

Article 148.

Fi de l'administració

1. Al final de l'administració, el pare i la mare han de restituir el patrimoni administrat. Les despeses de restitució són a càrrec d'aquests.

2. El pare i la mare estan obligats a retre comptes al final de llur administració si el fill o filla i, si és el cas, el seu representant legal ho reclamen. En aquest cas, la rendició de comptes s'ha de fer en el termini de sis mesos, comptadors des de la data de la reclamació, termini que pot ésser prorrogat per l'autoritat judicial, amb justa causa, per un altre període de tres mesos com a màxim.

3. L'acció per a exigir el compliment de l'obligació a què fa referència l'apartat 2 prescriu al cap de dos anys.

Article 149.

Béns exceptuats de l'administració

A més del cas d'administració judicial determinat per l'article 134.1, s'exceptuen de l'administració del pare i la mare els béns i els drets següents:

a) Els adquirits pel fill o filla per donació, herència o llegat quan el donant o causant ho hagi ordenat així de manera expressa, en el qual cas s'ha de complir estrictament la voluntat expressada sobre l'administració d'aquests béns i sobre la destinació de llurs fruits.

b) Els adquirits per títol successori, si el pare, la mare o tots dos han estat desheretats justament o n'han estat exclosos per causa d'indignitat.

c) Els adquirits pel fill o filla de més de setze anys amb la seva activitat que generi benefici, en relació amb els quals ha d'actuar com si fos emancipat.

Article 150.

Administració especial

1. Els béns i els drets assenyalats per les lletres a i b de l'article 149 han d'ésser objecte d'una administració especial a càrrec de la persona designada pel donant o causant. Si no hi ha designació, han d'ésser administrats pel pare o la mare que no hagi estat exclòs, si és el cas, o, en darrer terme, per una persona designada per l'autoritat judicial a aquest efecte.

2. Els béns i els drets assenyalats per la lletra c de l'article 149 han d'ésser administrats pel fill o filla, que necessita l'assistència del pare i la mare en els supòsits determinats per l'article 159.

Article 151.

Autorització judicial

1. El pare i la mare o, si és el cas, l'administrador especial, en relació amb els béns o els drets dels fills, necessiten autorització judicial per a:

a) Alienar béns immobles, gravar-los o subrogar-se en un gravamen preexistent si no comporten l'adquisició simultània de l'immoble gravat per un preu en la fixació del qual es tingui en compte l'existència del gravamen, alienar o gravar embarcacions i aeronaus inscriptibles, establiments mercantils o industrials o elements essencials d'aquests; drets de propietat intel.lectual i industrial, patents o marques, béns mobles de valor extraordinari i objectes d'art o preciosos, i també alienar o renunciar drets reals sobre els béns esmentats, amb l'excepció de les redempcions de censos.

b) Alienar o gravar valors, accions o participacions socials. No cal l'autorització, però, per a alienar, almenys pel preu de cotització, les accions cotitzades en borsa ni per a alienar els drets de subscripció preferent.

c) Renunciar crèdits.

d) Renunciar donacions, herències o llegats; acceptar llegats i donacions modals o oneroses, i acceptar herències sense benefici d'inventari.

e) Donar diners i prendre'ls amb interès o altres obligacions accessòries.

f) Atorgar arrendaments sobre béns immobles per un termini superior a quinze anys.

g) Avalar o prestar fiança o constituir drets de garantia d'obligacions alienes.

h) Constituir o adquirir la condició de soci o sòcia en societats que no limitin la responsabilitat de les persones que en formin part.

i) Transigir en qüestions relacionades amb els béns o els drets indicats en aquest apartat o sotmetre aquestes qüestions a arbitratge.

2. L'autorització judicial es concedeix en interès dels fills en cas d'utilitat o necessitat justificades degudament i amb l'audiència prèvia del ministeri fiscal.

3. L'autorització judicial es pot donar per a una pluralitat d'actes de la mateixa naturalesa o referents al mateix negoci o societat, encara que siguin futurs, quan sigui convenient per als interessos dels fills, ateses les característiques d'aquests actes, els quals cal especificar amb les circumstàncies fonamentals. En cap cas aquesta autorització no pot ésser genèrica.

Article 152.

Denegació de la renúncia d'adquisicions gratuïtes

La denegació de l'autorització judicial per a les renúncies de la lletra d de l'article 151 comporta l'acceptació de la transmissió. Si es tracta d'una herència, s'entén sempre acceptada a benefici d'inventari.

Article 153.

Autoritzacions alternatives

1. No cal autorització judicial en relació amb els béns i els drets adquirits per donació o a títol successori si el donant o el causant l'han exclosa expressament.

2. L'autorització judicial pot ésser substituïda pel consentiment de l'acte, manifestat en escriptura pública:

a) Del fill o la filla, si té almenys setze anys.

b) Dels dos parents més pròxims del fill o filla, en la forma establerta per l'article 138.2.

Article 154.

Manca d'autorització

Els actes determinats per l'article 151.1 són anul.lables si s'han fet sense l'autorització judicial o sense els requisits exigits per l'article 153. L'acció per a impugnar-los caduca als quatre anys d'haver accedit els fills a la majoritat.

Article 155.

Representació legal

1. El pare i la mare titulars de la potestat sobre els fills menors no emancipats són els representants legals d'aquests.

2. S'exceptuen de la representació legal atribuïda al pare i a la mare:

a) Els actes relatius als drets de la personalitat, llevat que les lleis que els regulin ho disposin altrament.

b) Els actes que, de conformitat amb les lleis i segons l'edat i la capacitat natural, pugui fer el fill o filla per si mateix.

c) Els actes en els quals hi hagi un conflicte d'interessos entre el pare o la mare o el dels dos que exerceixi la potestat i els fills.

d) Els actes relatius als béns exclosos de l'administració del pare o de la mare.

Article 156.

Prestació personal

Per a qualsevol acte que impliqui alguna prestació personal dels fills, es requereix el seu consentiment si tenen dotze anys o més, o si, tenint-ne menys de dotze, tenen prou coneixement.

Article 157.

Contraposició d'interessos

Si en algun assumpte hi ha contraposició d'interessos entre els fills i el pare o la mare, quan la potestat és exercida per ambdós, el fill o filla és representat per aquell del pare o la mare amb el qual no tingui contraposició d'interessos. Quan la contraposició és amb el pare i la mare conjuntament o amb el que exerceix la potestat, s'ha de nomenar el defensor judicial que estableix el títol VII.

Capítol IV.

L'extinció de la potestat i els efectes de l'emancipació

Article 158.

Causes d'extinció

Sens perjudici del que estableix l'article 136, la potestat del pare i de la mare s'extingeix per:

a) La mort o la declaració de mort del pare i de la mare o del fill o filla.

b) L'adopció del fill o filla, llevat que ho siguin del cònjuge o de la persona de sexe diferent amb qui l'adoptant conviu maritalment de forma estable.

c) L'emancipació o la majoritat dels fills.

d) La declaració d'absència del pare, de la mare o dels fills.

Article 159.

Actuació del fill o filla emancipat

1. Els fills emancipats poden actuar, en relació amb la seva persona i els seus béns i drets, com si fossin majors d'edat, però necessiten que el pare i la mare o, si tots dos manquen o estan impedits per a exercir l'assistència que la llei determina, el curador o, si és casat amb una persona major d'edat, el cònjuge, complementin la seva capacitat en els actes següents:

a) Els actes determinats per l'article 150.2.

b) L'acceptació del càrrec d'administrador en qualsevol mena de societats.

c) Els actes que excedeixin l'administració ordinària pel que fa als béns adquirits pel fill o filla de més de setze anys amb la seva activitat que generi benefici.

2. La complementació de capacitat no es pot concedir de manera general, però es pot donar per a una pluralitat d'actes de la mateixa naturalesa o els referits al mateix negoci, activitat o societat, encara que siguin futurs, quan sigui convenient ateses les característiques dels dits actes, les circumstàncies fonamentals dels quals, però, cal especificar.

3. En els casos de desacord o d'impossibilitat, la complementació de capacitat ha d'ésser substituïda per l'autoritat judicial o per acord de les persones indicades per l'article 138.2, amb els requisits que aquest exigeix.

Capítol V.

La pròrroga i la rehabilitació de la potestat

Article 160.

Pròrroga

La declaració judicial d'incapacitat dels fills menors no emancipats comporta la pròrroga de la potestat del pare i de la mare quan arriben a la majoria d'edat, en els termes que resultin d'aquella declaració.

Article 161.

Rehabilitació

La declaració judicial d'incapacitat dels fills majors d'edat o emancipats, si no hi ha designació de tutor per ells mateixos, d'acord amb el que estableix l'article 172, o bé si no correspon la constitució de la tutela a favor del cònjuge o de la persona de sexe diferent amb qui conviu en relació estable de parella, o dels descendents i viuen encara el pare o la mare que eren els titulars de la potestat, comporta la rehabilitació d'aquesta potestat, que s'ha d'exercir, d'acord amb les excepcions que pugui establir la resolució judicial, com si es tractés d'un menor.

Article 162.

Constitució de la tutela o de la curatela

L'autoritat judicial, no obstant el que disposen els articles 160 i 161, atesa l'edat i la situació personal i social del pare i de la mare, el grau de deficiència del fill o filla incapaç i les seves relacions personals, pot no acordar la pròrroga o la rehabilitació de la potestat i ordenar la constitució de la tutela o de la curatela.

Article 163.

Extinció

1. La potestat prorrogada o rehabilitada del pare i la mare s'extingeix per:

a) Les causes establertes per les lletres a, b i d de l'article 158.

b) La declaració judicial de cessació de la incapacitat del fill o filla.

c) La constitució posterior de la tutela a favor del cònjuge o de la persona de sexe diferent amb qui es conviu en relació estable de parella o dels descendents.

d) El matrimoni de l'incapaç amb persona major d'edat capaç.

e) La sol.licitud dels qui exerceixin la potestat prorrogada, aprovada judicialment, si la situació personal i social d'aquests i el grau de deficiència del fill o filla incapaç impedeixen l'adequat compliment de la seva funció.

2. Si en cessar la potestat prorrogada o rehabilitada subsisteix la incapacitació, s'ha de constituir la tutela o la curatela.

Capítol VI.

El desemparament

Article 164.

Desemparament i assumpció de funcions tutelars

1. La resolució de desemparament de la persona menor que es troba en una situació de fet en la qual li manquen els elements bàsics per al desenvolupament integral de la seva personalitat comporta l'assumpció automàtica per l'entitat pública de les funcions tutelars sobre el menor, mentre no sigui reintegrat a qui en tingui la potestat o la tutela, no es procedeixi a la constitució d'una tutela per les regles ordinàries o el menor no sigui adoptat, no s'emancipi o no arribi a la majoria d'edat.

2. L'assumpció de les funcions tutelars implica la suspensió de la potestat o de la tutela ordinària durant el temps d'aplicació de la mesura.

Article 165.

La guarda

Si el desemparament es deu a força major de caràcter transitori, l'entitat pública exerceix només la guarda mentre es mantingui la situació.

Article 166.

Mesures de protecció

L'entitat pública ha de prendre les mesures necessàries per a assolir la protecció efectiva dels menors desemparats, d'acord amb els principis i el procediment establerts per la legislació sobre protecció de menors, amb aplicació de les normes del títol VII en allò que no s'oposi al règim propi de l'entitat pública.

TÍTOL VII.

La tutela i les altres institucions tutelars

Capítol I.

Disposicions generals

Article 167.

Titulars de la funció

1. La tutela i, en general, les funcions tutelars s'exerceixen sempre en interès i d'acord amb la personalitat dels tutelats i han d'assegurar la protecció de la persona tutelada, l'administració i la guarda dels seus béns i, en general, l'exercici dels seus drets.

2. La guarda i la protecció de la persona i els béns o només de la persona o dels béns dels menors d'edat i dels que necessiten un complement de la seva capacitat, que no estiguin sotmesos a la potestat del pare i la mare, titulars naturals d'aquesta, correspon, segons els casos:

a) A qui exerceix la tutela.

b) A l'administrador o administradora patrimonial.

c) A la persona que exerceix la curatela.

d) Al defensor o defensora judicial.

Article 168.

Exercici de la funció

1. Les funcions tutelars s'exerceixen de forma gratuïta, llevat dels casos en què s'estableixi expressament una remuneració. Poden fixar-ne la quantia el pare i la mare i l'autoritat judicial, en el cas que el pare i la mare no ho hagin previst.

2. Els titulars de les funcions tutelars han d'informar directament de les seves actuacions la persona tutelada, si té prou coneixement, i sempre que tingui almenys dotze anys i es tracti de tutela de menor.

3. Les funcions tutelars constitueixen un deure. Només és admissible l'excusa de llur exercici en els casos determinats en aquest Codi.

Article 169.

Administració especial

1. Resten exclosos de l'actuació tutelar o, si és el cas, de l'administració patrimonial els béns adquirits per la persona tutelada per donació, herència o llegat, quan el donant o causant n'ha ordenat una administració especial i ha nomenat la persona que ha d'exercir-la.

2. El nomenament d'una persona per a l'administració especial no és eficaç mentre no s'hagi acceptat la donació, l'herència o el llegat.

3. Són aplicables als titulars de l'administració especial les normes relatives a la tutela quant a aptitud, excusa i remoció dels tutors, i també en allò que fa referència a l'administració i la disposició dels béns afectats i a la responsabilitat dels qui actuen d'administradors patrimonials, si en manquen d'altres d'establertes pel donant o causant.

Article 170.

Persones sotmeses a tutela

Estan sotmesos a tutela:

a) Els menors no emancipats que no estiguin en la potestat del pare i la mare o d'un d'ells.

b) Els incapacitats, quan la sentència judicial ho hagi establert i, en la mesura que així ho determini, si el pare i la mare o un d'ells no tenen la potestat prorrogada o rehabilitada.

Article 171.

Supòsits de la delació

1. La tutela es defereix per:

a) Testament o codicil.

b) Escriptura pública.

c) Resolució judicial.

2. La tutela dels menors desemparats es defereix en la forma establerta per les lleis i es regeix per les seves normes especials.

Capítol II.

La delació de la tutela

Secció primera.

La delació voluntària

Article 172.

Delacions fetes per un mateix

1. Qualsevol persona, en previsió d'ésser declarada incapaç, pot nomenar, en escriptura pública, les persones que vol que exerceixin algun o alguns dels càrrecs tutelars establerts per aquest Codi, i també designar-ne substituts o excloure'n determinades persones. En cas de pluralitat successiva de designacions, preval la posterior. També pot establir el funcionament, la remuneració i el contingut, en general, de la seva tutela, especialment pel que fa a la cura de la seva persona. Aquests nomenaments es poden fer tant de forma conjunta com successiva.

2. Els nomenaments i les exclusions poden ésser impugnats per les persones cridades per la llei per a exercir la tutela o pel ministeri fiscal, si en constituir-se la tutela s'ha produït una modificació sobrevinguda de les causes explicitades o que presumiblement hagin estat tingudes en compte en efectuar la designació o l'exclusió.

Article 173.

Tutela deferida del pare i de la mare

El pare i la mare que no estiguin privats de la potestat poden ordenar en escriptura pública, testament o codicil els nomenaments, les substitucions i les exclusions a què es refereix l'article 172 i en la forma que estableix per a cadascun dels seus fills menors, no emancipats i per als fills emancipats o majors d'edat incapacitats, si en tenen la potestat prorrogada o rehabilitada.

Article 174.

Substituts

En els casos de delació tipificats pels articles 172 i 173, hom pot designar substituts per als càrrecs tutelars, d'administració i per a la curatela. Si les persones substitutes designades són més d'una, i no s'especifica l'ordre de substitució, és preferida la persona substituta designada en el document posterior o, si el document conté més d'una designació, la persona designada en primer lloc.

Article 175.

Concurrència de nomenaments o d'exclusions

En cas de concurrència de nomenaments o d'exclusions fets pel pare i per la mare, és preferida la voluntat de qui ha exercit darrerament la potestat, sens perjudici, si és el cas, de l'eficàcia del nomenament fet per l'altre del titular de l'administració especial dels béns que ell mateix hagi disposat per donació, herència o llegat a favor del menor o incapaç.

Article 176.

Mesures de control

Tant la persona interessada com el pare i la mare del menor o incapaç poden establir les mesures de control de l'actuació tutelar i, si és el cas, de l'administració patrimonial que es creguin convenients, sens perjudici de les que puguin establir-se judicialment.

Article 177.

Remuneració

1. En el document de la seva designació, hom pot fixar al titular de la tutela i, si és el cas, al de l'administració patrimonial la remuneració que es cregui convenient, sempre que el patrimoni de la persona tutelada ho permeti, sens perjudici del dret d'aquests a reemborsar-se de les despeses que els origini l'exercici del càrrec.

2. Per decisió judicial o per acord del consell de tutela, si n'hi ha, es pot modificar la remuneració establerta, si aquesta resulta excessiva o insuficient, ateses les circumstàncies de la tutela.

Secció segona.

La tutela dativa

Article 178.

Delació

Si no hi ha tutor o tutora nomenat per la mateixa persona interessada o pel pare i la mare, o si la persona designada és incapaç per a exercir el càrrec, s'excusa o n'és remoguda, correspon a l'autoritat judicial aquesta designació. També li correspon, en els mateixos supòsits, la del titular de l'administració patrimonial, si ho estima convenient.

Article 179.

Ordre de la delació

1. Per a l'exercici de la tutela o, si és el cas, per a l'administració patrimonial, s'ha de preferir:

a) En la tutela d'incapaç, el seu cònjuge o la persona de sexe diferent amb qui es conviu en relació estable de parella, en ambdós casos, si la persona designada conviu amb l'incapaç.

b) Els descendents de l'incapacitat si són majors d'edat o, altrament els ascendents, i, en aquest cas, si són el pare i la mare, comporta la pròrroga o la rehabilitació de la potestat dels dos o de qualsevol d'ells.

c) El cònjuge del pare o de la mare del menor o incapacitat o la persona que, en morir un o altre, es trobi respecte a aquest en el supòsit de persona de sexe diferent amb qui es conviu en relació estable de parella; en ambdós casos, si la persona designada ha conviscut amb el menor o incapacitat durant els últims tres anys.

d) Els germans del menor o incapacitat.

2. No obstant això, si ho estima més convenient per als interessos del menor o incapacitat, l'autoritat judicial, en resolució motivada, pot alterar l'ordre establert o elegir una altra persona, tenint en compte aquelles que es presentin voluntàriament per a assumir els càrrecs indicats, si poden beneficiar el menor.

Article 180.

Tutela de germans

Quan s'hagi de proveir judicialment la tutela de diversos germans, s'ha de procurar que el nomenament recaigui en una mateixa persona, a fi de facilitar-ne la convivència.

Article 181.

Mesures de control

1. En constituir la tutela, l'autoritat judicial pot establir, en benefici de la persona tutelada, les mesures de vigilància i control de la tutela i, si és el cas, de l'administració patrimonial que cregui convenients.

2. L'autoritat judicial també pot, si ho considera convenient, separar la tutela de la persona de l'administració dels béns i fixar l'àmbit de competència exclusiva de cada un d'aquests càrrecs.

Article 182.

Remuneració

L'autoritat judicial pot fixar una remuneració al titular de la tutela i, si és el cas, al de l'administració patrimonial, en les circumstàncies indicades en l'article 177.

Capítol III.

Desenvolupament de la tutela

Secció primera.

Constitució de la tutela

Article 183.

Persones obligades a promoure la constitució

1. Les persones indicades en l'article 179 i les persones i, si és el cas, les institucions que tinguin sota llur guarda el menor o incapacitat estan obligades a promoure la constitució de la tutela; altrament, responen dels danys i perjudicis que causin al menor o incapacitat si no la promouen.

2. El ministeri fiscal també ha de demanar la constitució de la tutela, o disposar-la d'ofici l'autoritat judicial, si s'assabenten que, en l'àmbit de la seva jurisdicció, hi ha alguna persona que ha d'ésser sotmesa a tutela.

3. Qualsevol persona que conegui aquesta circumstància ha de posar-la en coneixement del jutjat o del ministeri fiscal.

Article 184.

Constitució

1. En tot cas, la tutela es constitueix per l'autoritat judicial, amb audiència prèvia del menor o incapacitat, si té prou coneixement i sempre si té almenys dotze anys i es tracta de tutela de menor, de les persones obligades a promoure la constitució de la tutela i de les altres que cregui convenient.

2. Abans de constituir la tutela i si no consten en el procediment, l'autoritat judicial ha de sol.licitar certificats al Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris i al Registre General d'Actes d'Última Voluntat, acreditatius de l'atorgament o no de les escriptures o els testaments a què fan referència els articles 172 i 173. Si la certificació és positiva, n'ha de demanar la còpia corresponent.

3. Un cop efectuat el nomenament, l'autoritat judicial dóna possessió del càrrec a la persona que hagi d'exercir la tutela i, si és el cas, a la persona que hagi de portar l'administració patrimonial.

Article 185.

Aptitud

1. Poden ésser tutors o administradors patrimonials les persones físiques que estiguin en ple exercici de llurs drets civils i no incorrin en alguna de les causes assenyalades per l'article 186. També poden ésser-ho les persones jurídiques que no tinguin afany de lucre i es dediquin a la protecció dels menors i dels incapacitats i que reuneixin els requisits establerts per la normativa vigent.

2. Les persones jurídiques han de notificar a l'òrgan d'assessorament i supervisió de l'Administració de la Generalitat el nomenament i el cessament com a tutors en el termini de quinze dies des que han tingut lloc.

3. En el cas d'exercici de la tutela per persona jurídica, s'entén que l'execució material correspon a l'òrgan que en tingui la representació o, si aquest és col.legiat, a qui en tingui la presidència, llevat que s'hagi designat especialment algun dels seus membres. Aquesta designació s'ha de formalitzar en escriptura pública, que s'ha d'inscriure en el Registre Civil on estigui inscrita la tutela.

Article 186.

Incapacitat

1. No poden ésser tutors ni administradors patrimonials les persones que:

a) No estiguin en ple exercici de llurs drets civils.

b) Per resolució judicial, estiguin o hagin estat privades o suspeses de l'exercici de la potestat o d'una tutela o privades totalment o parcialment de la guarda i l'educació.

c) Hagin estat remogudes d'una tutela.

d) Estiguin complint una pena privativa de llibertat.

e) Hagin fet fallida o no estiguin rehabilitades d'un concurs de creditors,

llevat que la tutela no inclogui l'administració dels béns.

f) Hagin estat condemnades per qualsevol delicte que faci suposar fonamentadament que no desenvoluparan la tutela de manera correcta.

g) Per llur conducta puguin perjudicar la formació del menor o la cura de l'incapacitat.

h) Estiguin en situació d'impossibilitat de fet per a exercir el càrrec.

i) Tinguin enemistat manifesta amb la persona tutelada, tinguin o hagin tingut amb ella plets o importants conflictes d'interessos o en siguin deutors per qualsevol concepte.

j) No disposin de mitjans de vida coneguts.

2. No poden ésser tampoc tutors ni administradors patrimonials les persones jurídiques desqualificades o intervingudes per l'Administració, o si les persones a què es refereix l'apartat 3 de l'article 185 estan en alguna de les esmentades situacions d'incapacitat, descrites per l'apartat 1 d'aquest article.

3. Tampoc no poden ésser tutors ni administradors patrimonials les persones físiques o jurídiques que mantinguin una relació laboral d'assalariat o contractat o de naturalesa anàloga amb l'incapacitat. En cas de persones jurídiques, aquesta incompatibilitat és aplicable quan qualsevol dels membres que integrin l'òrgan de representació o d'administració mantingui, directament o indirectament, una relació d'aquell tipus amb l'incapacitat.

Article 187.

Excuses

1. Es poden al.legar com a excuses per a no exercir la tutela l'edat, la malaltia, la manca de relació amb el menor o incapaç, les derivades de les característiques peculiars de l'ocupació professional del designat o qualsevol altra que faci especialment feixuc o pugui afectar el bon exercici de la tutela.

2. Les persones jurídiques poden excusar-se si no disposen de mitjans suficients per al desenvolupament adequat de la tutela.

Article 188.

Al.legació i acceptació de l'excusa

1. L'excusa s'ha d'al.legar en la constitució de la tutela, en el termini de quinze dies comptadors de la notificació del nomenament, i quan l'excusa sobrevé posteriorment, amb la màxima diligència possible.

2. La persona que s'excusa després d'haver acceptat el càrrec està obligada a exercir la seva funció mentre l'excusa no li sigui acceptada judicialment.

3. Simultàniament a l'admissió de l'excusa, l'autoritat judicial ha de procedir al nomenament d'una altra persona per a exercir la tutela o, si és el cas, per a l'administració patrimonial.

4. L'acceptació de l'excusa comporta la pèrdua d'allò que s'hagi deixat en consideració al nomenament.

Article 189.

Caució

1. L'autoritat judicial, ateses les circumstàncies de la tutela, pot exigir caució a la persona designada per a exercir-la i, si és el cas, a la nomenada per a portar l'administració patrimonial, abans de donar-los possessió del càrrec. En qualsevol moment i per justa causa, pot deixar-la sense efecte o modificar-la totalment o parcialment.

2. La persona que exerceix la tutela o, si és el cas, qui porta l'administració patrimonial han de dipositar o tenir en lloc segur els valors, les joies, les obres d'art i d'altres objectes preciosos que formin part del patrimoni del menor o incapacitat, i posar el fet en coneixement del jutjat.

Article 190.

Inventari

1. El titular de la tutela i, si n'hi ha, l'administrador o administradora patrimonial han de fer inventari del patrimoni de la persona tutelada, dins el termini de seixanta dies comptadors de la presa de possessió del càrrec. L'autoritat judicial pot prorrogar aquest termini per causa justa, fins a un màxim de seixanta dies més.

2. Han d'ésser convocats a la formalització de l'inventari el tutelat o tutelada si té prou coneixement i, en tot cas, si té dotze anys o més i es tracta de tutela del menor i, si hi ha consell de tutela, qui en tingui la presidència i el ministeri fiscal.

Article 191.

Contingut de l'inventari

1. L'inventari ha de descriure amb detall l'actiu i el passiu que integren el patrimoni objecte de la tutela, incloent-hi, si és el cas, els conceptes l'administració dels quals hagi estat encomanada a un administrador especial, que està obligat a facilitar-ne les dades consegüents. Si la tutela comprèn alguna empresa mercantil, l'inventari ha de descriure, ultra els béns i els drets que integren l'actiu, i també el passiu, els elements que n'integrin la comptabilitat.

2. El titular de la tutela i, si és el cas, l'administrador o administradora patrimonial que no incloguin en l'inventari els crèdits que la persona tutelada tingui contra ells han d'ésser remoguts del càrrec. Si l'omissió es refereix a un crèdit a favor d'aquells, s'entén que el crèdit ha estat renunciat.

Article 192.

Forma de l'inventari

1. L'inventari s'ha de formalitzar judicialment o notarialment, i, en aquest únic cas, el titular de la tutela o de l'administració patrimonial n'ha de dipositar una còpia en el jutjat que ha constituït la tutela.

2. Si hi ha consell de tutela, el tutor o tutora ha de lliurar còpia de l'inventari a qui en tingui la presidència, i també a la persona tutelada, si té més de dotze anys o en té menys però té prou coneixement.

Article 193.

Mesures posteriors de control

Si no hi ha consell de tutela, l'autoritat judicial, d'ofici o a instància del ministeri fiscal, de la persona tutelada, del titular de la tutela i, si és el cas, de qui en tingui al seu càrrec l'administració patrimonial pot disposar, en qualsevol moment de la tutela, les mesures que estimi necessàries per al control del seu bon funcionament, especialment en allò que faci referència a la gestió patrimonial.

Article 194.

Despeses

Les despeses originades per la realització de l'inventari, la prestació de caució i les mesures de control establertes pels articles 176 i 193 són a càrrec del patrimoni del tutelat o tutelada.

Secció segona.

Remoció

Article 195.

Causes de remoció

1. El titular de les funcions tutelars i, si és el cas, de l'administració patrimonial han d'ésser remoguts del càrrec, d'ofici o a sol.licitud del ministeri fiscal, de la persona tutelada, del consell de tutela, del tutor o tutora o de l'administrador o administradora, aquests darrers, l'un en relació amb l'altre, per causa sobrevinguda d'inhabilitació, per incompliment dels deures inherents al càrrec o per ineptitud o negligència en l'exercici d'aquest. El tutor o tutora també pot ésser remogut si es produeixen problemes de convivència greus i continuats amb la persona tutelada.

2. Abans de resoldre sobre la remoció, l'autoritat judicial ha d'escoltar la persona afectada, les que poden instar la remoció i el tutelat o tutelada, si té prou coneixement i, en tot cas, si té almenys dotze anys i es tracta de tutela de menor.

Article 196.

Resolució de la remoció

1. La resolució que ordena la remoció ha de contenir el nomenament de la persona que ha d'ocupar el càrrec de la que hagi estat remoguda. Mentre no recaigui aquesta resolució, s'ha de designar judicialment un curador o curadora, que cessa en produir-se l'esmentada resolució.

2. Ateses les circumstàncies del cas, l'autoritat judicial pot acordar que el remogut de la tutela o de l'administració patrimonial perdi, totalment o parcialment, allò que hom li hagi deixat en consideració al nomenament.

Secció tercera.

Exercici de la tutela

Article 197.

Caràcter personalíssim

L'exercici de les funcions tutelars s'exerceixen per la persona titular de la tutela o, si és el cas, per la que ho sigui de l'administració patrimonial, de forma personalíssima. Aquesta darrera només pot atorgar poders especials per a un acte o un contracte en concret.

Article 198.

Nombre de titulars

Sens perjudici del nomenament, si és el cas, d'un administrador o administradora patrimonial, la tutela és exercida per una sola persona, llevat dels casos següents:

a) Quan la mateixa persona interessada o el pare i la mare hagin designat dues persones per a l'exercici del càrrec.

b) Quan la tutela correspongui a una persona casada o que estigui en el supòsit de relació estable de parella amb persona de sexe diferent amb qui es conviu, i es cregui convenient que el cònjuge o la parella també l'exerceixin.

Article 199.

Tutela compartida

En els casos en què hi hagi dos tutors, la tutela s'exerceix en la forma que s'estableixi en constituir-la. Si no hi ha especificació, ambdós han d'actuar conjuntament. Malgrat tot, qualsevol d'ells pot realitzar els actes que, d'acord amb les circumstàncies, pot considerar-se normal que siguin exercits per un de sol, i també els actes de necessitat urgent.

Article 200.

Administració patrimonial

Si hi ha un administrador o administradora patrimonial, la persona titular de la tutela només ha d'ocupar-se d'exercir-la respecte al contingut personal, i correspon al titular de l'administració el contingut patrimonial. Les decisions que concerneixin ambdós continguts s'han de prendre conjuntament.

Article 201.

Desacords

Els desacords entre els tutors amb facultats atribuïdes conjuntament o entre el tutor i la persona responsable de l'administració patrimonial, quan hagin d'actuar també conjuntament, són resolts judicialment o, pel consell de tutela, si escau, sense recurs ulterior en ambdós casos, amb audiència prèvia dels afectats i de la persona tutelada, si té prou coneixement o si té almenys dotze anys i es tracta de tutela de menor.

Article 202.

Oposició d'interessos

En el cas d'oposició d'interessos amb el tutelat o tutelada, si hi ha dos tutors o tutor o tutora i administrador o administradora patrimonial, la persona afectada és substituïda per l'altra. Si només hi ha un tutor o tutora o si l'oposició d'interessos també hi és en relació amb la persona substituta, el jutge o jutgessa nomena un defensor o defensora judicial. Si hi ha consell de tutela, correspon a aquest de nomenar la persona substituta.

Article 203.

Cessament d'un tutor o tutora

1. En el cas que hi hagi dos tutors, encara que l'exercici no sigui conjunt, o que hi hagi un tutor o tutora i un administrador o administradora patrimonial, si per qualsevol causa cessa un d'ells, la tutela o l'administració és continuada per l'altre. Aquest ha de posar la circumstància en coneixement del jutge o jutgessa, a fi que designi el corresponent substitut.

2. També estan obligades a posar el fet en coneixement del jutge o jutgessa les persones obligades a demanar la constitució de la tutela, i també, si hi ha consell de tutela, la persona que en tingui la presidència. També pot fer-ho el tutelat o tutelada.

Article 204.

Comptes anuals

1. Si no hi ha consell de tutela, el tutor o tutora i, si és el cas, l'administrador o administradora patrimonial han de dipositar anualment els comptes de la tutela dins els sis primers mesos de l'exercici següent. Malgrat tot, si el patrimoni de la persona tutelada és d'entitat reduïda, l'autoritat judicial, després de la primera rendició de comptes anuals, pot disposar, amb l'audiència prèvia del tutelat o tutelada, si té prou coneixement o sempre si almenys té dotze anys i es tracta de tutela de menor, que les successives es duguin a terme per períodes més llargs, que no ultrapassin els tres anys.

2. El dipòsit a què fa referència l'apartat 1 s'ha de fer davant el jutge o jutgessa encarregat del Registre Civil on consta inscrita la tutela.

3. Si hi ha consell de tutela, els comptes es reten al consell, en la forma establerta per l'article 231.1.

Article 205.

Contingut dels comptes anuals

La rendició anual de comptes ha de consistir en un estat detallat d'ingressos i despeses, un inventari de l'actiu i el passiu del patrimoni a la fi de l'exercici i el detall dels canvis en relació amb l'inventari de l'any anterior, acompanyat dels justificants corresponents.

Article 206.

Responsabilitat

1. El tutor o tutora i, si és el cas, l'administrador o administradora patrimonial han d'exercir les funcions respectives amb la diligència d'un bon administrador o administradora. Ambdós són responsables de la seva respectiva actuació davant la persona tutelada, per acció o omissió.

2. L'acció per a reclamar aquesta responsabilitat prescriu als tres anys comptadors des de la rendició final de comptes.

Capítol IV.

Contingut de la tutela

Secció primera.

Disposicions generals

Article 207.

Cura de la persona tutelada

1. El tutor o tutora ha de tenir cura del tutelat o tutelada i li ha de procurar aliments, si els recursos del patrimoni d'aquest no són suficients, i també donar-li una educació integral i, si escau, fer tot el que calgui per a la recuperació de la seva capacitat i per a la seva millor reinserció en la societat.

2. L'administrador o administradora patrimonial, si n'hi ha, ha de facilitar al tutor o tutora els recursos corresponents, a fi que pugui complir adequadament les seves obligacions. En cas de desacord sobre aquesta qüestió, resol l'autoritat judicial.

3. El tutor o tutora exerceix qualsevol altra facultat que li hagi estat conferida en virtut de la sentència judicial d'incapacitació.

Article 208.

Domicili de la persona tutelada

El domicili del tutelat o tutelada és el de la persona titular de la tutela o, si n'hi ha més d'una i tenen domicilis diferents, el d'aquella persona amb qui convisqui, llevat que en la constitució de la tutela o per resolució judicial posterior s'hagi disposat altrament.

Article 209.

Representació de la persona tutelada

1. El tutor o tutora i, si és el cas, l'administrador o administradora patrimonial, en l'àmbit de les respectives competències, són els representants legals del tutelat o tutelada.

2. S'exclouen de la representació a què fa referència l'apartat 1 els actes següents:

a) Els relatius als drets de la personalitat, llevat que les lleis que els regulen ho disposin altrament.

b) Els que, de conformitat amb les lleis i les condicions de la persona tutelada, pot fer ella mateixa.

c) Aquells en els quals hi ha un conflicte d'interessos amb el tutelat o tutelada.

d) Els relatius als béns exclosos de l'administració de la tutela o, si és el cas, de l'administració patrimonial, en particular, els que siguin objecte de l'administració especial definida per l'article 169.

e) Els relatius als béns que el menor que tingui setze o més anys hagi adquirit amb la seva feina o indústria. Per als actes que excedeixin l'administració ordinària, el menor necessita l'assistència del tutor o tutora.

Article 210.

Administració

1. El titular de la tutela i, si és el cas, el de l'administració patrimonial administren el patrimoni del tutelat o tutelada que tinguin sota la seva cura, amb la diligència fixada per l'article 205.

2. Els fruits dels béns administrats pel tutor o tutora o per l'administrador o administradora patrimonial, i també els béns que adquireixi amb la pròpia activitat o indústria, pertanyen al tutelat o tutelada.

Article 211.

Nomenament posterior d'administrador o administradora

Si, amb posterioritat a la constitució de la tutela, el patrimoni del tutelat o tutelada assoleix una importància considerable, o per una altra causa degudament raonada que ho faci necessari, el jutge o jutgessa, d'ofici o a sol.licitud del tutor o tutora, del consell de tutela, del ministeri fiscal o de la persona tutelada, pot nomenar un administrador o administradora patrimonial.

Article 212.

Autorització prèvia

1. El tutor o tutora o, si és el cas, l'administrador o administradora patrimonial necessiten autorització judicial o la del consell de tutela, si n'hi ha, per a:

a) Alienar béns immobles, gravar-los o subrogar-se en un gravamen preexistent sobre béns immobles que no comporti l'adquisició simultània de l'immoble gravat per un preu en la fixació del qual es tingui en compte l'existència del gravamen, alienar o gravar embarcacions i aeronaus inscriptibles, establiments mercantils o industrials o elements que en siguin essencials, drets de propietat intel.lectual i industrial i objectes d'art o preciosos, i també alienar o renunciar drets reals sobre els esmentats béns, amb excepció de les redempcions de censos.

b) Alienar o gravar accions o participacions socials. No cal l'autorització, però, per a alienar, almenys pel preu de cotització, les accions cotitzades en borsa ni per a alienar els drets de subscripció preferent.

c) Renunciar crèdits.

d) Acceptar herències sense benefici d'inventari i renunciar donacions, herències o llegats, acceptar llegats i donacions modals o oneroses. La denegació de l'autorització judicial per a les renúncies esmentades comporta l'acceptació de la transmissió. Si es tracta d'una herència, s'entén sempre acceptada a benefici d'inventari.

e) Atorgar arrendaments sobre béns immobles per a un termini superior a quinze anys.

f) Donar i prendre diner en préstec.

g) Cedir a terceres persones els crèdits que el tutelat o tutelada tingui contra elles o adquirir a títol onerós els crèdits de terceres persones contra el tutelat o tutelada.

h) Avalar o prestar fermança, o constituir drets de garantia d'obligacions alienes per un termini superior a deu anys.

i) Constituir o adquirir la condició de soci en societats que no limitin la responsabilitat dels seus socis, i també dissoldre, fusionar o escindir aquestes societats.

j) Transigir en qüestions relacionades amb els béns o els actes indicats en aquest apartat 1 o sotmetre-les a arbitratge.

k) Establir alguna obligació personal o laboral de la persona tutelada.

2. L'autorització es pot donar per a una pluralitat d'actes de la mateixa naturalesa, o referents al mateix negoci o societat, encara que siguin futurs, quan així sigui convenient ateses les seves característiques, especificant, però, les circumstàncies fonamentals en què ha de tenir lloc l'actuació del tutor o tutora o de l'administrador o administradora patrimonial. L'autorització es concedeix en interès de la persona tutelada, en cas d'utilitat i necessitat justificades degudament i amb audiència prèvia del ministeri fiscal. En cap cas aquesta autorització no pot ésser genèrica.

3. No cal autorització per als actes relatius als béns adquirits per donació, herència o llegat, si el donant o causant l'ha exclòs expressament.

Secció segona.

Tutela del menor

Article 213.

Convivència

El tutor o tutora ha de conviure amb el menor. Amb motiu suficient, però, el jutge o jutgessa pot autoritzar que aquest resideixi en un lloc diferent, amb l'audiència prèvia del menor si té dotze anys o més o, si en té menys de dotze, però té prou coneixement.

Article 214.

Relació personal

1. La persona que exerceix la tutela ha de tractar el menor amb la major consideració i, en aquest marc, el menor ha d'obeir-la, llevat que intenti imposar-li conductes indignes o delictives, i tots s'han de respectar mútuament.

2. En l'exercici de les funcions tutelars, el menor pot ésser corregit de manera proporcionada, raonable i moderada i amb el respecte degut a la seva dignitat, sense imposar-li sancions humiliants ni que atemptin contra els seus drets. Amb aquest objectiu, la persona titular de la tutela pot sol.licitar l'assistència i la intervenció dels poders públics.

3. L'autoritat judicial ha d'escoltar necessàriament el menor si té prou coneixement o dotze anys o més, abans de resoldre sobre l'aprovació d'un acte del tutor o tutora que impliqui qualsevol obligació personal o laboral per a aquell.

Article 215.

Educació

1. En l'exercici de les funcions tutelars, s'ha de proporcionar una formació integral al menor.

2. Cal l'autorització judicial per a internar el menor en un centre o en una institució d'educació especial.

3. En les decisions relatives a l'educació del menor, si aquest té almenys dotze anys i manifesta una opinió diversa, el tutor o tutora necessita també l'autorització judicial o la del consell de tutela, si n'hi ha.

Article 216.

Administració especial de la persona tutelada

1. El menor que té almenys setze anys administra els béns que adquireix amb la seva feina o amb la seva activitat, els quals, per tant, resten exclosos de l'administració tutelar o, si és el cas, de l'administració patrimonial.

2. En relació amb aquests béns i els que hi són subrogats, el menor resta equiparat a la persona que hagi obtingut el benefici de l'habilitació d'edat.

Article 217.

Habilitació d'edat

1. Si el menor ha complert setze anys i l'accepta, la persona que exerceix la tutela, sola o conjuntament amb el titular de l'administració patrimonial, si és el cas, i amb l'autorització prèvia judicial o del consell de tutela, si n'hi ha, pot concedir a aquell el benefici de l'habilitació d'edat, que s'ha de formalitzar en escriptura pública.

2. L'habilitat d'edat pot actuar en relació amb la seva persona i els seus béns igual que el menor emancipat, si bé el complement de capacitat establert per l'article 159 és prestat per la persona o les persones titulars de la tutela o de l'administració patrimonial. Si la tutela havia estat exercida per dos tutors, pot prestar l'indicat complement de capacitat qualsevol dels dos que actuïn, en tot cas, com a curadors.

Secció tercera.

Tutela de persones incapacitades

Article 218.

Cura de la persona incapacitada

El tutor o tutora ha de tenir cura de la persona incapacitada i, en especial, ha d'assegurar-ne el benestar moral i material, i ha de fer tot el que calgui per a aconseguir el major grau possible de recuperació de la seva capacitat, i també per a assolir-ne, en la mesura que sigui possible, la inserció en la societat.

Article 219.

Autorització prèvia

1. La persona titular de la tutela necessita autorització judicial per a:

a) Internar la persona incapacitada en un establiment adequat.

b) Aplicar a la persona incapacitada tractaments mèdics que fonamentalment puguin posar en greu perill la seva vida o la seva integritat física o psíquica.

2. Les mesures indicades per l'apartat 1 poden ésser preses sense autorització prèvia si el fet d'obtenir-les pot comportar un retard que impliqui un greu risc per a la persona tutelada, per a altres persones o per als béns. En aquest cas, s'ha de comunicar al jutjat que correspongui i al consell de tutela, si n'hi ha, la decisió adoptada, en el termini de vint-i-quatre hores, com a màxim.

Capítol V.

Extinció de la tutela

Article 220.

Extinció de la tutela

1. La tutela s'extingeix per:

a) La majoria d'edat o l'habilitació d'edat del tutelat o tutelada, llevat que amb anterioritat hagués estat incapacitat judicialment.

b) El matrimoni del tutelat o tutelada menor amb persona capacitada.

c) L'adopció de la persona tutelada.

d) La desaparició de la incapacitat, o la modificació de la sentència de declaració d'incapacitat, de manera que doni lloc a la substitució de la tutela per la curatela, o si es dicta resolució judicial d'extinció de la incapacitat.

e) La mort o la declaració d'absència o de defunció de la persona tutelada.

2. En cas d'extinció de la tutela, la persona tutelada, la que exerceix la tutela o la que porta l'administració patrimonial, si és el cas i, si hi ha consell de tutela, la persona que en tingui la presidència han de comunicar la circumstància al jutjat on fou constituïda la tutela. Pot fer-ho igualment qualsevol altra persona interessada.

Article 221.

Rendició final de comptes

1. En acabar la tutela, la persona titular de la tutela i, si és el cas, ella i l'administrador o administradora patrimonial han de retre comptes finals de la tutela a l'autoritat judicial en el termini de sis mesos comptadors des de l'extinció d'aquella, prorrogables judicialment, per justa causa, per un altre període de tres mesos com a màxim. L'obligació es transmet als hereus, si la persona obligada mor abans de la rendició de comptes, però, en aquest cas, el termini s'interromp entre la defunció i l'acceptació de l'herència.

2. La rendició de comptes pot ésser requerida per la persona tutelada o, si és el cas, pel seu representant legal o els seus hereus, i també per qui tingui la presidència del consell de tutela, si és el cas. L'acció de reclamació prescriu als tres anys de l'extinció del termini establert per a la rendició. Si escau, el còmput de la prescripció de l'acció no s'inicia fins el moment que hagi cessat la convivència entre la persona tutelada i el tutor o tutora.

3. Les despeses necessàries de la rendició de comptes són a càrrec de la tutela.

Article 222.

Rendició de comptes per cessament

1. En el cas que, abans de l'extinció de la tutela, es produeixi el cessament de la persona que exerceix el càrrec de tutor o, si és el cas, l'administració patrimonial, aquests han de retre comptes al jutjat de la seva gestió, en el termini indicat per l'article 221, comptador des del cessament.

2. Si el cessament és per defunció, la rendició de comptes l'han de fer els hereus i el termini es compta des de l'acceptació de l'herència.

Article 223.

Aprovació dels comptes

1. L'autoritat judicial ha de donar o denegar l'aprovació dels comptes, tant si són finals com per raó de cessament, amb audiència, segons que correspongui, de la persona tutelada, del titular de la tutela, del titular de l'administració patrimonial o de qui ocupi la presidència del consell de tutela, i pot practicar amb aquesta finalitat les altres diligències que estimi convenients.

2. L'aprovació no impedeix l'exercici de les accions que recíprocament puguin correspondre, per raó de la tutela, a les persones indicades per l'apartat 1.

Article 224.

Meritació d'interès

1. Les quantitats acreditades en virtut de la rendició de comptes per la persona tutelada o per la que ha exercit la tutela o, si és el cas, per l'administrador o administradora patrimonial meriten l'interès legal.

2. Si el ròssec resultant és a favor del titular de la tutela o, si és el cas, del titular de l'administració patrimonial, l'interès es merita des que el tutelat o tutelada és requerit de pagament, un cop aprovats els comptes i fet lliurament del patrimoni. Si és en contra d'aquells, l'interès es merita des del moment de l'aprovació dels comptes.

Article 225.

Desaprovació dels comptes

En el cas que no hi hagi aprovació dels comptes, l'autoritat judicial pot demanar al titular de la tutela i, si és el cas, al de l'administració patrimonial, o als seus hereus, les garanties que cregui convenients per a la protecció de l'interès de la persona tutelada, i, en tot cas, ho ha de comunicar al ministeri fiscal a fi que insti, si escau, les accions oportunes, inclosa la de responsabilitat.

Capítol VI.

El consell de tutela

Article 226.

Constitució

En la tutela deferida per la persona interessada o pel seu pare o per la seva mare, hom pot preveure que hi hagi un consell de tutela, que ha d'ésser formalitzat pel jutjat en el marc de la constitució d'aquesta tutela.

Article 227.

Composició

1. El consell de tutela ha d'estar integrat per un mínim de tres membres i un màxim de cinc, nomenats per l'autoritat judicial.

2. Han d'ésser preferides per a formar part del consell de tutela o excloses les persones designades o excloses per la persona interessada o pel pare i per la mare d'aquesta, a l'hora d'ordenar la tutela. Si hom designa un nombre de membres superior a cinc, el jutge o jutgessa determina les persones que hagin d'ésser-ne excloses, que passen a tenir la condició de suplents.

3. Si no hi ha designació feta per la persona interessada o pel seu pare i per la seva mare, han d'ésser nomenades, llevat que sigui inconvenient per a la persona menor o incapacitada, les persones preferides per a l'exercici de la tutela, d'acord amb l'article 179, llevat que alguna d'elles hagi estat nomenada per al càrrec de tutor o tutora o administrador o administradora patrimonial.

Article 228.

Forma de designació i d'exclusió

Les designacions i les exclusions de referència establertes per l'article 227 s'han de fer en la forma fixada pels articles 172 i 173 i poden ésser impugnades, també en la forma fixada per l'article 172.

Article 229.

Normativa aplicable

1. Són aplicables als membres del consell de tutela, en la mesura que correspongui, les normes de la tutela, especialment quant al nomenament, a les causes d'incapacitat, excusa i remoció, i en matèria de responsabilitat.

2. La seu del consell de tutela ha d'ésser el domicili de la persona que en tingui la presidència.

Article 230.

Càrrecs

1. Si no han estat designats en la constitució, el consell de tutela ha d'elegir d'entre els seus membres la persona que ha de presidir-lo i un secretari o secretària.

2. El president o presidenta convoca i dirigeix les reunions, representa el consell de tutela i n'executa els acords, llevat de designació especial d'un altre dels seus membres.

3. El secretari o secretària lliura certificat dels acords, amb el vistiplau de la presidència, i custodia la documentació del consell de tutela.

Article 231.

Reunions

1. El consell de tutela es reuneix necessàriament dins el primer trimestre de cada any, a fi de rebre l'informe del tutor o tutora i, si és el cas, de l'administració patrimonial, sobre la situació de la persona tutelada i l'exercici de la tutela en l'any anterior, amb la corresponent rendició de comptes, amb el contingut fixat per l'article 205.

2. El consell de tutela es reuneix, a més, sempre que ho estimi convenient la presidència o quan ho sol.licitin almenys dos dels seus membres o bé la persona que exerceix la tutela o, si és el cas, el titular de l'administració patrimonial. En aquestes sol.licituds s'ha d'indicar el motiu de la reunió.

3. La convocatòria s'ha de fer amb vuit dies d'antelació, llevat dels casos d'urgència, amb indicació del lloc i de la data i l'hora de la reunió, i també de l'ordre del dia.

Article 232.

Concurrència mínima

1. Per a la deguda constitució del consell de tutela, cal la concurrència, almenys, de la meitat dels membres, que no poden delegar-ne l'assistència.

2. Si no hi assisteix el titular de la presidència, la reunió és presidida per la persona de més edat de les assistents i, si manca el secretari o secretària, actua com a tal la persona més jove.

Article 233.

Acords

1. Els acords del consell de tutela es prenen per majoria simple dels membres presents, i el vot de la persona que hagi presidit la reunió és un vot de qualitat.

2. Al final de la reunió, la persona que n'hagi estat secretària estén l'acta corresponent, amb el vistiplau de qui l'hagi presidida.

Article 234.

Funcions

1. El consell de tutela vetlla pel bon desenvolupament de la tutela, tant en l'aspecte personal com en el patrimonial i, amb aquesta finalitat, la persona que en tingui la presidència ha de mantenir una relació regular amb la persona que exerceix la tutela i, si és el cas, amb la titular de l'administració patrimonial.

2. En especial, correspon al consell de tutela:

a) Modificar la remuneració de la persona titular de la tutela i la que té cura de l'administració patrimonial, sempre que la situació patrimonial de la persona tutelada així ho aconselli, i sens perjudici de la intervenció judicial que ho deixi sense efecte.

b) Resoldre els desacords entre tutors, quan n'hi ha més d'un, o entre el tutor o tutora i l'administrador o administradora patrimonial.

c) Atorgar les autoritzacions establertes pels articles 212, 215.2 i 219.

3. El consell de tutela ha d'ésser escoltat pel jutge o jutgessa en tots els casos en què cal l'audiència de la persona titular de la tutela o de la persona tutelada, i pot adreçar-s'hi en sol.licitud de les mesures que cregui adequades per al bon desenvolupament de la tutela, inclosa, si és el cas, la remoció del tutor o tutora o de la persona que administra el patrimoni.

Article 235.

Intervenció judicial

1. Si no és possible la presa d'algun acord pel consell de tutela, per manca d'assistència a la reunió o per qualsevol altra causa, el president o presidenta i, si no ha presidit la reunió, també qui l'hagi presidit, ha de posar el fet en coneixement de l'autoritat judicial, que ha de resoldre, després d'escoltar el tutor o tutora, si és el cas, l'administrador o administradora patrimonial i la persona tutelada, si té prou coneixement, i sempre, si té més de dotze anys i es tracta de tutela de menor.

2. Poden posar el fet a què es refereix l'apartat 1 en coneixement del jutjat la persona tutelada, la que exerceix la tutela i, si és el cas, la persona que porta l'administració patrimonial i la resta de membres del consell de tutela.

Article 236.

Extinció

El consell de tutela acaba les seves funcions amb l'extinció de la tutela, un cop aprovats els comptes finals i lliurada la documentació a la persona interessada o als seus hereus.

Capítol VII.

La curatela

Article 237.

Casos de curatela

Estan sotmesos a curatela:

a) Els menors d'edat emancipats o que han obtingut el benefici de la majoria d'edat quan el pare i la mare o els tutors es morin o quedin impedits per a exercir l'assistència prescrita per la llei, amb excepció de la persona menor emancipada per matrimoni amb persona major d'edat.

b) Els pròdigs.

c) Els incapacitats en relació amb els quals no s'hagi considerat adequada la constitució de la tutela.

d) Els béns disposats mortis causa a favor d'una persona no concebuda, en els termes establerts pel Codi de successions.

Article 238.

Normativa aplicable

És aplicable a les curateles a què fa referència l'article 237, a més de les disposicions d'aquest capítol, en especial quant al nomenament, les incapacitats, les excuses i la remoció del curador o curadora i també, en relació amb la seva responsabilitat, la normativa de la tutela, en la mesura que hi correspongui.

Article 239.

Delació

1. La designació de la persona que ha d'exercir la curatela pot fer-la la mateixa persona interessada, el pare i la mare o judicialment, en les mateixes circumstàncies de la tutela.

2. Les persones jurídiques poden ésser curadores en la mateixa mesura que poden ésser tutores.

Article 240.

Constitució

1. Les persones obligades a instar la constitució de la tutela estan obligades a demanar la de la curatela, si és el cas.

2. L'autoritat judicial pot disposar la constitució de la curatela, malgrat que la petició s'hagi fet en relació amb la tutela, si així resulta de les circumstàncies de la persona afectada.

Article 241.

Preexistència de tutela

Si es tracta de constituir la curatela d'una persona que està sotmesa a tutela, l'ha d'exercir la persona que n'és tutor o tutora o que té cura de l'administració patrimonial, tret que l'autoritat judicial ho disposi altrament.

Article 242.

Contingut

1. El titular de la curatela no té la representació del pròdig o de la persona que estigui en situació d'incapacitat relativa, i es limita a completar-ne la capacitat.

2. La sentència que declari la prodigalitat o la incapacitat relativa ha de determinar l'àmbit en el qual la persona afectada pot administrar els seus béns i aquell en el qual necessita l'assistència de la persona titular de la curatela. En qualsevol cas, aquesta assistència és necessària per als actes definits per l'article 212 i per a atorgar capítols matrimonials.

3. Si el curador o curadora refusa prestar l'assistència en algun dels actes que la requereixin, la persona afectada pot sol.licitar l'autorització judicial per a fer-ho tota sola o, alternativament, la designació d'un defensor o defensora judicial.

Article 243.

Curatela de les persones menors emancipades

La curatela de les persones menors emancipades o que han obtingut el benefici de la majoria d'edat només s'ha de constituir, a instància d'aquestes, quan calgui la intervenció del curador o curadora.

Article 244.

Incompatibilitat d'interessos

En els casos en què hi hagi incompatibilitat d'interessos entre el pròdig o la persona en situació d'incapacitat relativa i el titular de la curatela, i també en el cas d'impossibilitat d'aquest, l'autoritat judicial designa un defensor o defensora judicial.

Article 245.

Conseqüències de la manca d'assistència

Els actes del pròdig o de la persona afectada d'incapacitat relativa que requereixin assistència de la persona titular de la curatela i s'hagin fet sense aquesta assistència són anul.lables en la forma establerta per la llei.

Article 246.

Extinció

La curatela s'extingeix, ultra els casos d'extinció de la tutela, si és curatela de pròdig o la persona afectada és incapacitada per resolució judicial i correspon la constitució de la tutela, i, en el cas que sigui curatela de béns disposats mortis causa a favor d'una persona no concebuda, s'extingeix en el moment de néixer aquesta. En aquest últim cas, en finir la curatela, el curador o curadora que ha administrat els béns ha de rendir els comptes finals. Hi són aplicables les mateixes regles de la rendició de comptes de la tutela.

Capítol VIII.

El defensor o defensora judicial

Article 247.

El defensor o defensora judicial

El jutge o jutgessa ha de nomenar un defensor o defensora judicial en els casos següents:

a) Quan en alguna qüestió hi hagi un conflicte d'interessos entre el tutor o tutora i la persona tutelada, o bé entre els tutors entre si, o entre el curador o curadora i els pròdigs o les persones en situació d'incapacitat relativa, o l'administrador o administradora de béns i el menor o incapacitat.

b) Quan ho exigeixin les circumstàncies del menor o incapacitat mentre no es constitueixi la tutela o no sigui declarat el desemparament.

c) Mentre no es constitueixi la curatela de pròdigs o de persones en situació d'incapacitat relativa.

d) En els supòsits en què per qualsevol causa els titulars de la tutela o de la curatela no exerceixin llurs funcions, mentre no acabi la causa o no es designi una altra persona per a l'exercici dels càrrecs.

e) En la resta de casos determinats per la llei.

Article 248.

Nomenament

El nomenament de defensor o defensora judicial es fa d'ofici o a petició del ministeri fiscal, del tutor o tutora o de qualsevol persona legitimada per a comparèixer a judici, i ha de recaure en la persona que l'autoritat judicial cregui més idònia, tenint en compte el fet determinant del seu nomenament, o bé d'entre les que li proposin les parts, o bé en l'advocat o advocada que actuï en defensa de la persona incapacitada, en el mateix procediment, o bé en qualsevol altra persona idònia.

Article 249.

Actuació

L'actuació del defensor o defensora judicial s'ha de limitar a l'acte o els actes que n'hagin determinat el nomenament. Si aquest acte requereix autorització judicial, aquesta s'ha d'entendre implícita en el nomenament.

Article 250.

Règim

Són aplicables al defensor o defensora judicial les causes d'inhabilitació, excuses i remoció de la persona que exerceix la tutela i, si escau, la retribució. El defensor o defensora judicial ha de donar compte de la seva gestió a l'autoritat judicial, una vegada acabada.

Capítol IX.

Aspectes registrals

Article 251.

El Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris

1. En el Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris s'inscriuen les delacions de les tuteles que han estat atorgades en ús de les facultats establertes per l'article 172.

2. Per tal de poder inscriure les delacions i als efectes de la designació de tutor o tutora, els notaris que autoritzin escriptures en les quals es faci ús de les facultats establertes per l'article 172 han d'adreçar un ofici al Registre a què fa referència l'apartat 1 indicant el nom, els cognoms, el domicili i el document d'identitat de l'atorgant i el lloc i la data de l'autorització i que en aquesta data s'ha procedit a l'esmentada designació o anul.lació, però sense indicar la identitat de les persones designades.

3. Les normes relatives a l'organització, el funcionament i la publicitat del Registre a què fa referència l'apartat 1 s'han de dictar per via reglamentària.

Article 252.

Notificacions

El president o presidenta del consell de tutela ha de notificar al jutjat on s'ha constituït la tutela:

a) Les modificacions que es produeixin en la composició, en la presidència i en la secretaria del consell de tutela.

b) Que el tutor o tutora hagi retut els comptes anuals en la reunió del consell de tutela que s'indica en l'article 231.1.

Capítol X.

La guarda de fet

Article 253.

El guardador o guardadora de fet

El guardador o guardadora de fet és la persona física o jurídica que té acollit transitòriament un menor que ha estat desemparat per aquella o aquelles persones que n'han de tenir cura, o qualsevol altra persona que, per raó de les seves circumstàncies personals, pot ésser declarada incapaç o subjecta a curatela.

Article 254.

Obligació de notificar el fet

1. El guardador o guardadora de fet ha de posar en coneixement de l'organisme competent en protecció de menors, si es tracta de menor, o de l'autoritat judicial o del ministeri fiscal, en altre cas, el fet de l'acolliment.

2. Si es tracta de persona que pot ésser declarada incapaç o subjecta a curatela, mentre no es constitueix la curatela o, si és el cas, la tutela, el jutge o jutgessa ha de prendre les mesures necessàries per a protegir la persona i els seus béns, fins i tot, si ho estima convenient, designant un defensor o defensora judicial amb aquesta finalitat concreta.

Article 255.

Autorització judicial i comunicació de l'internament

1. L'internament d'una persona per raó de trastorn psíquic, qualsevol que en sigui l'edat, en una institució adequada i tancada requereix autorització judicial prèvia si la seva situació no li permet decidir per si mateixa. No es requereix aquesta autorització si per raons d'urgència mèdica cal l'adopció d'aquesta mesura, però en aquest cas el director o directora del centre on s'efectuï l'internament ha de donar compte del fet al jutge o jutgessa del partit judicial a què pertany el centre, en el termini màxim de vint-i-quatre hores. La mateixa obligació es produeix quan la persona voluntàriament internada es troba en una situació que no pot decidir lliurement per si mateixa la continuació de l'internament.

2. Un cop s'ha efectuat la sol.licitud de l'internament o s'ha comunicat l'internament, el jutge o jutgessa, després de fer l'exploració personal i escoltar el dictamen del facultatiu o facultativa que designi i l'informe del ministeri fiscal, ha d'acordar motivadament l'autorització o la denegació de l'internament o de la continuació d'aquest. El jutge o jutgessa, cada dos mesos, ha de revisar la situació de la persona internada.

3. En el cas que es pretenguin aplicar tractaments mèdics que puguin posar en perill la vida o la integritat física o psíquica de la persona afectada, hi és aplicable el que estableix l'article 219 per a aquests tractaments, i les funcions atribuïdes per l'article 219 al tutor o tutora, en aquest supòsit, són exercides pels familiars de la persona internada o, si no n'hi ha, pel jutge o jutgessa.

Article 256.

Actes del guardador o guardadora

L'actuació del guardador o guardadora de fet ha d'ésser sempre en benefici de la persona en guarda i s'ha de limitar a tenir-ne cura i a administrar-ne de manera ordinària els béns.

Article 257.

Indemnització

El guardador o guardadora de fet té dret a ésser indemnitzat per les despeses suportades i pels perjudicis que li hagi causat la guarda, sempre que no li siguin imputables, amb càrrec als béns de la persona en guarda.

Article 258.

Extinció

1. La situació de guarda de fet s'acaba per la desaparició de les causes que la van motivar, per l'acolliment de la persona en guarda o per la constitució de la tutela o de la curatela.

2. En acabar la guarda de fet, l'autoritat judicial, atesa la durada de la guarda, pot disposar que el guardador o guardadora de fet li reti comptes de la seva gestió.

3. La desaparició de les causes que van motivar la guarda de fet no eximeix el guardador o guardadora del compliment de l'obligació continguda en l'apartat 1 de l'article 254.

TÍTOL VIII.

Els aliments entre parents

Article 259.

Contingut

S'entén per aliments tot el que és indispensable per al manteniment, l'habitatge, el vestit i l'assistència mèdica de l'alimentat, i també les despeses per a la formació si aquest és menor, i per a la continuació de la formació, un cop arribat a la majoria d'edat, si no l'ha acabada abans per causa que no li sigui imputable. Així mateix, els aliments inclouen les despeses funeràries.

Article 260.

Persones afectades

1. Els cònjuges, els descendents, els ascendents i els germans estan obligats a prestar-se aliments.

2. Els deures d'assistència entre cònjuges i entre pare o mare i fills es regulen per les disposicions específiques i, subsidiàriament, per les establertes per aquest Codi.

3. Els germans majors d'edat i no discapacitats només tenen dret als aliments necessaris per a la vida, sempre que els demanin per una causa que no els sigui imputable.

4. Si la persona que té dret a rebre aliments és descendent de la persona obligada i la necessitat deriva de causa que li és imputable, mentre aquesta subsisteixi, només té dret als aliments necessaris per a la vida.

Article 261.

Dret a reclamar aliments

Té dret a reclamar aliments només la persona que els necessita o, si és el cas, el seu representant legal i l'entitat pública o privada que l'aculli.

Article 262.

Inici del dret

Hom té dret als aliments des que es necessiten, però no es poden demanar els anteriors a la data de la reclamació judicial o extrajudicial, degudament provada.

Article 263.

Persones obligades

1. La reclamació dels aliments, si escau i si hi ha pluralitat de persones obligades, s'ha de fer per l'ordre següent:

a) Al cònjuge.

b) Als descendents, segons l'ordre de proximitat en el grau.

c) Als ascendents, segons l'ordre de proximitat en el grau.

d) Als germans.

2. Si els recursos i les possibilitats de les persones primerament obligades no resulten suficients per a la prestació d'aliments, en la mesura que correspongui, en la mateixa reclamació es poden demanar aliments a les persones obligades en grau posterior.

Article 264.

Pluralitat de persones obligades

1. Si són més d'una les persones obligades a prestar aliments, l'obligació s'ha de distribuir entre elles en proporció amb els seus recursos econòmics i amb les seves possibilitats. Tanmateix, excepcionalment i ateses les circumstàncies del cas, l'autoritat judicial pot imposar la prestació completa a una persona de les obligades durant el temps que ho consideri necessari. Aquesta pot reclamar a cadascuna de les altres obligades la part que els correspongui amb els interessos legals.

2. Si l'obligació s'extingeix o es redueix la quantia de la prestació respecte a una de les persones obligades, s'incrementa la de les restants en la proporció que resulti d'aplicar els criteris establerts per l'apartat 1.

Article 265.

Pluralitat de reclamacions

Si hi ha dues o més persones que reclamen aliments a una mateixa persona obligada a prestar-los i aquesta no disposa de mitjans suficients per a atendre-les totes, s'ha de seguir l'ordre de preferència establert per l'article 263, llevat que hi concorrin el cònjuge i un fill o filla subjecte a la potestat de la persona obligada. En aquest cas, els fills han d'ésser preferits.

Article 266.

Exempció de l'obligació

Queden exemptes de prestar aliments entre parents les persones que tenen reconeguda la condició de discapacitades, llevat del cas que previsiblement llurs possibilitats excedeixin llurs necessitats futures, tenint present el grau de discapacitació que tenen.

Article 267.

Quantia

1. La quantia dels aliments es determina en proporció a les necessitats de l'alimentat i als mitjans econòmics i a les possibilitats de la persona o les persones obligades a prestar-los. En ésser determinats, les parts, de mutu acord, o l'autoritat judicial poden establir les bases de llur actualització anual d'acord amb les variacions de l'índex de preus al consum o similar, sens perjudici que s'estableixin altres bases complementàries d'actualització.

2. L'autoritat judicial, ateses les circumstàncies del cas i per raons d'equitat, pot moderar l'obligació d'aliments en relació amb una o més persones obligades amb l'increment proporcional de les obligacions de les restants. El jutge o jutgessa pot disposar aquesta moderació tant en el moment d'establir la quantia com en el cas que sobrevinguin noves circumstàncies.

3. Tant l'alimentat com les persones obligades a prestar aliments, segons les circumstàncies, poden demanar-ne l'augment o la reducció.

Article 268.

Compliment de l'obligació

1. L'obligació d'aliments s'ha de complir en diners i per mensualitats avançades. Si la persona creditora d'aliments hagués mort, els seus hereus no han de tornar la pensió corresponent al mes en què s'hagi produït la defunció.

2. El deutor o deutora d'aliments pot optar per satisfer els aliments acollint i mantenint a casa seva la persona que té dret a rebre'ls, llevat que aquesta s'hi oposi per una causa raonable o quan la convivència sigui inviable. Si hi ha diverses persones obligades i n'hi ha més d'una que vol acollir a casa seva la persona creditora, el jutge o jutgessa decideix després d'escoltar l'alimentat i els diferents obligats. Si la persona amb dret a rebre aliments té plena capacitat d'obrar i més d'una persona vol acollir-lo a casa seva, es té en compte preferentment la voluntat d'aquella.

3. L'autoritat judicial, ateses les circumstàncies, pot adoptar les mesures necessàries per a assegurar el compliment de l'obligació de prestar aliments, si la persona obligada ha deixat de fer efectiu puntualment més d'un pagament.

Article 269.

Prestació d'aliments per tercers

1. L'entitat pública o privada o qualsevol altra persona que presti aliments, si la persona obligada no ho fa, pot repetir contra aquesta darrera o els seus hereus o hereves les pensions corresponents a l'any en curs i a l'any anterior, amb els interessos legals, i subrogar-se de ple dret, fins a l'import total assenyalat, en els drets que l'alimentat té contra la persona obligada a prestar-los, llevat que consti que es van donar desinteressadament i sense ànim de reclamar-los.

2. A petició de l'entitat pública o privada o de la persona o les persones que presten els aliments quan l'obligat no ho fa o del ministeri fiscal, l'autoritat judicial pot adoptar les mesures que estimi convenients per a assegurar el reintegrament de les bestretes. També pot disposar les mesures que estimi oportunes per a assegurar el pagament dels aliments futurs, després d'escoltar l'alimentat i els obligats.

Article 270.

Característiques del dret

1. El dret dels aliments és irrenunciable, intransmissible i inembargable, i no pot ésser compensat amb el crèdit, que, si s'escau, l'obligat a prestar-lo pugui tenir respecte a l'alimentat.

2. L'alimentat pot compensar, renunciar i transigir les pensions endarrerides posteriors a la data de la seva reclamació judicial o extrajudicial i també transmetre, per qualsevol títol, el dret a reclamar-les, tot sens perjudici del dret de repetició establert per l'article 269.1.

Article 271.

Extinció

1. L'obligació de prestar aliments s'extingeix per:

a) La mort de l'alimentat o de la persona o les persones obligades a prestar-los.

b) La reducció de les rendes i del patrimoni dels obligats, de manera que no faci possible el compliment de l'obligació sense desatendre les necessitats pròpies i les de les persones amb dret preferent d'aliments.

c) La millora de les condicions de vida de l'alimentat, de manera que faci innecessària la prestació.

d) El fet que l'alimentat, encara que no tingui la condició de legitimari, incorri en alguna de les causes de desheretament especificades per l'article 370.1, 2 i 3 del Codi de successions.

e) La privació de la potestat sobre la persona obligada, si l'alimentat és el pare o la mare, llevat de recuperació.

2. Les causes assenyalades en la lletra d no tenen efecte si consta el perdó de la persona obligada o la reconciliació de les parts.

Article 272.

Subsidiarietat

Les normes establertes en aquest títol s'apliquen subsidiàriament als aliments ordenats en testament o en codicil, als convinguts per pacte i als aliments legals que tenen regulació específica, en allò que no estableixen els testaments, els codicils i els pactes o la regulació corresponent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris

El Registre de Tuteles i Autotuteles, creat per la Llei 11/1996, de 29 de juliol, per la qual es modifica la Llei 39/1991, de 30 de desembre, de la tutela i institucions tutelars, passa a denominar-se Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

Relativa als efectes del matrimoni

Les disposicions d'aquest Codi contingudes en els títols I i II s'apliquen als matrimonis sigui quina sigui la data de celebració, amb excepció de l'article 42, que només s'aplica als casos de separació, nul·litat i divorci que s'iniciïn posteriorment a l'entrada en vigor d'aquest Codi.

Segona

Relativa a les institucions dotals i paradotals

Els dots, les tenutes, els aixovars i els cabalatges, els esponsalicis o escreixos, els tantumdem, els pactes d'igualtat de béns i guanys i els altres drets similars constituïts i, si és el cas, que es constitueixin, es regeixen per les disposicions que els són aplicables fins avui, contingudes en la Compilació del dret civil català.

Tercera

Relativa a la filiació

1. Les disposicions del títol IV, sobre filiació, tenen efectes retroactius, sigui quina sigui la data de determinació de la filiació.

2. Les accions de filiació nascudes a l'empara de la legislació anterior s'han d'ajustar als terminis que l'esmentada legislació assenyali, llevat que el termini corresponent fixat pel títol IV sigui més llarg, Pel que fa al règim jurídic i a la transmissibilitat, s'han de regir per la legislació que resulti més favorable al fill o filla o a les persones legitimades per a exercir l'acció.

3. Les sentències fermes sobre filiació dictades a l'empara de la legislació anterior no impedeixen que es pugui exercir de nou l'acció que es fonamenti en una norma que estableix aquest Codi o en un fet o una prova només admissible a l'empara d'aquest.

Quarta

Relativa a l'adopció

1. Amb independència de la data en què s'hagin constituït, els efectes de les adopcions plenes són els mateixos que determina aquest Codi per a l'adopció.

2. Les adopcions simples o menys plenes subsisteixen amb els efectes que els reconegui la legislació anterior a la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció. Pel que fa a les adopcions simples, si hi concorren els requisits exigits per aquest Codi, es pot promoure que es constitueixi l'adopció d'acord amb les seves disposicions, sense que sigui obstacle el fet que no hi hagi hagut acolliment preadoptiu.

3. Els expedients d'adopció pendents de resolució davant els tribunals en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Codi s'han de tramitar d'acord amb la legislació anterior.

Cinquena

Relativa a les funcions tutelars

Els titulars de funcions tutelars nomenats abans de l'entrada en vigor d'aquest Codi conserven el seu càrrec però se sotmeten, quant al seu exercici, a les seves disposicions. Se n'exeptuen els protutors que estiguin nomenats, que continuen regint-se per la normativa que estableix la Llei 39/1991, de 30 de desembre, de la tutela i institucions tutelars.

Sisena

Regla d'integració

En tot allò no regulat per les disposicions transitòries d'aquest Codi, les relacions nascudes abans de l'entrada en vigor es regeixen per la llei aplicable en el moment de la seva constitució, segons resulti de les disposicions transitòries que estableix la Llei de l'Estat 40/1960, del 21 de juliol, sobre Compilació del dret civil especial de Catalunya; la Llei 13/1984, de 20 de març, sobre la Compilació del dret civil de Catalunya; el Decret legislatiu 1/1984, del 19 de juliol, pel qual s'aprova el text articulat i refós de la Compilació del dret civil de Catalunya; les lleis 7/1991, del 27 d'abril, de filiacions; 37/1991, del 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció; 39/1991, del 30 de desembre, de la tutela i institucions tutelars; la modificació d'aquesta, aprovada per la Llei 11/1996, del 29 de juliol, de modificació de la Llei 39/1991, de la tutela i institucions tutelars; la Llei 10/1996, de 29 de juliol, d'aliments entre parents, i la Llei 12/1996, de 29 de juliol, de la potestat del pare i de la mare.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Dret vigent

Queden substituïts pels preceptes corresponents d'aquest Codi els articles 6 a 62 de la Compilació del dret civil de Catalunya, redactats d'acord amb la Llei 8/1993, de 30 de setembre, de modificació de la Compilació en matèria de relacions patrimonials entre cònjuges, tenint en compte allò que disposa la disposició transitòria segona; la Llei 7/1991, de 27 d'abril, de filiacions; el capítol II, relatiu a l'adopció, de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció; la Llei 39/1991, de 30 de desembre, de la tutela i institucions tutelars, excepte la disposició addicional primera; la Llei 11/1996, de modificació d'aquesta; la Llei 10/1996, de 29 de juliol, d'aliments entre parents, i la Llei 12/1996, de 29 de juliol, de la potestat del pare i de la mare.

Segona

Habilitació del Govern

Es faculta el Govern de la Generalitat perquè aprovi, en el termini màxim de sis mesos de l'entrada en vigor d'aquest Codi, i presenti al Parlament de Catalunya un projecte de llei de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, que refongui, harmonitzi i regularitzi els preceptes legals no incorporats a aquest Codi.

Tercera

Projecte de llei reguladora de la mediació familiar

En el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi, el Govern de la Generalitat ha de presentar al Parlament un projecte de llei reguladora de la mediació familiar, sobre les bases següents:

a) Confidencialitat absoluta del contingut de les sessions de mediació.

b) Llibertat de les parts per a apartar-se o desistir de la mediació en qualsevol moment.

c) Aprovació judicial dels acords assolits en la mediació.

d) Durada màxima del procés de mediació limitada a tres mesos, prorrogables pel mateix temps a petició del mediador o mediadora.

Quarta

Entrada en vigor

Aquest Codi entra en vigor al cap de tres mesos d'haver estat íntegrament publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 15 de juliol de 1998

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

NÚRIA DE GISPERT I CATALÀ

Consellera de Justícia