Legislación

DECRET 88/2003, de 18 de març, sobre normes complementàries per a les eleccions al Consell General d'Aran.

Mitjançant el Decret 78/2003, de 18 de març, s'han convocat les eleccions al Consell General d'Aran. Per tal de regular les característiques especials d'aquests comicis i a l'efecte de facilitar-ne el desenvolupament cal dictar les disposicions complementàries adequades.

Per tant, a proposta dels consellers de Governació i Relacions Institucionals i de Treball, Indústria, Comerç i Turisme i d'acord amb Govern,

Decreto:

Article 1

Fecha: 
dimarts, 1 abril, 2003

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3791, pàg. 23166, de 31.12.2002).

Havent observat diverses errades al text de l'esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3791, pàg. 23166, se'n detalla l'oportuna correcció:

Al Preàmbul, a la pàgina 23167, al paràgraf divuitè, on diu:

"Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarials ...",

ha de dir:

"Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarials ...".

Fecha: 
dimarts, 1 abril, 2003

DECRETO 4/2003, de 31 de marzo, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se convocan elecciones a la Asamblea Regional de Murcia.

El artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, en redacción dada por la Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio, establece que las elecciones serán convocadas por el Presidente de la Comunidad Autónoma en los términos previstos en la Ley que regula el Régimen Electoral General, de manera que se realicen el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años, sin perjuicio de lo que dispongan las Cortes Generales, con el fin exclusivo de coordinar el calendario de las diversas consultas electorales.

Fecha: 
dimarts, 1 abril, 2003

El artículo 205.2 de la Ley de Sociedades Anónimas reconoce a los socios minoritarios el derecho al nombramiento de un auditor para que verifique las cuentas anuales de determinado ejercicio económico y exige posteriormente en el artículo 218 la presentación de su informe para tener por efectuado el depósito, piensa exclusivamente en un informe de auditoría que dé satisfacción a este derecho, es decir, un informe de una auditoría realizada, o sea, que haya permitido comprobar si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, así como, en su caso, la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales del ejercicio, de acuerdo con el contenido exigido por el artículo 209 de la propia Ley y los artículos 1 y 2 de la Ley de Auditoría de Cuentas.

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre depósito de las cuentas anuales de «Castejón Hermanos Cajas y Brazaletes, S. L.».

Fecha: 
divendres, 28 març, 2003

No carece de sentido el texto del párrafo primero del artículo 82 de la Ley Hipotecaria. Su finalidad no es la de introducir un disonante y excepcional consentimiento formal, sino otra mucho más modesta y que resulta de su contexto. Se trata con este artículo y con los que le siguen de señalar en qué casos -los más frecuentes- rige la doctrina general sobre nuevas inscripciones en relación con un dominio o derecho real inscrito (se necesita título otorgado por el titular registral o sus causa-habientes o sentencia en juicio ordinario seguido contra ellos (cfr. artículos 1.3, 20.1, 40, 82.1 y 2 de la Ley Hipotecaria y 105 y 213 de su Reglamento), en qué casos ni siquiera se necesita un título especial (cfr. artículos 82.2 y concordantes de la Ley Hipotecaria), y en qué casos, por el contrario, y aunque el titular registral esté de acuerdo en la cancelación no basta para conseguirla un título simplemente otorgado por él (cfr. artículos 83 y 85.1).

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto a efectos doctrinales, por D. Ángel Rodrigo Cucalón, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Zaragoza nº. 1, D. Pablo Casado Burbano, a cancelar una hipoteca, en virtud de apelación del Registrador.

Fecha: 
dijous, 27 març, 2003

Si bien el Registro, con carácter general, debe expresar el régimen jurídico de lo que se adquiere, y, en este sentido, la regla 9ª. del artículo 51 del Reglamento Hipotecario exige que se haga constar el régimen económico-matrimonial, la práctica y la doctrina de este Centro Directivo primero, y el Reglamento Hipotecario, desde la reforma de 1982, después, entendieron que lo más práctico, en el caso de cónyuges extranjeros, era no entender necesario expresar el régimen en la inscripción, difiriendo el problema para el momento de la enajenación posterior, pues dicha expresión de régimen podía obviarse si después la enajenación o el gravamen se hacía contando con el consentimiento de ambos (enajenación voluntaria), o demandando a los dos (enajenación forzosa). Por ello, el artículo 92 del Reglamento Hipotecario se limita a exigir, en este caso, que se exprese en la inscripción que el bien se adquiere «con sujeción a su régimen matrimonial»

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado en, el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Torrevieja, don Miguel Ángel Robles Perea, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Orihuela, número 2, don Fructuoso Flores Bernal, a inscribir una escritura de compraventa.

Fecha: 
dijous, 27 març, 2003

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